“Estoy sorprendido de cómo los corruptos se ponen de acuerdo rápidamente”, señaló Juan Jiménez Mayor, el peruano que dirige la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

En la entrevista, Jiménez explica cómo a partir de la puesta en marcha de las investigaciones que involucran a diputados que se apropiaron de fondos públicos, el Congreso hondureño aprobó una reforma legal para “blindarlos” y que no enfrenten la justicia. Como un “pacto de impunidad” calificó el hecho de que el Tribunal de Cuentas sea el que determine la posibilidad de iniciar un juicio hasta tres años después de que se presente un caso.

Este pacto de corruptos se dio luego de que se hiciera pública una investigación sobre cómo 60 diputados y al menos 30 ONG controladas por ellos habrían utilizado fondos públicos destinados a sus comunidades para armar proyectos falsos que nunca se ejecutaron. ¿Les suena?

Todo esto ocurre en medio de masivas movilizaciones y protestas de la sociedad hondureña luego de que Juan Orlando Hernández se reeligiera como presidente a través de un fraude electoral. Algunas semanas antes y siempre como parte del “pacto de impunidad” se aprobó otra reforma legal disfrazada de “combate al terrorismo” —versión catracha— cuyo fin es desarticular los movimientos ciudadanos, coartar la libertad de expresión y legitimar la represión y la criminalización como fórmula para controlar el descontento.

Como si se tratara de un calco, en Guatemala toma fuerza el “pacto de corruptos” en su versión recargada. Su unidad tiene un objetivo central: protegerse para no enfrentar la justicia. Es decir, garantizarse impunidad. Pueden disfrazar el discurso de defensa de la soberanía, de preocupación por una supuesta violación a la presunción de inocencia, de desaceleración económica o de justicia ideologizada y selectiva. Lo cierto es que lo que les preocupa es librarse de ir a prisión por los delitos cometidos (enriquecimiento ilícito, peculado, fraude, tráfico de influencias, defraudación, cohecho y un largo etcétera), mantener sus bienes producto de dinero mal habido, de sobornos y del robo descarado de recursos públicos —y que no les sea aplicada la extinción de dominio— y continuar con este sistema excluyente, patrimonialista y corrupto sobre el que están basadas sus fortunas y sus privilegios.

Su estrategia se desarrolla en al menos tres frentes: el jurídico, el político-diplomático y el mediático y de redes, e incluye, como ya lo hemos visto, componendas y negociaciones espurias (que se sellan en muchos casos con pagos en efectivo), sesudos análisis sobre los caminos legales a través de los cuales podrían denunciar el acuerdo que dio vida a la Cicig y con eso deshacerse de Iván Velásquez; decisiones en materia de política exterior —tomadas con base en meros intereses personales— que podrían aislar internacionalmente a Guatemala; cooptación del proceso de elección del nuevo Fiscal General para poner un funcionario a la medida de su impunidad, campañas de desinformación y calumnias, ataques a periodistas, medios y jueces independientes y hasta amenazas explícitas sobre el uso de la violencia. Me olvidaba, condecoraciones y filtración de información sobre allanamientos y capturas.

Quieren pasar de urgencia nacional una ley contra el “terrorismo” —versión chapina— que violaría los derechos de asociación, libertad de expresión y movilización, y andan buscando una manera de controlar a la CC (aunque para eso tengan que volver a atentar contra la institucionalidad). En fin, andan creativos y dejaron a un lado las formas.

@MarielosMonzon