Parte del éxito del sistema de justicia estadounidense descansa en sólidas investigaciones, ante las cuales las personas señaladas de ilícitos encuentran más ventajoso aceptar su culpa, para, en consecuencia, poder acogerse a un castigo menor y a encarar el costo de acciones reparadoras para la sociedad.

Ese modelo permite una alta reducción de la impunidad, a la vez que facilita la aplicación de castigos menores, en beneficio de acusados y la sociedad, con el propósito de sentar precedentes que contribuyan de alguna manera a frenar fechorías, y para que los implicados tampoco lo vean como una victoria se les obliga a emprender acciones de resarcimiento proporcionales con el delito.

En Guatemala apenas se dan los primeros pasos en ese modelo de justicia y quizá deban darse algunos más para llegar a una mejor aplicación del mismo que esté alejada de la politiquería o de la corrupción, y por ello todavía se puede estudiar la implementación de medidas complementarias orientadas a disuadir a los reincidentes.

El pasado miércoles, mediante un procedimiento abreviado, la jueza Éricka Aifán, presidenta del Juzgado de Mayor Riesgo D, condenó a nueve empresarios ligados a corrupción en la construcción de obra pública a cinco años de prisión conmutables, pero lo más novedoso de la sentencia es que también los obliga a la construcción de varios tramos carreteros y de una escuela, como una acción reparadora hacia la sociedad por su mal proceder con autoridades del Ministerio de Comunicaciones.

Dichas obras deben tener la debida promoción y rótulos en los cuales se especifiquen los motivos y fines de la construcción, no solo para que la sociedad vea las consecuencias del proceder indebido, sino también como escarnio para quienes se coludieron con funcionarios inmorales, como fue el caso de Alejandro Sinibaldi, prófugo y hoy señalado de haber orquestado una cadena de sobornos.

Sentencias como esta se convierten en un castigo ejemplar con una proyección inusitada, pues para quienes han sido declarados culpables de cohecho activo por participar en recibir o dar sobornos, existe la evidente ventaja de salir de prisión cuando hagan efectivo el pago de las multas impuestas y empiecen a preparar planes de trabajo sobre obras en cuya materia son expertos.

Las dudas inevitables respecto de esta modalidad de aplicación de la justicia giran en torno a la idoneidad de los juzgadores y si no se convertiría en abusos o en una burla a la justicia y desemboque en un mal mensaje para el sistema. En este caso debe existir un tiempo prudencial para la ejecución de las obras que, por orden judicial, se deben ejecutar.

Además del cumplimiento de este tipo de sentencias, será indispensable una revisión al estatus en el que quedarán quienes reciban esas sanciones, pues lo mínimo que debería esperarse es que pasen un tiempo sin poder participar por lo menos en la construcción de obra pública, como ocurre con los políticos que quedan con una tacha de por vida. Al final, lo más importante para todos es que el abuso de poder o la sobrevaloración de obras dejen de ser parámetros sobre los cuales se construya la obra pública.