Así ven sectores políticos y empresariales la visita de Zúñiga y la lista de corruptos de EE. UU.

La administración de Joe Biden reconoce que los actos de corrupción incentivan el flujo migratorio para los Estados Unidos.

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El enviado especial de EE. UU. para el Triángulo Norte, Ricardo Zuñiga, sostiene una reunión con el canciller Pedro Brolo. (Foto Prensa Libre cortesía: Minex)
El enviado especial de EE. UU. para el Triángulo Norte, Ricardo Zuñiga, sostiene una reunión con el canciller Pedro Brolo. (Foto Prensa Libre cortesía: Minex)

El anuncio de la congresista Norma Torres sobre la publicación de una lista de actores centroamericanos vinculados a actos de corrupción concurre con la visita de una misión diplomática del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) para tratar asuntos de migración.

La visita de Ricardo Zúñiga, enviado especial del gobierno de EE. UU. y la incertidumbre de qué personajes el Departamento de Estado de EE. UU. incluirá en la lista de actores corruptos en Centroamérica genera expectativas en diversos círculos políticos.

El diputado Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso, reconoce que el listado que prometió Torres corresponde a un compromiso de la congresista con sus electores para que los impuestos que se pagan en EE. UU. no terminen en el bolsillo de funcionarios para satisfacer intereses particulares.

“En Guatemala esta lista será un castigo moral, porque no creo que pase a más, para quienes estén involucrados en algún tipo de situación anómala. Ojalá quienes resulten en esta lista también tengan derecho de defenderse si consideran que las acusaciones no son reales”, dijo congresista.

Respecto a la vista de Zúñiga, Castillo considera que existe una preocupación en el gobierno de EE. UU. por la migración masiva de centroamericanos, cuyas causas se deben a los altos índices de desnutrición y pobreza extrema en sus países de origen.

“Estos problemas son los causantes de que ellos tengan problemas en la frontera. Yo creo que (la visita) es algo muy concatenado, muy bien planificado y estratégico a lo cual nosotros como políticos debemos poner mucha atención”, dijo Castillo.

El diputado Manuel Conde, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), explica que la lista de Torres podría estar enmarcada en ley si incluye a personas que hayan sido condenadas judicialmente. No obstante, si se señala a personas que no han sido vencidas en juicio, podría ser un acto “alejado de la ética parlamentaria”, dijo Conde.

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Sobre la visita del enviado especial para el Triángulo Norte, Conde dijo que las reuniones debieran tener el propósito de buscar soluciones a problemas que son comunes para los dos países. “Tendremos que ver qué actitud acude (el enviado especial) a la región. Me animo a decir que vendrá con el ánimo de buscar soluciones y a articular esfuerzos conjuntos”, afirmó.

Oposición

Carlos Barreda, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, considera que EE. UU. tiene una preocupación sobre las causas que generan la migración, que son la desigualdad, la pobreza, la corrupción y “la cooptación de Estados que resultan ineficientes e incapaces de brindar empleo y servicios a la población”.

“El mensaje del gobierno de EE. UU. es claro: en los países que no tengan un sistema económico y de justicia social, que garantice el bienestar de la población los gobiernos serán catalogados como corruptos y cooptados por las mafias y el crimen organizado. Guatemala debe dar un paso para construir un sistema verdaderamente transparente, que genere bienestar social a su población”, dijo Barreda.

Samuel Pérez, diputado de la bancada Semilla, opina que el nuevo gobierno de Estados Unidos tiene claro que uno de las raíces de que las personas migren es la corrupción.

“Después de lo que pasó en 2015, EE. UU. tiene claro el panorama. Cicig transparentó cómo es el modelo de saqueo histórico enquistado en el Estado. Las personas que resulten mencionadas en la lista tendrán consecuencias políticas por la relación que puedan tener con Estados Unidos”, dijo Pérez.

Además, agregó que la visita de Zúñiga al tiempo que Torres anuncia la publicación de la lista no es una casualidad. “La nueva administración de Joe Biden está pendiente constantemente de lo que pasa en el país, de las decisiones que se toman en el Congreso, como por ejemplo la elección de magistrados. El mensaje es que EE. UU. apoyará a quienes se sumen al combate a la corrupción”, opinó Pérez.

Repercusiones

Jahir Dabroy, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, explicó que las repercusiones para quienes figuren en listados de corrupción podrían ser desde una sanción moral, hasta política, ya que las personas podrían no aspirar a cargos de elección popular en Guatemala por cuestionarse su honorabilidad.

“La corrupción no es tolerada porque es un factor que acelera el proceso de expulsión de personas hacia EE. UU.”, dijo Dabroy.

Por su parte, Nils Leporowsy, presidente del Cacif, comentó que el sector empresarial apoya cualquier esfuerzo en la lucha contra la corrupción, pero piden que se respete “el debido proceso”.

“Si se va a sacar listado con personas que pudieran estar involucradas en corrupción, que se respeten el debido proceso, su presunción de inocencia”, dijo.

Leporowsky reconoce que el tema migratorio es de interés para EE. UU. y aseguró que como sector empresarial están dispuestas a colaborar en la búsqueda de soluciones.

No es la “Lista Engel”

La lista que anunció la congresista Torres es distinta a la “Lista Engel”, con la cual también se esperan sanciones para actores vinculados a actos de corrupción, informó su equipo de comunicación.

La lista de Torres forma parte de las disposiciones que se incluyeron en el paquete de Apropiaciones Ómnibus aprobado por el Congreso el 21 de diciembre del año pasado. Será elaborada por el Departamento de Estado e incluirá también a personas involucradas en tráfico de estupefacientes y financiamiento electoral ilícito.

El paquete aprobado por el Congreso norteamericano incluye, además, un financiamiento para combatir la corrupción por 45 millones de dólares en Guatemala, Honduras y El Salvador, en los que se incluyen 10 millones de dólares para organizaciones de sociedad civil.

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