La matriz de generación de energía pasó de tener mil 121.4 megavatios (MW) en 1996 a 3,381.1 MW de capacidad que aportó efectivamente al sistema de electricidad en el 2021.
En 1996 se tenían 12 generadores, principalmente hidroeléctricas y búnker, mientras que en el 2021 se llegó a 116 generadores, aunque, de estos, 63 son mayores de 5 MW, en los cuales dominan el recurso hidrológico, pero también hay carbón, biomasa (con caña de azúcar), solar, eólica, gas natural y disminuyó el porcentaje de búnker y diésel. Las otras 53 son pequeñas generadoras renovables de hasta 5 megavatios, también en su mayoría hidroeléctricas.
En ese plazo cambió la composición entre energías renovables y no renovables, y en el 2021, del total de 13 mil 174 gigavatios hora producidos, el 64.6% fue generado con recursos renovables, principalmente hidroeléctricas; 26% con no renovables —21% carbón, entre otros—, y 9.4% fueron importados.
Expansión y estancamiento
Del 2008 al 2013, como parte del Plan de Expansión de Generación (PEG), se efectuaron tres licitaciones para contratación de energía a largo plazo, por 15 años, para las tres grandes distribuidoras del país. Los procesos inyectaron alrededor de Q10 mil millones en inversiones entre nuevas plantas y ampliación de otras, y la capacidad instalada con esos procesos logró superar en alrededor de 40% el total de la demanda. Posteriormente se estancaron las inversiones.
El tercer y último proceso de licitación abierta de largo plazo se llevó a cabo en el 2013 y permitió ampliar la capacidad instalada inyectando más de 300 MW, pero desde entonces no se ha promovido ningún proyecto de inversión, por lo que es sumamente importante desarrollarlo para que el sistema tenga continuidad y se adapte a las nuevas necesidades de demanda que la población requiere, garantizando cobertura y calidad del servicio a todos los consumidores, indicó Anaité Guardado, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager).
En la actualidad, las distribuidoras y las autoridades impulsan la cuarta licitación de largo plazo para 400 MW, y en los términos de referencia de la resolución 267-2021 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) se establece que el 50% de lo adjudicado, como mínimo, deberá provenir de plantas de generación renovable, explicó la ejecutiva.
“Guatemala tiene una capacidad muy amplia en cuanto a generación renovable, por lo que consideramos que en esta oportunidad parques solares y eólicos podrían perfilarse como parte de la propuesta renovable que participe en el proceso de licitación abierta”, expuso.
La Política Energética actual busca que la generación de energía a través de fuentes renovables alcance hasta un 80%, por lo que Ager considera que en esa ruta deberían ejecutarse las acciones que se emprendan desde la esfera pública y privada. “Como sector de las energías renovables confiamos en que la convocatoria permitirá que se genere con transparencia una libre competencia”, añadió.
La inversión en generación no solo se estancó por las condiciones de la conflictividad del sector.
Luis Ortiz, presidente de la CNEE, dijo recientemente que las inversiones para más generación ya no continuaron en el país porque el sistema eléctrico funciona con señales económicas y hace unos años se dio un auge de instalación porque había mucha necesidad de hacer expansiones de los sistemas de generación; sin embargo, aunque prefiere no calificarlo como saturación, explicó que una vez alcanzado cierto nivel en que la capacidad instalada en el país excedía por bastante la demanda, se dio un estancamiento en las inversiones.
Tanto Ortiz como Édgar Navarro, presidente del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), y Horacio Fernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores (ANG), indican que en el futuro y con una visión de largo plazo se debe impulsar la reactivación de inversiones, para ir cubriendo las necesidades del aumento de la demanda en sistema eléctrico en los próximos años.
Además, el país mantiene la idea de convertirse en un hub (centro de operaciones) eléctrico de la región para exportar energía a otros países.
Los directivos de AMM y de ANG también explican que en Guatemala es libre la generación, y como las inversiones provienen del sector privado, se hacen con base en señales del mercado.
Prefieren no mencionar qué tipo de recurso o generación se debe contratar, porque en el país el Estado no invierte en estos asuntos, sino son inversiones privadas que requieren ser económicamente viables, pero respecto de la posibilidad de nuevas licitaciones, indican que deben ser abiertas y por precio.
Además de observar que el país tiene potencial renovable, se debe guardar el balance para garantizar la seguridad del suministro por medio de plantas de recurso base —carbón, gas natural, entre otros—, que no solo permitan buen precio, sino garantía del suministro.
En el caso de energías renovables como solares y eólicas, son intermitentes —solo generan en ciertas horas, cuando hay condiciones de sol o viento para ello—, por lo que requieren contratar otras generadoras de respaldo para el resto del día, lo que conlleva otro costo, se explicó. En energía geotérmica, el problema que observan es que mediante un acuerdo gubernativo se reservaron desde hace años las áreas con potencial para el Inde, pero el Estado tampoco está invirtiendo en este, refirió Navarro, quien opina que las licitaciones se deben hacer cada cinco años, previendo la necesidad de atender el aumento de la demanda, y puede atraer inversionistas con diferentes tecnologías si se considera que es económicamente viable y que estos analicen si es rentable. Además, el vencimiento de los contratos de largo plazo estará próximo.
Ambos directivos creen que es necesario atraer inversiones para nuevas plantas, pero no se deben dejar afuera las existentes, que deberían participar en los eventos de largo plazo que ya han hecho la inversión de instalarse, y aparte puede significar mejora en el precio.
En el país, las plantas renovables, en especial hidroeléctricas, han enfrentado conflictividad social o rechazo en diversas comunidades o grupos; algunas operaciones fueros suspendidas temporalmente por las cortes y fueron reactivadas luego de que el Estado hiciera las consultas comunitarias requeridas; otras desistieron de la inversión.
