Molina Barreto: “Esto no es una corte celestial. Se resguardará el orden constitucional”

El primer presidente de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) asegura que es el momento de darle credibilidad al tribunal sin entrometerse en el trabajo del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

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Roberto Molina Barreto, magistrado electo de la Corte de Constitucionalidad. Foto: Juan Diego González
Roberto Molina Barreto, magistrado electo de la Corte de Constitucionalidad. Foto: Juan Diego González

Roberto Molina Barreto será el representante de la Corte Suprema de Justicia en la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) y el primer presidente de la próxima magistratura que toma posesión este miércoles 14 de abril.

El magistrado, quien en el 2019 formó parte de la candidatura del binomio presidencial con Zury Ríos, es claro al señalar que ha existido una serie de errores que han ocasionado un desgaste a la CC, lo que identifica como el mayor desafío que tendrán que enfrentar como futuras autoridades.

Destaca que es vital que como magistrados se pongan límites, ya que la CC no es una “corte celestial”, como muchos opinan, aspecto que, según él, ha venido acrecentando una división social que viene desde la época del conflicto armado interno.

Molina Barreto habla sobre sus aspiraciones, alcances y también las limitaciones del cargo que desempeñará durante los próximos cinco años.

 TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA

—¿Cuál es el balance de la CC que sale?

—Lo primero que diría es que mi aspiración es que la Corte recupere la confianza y la credibilidad de esta institución, que se deje de percibir como si fuera un órgano cuya función ha sido dominada por algún tipo de ideología.

Lo que se aspira es que la población entienda que esta institución es un árbitro, y que aquí ninguna ideología, ningún credo ni ninguna otra preferencia va a dominar cómo deben de salir las resoluciones; es cumplir con el ordenamiento jurídico del país.

—¿Cuál es el principal logro y el mayor error de la Corte saliente?

—Logro es muy relativo siempre. Usted sabe que cuando se habla de resoluciones hay algunos que están de acuerdo con ellas y otros que no. En el campo jurisdiccional le diría que ha habido una conflictividad en los últimos cuatro años y medio del tipo de resoluciones que ha emitido esta magistratura, a la cual yo me incorporo de último.

Lo que sí es indudable es que hay un logro en el aspecto informático. Creo que es la única institución que en un alto porcentaje ya se maneja de forma electrónica, sin papel, y aunque es un adelanto por la era de la pandemia, creo que es un gran logro que vamos a ir mejorando cada vez más.

Con toda franqueza, lo debo decir, porque lo he dicho públicamente, especialmente cuando no estaba dentro de la magistratura, creo que esta magistratura invadió algunas funciones propias de los organismos del Estado. La función de la CC es resguardar el orden constitucional y el orden constitucional es precisamente que cada órgano, que cada poder del Estado, ejerza sus funciones con absoluta independencia uno del otro y de conformidad con las normas de carácter constitucional.

Tengo la impresión de que en muchos fallos la Corte invadió esas funciones propias de los organismos del Estado y eso para mí fue un error.

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—Una de las mayores demandas sociales es que la próxima Corte garantice independencia. ¿Cómo se puede lograr?

—No debería ser un reto, debería ser ya parte integral de esta institución, de que la población tenga confianza, tenga credibilidad, y eso solo se logra si la Corte no se pone a resolver de forma ideológica. Eso es lo que ha motivado a una serie de circunstancias en los últimos cuatros años y medio, o un poco más, que precisamente dan esa impresión.

—¿Qué piensa sobre los conflictos de intereses en la aplicación de justicia?

—Los conflictos de intereses siempre han existido, es innegable para la sociedad. Siempre se tiene a distintos grupos con distintos intereses y son respetables. Todos tenemos el derecho de tener una aspiración de ejercer los derechos cívicos y políticos, tener todas las libertades que la Constitución le otorga al ser humano.

Yo no veo que haya problema que tengan intereses. Insisto, lo que sí es importante es que los miembros de este tribunal actúen con total independencia de esos grupos de intereses y resuelvan conforme a Derecho. Por supuesto, es lógico que algunos fallos gustarán y otros no, es parte de ser juez, es parte de ser árbitro, y no sesgarse y menos por razones de ideología por unos u otros.

—¿Cuál es el principal desafío que tiene la nueva CC?

—Creo que esta octava magistratura tiene una gran tarea de quitar en el imaginario de todos los guatemaltecos, cada uno puede tener sus preferencias a favor de unos u otros grupos, ideologías, religión, cualquiera otra situación, pero aquí lo que hay que establecer es que un juez constitucional es un árbitro, no es un juzgador.

Como humano puede tener una religión, una ideología, lo que no es permitido es que esa ideología o religión domine cómo va a resolver. Lo único que va a motivar una resolución del tribunal constitucional es la Constitución Política de la República de Guatemala, las convenciones internacionales y todo el ordenamiento jurídico interno.

—EE. UU. y otros países amigos han pedido que la CC garantice el estado de Derecho. ¿Qué piensa sobre este llamado?

—Creo que tienen razón y no debe de ser una aspiración de un gobierno extranjero, sino la de todos los guatemaltecos. Que la diferencia de la que se habla, que este ha sido un proceso bastante visible o mediático, es precisamente por las resoluciones que yo le decía, que se han emitido en los últimos años y que puedan ser calificadas algunas con un sesgo ideológico o invadiendo funciones de otros organismos del Estado.

Pareciera ser que la gente cree de manera equivocada que esta es una ‘corte celestial’. Nadie puede estar por encima de la ley, ni la propia Corte ni los propios magistrados. Precisamente el marco legal está plenamente establecido en la Constitución y en la Ley de Amparo, qué puede y qué no puede hacer la Corte. La Corte debe auto limitarse, no es que pueda hacer lo que quiera.

En el imaginario de muchos grupos, incluida la sociedad civil y el sector privado, equivocadamente piensan que desde aquí se ejerce gobierno. No es eso para lo cual fue creada la CC, sino para dejar gobernar a quienes tengan que gobernar en el uso de sus constitucionales facultades. Pero cuando miran que un organismo como este puede representar mayor poder que esos órganos del Estado viene el interés de saber quiénes van, quiénes son, a favor de qué están, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años por este tribunal.

Por eso le decía que es un gran reto que quitemos ese imaginario, esto no es una ‘corte celestial’, de que ningún magistrado está por encima de la ley y que por supuesto que cada funcionario público, incluidos los los magistrados de la CC, son responsables de sus actos, y si sus actos están fuera de ley va a tener consecuencias.

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—¿Qué papel debe jugar la Corte ante el accionar de los poderes del Estado?

—Observar sus procedimientos y respetarlos. La Corte actúa no de oficio, sino a petición de alguien legitimado para presentar un amparo o una inconstitucionalidad. Creo que lo primero que debe hacer la CC cuando recibe un amparo contra alguno de los poderes del Estado es ver que el procedimiento que se señala como equivocado fue o no; el procedimiento, no el fondo.

La Constitución señala cuales son las facultades del Ejecutivo. La Corte no puede decir ‘esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer’. En todo caso, la Corte podrá revisar si lo que hizo fue con el debido procedimiento. El Congreso tiene que legislar, la CC no puede legislar. La Corte puede ver si la ley choca o no con la norma constitucional, lo que no puede hacer la Corte es legislar o impedir que el Congreso actúe en el ejercicio de sus facultades, que es legislar, y aquí se han dado amparos para evitar el legislar, lo cual considero equivocado.

En el Organismo Judicial les corresponde juzgar en la vía ordinaria. No puede esta Corte venir y tocar el fondo. Lo que sí puede supervisar, si es requerida, es que el debido proceso se dio o si hubo alguna violación al derecho de defensa, pero no nos podemos meter a la resolución de fondo. La Corte Suprema de Justicia sí es suprema en el caso de las casaciones. Sin embargo, hemos visto a esta Corte inmersa en la justicia ordinaria, lo cual es indebido.

Este organismo, como decíamos al inicio, se ha saltado las trancas y por eso es que ahora hay mucho interés en la Corte, porque pareciera que es la corte celestial.

Lo digo con toda franqueza y humildad, porque ya es la cuarta vez que soy designado magistrado de la CC, que desde la primera magistratura han habido equivocaciones, pero todo tiene un balance, una medida. Pero cuando esos errores son reiterados en un período hacen un monstruo de lo que creó la Constitución, hay una mutación del espíritu para el que fue creada la institución.

No, señores, esta Corte va a resguardar el orden constitucional, no invadir las funciones de los otros poderes del Estado.

Roberto Molina Barreto. Foto: Juan Diego González
Roberto Molina Barreto. Foto: Juan Diego González

—¿Un magistrado de la CC debe responder a los intereses de quien lo eligió?

—Jamás. Es más, lo dice la propia Ley de Amparo, y aunque no lo dijera es un aspecto de orden moral y de independencia. Si usted va a venir y porque fue elegido por el presidente lo va a defender de alguna de las acciones, eso es indebido. Para las cinco designaciones del Consejo Superior Universitario tampoco tienen que respaldar todo lo que haga la universidad -de San Carlos-.

Por eso es famosa la misiva que dice que aquí debe prevalecer el principio de la ingratitud. Nos designaron, pero al momento que nos designan se rompe ese cordón umbilical y se vuelve usted totalmente independiente del órgano que lo designó. De lo contrario, el tribunal perdería su esencia si cada uno de los designados responde a los intereses de sus designantes, ya no se vuelven árbitros, se vuelven jugadores.

—Usted fue el candidato vicepresidencial de Zury Ríos. Si ella vuelve a buscar la Presidencia y el caso llega a la CC, ¿se inhibiría?

—Yo no quisiera emitir una respuesta sobre supuestos. Hoy vengo a ser magistrado de la CC con todos los principios que ya le expliqué, no puedo responderle en un supuesto que no tengo ni siquiera idea si la señora Zury Ríos pretende o no ser nuevamente candidata.

Lo que sí le puedo decir es que yo fui candidato vicepresidencial de ella, ejercí un derecho constitucional, ejercí mis derechos cívicos y políticos. Eso ni a mí ni a nadie se le puede impedir, porque, precisamente, esté o no de acuerdo con alguna candidatura. No me gustaría responder una pregunta que está basada en un supuesto.

—¿Existe algún plan o propuesta que tenga en mente para impulsar el conocimiento de la Constitución?

—Ese es un aspecto sumamente importante. Es muy lamentable la falta de interés que existe en la mayoría de la población de saber realmente qué es la Carta Magna. Creo que bien haría la cooperación internacional en venir y apoyar a algunos grupos académicos o de formación cívica para, precisamente, divulgar cuáles son los derechos y las obligaciones que la Constitución señala a todos los guatemaltecos.

No quisiera decir ignorancia. pero esa falta de conocimiento de lo que realmente es la justicia constitucional nos daría más chance de ver las cosas, porque es cierto que existe un conflicto permanente en Guatemala desde el conflicto armado interno, pero pareciera que se silenciaron los fusiles y se encienden las pasiones ideológicas. Repito, no estoy en contra de alguna ideología, tengo una ideología como cualquier persona, pero cuando usted es funcionario, principalmente juez constitucional, debe ponerse el traje de árbitro, independientemente de lo que usted piense.

—Usted asumirá la presidencia de la CC en el 2021. ¿Cuál será su mayor desafío en este año?

—Insisto que es que la Corte recupere su credibilidad, la confianza, y esto termina en lograr una seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica incide en un desarrollo de todo el país. Con inseguridad jurídica, como la que creo que ha existido en los últimos años, es difícil que haya inversión económica, y sin inversión no hay empleo y las familias se dividen porque se van a otros países.

La inseguridad jurídica provoca que no haya motivación de invertir en el país. Que no sea ni un presidente ni la CC la que cambie esas reglas cada vez que cambia la Corte, porque entonces es lógico, nadie va a tener la confianza de hacer una inversión para generar empleo y producir riqueza para terminar con la pobreza, y todos los problemas de orden social y económico que tiene el país.

—¿Cree que es el momento para que la Constitución sea reformada?

—Con el tema de la reforma constitucional, en los 36 años que tengo en el ejercicio profesional y 65 de vida, me he dado cuenta que en algunos aspectos he sido reformista, pero cuando veo el desmán que se puede dar a través de una reforma constitucional, me arrepiento.

En el 2010 hice un anteproyecto de reforma constitucional y la presenté en el Congreso. Hubo más instituciones y grupos que lo hicieron; incluso hubo mesas de diálogo para unas reformas. Yo participé en ellas cuando ya no era magistrado y sí me espanté.

Me espanté porque la motivación de esa reforma era mejorar el sistema de justicia del país, pero cuando usted llegaba a esas mesas de lo que se daba cuenta es que se trataba de una lucha ideológica y de querer ir más allá de reformar el sistema de justicia y polarizar aun más a la sociedad guatemalteca.

La Constitución de nuestro país es muy buena y me entristece mucho oír a grupos, incluso de profesionales, decir que no debería existir esta Corte, por los desmanes de los últimos años, cuando es un avance que exista un tribunal especializado en materia constitucional. No muchos países lo tienen.

Pero cuando la Corte se salta las trancas e interfiere en funciones que no le corresponden, produce más polarización.

Todos estos sectores deben entender que existe una columna vertebral que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Si no la conocen y si no la respetan, ¿por qué cambiarla? Primero hay que darles oportunidad de que la conozcan. Llevamos 35 años de la Constitución, la más antigua de los últimos 100 años.

Ping Pong:

  • Independencia de poderes: Sistema republicano.
  • Politización de la justicia: No debe existir.
  • Aborto: Estoy en contra del aborto, a menos que sea por razones terapéuticas.
  • Matrimonio igualitario: Cada uno tiene la libertad de pensar y actuar como mejor le convenga.
  • Pena de muerte: Creo que es necesario aplicarla en los casos en que la ley lo permita.
  • Protestas: Derecho a manifestación sin afectar los demás derechos y libertades que la Constitución tiene para todos.
  • Propiedad privada: Debe ser respetada, pero ningún derecho es absoluto; se privilegia el derecho general sobre el particular.
  • Certeza jurídica: Es lo que hace falta en este país.
  • Amparos: Debe reducirse la exigencia de los amparos improcedentes.
  • Recursos naturales: Deben protegerse.

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Entrevistas a magistrados: Prensa Libre solicitó a los cinco magistrados titulares entrevistas periodísticas, sin embargo, solo tres respondieron y se publican a partir de hoy cada día hasta el miércoles, en el orden que asumirán la presidencia en los siguientes años. Mañana puede leer la entrevista con Dina Ochoa, sobre cuál debe ser el rumbo de la nueva CC, y luego a la magistrada Gloria Porras.


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