TSE extiende agonía de seis partidos y cómo se modificarían las fuerzas en el Congreso

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) le dio a las agrupaciones con proceso de cancelación hasta el 30 de noviembre para defenderse de los señalamientos que pesan sobre sus dudosas finanzas, de lo contrario más de 80 diputados corren el riesgo de quedar huérfanos y a la deriva de la corriente parlamentaria.

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral asumieron el pasado 20 de marzo. Fotografía: TSE.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral asumieron el pasado 20 de marzo. Fotografía: TSE.

El TSE publicó el viernes 2 de octubre el acuerdo 325-2020, con el que se imponen nuevos plazos a las agrupaciones políticas para cumplir trámites pendientes por el recién finalizado estado de Calamidad.

Los partidos tienen un año para celebrar las asambleas pendientes y dos meses para solventar gestiones administrativas. Este segundo punto compete a las seis agrupaciones que enfrentan procesos de cancelación, para que entreguen pruebas de descargo y demás documentos, explicaron las autoridades electorales.

Estas agrupaciones son: Partido de Avanzada Nacional (PAN), Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación), Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Visión con Valores (Viva) y Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Las primeras tres ya fueron canceladas pero las agrupaciones presentaron recursos legales haciendo que el fallo no quede firme, las restantes aún se encuentran en la fase de análisis.

Los procesos de cancelación no son nuevos, algunos están por cumplir dos años, pero por las elecciones de 2019, la ley impedía cancelar a los partidos hasta que finalizara el evento eleccionario, y cuando esto ocurrió, algunos meses después, la pandemia del covid – 19 llegó a Guatemala.

La crisis sanitaria fue la primera oportunidad para que los partidos con peligro de cancelación extendieran su tiempo de vida, el recién electo pleno del TSE emitió un acuerdo donde suspendió los plazos legales hasta el fin de la medida de excepción, esto tuvo un efecto directo en todos los procesos de cancelación abiertos.

Ahora con este nuevo acuerdo, el beneficio para los partidos se extiende hasta el 30 de noviembre, cuando los procesos burocráticos son más complejos por el periodo vacacional de fin de año con el que gozan las Salas de Apelación, donde llegarían recursos de los partidos aludidos.

“Tendrán que cancelarse”

El presidente del TSE, Mynor Franco, afirmó que decidieron dar este nuevo plazo para que todos los partidos que están siendo señalados cuenten con una oportunidad de defensa, aunque advirtió que habrá algunos, tras evaluar los expedientes, que seguramente no lograran sobrevivir.

“Sabemos que el TSE lo primero que tiene que hacer es impulsar la democracia, socializarla, darle vida a los partidos políticos, lógicamente aquí hay partidos que ya no podrán tener vida jurídica, partidos que tendrán que cancelarse, pero que no digan que nosotros fuimos los culpables de eso, se les está dando la oportunidad, ese fue el criterio que se sostuvo para emitir esto”, explicó.

La decisión fue tomada de manera unánime por los funcionarios que asumieron el pasado 20 de marzo: Franco y Rafael Rojas, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Gabriel Aguilera, exministro de Trabajo durante el gobierno de FCN-Nación; Blanca Alfaro, excandidata vicepresidencial de Prosperidad Ciudadana (PC) e Irma Palencia, antigua magistrada de la Sala Tercera en materia laboral.

Efecto en el Congreso

La novena legislatura se encuentra integrada por 160 diputados de 19 fuerzas políticas. Cualquier cancelación firme contra alguno o los seis partidos afectará directamente las fuerzas en el Legislativo.

Diputados sin el respaldo de una organización política no pueden integrar puestos dentro de la Junta Directiva (JD); actualmente cuatro de las nueve sillas de este órgano parlamentario están ocupadas por diputados de la UNE, UCN, FCN-Nación y Viva.

Tampoco pueden presidir comisiones parlamentarias; de las 37 mesas de trabajo legislativas, 19 están encabezadas por congresistas que pertenecen a alguno de los partidos señalados.

Las seis agrupaciones con procesos de cancelación hacen un total de 87 diputados, quienes, al no tener un partido y quedar huérfanos en la vida política, tampoco podrían optar por un cargo público en las próximas elecciones, por estar vigente la prohibición del transfuguismo.

Los partidos que ya recibieron una cancelación que no está firme son FCN-Nación, PAN y UCN; el primero no fue posible obtener postura del secretario general o algún representante.

La segunda agrupación expone que hubo una serie de vicios legales en los procesos de cancelación que abrieron las anteriores autoridades electorales, afirmando, que en el expediente contra el PAN, no existían razones legales para emitir una resolución de tal magnitud.

“Lo peor es cuando a uno le notifican un expediente de cancelación motivado por la perversidad con la actuó el anterior registrador de ciudadanos y con la complicidad de un TSE, que de la misma manera, se congraciaba cancelando partidos, retorciendo la ley, no respetando el debido proceso, lo que quiere decir que son resoluciones absolutamente ilegales, ilegitimas, espurias y mal intencionadas”, según lo declarado por Manuel Conde, secretario general y diputado del PAN.

UCN manifestó, por medio de su diputado Julio Lainfiesta, que son respetuosos de la ley y que hasta que no tengan una sentencia firme continuarán trabajando para honrar el voto de confianza que recibieron en los comicios pasados.

“Nosotros, dentro del partido, dentro de la bancada, seguimos trabajando por UCN, por todos aquellos electores que confiaron en nosotros para ser representados y la verdad pues que no nos queda más que demostrar esa lealtad y fidelidad que permitió que fuéramos 12 diputados, 38 alcaldías; valga decir que UCN es la tercera fuerza política más grande del Congreso”, señaló.

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Imagen pública

Los representantes de los otros tres partidos políticos; UNE, Viva y Creo se encuentran con una buena expectativa para resolver lo que califican como “errores” de las anteriores autoridades del TSE.

“Eso fue una mala declaración que dio el antiguo registrador porque él no puede adelantar ese tipo de criterios. Lo que tendrían que hacer es correr, si existieran las causales, las audiencias para que nosotros hagamos el uso legítimo de la defensa que la ley establece y a partir de ahí ver cuáles es la sanción”, señaló Óscar Argueta, secretario general y diputado de la UNE.

Una postura similar maneja Armando Castillo, secretario general y diputado de Viva, quien asegura que en contra de su agrupación no hay fundamentos y que estos inconvenientes están afectando la imagen de la organización.

“Por supuesto que sí afecta, principalmente en el interior de la república, los líderes están muy al pendiente de las noticias pero en nuestro caso las bases tienen muy buena comunicación y les hemos estado presentando la situación que tiene el partido, que son temas administrativos que se han demostrado que no tienen fundamento para una cancelación”, refirió.

Para Rodolfo Neutze, secretario general y diputado de Creo, existe una oportunidad para limpiar públicamente la imagen de su agrupación que se vio afectada por un mal criterio.

“Estamos entusiasmados de que el nuevo TSE pueda diferenciar entre lo que el Registro de Ciudadanos anterior presentó como procesos de cancelación, que yo he llamado “en canasto”, donde metió a todos los partidos al mismo lugar, en caso específico de Creo no hay una justificación válida para ese proceso de cancelación y estamos seguros que con la apertura de los plazos vamos a demostrar la inocencia administrativo de nuestro partido y el TSE nos dará la razón”, refirió.

Dudan del TSE

Estos nuevos plazos despiertan sospechas en algunos expertos en el ámbito político quienes consideran que la decisión más acertada era dar continuidad con los plazos para sanear todas las dudas vigentes del ámbito electoral.

“Deben de continuar porque el espíritu es fortalecer el sistema político y debemos de crear las condiciones para que las organizaciones políticas se fortalezcan y traten de eliminar esos vínculos con estructuras ilícitas que al final lo que hacen es fracturar el rol de los partidos”, manifestó Geidy de Mata, directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

Para Byron Morales, del Instituto de Investigación y Proyección Sobre el Estado de la Universidad Rafael Landívar (URL), esto puede despertar dudas y aunque añade que la crisis del coronavirus es compleja, los partidos señalados tendrán que aclarar las cosas.

“La ley es la ley y por lo tanto tiene que cumplirse, creo que este es un mensaje para los partidos políticos, los sindicatos y cualquier forma de asociación social o empresarial, no importa para quien, las reglas están establecidas”, indicó.

Según Fernando Ixpanel, catedrático universitario e integrante de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asíes), la nueva decisión tiene que ser evaluada y ver si existe un fundamento técnico, mientras que Gabriela Ayerdi, de Acción Ciudadana (AC) e integrante de Mirador Electoral, tiene un punto de vista más crítico.

“El riesgo de corrupción esta desde el momento que asumieron y es muy fuerte, si siguen atrasando los tiempos para conocer esos procesos de cancelación dejaría evidentemente la puerta a que cualquier ciudadano u organización puedan comenzar proceso contra los magistrados por incumplimiento de deberes”, señaló.

Ante estos comentarios el presidente del TSE explicó que su decisión fue técnica y que no buscan ayudar a nadie, “que me perdonen los politólogos y que me perdonen todos los columnistas de opinión, todos opinan a su libre albedrío, lo que su mente les dicta pero están alejados de la realidad”, puntualizó Franco.

Mil 200 denuncias electorales

El pasado proceso de elecciones que culminó con la victoria de Alejandro Giammattei para la presidencia, dejó en la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) denuncias que están pendientes de investigación.

Según José Curruchiche, representante de la fiscalía, por la pandemia no se pudo dar el seguimiento correspondiente a todos los señalamientos y alertas que recibieron en los comicios pasados.

“Básicamente todos los casos que nosotros tenemos, no solo de los partidos políticos, sino los que habían del proceso electoral pasado, nos llenamos de denuncias. De marzo para acá todo está detenido, tenemos en investigación más de mil 200 denuncias y va a tocar volver a hacer todos los requerimientos judiciales”, explicó el fiscal.

Del total de esas denuncias el investigador manifestó que cerca de 40 expedientes son voluminosos, por lo que tendrán que retomar en su unidad cada uno de esos expedientes ahora que finalizó el Estado de Calamidad, lo que les impedía visitar instituciones que permanecían cerradas o hacer los requerimientos judiciales para las acciones de investigación.

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