Espero que los guatemaltecos, como deber cívico, tengan la oportunidad de leer el artículo 161 B de nuestra actual Constitución, donde, de manera singular, obliga a cada uno de los integrantes del honorable Congreso a comprometer las vidas, trabajo y futuro de los habitantes de la República de Guatemala. El inciso del artículo al que me refiero a la letra dice:

«Artículo 161.- Prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas:

b) Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo.»

La irresponsabilidad suele entenderse como impunidad que resulta de no residenciar a quienes son responsables por imprudencia, informalidad, insensatez, e incompetencia, insolvencia. Que son las cualidades que la Constitución de la República de Guatemala espera de un diputado y sobre la cual no ha habido un pronunciamiento del pueblo de Guatemala, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.

Bajo tal amaño, en 2022 ha habido un sistemático asalto al Estado, su patrimonio, sus ciudadanos, que de la noche a la mañana fueron sumidos a una condición de extrema pobreza absoluta que no aparece en los medios de comunicación de Guatemala.

La vorágine, ese remolino impetuoso donde cantidad de negocios no contribuyen a la seguridad social, a la justa remuneración profesional de médicos que arriesgan su vida en tiempos de pandemia, donde encontramos acuerdos desde el señor presidente, Alejandro Eduardo Giammattei Falla, con los poderes del Estado para favorecer a todos los entes individuales de la nación, amparado en el enorme poder otorgado a los diputados a través de la impunidad.

La suerte corrida ahora por la Universidad de San Carlos de Guatemala y el amaño en sus elecciones, la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la misma casa de estudios, a través de profesionales que ven con amaño la manipulación de los estudiantes del consejo directivo, y la dilapidación de recursos colocando personal por compadrazgo en cada una de las instancias de decisión de la Universidad, única y pública del Estado.

La pérdida de vacunas que parte de una compra irresponsable, pésima administración y el amaño de intereses internacionales para cegar a los guatemaltecos de lo que les sucede y les sucederá si no se toman las medidas de fuerza y valor para deducir las responsabilidades a aquellos que, desde fuera, desde cárceles, dirigen intereses del régimen republicano garantizado en el artículo 281 de la Constitución de la República de Guatemala.

Los migrantes aumentan, al igual que la economía informal para sostener a los vulnerables de este país del latrocinio de pésimos profesionales que en redes sociales echan estiércol sobre el escaso buen trabajo que se hace y por funcionarios que ven la paja en el ojo ajeno y ciegos amañadamente a los verdaderos intereses de los guatemaltecos. No veamos los problemas aisladamente, sino en su conjunto y tomemos la valiente decisión de Enrique Peralta Azurdia respecto del honorable Congreso de la República de Guatemala para poder brindar un pan a los guatemaltecos más necesitados.