La espantosa tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción es la más patética muestra de una cadena de irresponsabilidades en la administración pública, más aún cuando existieron reiteradas advertencias sobre los peligros, riesgos y abusos contra una población juvenil necesitada de protección.

Desde sus mismos orígenes, allá por el 2010, durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, era evidente la intención politiquera sobre ese proyecto, pues había sido bautizado como Hogar Solidario Virgen de la Asunción, pero pronto quedó claro que el germen de la descomposición se había sembrado desde sus propios inicios.

Apenas dos años después, durante la administración del Partido Patriota, había cambiado de nombre y también empezaron a surgir las primeras denuncias de abusos por parte de personal responsable de cuidar e instruir a los centenares de niños y adolescentes. Una situación in crescendo que desembocó en el primer crimen ocurrido en las instalaciones de ese “hogar seguro”, cuando una adolescente fue ahorcada por dos de sus compañeras, en el 2013.

A ese crimen siguieron otros y también aumentaron los abusos, las denuncias y las presiones de autoridades judiciales para clausurar el centro, por la infernal situación prevaleciente, muy distante de ser un hogar y menos seguro para niños que quedaron bajo la protección del Estado, al haber sido víctimas en sus casas de abusos y maltratos a veces incalificables.

Desde el principio no solamente fueron ignoradas las voces de alerta, sino también se cometió otra imprudencia con decisiones judiciales de trasladar a ese centro a jóvenes en conflicto con la ley por fechorías, faltas y delitos. Ese perfil poco atendido muy pronto se mezcló de manera perversa con los abusos de autoridades, internas y externas, que convirtieron a ese refugio en literalmente una cárcel.

Este claro ejemplo de irresponsabilidad no solo costó la vida de al menos 40 jovencitas, sino también consumó el desprestigio de quienes tenían la responsabilidad de buscar mecanismos seguros para afrontar una crisis anunciada sobre la que hubo serias advertencias por parte del sector Justicia y de la Procuraduría de Derechos Humanos, que por desgracia no insistieron más en que se atendieran esos riesgos.

La cadena de responsabilidades también apunta a un amplio número de personas, empezando por quienes tenían la obligación directa en la administración de ese hogar, hasta llegar al más alto cargo del país, como es el presidente de la República, quien además reconoció que estuvo al tanto de la fuga y de la potencialmente criminal decisión de mantener bajo llave a las adolescentes.

Ahora también ha trascendido el testimonio de menores que señalan directamente a agentes de la Policía Nacional Civil de haber ignorado los gritos de auxilio de quienes eran consumidas por las llamas y no les prestaron atención, además de que las habrían insultado, con lo cual las investigaciones también deben extenderse a Gobernación. Corresponde la más exhaustiva indagación porque también irán en aumento las voces que reclaman justicia.