La delegación guatemalteca la completaron Julio Lainfiesta del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) y Shirley Rivera, de Vamos, recientemente electa para presidir el Congreso de la República en el periodo 2022-2023.
La gira no debería llamar la atención por algo extraordinario. Al fin y al cabo, el Consenso de Ginebra es una declaración en la cual los estados firmantes reconocen cinco derechos fundamentales de la mujer, además de rechazar el aborto. Estos principios pueden coincidir con el de cualquier político.
Sin embargo, generó suspicacias la publicación en Twitter de Rojas en la cual dijo: “La historia tiene dos caras, hay que venir y contar el lado verdadero de la historia”.
Analistas consideran que la visita pudo responder a una estrategia de acercamiento de sectores conservadores —pero también oficialistas— de Guatemala que se oponen a las presiones que la administración de Joe Biden está ejerciendo en contra de ciertos actores políticos del país, a quienes ha tachado de supuestos actos de corrupción o de socavar la democracia y el Estado de Derecho.
Recientemente también la fiscal general Consuelo Porras, a quien el Departamento de Estado incluyó en la lista Engel, concedió una entrevista al estadounidense Impunity Observer, medio abiertamente opositor a la administración demócrata. El enfoque de la entrevista fue la declaración de la fiscal sobre que dicho departamento obstaculiza el Estado de Derecho en Guatemala.
De esta forma es como ciertos sectores guatemaltecos que se siente amenazados por el actual Gobierno de EE. UU. empiezan a mover sus piezas con los opositores de estos en aquel país.
Historia
Esto no es algo nuevo. Durante el Gobierno de Jimmy Morales se supo de distintas comitivas que viajaron a EE. UU. para hacer cabildeo en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), después de que sus investigaciones señalaron a distintos políticos, diputados e incluso a familiares del presidente Morales.
Lea también: ¿Hay consecuencias para los funcionarios que no rindan cuentas al Congreso?
El exmandatario tenía en mente no renovar el mandato de la Cicig, que finalmente venció en septiembre de 2019, pero quería asegurarse la aprobación de Washington o por lo menos evitar reacciones que generaran polémica.
Ya en agosto del 2017 había ordenado la expulsión del comisionado Iván Velásquez lo que desató una ola de críticas en buena parte de la comunidad internacional.
Así, sucedieron dos acciones clave. Ese mismo año, en diciembre, el Gobierno de Guatemala anunció el traslado de su embajada en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, en completa sintonía de lo que había hecho la administración del presidente Donald Trump.
Un año y medio después aceptaría firmar un tratado para aceptar a migrantes salvadoreños y hondureños en Guatemala para evitarle una crisis migratoria en la frontera sur al Gobierno de Trump.
En el pasado también se supo que una firma de abogados de Washington cabildeó en favor del expresidente Morales para conseguirle acercamientos con Trump. Asimismo, que un grupo de diputados hizo lo mismo en 2017 para que el Gobierno norteamericano removiera del puesto al embajador Todd Robinson.
En más de una ocasión Morales calificó de “intervención extranjera” el trabajo de la Cicig, mientras la que fue su canciller, Sandra Jovel, viajó a las Naciones Unidas para presentar varias quejas en contra de esa misión, entre estas, supuestas violaciones a la presunción de inocencia.
Después de esos viajes y cabildeos, en el Congreso de EE. UU. comenzaron a ocurrir hechos que bien podrían relacionarse a tales visitas. En mayo del 2018, por iniciativa del senador Marco Rubio, se suspendió temporalmente la ayuda financiera a la Cicig, al mismo tiempo que otros de sus colegas se reunían con el presidente Morales y elogiaban su trabajo.
La Cicig llegó a su fin y no hubo ningún posicionamiento contundente de EE. UU. sobre la necesidad de que continuara su trabajo anticorrupción en Guatemala.
Afinidad ideológica
Los sectores guatemaltecos que rechazan los señalamientos de corrupción que ha hecho EE. UU. en contra de cierta clase política del país tratan de generar empatía con el ala más radical del Partido Republicano conocida como el Tea Party (Partido del té, en español), movimiento iniciado a finales de la década de 2010 y que tienen como principios abogar por gobiernos cada vez más pequeños, rechazar la migración y la intervención extrajera en cualquier país.
También consideran a la familia como parte fundamental de la sociedad y se oponen al matrimonio entre homosexuales y al aborto.
Lea también: La oportunidad perdida de siete gobiernos para invertir en el desarrollo de Guatemala
A ese grupo con el que se ha identificado, entre otros políticos, a los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, así como la excandidata vicepresidencial Sara Palin, le agradó de sobremanera el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén y el que el país aceptara firmar el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).
Ahora, en la administración Biden, los esfuerzos irían encaminados a disminuir la presión que está ejerciendo EE. UU. en el país a raíz de su lucha anticorrupción. Uno de los objetivos primarios podría ser que congresistas republicanos cuestionaran la recién creada Fuerza Regional Anticorrupción, asegura Guillermo Castillo, un migrante guatemalteco que hace análisis de la política estadounidenses hacía Centroamérica.
Estos congresistas o senadores republicanos afines a la derecha guatemalteca, al menos ideológicamente, bien podrían cuestionar que EE. UU. está utilizando recursos de sus contribuyentes para inmiscuirse en asuntos internos de Guatemala, mientras respalda a personajes que son perseguidos por la justicia.
Actualmente hay causas abiertas en el Ministerio Público al menos en contra de la exfiscal Thelma Aldana y de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci). Ambos radican en EE. UU.
“La idea es posicionar el que los republicanos y la línea del Tea Party apoya el Estado de Derecho en Guatemala y señalar la intervención de extranjeros —Thelma Aldana o Juan Francisco Sandoval— en la justicia norteamericana”, apunta Castillo, quien recuerda que la Fuerza de Tarea Anticorrupción es una iniciativa del Ejecutivo y no una ley del Congreso de EE. UU. lo cual podría ser una debilidad a explotar.
Lea también: Qué es hiperinflación y por qué podría estar amenazando a Guatemala
Además, considera que se avecina una batalla entre dos bandos. Por un lado, aquellos que son pro Cicig y Feci, los defensores de migrantes en EE. UU. y el Partido Demócrata, e incluso los republicanos moderados.
Por el otro, los “anti Cicig y anti Feci” y los grupos antimigrantes en EE. UU. compuestos por los allegados al Tea Party, simpatizantes del expresidente Donald Trump y otros grupos considerados supremacistas blancos.
Tratan de posicionarse
En Guatemala, otros analistas coinciden en que las visitas y cabildeos con los sectores radicales republicanos no son algo nuevo y vienen a ser una especie de desafío hacia la administración Biden.
Dichos sectores tratan de posicionarse desde ya con el Partido Republicano con la expectativa de que ese partido ganará las elecciones legislativas de medio término de 2022 y de que puedan llegar a la Casa Blanca en el 2025.
“El mensaje que dan es que nos juntamos con aliados que sí nos escuchan y que son afines a nosotros y que, así como hay actores en Washington pro Cicig, pues ellos quieren hacer contrapeso”, expuso el analista político Renzo Rosal. “Quieren transmitir que no todos en Washington están del lado de Thelma Aldana, Claudia Paz y Juan Francisco Sandoval”, añadió.
Verificamos por usted: ¿Es Guatemala uno de los países más vulnerables al cambio climático?
Rosal destaca en la reciente gira de los legisladores guatemaltecos, la presencia de Julio Lainfiesta, diputado de la UCN, agrupación calificada por EE. UU. como un partido de ideología narco y cuyo fundador, Mario Estrada, está preso en aquel país por un caso de tráfico de narcóticos. Con esto, asegura, quieren demostrar que “podemos entrar a EE. UU.”.
En Guatemala, subraya, hay otros sectores, políticos o empresariales, que están jugando el mismo juego, en el sentido de que la administración Biden les es incómoda, pero estiman que es pasajero.
El politólogo Christians Castillo refirió que los acercamientos de estos sectores guatemaltecos intentan generar vías de comunicación con la oposición porque “con la administración Biden no van a tener cabida” y porque “uno no busca acercamientos con quienes está confrontado”.
Respecto al viaje de los diputados que se reunieron con senadores republicanos, dijo que “claramente fueron en busca de aliados para cambiar la correlación de fuerzas en cuanto a la persecución de hechos de corrupción por parte de EE. UU.” en Guatemala.
No obstante, tampoco descarta que el objetivo tenga que ver con evitar aparecer en alguna de las listas de señalados de corrupción que maneja EE. UU. puesto que un señalamiento de tal magnitud podría perjudicarles de cara a buscar su reelección en el 2023.
Pruebas
El analista en temas internacionales Jorge Wong expuso que, a menos que los legisladores hayan llevado pruebas para respaldar la otra cara de la historia de la que habló uno de ellos, no habrá ningún resultado o incidencia en la política estadounidense.
Lea también: ¿Los funcionarios de Guatemala tienen los salarios más altos de Centroamérica?
“Cualquier cosa que se haga para defender o atacar un estatus quo en Guatemala, en un Gobierno como el de EE. UU., tiene que hacerse con pruebas, pero por amiguismos, fotos o mensajes en Twitter, no”, señaló Wong.
El diputado Rojas no respondió las llamadas telefónicas. Lainfiesta dijo que la visita a EE. UU. se limitó a la celebración del Consenso de Ginebra “cuyos pilares son la defensa de la vida, la familia, la salud de la mujer y la soberanía de las naciones”.
Mientras que Rivera explicó que fueron invitados como integrantes del Frente Parlamentario por la Vida y la Familia y aseguró que no se abordó ningún tema adicional a la celebración.
Los analistas reconocen que en el pasado estos cabildeos han tenido resultados, pero recuerdan que fuereon realidad cuando Trump era el presidente, por lo cual ven pocas posibilidades de que estas visitas puedan incidir finalmente en la actual política de Washington hacia Guatemala.
De momento, aparte de Impunity Observer, que ha dedicado varios artículos en contra la política de EE. UU. hacia el país, también el The Wall Street Journal publicó recientemente una pieza periodística titulada “Cómo Estados Unidos financia una revolución”, en la cual se hace un repaso de todas las denuncias que se hicieron en contra de la Cicig, y concluye que el comisionado Iván Velásquez había convertido a esa misión de la ONU en un “arma política de la izquierda”.
En esta batalla que se avecina sería usual que los medios conservadores de EE. UU. publicaran artículos similares y criticando la política de ese país hacia Guatemala y Centroamérica, el fin: impactar en las elecciones legislativas del próximo año y en las presidenciales del 2024.
