Un millonario contrato de pasaportes provoca el decimosegundo desencuentro del binomio presidencial

En medio de la compra de 750 mil cartillas de pasaportes, la Autoridad Migratoria Nacional decidió remover al director del Instituto Guatemalteco de Migración y generó un nuevo conflicto público entre los jefes del Ejecutivo.

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El IGM se prepara para la compra de 750 mil cartillas de pasaportes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El IGM se prepara para la compra de 750 mil cartillas de pasaportes. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde mayo de 2020, el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo muestran criterios opuestos en temas de gobierno. La destitución del director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se suma a la lista de los 12 conflictos que confrontan al binomio.

Inconformidades con la intervención del IGSS en el manejo de la pandemia, las disposiciones sanitarias, el Centro de Gobierno y la destitución de funcionarios conforman una larga lista de asuntos que públicamente han confrontado a Castillo y Giammattei en un año y cuatro meses de gobierno.

Ahora se suma la destitución de Guillermo Díaz como director del IGM, justo en el momento en que esa institución licita la compra de 750 mil cartillas para pasaportes que implica una inversión millonaria.

El 5 de abril la AMN justificó su destitución en un comunicado aduciendo que Díaz realizó “actos opuestos a las funciones e intereses del IGM”.  La AMN es presidida por el vicepresidente de la República y la integran los ministros de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Gobernación, el director del IGM y el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante. El único se opuso a la destitución fue el vicepresidente, Guillermo Castillo.

La ANM justificó la remoción aduciendo que existían dos informes, uno de la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC) y otro de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que evidenciaban anomalías en la gestión de Díaz, sin dar a conocer detalles.

Oscar Dávila, director de la CPCC, dijo que en diciembre de 2020 recibieron dos denuncias de un empresario “públicamente conocido a nivel nacional” y otra anónima por supuestos hechos anómalos en 2017, cuando aún era la Dirección General de Migración.

Dávila dijo que la CPCC no logró concluir las pesquisas, ya que Díaz no accedió a entregarles la información aduciendo que no eran competentes porque el IGM es una entidad descentralizada.

“Tomamos decisión de presentar los avances de investigación al Ministerio Público. Con lo que nosotros pudimos avanzar se podían determinar posibles conductas antijurídicas por parte del director y varios funcionarios. Por eso trasladamos la alerta, pero no pudimos concluir la investigación”, reconoce Dávila.

Por su parte, José Ramírez Crespín, subcontralor del gasto público de la CGC, informó que está en marcha una auditoría a requerimientos en citaciones de los diputados Napoleón Rojas, jefe de bancada de la Unión del Cambio Nacional (UCN) aliada al oficialismo, y del subjefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), José Inés Castillo. Ambas se conexaron porque denuncias temas que coinciden.

Esta auditoría se encuentra en la etapa de “discusión de hallazgos”, en la que se le da la oportunidad al exdirector de Migración para que se pronuncie con relación a las supuestas irregularidades detectadas.

De tal cuenta, ni el informe de la CPCC ni la CGC estaban concluidos al momento de la destitución de Díaz.

Por su parte, los diputados Rojas y Castillo comentaron que la auditoría se pide por anomalías en las contrataciones del renglón 029, sueldos excesivos a personas con títulos de bachiller, entre otras supuestas anomalías.

Licitación de cartillas

El IGM publicó el 16 de marzo el NOG 14081407, donde consta la licitación de 750 mil libretas para pasaportes ordinarios. El plazo para presentar ofertas vence el 26 de abril, según las bases de licitación. El objetivo de la compra es abastecerse de cartillas y poder seguir prestando el servicio de emisión de pasaportes durante los próximos meses.

Esta es la segunda vez que el IGM intenta comprar las libretas. El 19 de noviembre de 2020, se lanzó la primera licitación y de forma preliminar se había adjudicado a GSI Guatemala, Sociedad Anónima, por Q23 millones 580 mil. Sin embargo, el evento se anuló luego de que la CGC recomendara en la nota de auditoría S09-DC-0002-2021-01 “suspender definitivamente”.

Según el informe de auditoría, el dictamen técnico favorable se realizó previo a que se realizara la solicitud de compra. Además, la persona que hizo el requerimiento de las cartillas fue la misma que emitió el dictamen técnico favorable.

Otra irregularidad, según la auditoría, fue que el 12 de noviembre de 2020 el director selló documentos de la licitación como “director general del Instituto Guatemalteco de Migración” y el 20 de noviembre lo hizo como “Director General de Migración”.

Señala intervención

El pasado martes, en conferencia de prensa el exdirector de Migración dijo que tuvo conocimiento que su destitución fue por órdenes del presidente Alejandro Giammattei.

“Lo que escuché en la autoridad migratoria es que el señor presidente ordenó a los ministros de trabajo, desarrollo social, gobernación y relaciones exteriores que me quitaran la cabeza”, afirmó.

Díaz denunció públicamente que la AMN vulneró el “debido proceso”, lo cual fue refrendado por el vicepresidente.

“El comunicado -donde informa la destitución- es un claro abuso de autoridad. No fue consensuado en Autoridad Migratoria. En acta de sesión celebrada ese día se deja constancia de las violaciones al debido proceso entre ellas la injerencia del presidente para que se le solicite la destitución del Director de Migración. Eso es algo fuera de lugar”, dijo Castillo por medio de su equipo de comunicación.

Al consultar Patricia Letona, secretaria de comunicación social de la Presidencia, si el presidente instruyó la destitución de Díaz al frente del IGM, dijo que la instrucción que se giró “fue garantizar la transparencia en los procesos y el suministro de pasaportes para los guatemaltecos en el país o radicados en el exterior”.

Se consultó también a los ministros de la ANM. El único que respondió fue el titular de Trabajo, Rafael Rodríguez, pero fue evasivo a la pregunta respecto a si recibió instrucciones del presidente.

“Según informó el exdirector aún se está muy por debajo del número de pasaportes que se venían entregando antes de la pandemia, lo cual ya ha ocasionado preocupación de autoridades y de usuarios. Además, existían problemas con los envíos y cantidades solicitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para abastecer a los consulados”, afirmó.

Intereses

Francisco Rivas, exministro de gobernación, considera que es posible que hayan “intereses corruptos” alrededor del IGM. “Lo que más les interesa es el negocio de cartillas para pasaportes. Es un negocio que estos grupos que corrompen instituciones siempre han buscado con mucha vehemencia”, dijo Rivas.

El exfuncionario explicó que estos grupos suelen hacer “lobby” con las autoridades encargadas de realizar las bases de licitación para que estas favorezcan a determinados proveedores. También presionen a funcionarios en puestos clave y buscan acercamientos con subdirecciones, direcciones o viceministerios.

No obstante, advirtió que el director del IGM es un funcionario público y, por ende, debe rendir cuentas.

Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala, considera que los argumentos para destituir al director del IGM no son claros. Se toma en cuenta una investigación inconclusa de la CPCC, pero eso “no tiene fundamento procesal”.

Samayoa dijo que el IGM es atractivo para actores corruptos por diversas razones. En primer lugar, permite beneficios en términos electorales. A ciertos grupos les interesa mantener el control del IGM porque quieren mantener un vínculo con migrantes”.

Además, la institución podría aprovecharse para obtener documentación oficial, de forma irregular, como por ejemplo documentos que sirvan para obtener residencia en el país sin hacer el procedimiento legal.

Por último, Samayoa recordó que el IGM cuenta con recursos privativos proveniente de los cobros que realiza. Estos deben invertirse en carrera profesional, infraestructura, equipo, mantenimiento, gastos de operación y atención al migrante, pero también se puede hacer un uso indebido de estos.

Diferencias

Estos son las otras situaciones donde Giammattei y Castillo se han confrontado.

  1. El IGSS: En abril de 2020 Giammattei cuestionó al IGSS por no reportar los muertos de coronavirus y no cooperar en el manejo de la pandemia. Semanas después, Castillo visitó el Hospital Juan José Arévalo Bermejo, en zona 6, y declaró sentirse “complacido” con el seguro social.
  2. Filtración de chat: El 29 de septiembre de 2020 se filtró un chat que evidenciaba cómo Castillo reclamaba a Giammattei por convocar, después de las 21 horas, al gabinete a una reunión para el día siguiente en la que se discutiría la no continuidad del estado de calamidad. El vicepresidente le reprochó atender asuntos importantes “a última hora”.
  3. Destitución del ministro del civ: El 29 de octure de 2020 Castillo pidió en su cuenta de Twitter la remoción del ministro de comunicaciones, José Lemus, por opacidad en una transferencia de Q135 millones a la Dirección General de Caminos.
  4. Integración de la CC: El 6 de octubre el vicepresidente aseguró en su cuenta de Twitter que la suspensión del magistrado Neftaly Aldana por quebrantos de salud no implicaba que la Corte de Constitucionalidad estuviera desintegrada, pues contaba con los magistrados suficientes para trabajar. Horas antes Giammattei dijo en una actividad pública lo contrario y llamaba a la CSJ y Colegio de Abogados para que eligieran a un nuevo magistrado.
  5. El 19 de noviembre Castillo pidió a Giammattei que vetara el presupuesto 2021 por la falta de transparencia del Congreso al aprobarlo. Giammattei no accedió.
  6. El 21 de noviembre, tras las protestas por la aprobación del presupuesto, Castillo propuso a Giammattei una renuncia conjunta. Esta propuesta se sumó a la solicitud de veto del presupuesto.
  7. Ese mismo día, Castillo pidió la desintegración del Centro de Gobierno, por ser una entidad que “abona muy poco”. Tras el descontento popular, el presidente accedió.
  8. El 23 de noviembre de 2020 Castillo dijo que Giammattei se precipitó al invocar la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos. El presidente justificó temores a un golpe de Estado, pero para Castillo lo que se requería dialogar.
  9. “Harry Potter no existe”, dijo Giammattei el 28 de diciembre tras ser cuestionado sobre los casos de desnutrición en el país. Castillo respondió en su Twitter afirmando que “Harry Potter no existe”, pero es responsabilidad del gobierno dar resultados.
  10. El 23 de febrero pasado, en una visita a Huehuetenango, Castillo dijo que la compra de pruebas falsas para coronavirus por parte del Ministerio de Salud era “un crimen de estado”. Por su parte, Giammattei insistió que solo fueron errores administrativos.
  11. Destituciones: El 4 de enero, Castillo criticó cambios de funcionarios en el Ejecutivo, entre ellos la remoción de Maritza Méndez como titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nutricional. Dijo que no fue consultado y dijo que eran “cambios para que nada cambie”.

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