#NoEsNormal | Vecinos se acostumbran a vivir con la violencia en zonas rojas

Las personas se han adaptado a vivir en zonas consideradas como las más violentas e implementan sus propias estrategias para sobrevivir en ese ambiente, lo que no es normal.

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Colonia Castillo Lara, zona 7
Los vecinos de las áreas más violentas del país han aprendido a convivir con la violencia y normalizan las precauciones adicionales que deben tomar. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

“De las ocho de la noche en adelante es mejor ya no salir”, dice Mario -nombre ficticio para proteger la identidad del entrevistado-, que vive en la colonia Castillo Lara, ubicada justo en una de las zonas más violentas de la capital, la 7. La inseguridad no se percibe si solo se va de paso, se transita por el lugar en vehículo y en horas de la mañana. No es lo mismo vivir allí.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) este es uno de los sectores citadinos donde más homicidios ocurrieron el año pasado, un total de 49 -11 más que los reportados en 2020-.

Mario y su familia tienen como regla no andar en la calle después de esa hora, salvo que sea una emergencia. Para el sociólogo Luis Mack este comportamiento es parte de la normalización de la violencia, una estrategia de sobrevivencia a un ambiente hostil, podría decirse que es el otro lado de la resiliencia, al percibir que la situación no podrá ser contenida en el corto plazo.

En cifras, los asesinatos que ocurrieron en la zona 7 representan el nueve por ciento del total de la violencia que se registró en la ciudad durante el segundo año de pandemia.

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La tasa de homicidios que reporta la PNC está en 27.4 por cada 100 mil habitantes. Si bien es menor que la observada en otras zonas con mayor circulación de personas como la 9 y la 4, áreas con más movimiento por ser comerciales o de trabajo, la percepción de la población es que la zona 7 es una de las más inseguras, quizá porque los hechos ocurridos en el sector son más comentados y tienen más espacio en la cobertura de los medios de comunicación, refiere Mack.

Pero los datos muestran que en los últimos cinco años, el período más violento en dicha zona fue el 2017, cuando fueron asesinadas 89 personas, y la tasa llegó al 51.5.

Vivir en medio de la violencia

Después de la zona 18, en la zona 7 se asienta la mayor cantidad de habitantes de la ciudad, el 15 por ciento. Según proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) son 178 mil de personas las que residen en el lugar.

Mario es uno de ellos, y lleva 59 años de vivir en la colonia Castillo Lara. Él ha sido testigo de cómo el sector se ha vuelto menos seguro, principalmente para quienes no son del lugar.

En los primeros meses de la pandemia los robos, los asaltos y las extorsiones descendieron, en parte porque la movilidad se restringió. “Eso sucedía cuando había camionetas”, comenta, y eran las paradas de buses los puntos peligrosos. Pero los delincuentes “se fueron desapareciendo solitos, entre ellos se mataron por andar en drogas y todo eso”, agrega.

La inseguridad poco a poco volvió a la colonia conforme se han levantado las restricciones. En el día las personas pueden caminar con cierta tranquilidad por las avenidas principales, donde hay más movimiento, pero al caer la noche, el cuadro es otro. Por las calles donde proliferan las ventas de licor, es mejor no pasar. Los objetos más codiciados de los asaltantes son los celulares, y las más vulnerables, las mujeres.

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Aunque a los “conocidos”, los que tienen tiempo de vivir en el sector, las probabilidades de que los despojen de sus pertenencias son menos, él prefiere no arriesgarse. “Casi no salgo. ¿Para qué voy a salir en la noche a exponerme? Mejor me estoy encerrado”, dice, realidad a la que ya se adaptó o bien se conformó, al igual que el resto de los vecinos.

De acuerdo con el sociólogo, tomar la decisión de no salir de casa a determinada hora para sentirse seguro son estrategias de sobrevivencia que la población toma para enfrentar o para minimizar el problema de la violencia que los aqueja.

Mack refiere que el tema de la inseguridad es un flagelo que afecta las sociedades y data de años, pero si no hay una respuesta decidida de las autoridades o no hay una mejora de las condiciones económicas es obvio que las personas tomen acciones cómo estas para protegerse.

Mario vive desde niño en la colonia Castillo Lara, no lo han asaltado, pero sí ha escuchado de conocidos del barrio que fueron víctimas de robo. Tiene una teoría: los asaltantes viven en otras colonias, y solo llegan al sector a delinquir, esa es su rutina.

“Lo mejor es no oponerse”, señala, pues “si se opone de todos modos le roban y lo matan”, agrega con pesar, pues previo a la pandemia perdió a dos amigos con los que solía jugar futbol en unas canchas cercanas, las mismas que los delincuentes suelen atravesar corriendo para escapar hacía otros sectores de la zona 7.

A Julio y a Sebastián, el Chucky y el Gato, como les decían sus amigos del barrio, les dispararon por oponerse al robo de sus pertenencias.

“Aquí, cada quien se cuida por su cuenta”, dice, pues hay poca presencia de la PNC en el sector. Previo a la pandemia había cerca un puesto de policías, pero lo quitaron, eso también contribuye a que últimamente en el lugar se escuche de más hechos de violencia.

“La zona de 18 es peor…aquí, siento que es tranquilo”, es el consuelo de Mario, y en parte tiene razón, pues allí el año pasado se registraron 103 homicidios, el 20 por ciento del total de asesinatos ocurrido en la ciudad.

Sin embargo, no es normal que Mario como el resto de los guatemaltecos perciban la violencia como parte de su día a día. La explicación de Mack a esta aceptación es que las personas van aprendiendo y asimilando que “si hay una esperanza o una expectativa de mejora tomaran el camino de indignarse o protestar, pero cuando realmente no se espera un cambio, ya sea porque las instituciones no han sido eficientes, porque la situación económica ha empeorado, la gente más bien se adapta. Es una estrategia normal del ser humano”.

Violencia en Guatemala
Las zonas etiquetadas como rojas, concentran la mayor cantidad de homicidios en la capital de Guatemala, obligando a sus habitantes a vivir encerrados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La carga del estigma

Reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que el municipio de Guatemala es el territorio más violento del país, en el 2021 se reportaron 516 homicidios, es un 36 por ciento más de asesinatos comparado con el año anterior, y alcanza una tasa del 42.8 por 100 mil habitantes.

La zona 18 está catalogada como uno de los puntos rojos de violencia en la ciudad. Habrá sectores peligrosos, pero eso no coincide en que todo habitante de la zona lo sea.

Aunque allí conviven distintas realidades, el hecho de vivir en una zona roja coloca una marca sobre las personas, acarrea estigmatización, y “esto genera, justamente, una convivencia forzada de diferentes sectores o estratos de la sociedad”, dice el sociólogo, pero no es un problema solo de Guatemala, más bien es un proceso que ocurre en las grandes capitales o de las grandes ciudades

“Es negativo, pero si no hay una respuesta de parte de la del Estado, de parte de las instituciones para tratar de superar estas barreras o estigmatización, será un proceso que siempre se dará”, refiere Mack.

Ante la pregunta de si la pandemia nos llevó como sociedad a desviar la mirada de los hechos violentos, y que estos pasen muchas veces inadvertidos y no causen mayor alarma entre los guatemaltecos, el sociólogo da una respuesta afirmativa, al decir que la percepción de la gente cambió porque se concentró en otros temas -los contagio, la situación económica-, pero como paulatinamente la sociedad está normalizando sus relaciones, es probablemente que este proceso empezará a escalar y haga voltear a esta realidad: la violencia no es normal para nadie.

La seguridad en manos de residentes

Ante la inseguridad de ciertos sectores, los vecinos han necesitado depositar su confianza en grupos privados de seguridad. Sacrificando su privacidad, se dejan “vigilar” por ojos electrónicos que monitorean las 24 horas.

En muchos lugares hay circuitos cerrados de seguridad, pero en la colonia Santa Elena 2, zona 18 capitalina y que colinda con El Limón y la Maya, consideradas de las más violentas y peligrosas de la ciudad, y también del país, la vigilancia la lidera una vecina.

Hace 13 años, la tranquilidad de Santa Elena 2 fue quebrantada cuando integrantes de pandillas ingresaron a la colonia para extorsionar, dejar teléfonos celulares y amenazar de muerte a los residentes, como sucedía en ese momento en muchas otras populares.

María Ollas, violencia en Guatemala
En Santa Elena 2, zona 18, es María Ollas que desde su casa monitorea la seguridad del área, en una de las zonas más peligrosas de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Ante ello “comenzamos a patrullar mujeres y hombres, con capuchas, y fue un trabajo muy duro, porque aquí ni la policía nos podía apoyar”, relató Reina Irma Ollas, coordinadora de seguridad de Santa Elena 2.

La violencia recrudeció ante la respuesta comunitaria, al extremo de que una de las casas ubicadas en el límite de las colonias fue acribillada a balazos, y aunque no se reportaron víctimas, llevó a los residentes a tomar medidas. Analizaron los pocos puntos que podrían tener a su favor; entre ellos, un único acceso para ingresar y salir de la colonia.

Los vecinos decidieron proteger a la comunidad con portones y vigilancia permanente. Era un nuevo concepto de seguridad.

“Apoyo de seguridad por parte de la Policía, jamás la hemos tenido”, agrega Ollas. La tensión llegó a tal punto que se generaron algunas confrontaciones entre los vecinos y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que se vieron obligados a contratar una empresa privada de seguridad mientras se integraba y legalizaba un comité, el cual funciona en la actualidad. El éxito es tal, que algunos vecinos han buscado que se amplíe a otras áreas aledañas.

Una subestación de la PNC ubicada a unos tres kilómetros de Santa Elena 2 les asistía cuando las circunstancias escapaban de control. A dicha sede policial los vecinos le brindaron aportes económicos y la apoyaron con la reparación de patrullas y combustibles, entre otros gastos. Sin embargo, la ayuda ahora se interrumpió porque cuando han solicitado auxilio, ya no atienden.

A pesar de las medidas y controles de seguridad implementados, los pandilleros insisten en ingresar con diferentes artimañas. Una de ellas es que van a alquilar un inmueble, por lo que decidieron solicitar algunos requisitos a los inquilinos, y quien quiera residir en el área debe presentar carencia de antecedentes penales y policíacos, cartas de recomendación del propietario de la vivienda y un convenio con el comité, en el cual el arrendatario se compromete a cumplir ciertas reglas.

Ollas se desempeña desde hace más de una década como coordinadora de seguridad, por lo que ha tenido que pagar un costo más alto que el resto de sus vecinos. Dentro de la colonia se siente bien, pero fuera de ella el temor la acecha. “A mí me han amenazado por teléfono… han sido amenazas de muerte”, refiere.

Asimismo, dice que no visita las colonias Maya y El Limón porque ha sido intimidada por algunos de los residentes.

Mientras cuenta a Prensa Libre y Guatevisión cómo opera la red de seguridad de Santa Elena 2, su teléfono no para de sonar. Son los agentes de la garita o algún vecino que pide auxilio por cualquier tipo de situación. “Me cambió totalmente la vida, ya no tengo privacidad”, expresa resignada, mientras no deja de monitorear las cámaras de seguridad desde la sala de su casa.

No duda en reconocer que no es normal que en medio de sus actividades hogareñas y personales esté pendiente de atender el teléfono, los controles de seguridad y estar pendiente del circuito de cámaras, pero también está convencida que sin esas estrategias “no estaríamos viviendo aquí, y es el resultado de que nos cuidamos unos a otros”.


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