En 2020, cuando los casos de covid-19 se empezaron a dispersar en todo el mundo, diversas instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) exhortaron a los gobiernos a hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas, argumentando que éstos cumplen una función crucial durante una emergencia de salud pública.
Una de las premisas fue que la salud humana no solo depende de la atención sanitaria, sino también del acceso a información precisa sobre el entorno de las personas. En ese sentido, la libertad de expresión incluye también el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo de información o ideas.
No obstante, no todos los Estados cumplieron a cabalidad con estas recomendaciones. En Guatemala, por ejemplo, se limitaron conferencias de prensa, otras dependencias incumplieron los plazos para rendir cuentas que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y también se intentó restringir el acceso a instituciones públicas.
Lo anterior supuso un retroceso en materia de transparencia y ocurrió al margen de la legalidad, opinan expertos consultados.