Los mandatarios de Guatemala —Alejandro Giammattei—, El Salvador —Nayib Bukele— y de Honduras —Xiomara Castro— no respondieron a la cita. Los primeros sin una razón aparente, y la jefa de estado hondureña por la negativa de la administración Biden de no invitar presidentes de regímenes que la Casa Blanca considera antidemocráticos; puntualmente, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En la Cumbre tampoco participa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que significa que no participan los jefes de Estado de los países donde más migrantes han ingresado de manera irregular a EE. UU. en los últimos años.
De estas cuatro naciones eran originarios 3.4 millones de las personas que fueron detenidas en la frontera sur de ese país en los últimos tres años y medio, el 76% de los cruces.
Inversiones
En el segundo día de la Cumbre, EE. UU. anunció inversiones por casi US$2 mil millones de capital privado en el Triángulo Norte de Centroamérica para frenar la migración. Estos acuerdos fueron posibles luego de acercamientos de la administración Biden con grandes corporaciones, pero no con los gobiernos.
Además, el Gobierno también anuncio un ambicioso proyecto de reforma al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para duplicar el financiamiento al sector privado.
Pero, para que esas inversiones se hagan realidad es insoslayable que los estados, cuyos líderes no participan en la Cumbre, se involucren, generando ambientes propicios para las empresas, en seguridad, certeza jurídica y lucha contra la corrupción.
Además de la migración, que es uno de los puntos más importantes de la Cumbre, EE. UU. espera que los países firmen otros cinco compromisos, uno de los cuales está orientado a la gobernanza democrática.
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¿Qué ofrece EE. UU.?
Para Vicki Gass, consultora estadounidense experta en temas de Centroamérica, es posible que los países alcancen acuerdos sobre migración a pesar de la ausencia de varios mandatarios, porque estos han enviado delegaciones de alto nivel.
La pregunta, subraya, es qué ofrece EE. UU. Hasta el momento, los ofrecimientos de la administración Biden son “prácticamente lo mismo, con un lenguaje diferente”, enfatizó.
Señaló que en los planes se hace hincapié en mejorar la economía orientada al modelo exportador, pero no ofrecen mayor acceso al mercado estadounidense, tampoco el desarrollo de las comunidades que impulsan la migración.
Gass señala que los gobiernos se aferran a la creencia de que al mejorar las condiciones económicas en los países las personas dejarán de migrar, pero esto no ocurrirá si al mismo tiempo no se aborda la desigualdad de las leyes fiscales o el cambio climático, la violencia, el creciente autoritarismo, la impunidad y la corrupción.
“En Guatemala, por ejemplo, la corrupción ha despojado al Estado de los recursos para enfrentar el cambio climático. Vea ahora mismo todo lo que está lloviendo en Guatemala, la temporada de huracanes ya comenzó y se esperan más este año ¿y qué ha hecho el presidente Giammattei para abordar esto”, cuestionó.
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Para otros expertos, aunque se alcancen acuerdos, la ausencia de los mandatarios de los países de origen de la migración será una oportunidad perdida para generar confianza en una estrategia regional cohesionada de gestión migratoria.
“La colaboración multilateral entre estos gobiernos y EE. UU., incluidos los esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración, continuará a pesar de las ausencias, pero probablemente dará lugar a inversiones desiguales y limitará la implementación de acciones coordinadas inmediatas”, dijo Ariel Ruiz, analista del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés) con sede en Washington, D. C.
Expuso que llegar a acuerdos con países como Guatemala, que evidentemente están confrontados con EE. UU., puede ser más complicado, aunque no imposible, ya que la agenda política migratoria entre ambos países es multifacética y los equipos técnicos pueden seguir explorando áreas para abordar la migración.
Abordaje integral
Ruiz dijo que un verdadero pacto migratorio debe reconocer que existe una responsabilidad compartida entre los países, desde Panamá hasta Canadá, y debe priorizar la oferta de alternativas a la migración irregular, no solo la contención.
“Un pacto debe incluir cuatro componentes: mejorar los mecanismos de protección humanitaria, ampliar los canales legales de empleo en EE. UU., hacer esfuerzos de inversión que promuevan la gobernabilidad, y la aplicación de las leyes migratorias con una estrecha supervisión institucional para que no se violen los derechos humanos de los migrantes”, explicó.
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La investigadora en migración de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Rosario Martínez, afirmó que la ausencia de los mandatarios de los países centroamericanos no debería repercutir en que los Estados no alcancen acuerdos y firmen compromisos pues están representados a través de las cancillerías, quienes son las que se han encargado de las discusiones migratorias en años recientes.
Dijo que la Cumbre es una oportunidad para poner sobre la mesa la necesidad de regular los flujos a través de catalizadores de la migración irregular, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la ampliación de programas de visas. Asimismo, la cita debe servir para externar preocupaciones por el trato que reciben los migrantes en las fronteras al sur de EE. UU., derivado de programas como Quédate en México o el Título 42.
“Yo esperaría un compromiso de la administración Biden, pero de alguna manera también de los estados centroamericanos, que haya un pronunciamiento en el tema migratorio que luego se materialice en acciones”, expuso Martínez.
Añadió que la migración debe verse más allá de los flujos y ser atendida integralmente, lo que significa abordar las causas económicas, de inseguridad, el cambio climático y todos los factores que hacen que los pueblos vean en esta su única “válvula de escape”.
Para Roberto Wagner, internacionalista y catedrático universitario, será importante aprender de las lecciones del pasado, como cuando se creó el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que fue un proyecto “impuesto” por EE. UU. que resultó ser un “desastre”.
No basta solo con anunciar ayuda o inversiones multimillonarias, sino especificar en qué usará y a lo largo de cuánto tiempo, agregó. Asimismo, revisar todos los factores que influyen en si una inversión privada es exitosa o no; por ejemplo, no se puede anunciar que se invertirán US$1 mil millones para crear microprocesadores en un país si no existe mano de obra.
“Esperamos que no sea una oferta improvisada, que haya consenso, no solo entre los gobiernos, sino con los ivnersores interesados porque ellos no van a arriesgar su dinero solo porque un gobierno se los dice”, puntualizó.
Desplantes
La Cumbre de las Américas se enfrenta al boicot promovido por varios países entre ellos los de Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyas economías son altamente dependientes de EE. UU. en cuanto a exportaciones y remesas.
Respecto a esta confrontación, imposible de ver hasta hace unos años, Gass considera que se debe a que “la promesa de libre comercio y democracia electoral no se ha traducido en mejores niveles de vida para la gran mayoría”.
Luego, EE. UU. empieza a “regañar” a los gobiernos de la región, por las pandillas, violencia, corrupción y ahora migración. “Así que los gobiernos se ponen más desafiantes”, precisó.
Por su parte, Arias expuso que ha existido un cambio en el compromiso de EE. UU. con la región que comenzó durante el gobierno de Donald Trump lo cual ha derivado en un debilitamiento de las prioridades políticas de la Casa Blanca hacia estos países.
Sumado a esto, la creciente corrupción y la mala gobernanza en los países del Triángulo Norte han socavado las relaciones bilaterales con EE. UU.
