En las últimas dos décadas distintos tanques de pensamiento se han dado a la tarea de analizar el comportamiento de la violencia en Guatemala. Mes a mes, evalúan qué tan eficientes son las políticas públicas de seguridad para contrarrestar este problema.
Para ello, los analistas de las organizaciones han requerido a la PNC, de forma mensual desde el 2000 a la fecha, cifras de homicidios y lesionados según el municipio y departamento donde ocurren.
Sin embargo, en las últimas semanas al menos dos tanques de pensamiento y una unidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que monitorea el estado de la seguridad en el país fueron informados por la policía de que ya no recibirán todos estos datos estadísticos por dos razones. En algunas resoluciones, la PNC dijo que era información “confidencial” y en otras que dichas cifras no obran en archivos.
Principalmente, la PNC dejó de proporcionar cantidad de homicidios a nivel municipal, tipo de arma con que se cometen y la edad de la víctima. Ahora, la única información que se hará pública es el departamento donde ocurren los asesinatos.
La decisión gubernamental de restringir estas ocurre luego de que 2021 fuera el primer año en que se reportó un incremento de homicidios a nivel nacional, luego sostener por 12 años continuos una tendencia a la baja.
Carlos Mendoza, analista de Diálogos, una de las organizaciones dedicadas a analizar el fenómeno de la violencia a la que se le negó parcialmente la información, explicó que el hecho de ya no contar con estadísticas a nivel municipal impide determinar qué tan eficiente es una política pública a nivel local.
“Para saber si las políticas de seguridad ciudadana tienen algún efecto necesitamos hacer análisis que seas cercanos al territorio donde se están implementando. Se están poniendo excusas para no darnos la información georreferenciada y hay departamentos como Cobán o Petén que son inmensos. En estos casos, no sirve de mucho el dato departamental porque está muy lejos de los contextos locales”, dijo Mendoza.
Mendoza recuerda que lleva 20 años pidiendo mensualmente las cifras de homicidios y lesionados a nivel municipal, así como el tipo de arma utilizada en el crimen. En mayo, la policía se negó por primera vez a entregarle estos datos correspondientes a abril aduciendo que era confidencial.
Diálogos la requirió por segunda vez, pero la PNC reiteró que no la proporcionaría, ya no con la excusa de que era confidencial, sino ahora dijo que la misma no obraba en las bases de datos de la institución.
El otro tanque de pensamiento al que se le negó información fue el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (Cien). Walter Menchú, analista de seguridad de dicha organización, dijo que la policía no les proporcionó estadísticas de homicidios y extorsiones por municipio. Tampoco cantidad de personas detenidas por orden de juez y detenidas en flagrancia.
Al igual que con Diálogos, la PNC dio excusas distintas en dos solicitudes formuladas. En una primera, dijo que se trataba de información confidencial y en la segunda que no se contaba con la misma.
“La solicitud de información que mensualmente hacemos a la PNC vía la Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación contiene detalles que se registran en informes policiales, los cuales son útiles para hacer análisis más profundos de la información delictiva y no solo análisis superficiales de los datos a nivel general”, dijo Menchú.
De igual forma ocurrió con la Unidad que analiza estadísticas de seguridad y justicia de la PDH. Fuentes internas, que prefirieron no ser citadas, refirieron que les negaron las estadísticas de abril sobre los delitos contra la vida y el patrimonio a nivel municipal y desglosado según la edad de la víctima.
Lo anterior afecta, ya que para analizar la eficiencia de las políticas de seguridad es necesario evaluar su impacto considerando el grupo etario poblacional al que pertenecen las víctimas, comentó.
Secretismo
La Ley de Acceso a la Información Pública establece que la información confidencial es aquella que por mandato constitucional o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, pero este no es el caso de las estadísticas de homicidios georreferenciados.
Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), comenta que la intención de ocultar los datos se relaciona con el aumento de la violencia que se ha experimentado en el último año.
“Se está ocultando el empeoramiento de la violencia en el país. Se está escondiendo la verdadera situación el país y es muy grave porque esto no permite tomar medidas para corregir el problema. Somos un país extremadamente violento, con altos índices de impunidad y es derecho de la ciudadanía saber qué está pasando exactamente”, dijo Asturias.
Para esta nota, se intentó consultar al portavoz de la PNC, Jorge Aguilar, los motivos por los que la institución limitó la transparencia de las estadísticas de la violencia homicida, pero al cierre de esta nota no brindó ninguna explicación al respecto.
