Pluma invitada

Competitividad y bienestar social ¿tienen relación?

José Chavez, columnista

El Instituto de Competitividad de ADEN International Business School publicó recientemente su Ranking de Competitividad 2019, el cual midió las economías latinoamericanas. Según los creadores de esa medición, la misma tiene por objetivo analizar y clasificar la competitividad de cada país latinoamericano, según la capacidad de incrementar el nivel de bienestar de su población y la capacidad para enfrentar el desafío de la competencia en un contexto global.

Este ranquin considera 125 variables que se agrupan en 10 rubros transversales que existen en el contexto de cada país. Estos son: cobertura de necesidades básicas, aspectos institucionales, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educación, expectativas de la población, la competencia en los mercados, eficiencia en las relaciones laborales y el acceso a la tecnología.

En primer lugar se encuentra Chile, con 79.6 puntos, seguido por Uruguay, con 75.5 puntos, y en tercer lugar, Costa Rica, con 75.4 puntos. Las principales razones del avance de estas economías, de acuerdo con el informe, se basan en las mejoras institucionales, mayor estabilidad macroeconómica y avances en materia de infraestructura. La medición de estas variables seguramente pondera de mejor forma las variables institucionales y de bienestar antes que las económicas, ya que ni Uruguay ni Costa Rica son ejemplo de estabilidad macroeconómica, considerando que este último tiene uno de los déficits fiscales más grandes del continente, cercano al 6%, además de sufrir de ralentización económica.

Bajo el criterio de mejora en los niveles de bienestar, sí hace sentido que Chile sea el que encabece el ranquin, ya que cuenta con alta institucionalidad y buena cobertura de necesidades básicas. Sin embargo, el criterio de evaluación parece ser más un índice social que uno competitivo, ya que no pondera de mejor forma las variables que realmente dan las ventajas competitivas, como la eficiencia en las relaciones laborales, el acceso a la tecnología, la competitividad cambiaria, la estabilidad estructural de la macroeconomía, el nivel educativo y la competencia en los mercados.

Bajo esta métrica, Guatemala aparece abajo del listado, con 57.6 puntos. Clasificar a Guatemala como uno de los países menos competitivos parece ser un poco ingenuo, considerando la posición que este tiene en los mercados internacionales, además de su relevancia económica y política en la región.

Sin embargo, es correcto aceptar que tiene grandes problemas en temas institucionales y de bienestar social, los cuales sí han tenido un efecto tangible en temas de desarrollo humano, mas no en temas de competitividad global.

Si actualmente existe un rezago en la competitividad, este se atribuye más a factores coyunturales e institucionales que a factores macroestructurales. La complejidad de cuantificar la formación de competitividad a través del bienestar social es difícil de medir, ya que existen experiencias empíricas de economías que poseen altos niveles de bienestar obtenidos mediante programas que incrementaron los pasivos del Estado, pero que no han tenido efecto del todo sobre la competitividad de sus respectivos países.

Son las políticas agresivas de ventajas económicas, simplificación, certeza jurídica y aplicación tecnológica las que verdaderamente amplían el potencial competitivo en las economías y sus actores.