El Presidente Morales, no satisfecho con los regalos que nos hizo a lo largo de 2017, dejó un presente por Navidad: un nuevo salario mínimo. Un incremento del 3.75% sobre el existente que no es otra cosa que un invento progresista del que muchos hablan y sobre el que pocos reflexionan, aunque mantiene ocupados en estériles discusiones a sindicatos, trabajadores, patrones y políticos ¡Felices los cuatro!, que diría aquel.

La primera pregunta es por qué hay dos salarios diferentes si resulta que es “mínimo”. Como si las necesidades de unos trabajadores fueran diferentes a las de otros. Una incongruencia suficiente para desmontar el tópico que cada año promueve una improductiva pero interesada discusión. Sumado a lo anterior vimos como el INE no supo explicar el artificial y elevado costo de la “canasta básica”. La única razón que expusieron analistas económicos fue que se había sobrevalorado —descuidada o intencionalmente— pero que el precio era mucho más bajo y evidentemente no se podía tomar como referencia para hacer cálculos. Hablar del costo de dicha canasta, por tanto, no justifica el aumento.

Cuando la ley fija el salario mínimo, la planilla de cualquier negocio experimenta un incremento en los costos, algo muy simple de entender. El empresario debe valorar si pueda pagarla o, por el contrario, tiene que reducirlos, lo que le lleva ineludiblemente a despedir trabajadores porque no puede gastar más y producir lo mismo ya que perdería competitividad. Otra forma de solucionar el problema —artificialmente generado— es incrementar el precio del producto, algo que no siempre es posible porque un libre mercado permite el ingreso de otros más baratos. La tercera opción es reducir las ganancias y, quizá, cerrar el negocio por no ser rentable. En resumen, se puede apreciar la alta probabilidad de impactar en la economía y provocar desempleo. Además, saca del mercado laboral a aquellas personas de muy baja cualificación que estarían dispuestas a trabajar por una menor cantidad. Es decir, los más pobre y menos preparados son los que inmediatamente pagan las consecuencias de ese malabarismo político, aunque siempre justificado en beneficio de ellos.

Si revisa los salarios mínimos en América Latina, comprobará cómo países con un índice mayor de desarrollo que Guatemala tienen fijada una cantidad menor: Chile, Brasil, Perú, México o Colombia —también la mayoría de los países de Este de Europa— lo que muestra que no existe una correlación entre el PIB/renta per cápita y el salario mínimo, quedando a criterio del político de turno —y sus amigos sindicalistas— determinarlo en función de sus intereses. Finalmente —seguro que le parece mucho más extraño— los países “amigos” referentes y muestra de progreso: Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, no tienen salario mínimo y además, en aquellos otros que dejan libre el mercado del trabajo, el desempleo es menor y los salarios son más altos.

Sin embargo, no hay como seguir la moda, entretener al público con sesudas negociaciones y determinar por medio de la ingeniería social “cuánto debe recibir una persona para que viva dignamente”. Un cuento recitado por años que cala en el cerebro de quienes no dedican mucho sudor a pensar o producir ¡Esos si!: nada como luchar por la mejorar de la clase obrera, tan oprimida e ignorada, y serenar la conciencia.

Una serie de videos explicativos terminan siempre: Now, You know, así que si quiere seguir deslumbrándose con ese artificio político, queda a su criterio.

¡Feliz y artificialmente encarecido 2018!

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