En la actualidad, en el país habitan 1 mil 421 especies de peces, 367 de hongos verdaderos, 167 de anfibios, 248 de reptiles, 744 de aves, 216 de mamíferos terrestres, 28 de mamíferos acuáticos, 1 mil 561 de mariposas y más de 12 mil de flora, indica Miriam Quiñónez, de Asuntos Técnicos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en Petén.
Pero, de todas estas, 2 mil 291 especies están en riesgo. La principal amenaza de extinción es la pérdida y fragmentación del hábitat, añade el herpetólogo Daniel Ariano, coordinador del Componente de Biodiversidad del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
El avance de la frontera agrícola-ganadera extensiva, sin planes apropiados o medidas para mitigar los impactos en el entorno, a fin de abastecer alimentos, es el principal factor que pone en peligro de desaparecer a estas especies, así como el uso de químicos utilizados en esta actividad, señala Miriam Quiñónez, de Asuntos Técnicos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), en Petén.
A ello se suma el cambio de bosques por infraestructura a causa del crecimiento demográfico, destaca Maura Quezada, curadora del Herbario del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Asimismo, la sobreexplotación de flora y fauna para consumo, tráfico y comercio ilegal, en los que no se respeta número de poblaciones, edad, sexo o temporadas reproductivas. “Este mercado ilegal colecta muchos especímenes, esperando que al menos uno sobreviva, sin importar las condiciones”, dice Quiñónez.
Entre las principales amenazas a los ecosistemas están los incendios de bosques, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el blanqueamiento de corales y la pesca no sostenible, puntualiza UICN en su Informe bienal 2019-2020, oficina Guatemala (2022). A esta presión negativa se une la expansión urbana e industrial, cambio de uso de suelo y climático.
A pesar de que la tasa de deforestación se ha reducido en los últimos años, todavía se mantiene alta, ya que se pierden unas 30 mil hectáreas de bosque al año, equivalentes a 13 campos de futbol al día, afirma Gabriela Fuentes, directora del CEAB. A las especies también les resulta difícil adaptarse a cambios de temperatura, precipitaciones y humedad a ritmos tan acelerados, agrega.
El biólogo y consultor ambiental Melvin Flores expresa que la mayor parte de deforestación ocurre en Petén —70 por ciento del país—, Alta Verapaz e Izabal, la cual se ha incrementado por malas prácticas agrícolas, narcoganadería, pistas aéreas clandestinas, incendios provocados e invasiones, entre otras causas. Perjudica, además, la contaminación de los cuerpos de agua y suelos. “La legislación es inefectiva porque a diario se pierden bosques y especies y las personas continúan contaminando calles, ríos y playas. No se multan ni se penalizan estas acciones, ni se hacen cumplir las regulaciones”, lamenta.
Otra causa de contaminación del agua son los vertidos de desechos municipales e industriales sin tratamiento.
El 51.2 por ciento de merma de la diversidad biológica originada por la sobreexplotación y disminución de hábitat se debe al cambio de uso de suelo, para agricultura y crecimiento urbano, y sobrepesca, hace ver el Informe Planeta Vivo, edición 2020, llevado a cabo por World Wildlife Fund, con el apoyo de 40 instituciones conservacionistas y educativas.
Según el Índex de Desempeño del Medio Ambiente 2020 (EPI, en inglés), de la Universidad de Yale, basado en 32 indicadores y 11 categorías, Guatemala ocupa el puesto 129, de 180 países, en la protección de su biodiversidad y hábitat. Además, es uno de los 14 países rezagados en la protección de los 14 biomas terrestres, con el 1 por ciento.
A nivel institucional gubernamental, los obstáculos más grandes para la conservación de la biodiversidad en el país son la renuencia o desinterés del Congreso para crear nuevas áreas protegidas, así como la falta de recursos, manifiestan Cerezo y Bosarreyes.
Comercio ilegal: una amenaza que no se ha detenido
Guatemala, desde 1979, es parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites, en inglés), acuerdo internacional que vela para que el comercio internacional de especies de animales y plantas silvestres no sea una amenaza para la supervivencia de las especies, subraya Gabriela Alfaro, coordinadora del Componente Ambiental, del Ceab.
Según el informe La crisis de delitos contra el medio ambiente, de Interpol, los palo rosa (31.7%), los elefantes (30.6%) y los pangolines (3.9%) son las especies más traficadas a nivel mundial. Traficar especies salvajes como pangolines, tortugas, aves o tigres para consumo humano, sin control sanitario ni de higiene, representan mayores riesgos de zoonosis.
Los delitos contra la vida silvestre son globales, lucrativos, con alta demanda y valor. Según datos de Interpol, el comercio ilegal de especies de flora y fauna asciende a US$20 mil millones anuales.
En Guatemala, todas las especies se ven afectadas por la caza desmedida e ilegal, en especial el tepezcuintle, venado, cabra salvaje, faisán, armadillo, iguana, coche de monte, cotuza y serpientes, indica Quiñónez. Al desaparecer estas presas, predadores como el jaguar, puma o cocodrilo deben modificar su dieta, y por tal razón surgen conflictos con poblaciones humanas, pues se ven obligados a interactuar y cazar especies domésticas. Para las especies más amenazadas se recomienda la prohibición total de su aprovechamiento, como el pavo de cacho y el tapir, dicen Cerezo y Bosarreyes. Para las especies cinegéticas —que se cazan— como el tepezcuintle y el venado de cola blanca deben formularse calendarios de veda para establecer cuándo y cuánto se puede aprovechar de una especie en particular, añaden.
“La cacería ilegal depende en un 90 por ciento de la responsabilidad y conciencia social, pues está relacionada con la demanda”, resalta Quiñónez.
Las especies silvestres se trafican para consumo humano o mascotas, dice Ariano, pero la legislación actual no es muy efectiva, pues no hay gobernanza en cuanto a la aplicación de calendarios cinegéticos o vedas, por lo que es importante fomentar medios de vida alternativos en las comunidades que no involucren el aprovechamiento de vida silvestre, o crear viveros o zoocriaderos sostenibles de estas especies.
El biólogo Luis Ríos González, director de la maestría en Gestión de Recursos Naturales y Sostenibilidad, en la UVG, coincide en que en la caza de especies, por su carne o piel, hay una serie de normativas y calendarios que son funcionales, pero que no se implementan de forma adecuada, en gran parte, por carecer de recursos suficientes.
No hay registro real de la situación de caza ilegal en el país, asevera Quezada, y aunque existe una Ley General de Caza, el sistema de justicia no tiene la suficiente cobertura para atenderlo de manera apropiada ni se ha sensibilizado a la población.
El control aún es insuficiente para detener el peligro
Según el Plan Operativo 2019-2020 del Conap, el Sigap solo dispone de 379 guardarrecursos en el país para custodiar las áreas protegidas, la mayoría de ellos -166- en Petén, donde hay 64 de estas y una sola persona debe vigilar 15 mil 512 hectáreas, por lo que el número de personal resulta insuficiente. En el 2019 se había planificado incrementarlo a 458, para cubrir zonas que no estaban atendidas.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la División de Protección a la Naturaleza (Diprona), de la Policía Nacional Civil (PNC), capturó de enero a julio de este año a 517 personas por delitos contra la flora y fauna del país, dos más que el año pasado en el mismo período, la mayoría, en Santa Rosa (57), seguida por Escuintla (56). De ellas, 124 por tala ilegal, 144 por recolección y comercialización ilícitas de producto forestal, cinco por explotación ilegal de recursos naturales, cuatro por caza ilegal, siete por comercialización de fauna silvestre en peligro de extinción, y 10 por tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. Además, se decomisó 2 mil 82 metros cúbicos de producto forestal como pino, caoba, ciprés, palo blanco, ceiba, saro y chicozapote. Se puso en resguardo y protección de instituciones encargadas de velar por la seguridad de la vida animal a 267 especies, entre aves, mamíferos y reptiles.
En el 2021, Diprona rescató 457 animales: 208 aves, 141 mamíferos y 108 reptiles, y se decomisó 1 mil 789 metros cúbicos de madera transportada o talada de forma ilícita. Además, 246 libras de carne de animales silvestres. Se capturó por delitos contra la flora y fauna a 844 personas.
La Dirección Regional de Conap en Petén, en conjunto con Diprona y el Ejército, llevan a cabo acciones interinstitucionales en la Biosfera Maya para la detección y prevención de ilícitos dentro de las áreas protegidas, a través de patrullajes de corto, mediano y largo alcance, así como puestos de control fijos y móviles en carreteras, y se trabajan programas de sensibilización y creación de proyectos de manejo sostenible para la generación de recursos de las comunidades asentadas en las áreas protegidas, expone Conap.
“Muchas veces los esfuerzos de Diprona son inefectivos, pues la tala en las zonas de veda definitiva en muchos volcanes aún ocurre. Áreas protegidas como la Laguna del Tigre —en Petén— aún son invadidas, quemadas y deforestadas”, señala Flores.
“Las especies de flora y fauna siguen en peligro, sin voz ni voto. Las comunidades indígenas se ven afectadas por la explotación de recursos y el equilibrio en los ecosistemas se sigue alterando, lo que provoca más catástrofes naturales”, refiere.
Urgen medidas para evitar la extinción de especies
Para contrarrestar las amenazas a especies de flora y fauna en Guatemala se necesita fortalecer las instituciones vinculadas con la protección, control, prevención y promoción de uso sostenible de la naturaleza; fomentar la investigación científica, promover la sensibilización y educar sobre los beneficios de la Ley de Áreas Protegidas, puntualiza Quiñónez.
Además, modificar los patrones de consumo e implementar el buen manejo del agua y gestión adecuada de residuos y basura, para evitar que lleguen a la naturaleza; evitar la demanda de productos que se encuentren en veda, y la sobreexplotación de especies marinas, agrega.
Las personas pueden ayudar a proteger la flora y fauna al sembrar especies nativas en patios y jardines, habilitar áreas verdes, respetar pasos naturales del agua y disminuir espacios grises en áreas urbanas, exhorta Quiñónez.
Es fundamental crear áreas protegidas, de la mayor extensión posible, con zonas núcleo o intangibles, donde cualquier aprovechamiento sea prohibido, como áreas de conservación estricta, insisten en señalar Cerezo y Bosarreyes. También, crear paisajes multifuncionales donde se permitan diferentes usos de suelo en diversas intensidades, pero todos compatibles con la conservación de la biodiversidad y recursos naturales, conectados con áreas protegidas. Se debe prohibir o reducir el aprovechamiento ilegal y no sustentable de ciertas especies de flora y fauna, y generar alternativas económicas para las comunidades rurales que rodean o están dentro de áreas protegidas, agregan.
También, aumentar los guardarrecursos en áreas protegidas, dotarlos de equipo de transporte y tecnología, capacitarlos en técnicas y tecnologías modernas para el control y vigilancia y efectuar patrullajes frecuentes en los puntos clave donde se registran ilícitos, con el apoyo del Ejército y la PNC. Las leyes, además, deben ser más drásticas en las penas. Es esencial fortalecer la coordinación interinstitucional para proteger la flora y fauna.
Flores recomienda promover concesiones forestales que han sido buen ejemplo de la integración de sectores de la sociedad en la toma de decisiones y de los tres pilares de la conservación: ambiental, social y económico.
En relación con la protección de especies acuáticas, Ixquiac sugiere diseñar medidas para el aprovechamiento sostenible de recursos pesqueros, fomentar la educación continua de comunidades pesqueras sobre vedas, límite de esfuerzo de pesca, zonas de no pesca, tallas mínimas y prohibición de organismos ovados para su comercialización y promover el resguardo de zonas costeras.
Ixquiac añade que se debe hacer cumplir el Reglamento de Especies Exóticas Invasoras del Conap (2011), el cual incluye una lista negra de seis especies de plantas, 10 de moluscos y 95 de peces.
Del 2010 al 2016 hubo una pérdida bruta de bosques de 680 mil 566 hectáreas, pero en ese mismo período se ganó 579 mil 25 hectáreas, según el Instituto Nacional de Bosques (Inab), por lo que se ha logrado disminuir la pérdida neta de cobertura forestal a 0.5 por ciento, como resultado, en gran medida, de programas de incentivos forestales, a fin de proteger los bosques naturales con manejo sostenible. Para el 2024 el Inab plantea incrementar la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel nacional.
Fuentes y Alfaro mencionan acciones como conservación y restauración de ecosistemas de paisajes, dando prioridad al hábitat de especies amenazadas, así como la reforestación y creación de corredores biológicos; fortalecimiento de áreas protegidas, y leyes y regulaciones relacionadas con el aprovechamiento de la biodiversidad. También, promover la educación ambiental para que la población conozca, valore y proteja la biodiversidad y servicios ecosistémicos.
A criterio de Ariano, urge actualizar y modernizar la Ley de Áreas Protegidas y su reglamento, para contribuir a mitigar de manera efectiva las amenazas y brindar incentivos para la conservación de especies amenazadas.
Ana Hacohen, bióloga marina y docente del CEAB, dice que para proteger los ecosistemas marinos hay que gestionar el manejo de desechos sólidos, evitar las malas prácticas pesqueras —insostenibles y destructivas— y promover un desarrollo costero sostenible. Aunque las Áreas Marinas Protegidas son herramienta de conservación fundamental, para que sean eficientes deben gestionarse de manera adecuada. Y los proyectos de conservación deben incluir la participación de las comunidades, para mejorar el uso sostenible de recursos marinos.
Otra prioridad es resguardar los segmentos boscosos originales y no permitir el cambio de uso de suelo, y mediante estrategias de restauración, conectar los remanentes entre sí, para permitir el flujo genético entre las diferentes especies que habitan ecosistemas similares, señala Quezada. La mejor manera de resguardar nuestra diversidad biológica es sensibilizar a la población, más en los cascos urbanos, para que comprendan que es nuestra, única en cada lugar y que dependemos de ella para nuestro bienestar. “No se ama lo que no se conoce y, por lo tanto, no se cuida no lo que no se ama ”, destaca.
Ríos refiere que hace falta un cambio generalizado de actitudes y comportamientos hacia la flora y fauna, y despejar muchas de las malas interpretaciones hacia algunas especies. Además, armonizar políticas y normativas, pues se observa duplicidad entre las instituciones, lo que hace compleja su aplicación. Se debe mejorar la aplicación de la ley y reorientar el castigo a las personas que hacen daño, añade, disminuir el uso de insecticidas sistémicos persistentes y aumentar la disponibilidad de flores en jardines y áreas verdes.
