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Municipalidad de Mixco concesiona servicio de alumbrado público por 25 años a Q341.8 millones

En 2013, la comuna de Villa Nueva hizo la misma concesión con la misma empresa, aunque los vecinos reclaman más iluminación en la vía pública. 

José Manuel Patzán

25 de marzo de 2024

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05:00h

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Las municipalidades de Villa Nueva y Mixco han otorgado en concesiónel mejoramiento del alumabrado público (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde el 2011, la empresa Ingenieria y Desarrollo industrial S.A., se ha beneficiado con contratos por Q456.7 millones, provenientes de dos municipalidades y de la  Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) por trabajos para el mejoramiento del alumbrado público. En noviembre último la municipalidad de Mixco le adjudicó Q341.8 millones para que haga la misma labor por 25 años.

Los trabajos según las especificaciones de la adjudicación, consisten en cambiar las luminarias existentes, por luminarias tipo led. El contrato incluye el desmontaje y el suministro e instalación de los accesorios, posteado, cableado y mantenimiento.

En el 2013 obtuvo dos contratos por Q114.8 millones. Uno de Q110.6 millones corresponde a una concesión por 25 años que le otorgó la municipalidad de Villa Nueva, para la conservación y mejoramiento de alumbrado público.

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El otro es del 23 de octubre de ese mismo año por Q4 millones 145 mil, para la supervisión de la  ampliación del sistema de iluminación en un recinto portuario; “área administrativa, zona 2 y zona 3, de la  finca portuaria”.

Reclamo

Víctor Lemus, vecino y líder comunitario de la colonia Montserrat, zona 3 de Mixco, afirma que en diferentes sectores de esa zona es urgente la iluminación, debido a que la mayoría focos se quemaron y no fueron  reemplazados.

Lemus afirma que en las colonias donde los vecinos están organizados se compran los focos y los trabajadores municipales los colocan.

“Donde no hay organización el personal municipal instala la iluminación pero eventualmente, o llegan dos veces al año, posiblemente porque tienen poco personal, si uno les notifica de faros quemados tardan demasiado en llegar”, acotó.

“Basta con ir a ver sectores de la zonas 1, 6, y 10 de Mixco para evidenciar que la iluminación pública es deficiente.  En el Bulevar el Naranjo es urgente la iluminación para evitar accidentes”, agregó.

Damaso Rosales, analista en temas municipales, dice que ese tipo contrataciones son comunes en las municipalidades por no contar con el recurso humano y los fondos. Sin embargo, recalca que es importante que cada comuna ejerza la función de supervisar el cumplimiento de esos contratos y que la contraloría fiscalice la forma en que se hicieron los contratos.

Rosales afirma que la ilunimación en Mixco es necesaria en la calzada San Juan, y en los bulevares El Caminero, Tulam Tzu y Mateo Flores.

“En la comunidad zona 10 de Mixco hay poca iluminación al igual que en Bosques de San Nicolás”, afirmó.

Sin alumbrado 

En 2013 el entonces alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, entregó en consención el mejoramiento del alumbrado público a la entidad Ingenieria y Desarrollo industrial S.A., el mantenimiento del alumbrado público. La concesión derivo auditorias de la Contraloría General de Cuentas y señalamientos de organizaciones sociales al señalar que existían procesos irregulares.

A pesar de que Escobar defiende el proyecto y asegura que Villa Nueva cuenta con suficiente iluminación pública, los vecinos opinan lo contrario y afirman que la situación es la misma desde hace años.

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 “Hay sectores muy oscuros y desolados, donde han ocurrido asaltos, indica Karen Cruz, vecina de la colonia Linda Vista. 

Escobar afirma que la decisión de concesionar el servicio de alumbrado público se tomó luego de que la municipalidad perdiera Q6 millones al año por tener a cargo esos trabajos.

Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A., adquirió la administración del servicio a cambio de pagar durante el periodo de concesión Q228.13 millones a la Municipalidad.

Se intentó obtener una postura de esa municipalidad por medio de Comunicación Social pero no hubo respuesta.

Postura

Por parte de la oficina de Comunicación Social de la municipalidad de  Mixco se informó que “No es un evento de mantenimiento de alumbrado público, sino la concesión de todo el servicio”.  

Con relación al monto indicado de Q341 millones, explican que es en relación al canon que la Municipalidad recibirá, expresado en Valor Presente Neto, durante los 25 años de la concesión.

Indicaron que la concesionaria brindará el servicio en todo el municipio como parques, calles, avenidas, zonas residenciales, asentamientos, barrios, entre otros. Aseguraron que las tarifas por el servicio no aumentarán.

La comuna indicó que el inicio de las operaciones de la concesionaria será a partir de que la Empresa Electrica de Guatemala (EEGSA) traslade la tarifa de alumbrado público a la concesionaria, lo cual está en proceso. 

 “Al completarse, iniciará de manera formal el proyecto de mejoramiento de toda la red de alumbrado público. Los trabajados iniciarán en la zona 1 del municipio”, afirman.

Respecto a cómo se ha dado mantenimiento al alumbrado público antes de la concesión, la comuna respondió que se realizaban mantenimientos correctivos de forma limitada con tiempos de respuesta prolongados por parte de las empresas que brindan este servicio.

“La energía será pagada directamente por la concesionaria. La Municipalidad recibirá un canon mensual de la concesionaria y se mejorarán los niveles de iluminación”, puntualizó. 

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En tanto el Ministerio de Energía y Minas (MEM), trabaja en una iniciativa de ley para modernización de alumbrado público la cual el Organismo Ejecutivo presentaría al Congreso.

Rudolf Jacobs, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) refirió que una de las acciones que el gobierno puede impulsar es convocar que a una mesa a la cual se integre a las municipalidades y a las distribuidoras de energía y contar con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y del MEM para analizar el caso de cada comuna y establecer un cobro porcentual adecuado en cada una.

“Las municipalidades fijan las tasas, las distribuidoras, pero la CNEE y el MEM puede ser el soporte técnico y acompañamiento de otras entidades” dijo el directivo al mencionar que el cobro de alumbrado público sigue siendo un foco de conflictos no solo contra el sector de electricidad sino a nivel nacional.

Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo la semana pasada que el actual gobierno tiene el reto “de pinchar los globos de conflictividad”, uno de estos es el tema de alumbrado público y robo de energía por lo que es necesario desactivar esa situación que puede tener consecuencias políticas enormes.

Ambos coinciden que es el momento de discutir y plantear soluciones a temas como este tomando en cuenta que el gobierno acaba de asumir y lo ha mencionado como una prioridad.

Jacobs dijo que el gobierno y autoridades pertinentes deben ser más eficaces en el tema de electrificación rural ya que aún hay más de 1 millón 500 mil hogares sin servicio, pero antes se debe resolver la el tema tasa de alumbrado público porque acceder a ese servicio posteriormente pierde el sentido porque los hogares dejan de pagar por las altas tasas de ese rubro.

“Hay una oportunidad de limpiar la mesa, eficientarlo y que se establezcan cobros proporcionales. Por eso es necesario esfuerzo del MEM y de la CNEE” agregó el directivo. Expuso que el reglamento establece que al haber un convenio entre las municipalidades y las distribuidoras, la CNEE podrá autorizar el cobro en la factura de electricidad y que por ello es muy importante que las comunas estén en la mesa.

“La tasa de alumbrado público es el cargo más injusto que se cobra y el principal motivo que impulsa la conflictividad y las conexiones ilegales”, mencionó el presidente de Ager.

Agregó que por eso el objetivo es lograr un esfuerzo conjunto para hacer eficiente el parque de luminarias y cambiar las de mercurio y otras por las tecnologías más modernas para disminuir el consumo, transparentar el cobro y cambiar el formato. Consideró que ese aspecto ayudará a cambiar el formato de cobro y a los usuarios subsanar sus deudas.

Ager cree que la forma debe ser proporcional y no un cargo fijo, y que paguen quienes cuentan con ese servicio público. El cobro en muchos municipios se ha cuestionado ya que supera el costo por el consumo propio en los hogares.

Presentarán iniciativa de ley para modernización de alumbrado público

El ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel, mencionó que están trabajando en una propuesta para el tema.

Ésta se enfocaría en una propuesta de ley de modernización del alumbrado público, la cual el Organismo Ejecutivo presentará al Legislativo.

El funcionario mencionó que en términos generales el cobro de alumbrado público, respecto al total de la factura de energía del usuario, es muy cara en algunos municipios. El problema es que las lámparas instaladas en la mayoría de lugares son ineficientes y de alto consumo.

Ejemplificó que una luminaria de mercurio de 175 watts significa Q150 en costo al mes a la municipalidad, por lo que con el cobro que hace la comuna se tiene que asegurar que le alcance para pagar.

Parte de la propuesta que trabaja el MEM es procurar como Estado la sustitución de las lámparas de alto consumo por las de consumo más eficiente para lograr una disminución en el cobro. Sin embargo el funcionario no brindó detalles acerca del contenido y cuándo se presentará la iniciativa al Congreso.

Cómo se conforma el parque de lámparas de alumbrado público

En el país hay instaladas 562 mil 306 lámparas de alumbrado público en las áreas que cubre Energuate, con 338 mil 149 focos y la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) con 224 mil 157 según datos brindados por la CNEE.

El mayor porcentaje de luminarias instaladas son de tecnología Led de las cuales hay 223 mil 260 (39.70%), le siguen las 146 mil 699 (26.13%) de mercurio, de sodio son 133 mil 511 (23.74%). Además, ya hay 58 mil 836 ahorrativas (10.46%).

Aunque el número de focos led es más alto, solo consumen en conjunto 12% del total de energía demandada para alumbrado público, mientras que los de mercurio consumen el 37.9%, según los datos de dicha comisión los de sodio representan el 42% de la demanda.

Según la información de CNEE la mayoría de luminarias Led están ubicadas en áreas cubiertas por Deorsa, seguida de Deocsa y de EEGSA.

Cambiar funciones y no solo formas de cobro

El consultor en temas energéticos y ex ministro de energía y minas, Jorge García Chiu, mencionó que cambiar las luminarias sería lo más favorable porque se lograría disminuir el gasto por consumo. Explicó que participó hace años en la unidad a cargo de un plan de eficiencia energética en la CNEE, con la cual se buscaría que el Gobierno fuera el encargado de hacer el cambio de luminarias a nivel nacional por medio de un subsidio. El fine era lograr la baja en los cobros en la factura de energía al usuario.

Sin embargo García opinó que hay un problema de fondo sobre el cual no se ha discutido y que no se trata solo de crear un mecanismo para fijar el cobro por porcentaje.

Explica que el Código Municipal le delegó como una responsabilidad a las municipalidades brindar, administrar y cobrar el servicio de alumbrado público, pero las comunas no tienen la capacidad técnica y tampoco son generadores de energía.

A su criterio se debe dejar sin efecto esa responsabilidad y pasarla a cargo de las distribuidoras, por lo que se tendrá que crear tasas nacionales que deberían ser analizadas, aprobadas y fijadas por la CNEE. Las distribuidoras lo deberán someter a aprobación de esa Comisión cuando se quiera incluir el cobro en la factura de electricidad, como lo establece la Ley General de Electricidad, agregó.

Para ello expuso que se debería modificar el Código Municipal y quitar esa función a las comunas, y crear los mecanismos para las nuevas responsabilidades que quedarían a cargo de las distribuidoras y de la CNEE.  Añadió que esas modalidades funcionan en otros países.

El consultor menciona que en los municipios donde no haya grandes usuarios y que las cuotas se vuelvan muy altas para los hogares se deberá analizar algún tipo de subsidio.

La postura de Anam

Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), mencionó que se critica el cobro de alumbrado público, pero se debe tomar en cuenta que las comunas deben contar con los recursos suficientes para pagar por el consumo, pero también para darle mantenimiento a las luminarias. Por lo que, añade, cada municipalidad coloca el costo de alumbrado público que considera necesario.

Ovalle dijo que le interesa participar en una mesa de discusión técnica como la que se propone, pero adelantó que su postura sería en defensa de los alcaldes.

Respecto a las propuestas de la forma de cobro mencionó que existe una forma de establecerlo de manera proporcional a lo que uno consume, sin embargo, opina que “se ve un poco injusto porque el alumbrado público es de todos”, aunque también considera que es injusto que el cobro sea fijo por el mismo monto para todos.

A su criterio no es necesario establecer una ley para normar el cobro y fijar la metodología porque señala que las leyes las sacan los congresistas y no se toma en cuenta las posturas de las municipalidades. Insiste que algunas tienen que hacer cobros altos dependiendo de cuantas luminarias posean.

Además, mencionó que no está de acuerdo con que se fijen tasas límites (de 5%, 10% o 15%) como se ha manejado en ciertas propuestas de ley, ya que podría provocar falta de recursos para el mantenimiento y brindar el servicio adecuado.

Varias comunas ya empezaron hace años los cambios de tecnología de las luminarias, refirió Ovalle. Expuso que en Salcajá, municipio del cual es alcalde, cambio las de mercurio por las de sodio proyecto en el cual se invirtió Q4 millones. La decisión fue no bajar la tasa para que, con el ahorro logrado en el consumo, se recupere la inversión, añadió..

Un programa de cambio de tecnología de luminarias a nivel general podría ser adecuado, pero se debe tomar en cuenta que los costos de esos focos son más altos que los que se han usado tradicionalmente, explicó al presidente de Anam.

En algunos casos han optado por concesionar el servicio como se ha hecho en Villa Nueva, recordó Ovalle.

Otro problema que están enfrentando las comunas es que no existe una planta de desechos para los focos de mercurio, expuso el presidente de Anam.

¿En qué fase quedó la propuesta de ley?

En el Congreso de la República han existido unas seis iniciativas con el fin de normar el cobro de alumbrado público.

Entre estas la identificada con el número 4781, Ley del Arbitrio del Alumbrado Público Municipal, la cuya es impulsada por el diputado Carlos Barreda, actual jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza.

El proyecto, que fue presentado en el 2013, quedó aprobado en tercera lectura en el Congreso pero está pendiente de la discusión por artículos y redacción final pero aún no ha sido programada en agenda para las sesiones plenarias por los parlamentarios.

El objetivo de esta iniciativa es establecer un arbitrio del alumbrado público basado en un cálculo por municipio, además eliminar la discrecionalidad de los alcaldes para establecer el porcentaje de cobro por el servicio de alumbrado público municipal. Además, determinar con claridad el procedimiento de recaudación y distribución del arbitrio (del cual 5% sería para mantenimiento y 5 % para expansión) y fijar un proceso de renovación de luminarias (para 3 años) y eficiencia energética con el fin de reducir el consumo y la facturación.

Por aparte en la comisión de Energía del Congreso, del 2016 al 2018 se analizaron varias propuestas. Posteriormente se creó una mesa técnica a la cual se le pidió unificar y preparar otra propuesta.

El presidente de CNEE Rodrigo Fernández explicó se trabajó una propuesta conjunta coordinada por el MEM, que involucró a la Dirección General de Energía, CNEE, representantes de las bancadas del Congreso y de la Anam.

En ese proceso se efectuaron 29 reuniones de la mesa técnicas en las que se trabajaron criterios de aplicación, incluyendo la definición de qué se debía de entender por Alumbrado Público, además se discutió una fórmula de aplicación “que pudiera ser lo suficientemente flexible para poder ser aplicada a todas las municipalidades, a cada una con sus propias características”.

La propuesta se terminó y se trabajó hasta la fase de articulado, pero según Fernández, a último momento la Anam se opuso a la fórmula diseñada.

El actual presidente de CNEE era viceministro de Energía cuando se efectuaron esas discusiones.

Fernández agregó que la Anam buscaba que se aplicara un factor, que a criterio de la mesa técnica no cabía en la fórmula que proponían porque se consideró que permitía discrecionalidad que comprometía la aplicación de esa fórmula. Por ello el MEM envió a la presidencia del Congreso en el 2019 la propuesta consensuada sin esa propuesta de la Anam.

A criterio de Fernández es necesaria “una ley que delimite de forma adecuada el tema del alumbrado público sobre todo en su conceptualización, y que su formulación permita una aplicación a l generalidad de las municipalidades, cuidando al consumidor final”.

¿Quién debe controlar?

En el 2019 surgió una polémica entre la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la CNEE respecto de qué ente tiene facultades para verificar las tasas de alumbrado público. Los representantes de las entidades expusieron criterios encontrados al respecto.

En una citación en el Congreso de la República, la CNEE explicó que no tiene facultad para calcular, aprobar o improbar esa tasa municipal, sin embargo, la Contraloría es de la opinión de que dicha entidad sí puede y debe hacerlo. En esa reunión de mayo del 2019, el ente contralor cuestionó a dicha Comisión por inacción en esos casos.

En esa ocasión diputados explicaron que en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida en el 2016 por esta corte conmina a la CNEE “a efectuar control y supervisión sobre la distribución y el cobro de alumbrado público que se realiza a los pobladores de los 48 cantones que integran el municipio de Totonicapán” y que eso es de aplicación general.

Rodrigo Fernández es el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), ente regulador del mercado eléctrico del país encargado, entre otras funciones, de aprobar o fijar las tarifas al usuario y emitir otras normativas.

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Uno de los retos que tienen por delante es afrontar los procesos legales entablados por Energuate ante su desacuerdo por el monto de Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobado por el directorio anterior.

Fernández es abogado con expertise en derecho eléctrico, ejercía como viceministro de Energía hasta la semana pasada cuando fue nombrado como comisionado, junto a Rafael Argueta y Ángel García, en sustitución de los directores que ejercían en el cargo desde mayo del 2017.

¿A qué se debe el cambio de directores de la Comisión por parte el presidente Jimmy Morales?

El motivo de la remoción de los directores no nos lo comunicaron. El procedimiento que fija la ley es que hay unas ternas (elegidas por tres sectores) y el Presidente de la República elige la conformación de la Comisión basado en ellas y cuando hay vacantes se toman en consideración los miembros suplentes.

¿Les dio alguna directriz específica?

El Presidente lo único que nos comunicó es la sustitución de los directores y nuestro nombramiento.

Junto con los ingenieros (Rafael) Argueta y (Ángel) García, conformábamos las ternas y dentro del procedimiento eso es lo que corresponde (para la sustitución). No recibimos ninguna directriz, simplemente se nos convocó para conformar la comisión.

¿El cambio de directores podría tener relación a desacuerdos ante la decisión de los anteriores comisionados respecto del Valor Agregado de Distribución (VAD) propuesto por Energuate y en donde la empresa pedía que se les reconozcan montos de pérdidas por conflictividad?

El cambio es una prerrogativa presidencial. Él (presidente) nombra a la Comisión y por lo tanto tiene la capacidad legal de removerla.

Respecto al tema del VAD de Energuate estoy enterándome de que hay procedimientos legales planteados (por la distribuidora), hay varios amparos. Ahorita nos corresponde seguir el curso legal de los procedimientos ya iniciados.

¿Qué recursos planteó Energuate?

Hay recursos que planteó y que el ministerio (de Energía) resolvió en alzada (por la vía administrativa).

También hay otros recursos ya que la Comisión consideró que la revocatoria no era el recurso idóneo para impugnar como lo hizo la distribuidora. Esos recursos (planteados por la distribuidora) son los que se están peleando en los tribunales de primera instancia constituidos en tribunal de amparo.

Los amparos presentados obedecen a un tema estrictamente procedimental.

Ahora como Comisionado ¿sostendrá la postura del directorio anterior de mantener este VAD o considera que es necesario revocarlo y aumentar el monto para las distribuidoras?

No le podría adelantar opinión, estamos apenas tomando posesión, revisando expedientes y poniéndonos al día de los temas urgentes. No me atrevería darle de momento alguna opinión al respecto.

¿Cuáles serán las prioridades al frente de la CNEE?

Fui nombrado presidente de la Comisión, en lo que me quisiera enfocar es en lo mismo que hicimos en el viceministerio de Energía, es decir en fortalecer las capacidades del personal.

La Comisión tiene un mandato legal específico acerca de que es el órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas (MEM), entonces lo que buscaré es reforzar la capacidad técnica del personal.

Ya hay personal capacitado que lleva muchos años de trabajar en este ente, el porcentaje de la rotación de personal es bajo, pero yo le apuntaría a mantenerlos capacitados con los conocimientos más actualizados porque en los temas de software, que son las llaves para analizar mercados, siempre hay cosas nuevas.

Además, hay temas muy puntuales como cierta lentitud para resolver ciertos temas por lo que le apuntaríamos a mejorar la capacidad de reacción de la Comisión.

¿En qué temas han estado lentas las resoluciones?

El volumen de expedientes que maneja la Comisión hace que sea a veces poco ágil en reaccionar.  Le apuntaría a mejorar el tiempo de reacción. Vamos a simplificar procedimientos, optimizar herramientas informáticas con ese fin.

La Comisión tiene en sus manos algunos retos como establecer las tarifas para los usuarios. Es un momento con un invierno poco lluvioso y baja generación hidroeléctrica ¿qué tratamiento se le va a dar ya que podría haber un efecto en las tarifas para el próximo trimestre?

Se deben seguir los procedimientos que están definidos en la ley y el reglamento. La Comisión es un órgano técnico con mecanismos ya definidos entonces se deben echar a andar los mecanismos de ajustes ya establecidos.

En el caso de cobro de alumbrado público ¿qué seguimiento le daría a este caso?

Como directores hasta ahorita estamos enterándonos de los temas relacionados a ese tema desde el punto de vista de la Comisión.

La última acción que hice como viceministro en el tema fue remitirle a la Comisión de Energía del Congreso el proyecto de ley que habíamos trabajado el año pasado en unas mesas técnicas que tuvimos con diputados, distribuidoras e incluso con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Habíamos trabajado un proyecto de ley tratando de estandarizar un poco el tema del (cobro del) alumbrado público y en la última citación que tuvimos de la Comisión de Energía se nos requirió esa propuesta y ya la mandamos.

¿Qué se propone en ese proyecto?

Es más que todo para estandarizar el cobro del alumbrado público. En el proyecto se propusieron reformas a varias leyes y una fórmula para calcular la tasa de alumbrado público por municipio de forma estandarizada de acuerdo a la capacidad de cada municipio, se tomaban en cuenta varios factores.

Aunque en el país hay excedente de capacidad instalada de generación de energía con respecto a la demanda ¿considera que se debe seguir licitando más generación en general o de algún tipo de recurso en particular?

En la Comisión nos enteramos ahora de que se estaban estudiando las nuevas licitaciones, ahí el objetivo final no es para variar la matriz de generación sino para mantener abastecido a los usuarios, eso está en estudio.

Considero que hay que seguirle apuntando en darle prioridad a las energías renovables, pero puntualmente del quehacer de esta entidad aún estamos enterándonos del tema, por lo que tampoco le puedo adelantar opinión como Comisión.

Al asumir la presidencia de la CNEE dejó el cargo de viceministro de Energía. ¿Qué pasará con el cargo que posee como representante de Guatemala en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (Crie) y la cual preside?

En Crie sí puedo mantener el cargo, es el regulador regional, idealmente en todos los países de Centroamérica el representante en esa comisión pertenece al ente regulador nacional.

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Agregó que la comisión hizo aprobaciones de tasas en el periodo del 2000 al 2004, y que posteriormente solo se hizo una carta de advertencia en el 2017 de que impondría multas de no cumplir con lo establecido en el artículo 96 del reglamento a la Ley General de Electricidad.

La parlamentaria expuso que la denuncia es por incumplimiento de deberes y por abuso de autoridad al no hacer cumplir la ley y dejar a discreción de las municipalidades y distribuidoras de energía cobrar en la factura de energía las tasas por alumbrado público que los concejos deciden, sin ser revisadas con estudio técnico para determinar si es la adecuada.

Agregó que, a pesar de la advertencia del 2017 emitida por la CNEE, tampoco hubo multas posteriores.

La CNEE, la reguladora en el tema energético, señala que faltan regulaciones en el país respecto del alumbrado público y que las leyes y reglamentos actuales no le dan la facultad para revisar, aprobar o improbar una tasa fijada por las corporaciones municipales. El reglamento lo que establece una opción, y no una obligación, de que la distribuidoras soliciten a la Comisión incluir la tasa en la factura luego de haber llegado a acuerdos entre las municipalidades y las distribuidoras.

A la fecha solo 13 municipios tienen una aprobación de la CNEE, para totalizar las 340 de la República.

Prensa Libre buscó durante la semana la postura de la Comisión respecto a la denuncia, pero no se ha recibido respuesta.

Distribuidoras explicaron que convenios son anteriores a la privatización y existencia de la CNEE

El 1 de mayo recién pasado las distribuidoras explicaron a Prensa Libre que los convenios que se aplican ya venían antes de la privatización y de la existencia de la CNEE.

• Energuate:

Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate, explicó en ese momento que cuando se privatizó parte del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y se creó Deocsa y Deorsa se hizo un traspaso de acuerdos que tenía ese ente estatal con las municipalidades.

Derivado de eso es que no se han hecho solicitudes de la distribuidora a la comisión para ello se necesita un común acuerdo entre las muncipalidades y la distribuidora.

En algunos casos se han presentado solicitudes en la CNEE, pero esos expedientes aún están pendientes de resolución, agregó.

La Ley General de Electricidad fue establecida en 1996 y el Inde venía aplicando la tasa de las municipalidades desde muchos años antes, explicó Carranza.

“A través de los años hemos mandado algunas solicitudes a la Comisión pero aún no hemos tenido respuesta”, mencionó. Agregó que la CNEE no tiene algún plazo para responder.

• EEGSA

Por aparte Jorge Alonso, gerente de EEGSA, mencionó en esa oportunidad que ha dependido mucho de los momentos y los criterios de quienes han dirigido la CNEE, ya que no está definido claramente en la ley y el reglamento si le corresponde o no autorizarlo.

“El cobro de la tasa de alumbrado público viene desde hace muchos años, antes d que existiera la CNEE. Como EEGSA se ha hecho la solicitud porque el cobro de alumbrado público repercute, no en la tarifa como tal, pero si en la facturación” expuso Alonso. Por ello siempre que la distribuidora ha tenido la necesidad de hacer una solicitud prefieren hacerla para tener un aval o aprobación, añadió.

Anam

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) propuso en el 2017 que se mantenga la facultad a los Concejos Municipales para aprobar la tasa de cobro sobre el consumo de cada usuario y mantiene esa postura.

Sin embargo, agregó que se establezcan rangos para tasas diferenciadas por territorio, de esa manera en los lugares donde Energuate suministra el servicio el concejo debería establecer una tasa de entre 15% a 25% y en el área cubierta por EEGSA el rango sería de entre 10% a 15%.

Se incluyó en esa propuesta otra disposición, es decir crear una tabla ponderada para grandes usuarios y otra para pequeños y medianos empresarios, ya que son entes de alto consumo, y se buscaba evitar que los cobros les suban considerablemente si se hace por porcentaje sobre el consumo.

Dicha organización no tiene iniciativa de Ley sin embargo se entregó la propuesta a los parlamentarios indicó  a inicios de mayo el presidente de la Anam Edwin Escobar.

El directivo difiere con Montenegro e indica que, a su criterio, decisiones políticas han estancado en el Congreso el avance de una regulación del cobro de alumbrado público. Además, considera que la CNEE está en lo correcto al indicar que la ley no la faculta para calcular, establecer y aprobar las tasas de cada municipalidad, y que su aprobación para incluirla en la factura es opcional, según se argumenta en el artículo 96 del reglamento a la Ley General de Electricidad (LGE). Aunque advirtió que eso no significa que están permitidos posibles abusos en los cobros.

Luego de una reunión en el Congreso, a inicios de mayo, el presidente de la CNEE, Minor López, declaró que en su oportunidad se revisó la propuesta de la Anam pero a su criterio no fue preparada de forma técnica.

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La CNEE ha indicado que no tiene facultad para calcular, aprobar o improbar la tasa municipal de alumbrado público sin embargo, la Contraloría es de la opinión de que dicha entidad sí puede y debe hacerlo además cuestionó a dicha Comisión por inacción en esos casos.

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En una citación en el Congreso de la República, diputados explicaron que en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida en el 2016 esta corte conmina a la CNEE “a efectuar control y supervisión sobre la distribución y el cobro de alumbrado público que se realiza a los pobladores de los 48 cantones que integran el municipio de Totonicapán”.

Con base en esta sentencia, los parlamentarios de la bancada Encuentro por Guatemala y el Director de Atención a Denuncias de la Contraloría, Welfer Orlando Rodríguez Tórtola coincidieron en que esa CNEE debe aplicar de forma general a todas la municipalidades una verificación a los cobros y no solo para el área en mención.

El funcionario de la Contraloría señaló que faltan más acciones de parte de la Comisión, la cual, dijo, debe hacer valer su autoridad para casos como estos.

Mientras que la parlamentaria Nineth Montenegro cuestionó a los directores Miguel Santizo y Julio Campos, quienes acudieron a la cita, indicándoles que aparte de hacer análisis de casos deben implementar más medidas en contra del cobro exagerado por alumbrado público y les exigió más acciones.

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“Se dedican solo a analizar según las respuestas que nos han dado, pero un director gana Q77 mil mensuales” mencionó la parlamentaria. Durante la reunión, Montenegro manifestó al director Santizo, que se necesitaban más acciones de la CNEE y le cuestionó por el monto de su salario, a lo que el director le respondió la esa cantidad.

Santizo explicó posteriormente la postura de la Comisión respecto de que no poseen la facultad para improbar o aprobar una tasa de alumbrado público además de que es una facultad de los concejos municipales.

Agregó que en esa entidad emitió una resolución donde se pedía cumplir con lo dispuesto por la CC en el 2016, pero que Energuate presentó un recurso en contra. El proceso pasó a manos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al cual le correspondía decidir respecto del recurso presentado por la empresa, según explicó el director. Mencionó que verificará en qué fase quedó el caso.

Santizo insistió en que la CNEE no puede aprobar las tasas de alumbrado porque le corresponde a cada concejo municipal, pero manifestó que dicha Comisión ha solicitado a las distribuidoras de Energuate que detalle el inventario de postes y luminarias, además que se busca rebajar el valor agregado de distribución las pérdidas y la tarifa por la energía por el alumbrado público tomando en cuenta que las municipalidades han estado actualizando sus luminarias y hay instaladas algunas más eficientes.

Piden que se adhieran a denuncia

Luego de la  denuncia de los parlamentarios contra alcaldes y las distribuidoras de Energuate por abusos en los cobros por alumbrado público, la Contraloría se adhirió como tercer interesado, y según Montenegro la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ya les anunció que le sumará a la denuncia en iguales condiciones.

Montenegro solicitó a la CNEE que también se adhiera. Santizo dijo que el tema se deberá discutir entre los directores de la Comisión y con el presidente de esta, Minor López.

Por aparte, los representantes de la PDH informaron que de febrero del 2018 a la fecha esa institución ha presentado a favor de 32 municipios a los cuales se le ha suspendido el servicio de energía eléctrica por parte de las distribuidoras de Energuate. La distribuidora se basa en el artículo 50 de la Ley General de Electricidad que refiere que se puede cortar el servicio a los usuarios que tengan pendientes de pago dos o más facturas.

La CNEE agregó que también han resuelto sanciones por la suspensión del servicio pero la empresa impugna las resoluciones.

Cuestionan ingresos por alumbrado y remanentes

Los diputados mencionaron que, del 2012 al 2019, por el alumbrado público de 286 municipios, las distribuidoras de Energuate han tenido ingresos por Q2 mil 989.4 millones, con base al informe 137 del Departamento de Fiscalización de la Calidad Comercial de CNEE. De los restantes 54 municipios no se obtuvo información, explicaron.

Agregaron que de los 340 municipios del país, 327 no tienen aprobado por parte de dicha Comisión un convenio entre la municipalidades y las distribuidoras de energía para el cobro de alumbrado público aunque sí aplican el cobro.

En este caso la CNEE explicó recientemente que la legislación nacional no establece la obligación a las distribuidoras de presentarles ese convenio, ni que deban aprobarlos, sino que lo dejan de forma opcional.

Rodríguez, dijo en la reunión que la Contraloría no puede entrar directamente a auditar a Energuate, ya que es una empresa privada, pero que se presentó en el Ministerio Público, hace dos años, una denuncia contra 130 alcaldes y en contra de esa firma, porque considera anómalos los convenios para que esa empresa se encargue del cobro de alumbrado público.

El MP será encargado de establecer la legalidad o ilegalidad del convenio, agregó.

En esa ocasión, se explicó que el problema observado es que lo recaudado por tasa de alumbrado ingresó al arca de las empresas y las municipalidades carecen del control de sus ingresos propios. Sin embargo, la Anam respondió en esa oportunidad que se hace con base el artículo 96 del reglamento a la Ley General de Electricidad (LEG).

Remanente: dudas de la Contraloría

Rodríguez agregó no calificó el monto de ingresos mencionado por los parlamentarios, pero explicó que la Contraloría no ha podido considerar de forma exacta el monto de remanentes que le correspondería a cada municipalidad, agregó.

El remanente es el monto que se traslada a las municipalidades por parte de las distribuidoras luego de que estas cobran la tasa de alumbrado público a los usuarios y le rebajan la prestación del servicio de energía para ese alumbrado.

La parlamentaria dijo, mostrando documentos durante la reunión, que hay casos en que los municipios como San José Petén tienen las tasas más altas pero los remantes que les han entregado son bajos. En el caso en mención del 2012 a abril del 2019 les han entregado a la municipalidad solo Q2 mil.

En el Congreso se denunció este jueves 9 de mayo que en muchos lugares no hay postes de luz o no sirven los focos pero que sí se cobra como si se estuviera prestando el suministro de esa energía, agregó el representante de la Contraloría.

En la citación al Congreso se cuestionó que se está cobrando a los usuarios tasas, aunque no haya postes cerca de su hogar o luminaria no sirva.

Montenegro mostró ejemplos de casos en los que el monto por cobro de alumbrado público es mayor que el consumo en su hogar.

Responsabilizan también a alcaldes

Los parlamentarios de la bancada de Encuentro por Guatemala que efectuaron la citación a los funcionarios indicaron que los alcaldes y municipalidades también tienen responsabilidad en estos casos.

Refirieron que aparte de que fijan las tasas de alumbrado público no efectúan fiscalización respecto del monto que cobra la distribuidora a los usuarios por ese servicio, del volumen de energía demandado, del número de postes y luminarias y que estas estén funcionando.

Energuate: Se firman tres documentos legales con las municipalidades

Energuate Respondió por escrito a Prensa Libre consultas efectuadas acerca de los cobros de alumbrado público y los convenios con municipalidades.

¿Cómo se calcula el remanente que las distribuidoras de Energuate deben trasladar a las municipalidades?

Lo que coloquialmente es conocido como “remanente” técnicamente es el excedente entre lo que las distribuidoras (Distribuidora de Electricidad de Oriente y Occidente S.A.) recaudan como tasa por alumbrado público municipal, como cuenta ajena a favor de las municipalidades mensualmente, y el valor de la factura de energía eléctrica para el alumbrado público municipal.

¿Cómo se controla la ubicación de los postes y luminarias correspondientes?

La ubicación de los postes del servicio de distribución de energía obedece a necesidades y oportunidades técnicas.

La ubicación de las lámparas son competencia de las municipalidades dentro de su atribución de brindar el servicio de alumbrado público.

¿Se descuentan las luminarias que se encuentran descompuestas, o se rebaja el consumo de energía cuando se han cambiado luminarias por otras más eficientes?

Si la municipalidad realiza algún cambio en su parque de lámparas ya sea cambio de potencia o incorporación o eliminación de lámparas, éstas deben de informar a la Distribuidora, para que realice la corroboración de la información y actualice en el sistema para su correspondiente cálculo de consumo y facturación.

Sí las lámparas están en buen o mal funcionamiento, la Distribuidora no tiene forma de saberlo, por lo que siempre se recomienda a las municipalidades que brinde (tal y como lo dice el código municipal) el servicio de alumbrado público correcto y que si no necesita alguna lámpara que la retire.

¿Cómo se efectúa la firma de convenios o acuerdos con las municipalidades y sobre qué cálculos se basan?

Los tres documentos legales que se firman con las municipalidades son:

1. El Contrato de Electricidad para Alumbrado Público, según lo establece el artículo 69 de la Ley General de Electricidad.
2. El Convenio de Cobro y Facturación por cuenta ajena de la tasa por alumbrado público municipal, según lo requiere el Reglamento de la Ley General de Electricidad, en su artículo 96, en el mismo las municipalidades autorizan a las Distribuidoras a incluir la tasa por alumbrado público en la factura mensual de energía eléctrica.
3. Y el tercero, para las municipalidades que tienen deuda con las distribuidoras, se brinda un convenio de pagos a través de un contrato de reconocimiento de deuda en la que se establece la forma de pago que las municipalidades realizarán para solventar su deuda, de acuerdo a la capacidad de pago de las corporaciones.

Para los tres documentos, dentro de los requisitos se solicita la certificación del punto de acta de concejo municipal para facultar a los alcaldes a firmarlos.

La fijación de la Tasa de Alumbrado Público es potestad de las corporaciones municipales, quienes determinan el monto a establecer, que podrá ser Tasa Municipal Fija (un monto mensual establecido) o porcentual, es decir proporcional al consumo de energía de los clientes.

El consumo de energía eléctrica para alumbrado público se calcula con base en resoluciones publicadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que considera la cantidad de lámparas existente en la circunscripción municipal y la potencia correspondiente de cada una de las lámparas, es decir cuando se realiza el conteo de inventario de lámparas, se determinan estos parámetros para su correspondiente facturación

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En estos municipios se empezará el lunes la lectura de los consumos para emitir las facturas durante diciembre y ya se incluirá el cobro por porcentaje.

Sin embargo no se logró acuerdo con San José Acatempa por lo que en esta sí se suspenderá el recaudo a partir de diciembre.

Nuevas tasas

Las nuevas tasas de alumbrado público establecidas en porcentaje sobre el consumo son:

• Asunción Mita (Jutiapa): cobraba cargos fijos por Q35 mensuales por usuario, ahora fijó tasa de 12% sobre el consumo
• Chiantla (Huehuetenango): cobraba Q30, y a partir de diciembre será de 15%
• La Esperanza (Quetzaltenango): cobraba Q40 y fijó 10%
• San Juan Comalapa (Chimaltenango): cobraba Q32, la nueva tasa es 12%
• Zaragoza (Chimaltenango): tenía cargo fijo de Q30, y se fijó en 14%
• San Andrés Semetabaj (Sololá): cobra Q31 y ahora se fijó en 14%
• Río Hondo (Zacapa): cobraba Q61 y pasó a ser 16%.

El total de usuarios en esos municipios es de 60 mil 515. Según el vocero de Energuate 9 de cada 10 clientes tendrá una reducción relevante, “son porcentajes razonables que se equipara con los establecidos en los municipios del área central”, agregó.

San José Acatempa el cobro actual es de Q46 mensuales por usuario y reporta 3 mil 279 usuarios.

Energuate anunció la semana pasada que dejaría de recaudar en la factura al consumidor lo correspondiente a la tasa de alumbrado público a partir del 1 de diciembre en ocho municipios debido a los altos cargos que representaban y que afectaban a los usuarios y que esa medida se podría extender a 12 municipios más.

Energuate suspende a partir del 1 de diciembre el cobro de la tasa de alumbrado público dentro de su factura de eléctricicidad a los usuarios en 8 municipios: San José Acatempa, Chiantla, La Esperanza, San Juan Comalapa, Zaragoza, San Andrés Semetabaj y Río Hondo @Economia_pl pic.twitter.com/bcrrUeovJo

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) November 22, 2018

“Sobre la base del convenio (de cobro en la factura) que teníamos se adjuntaron las actas municipales en la cual el Concejo oficializa el cobro por porcentaje sobre el consumo. Lo que se hizo fue establecer una tabla en la cual todos los clientes van a pagar el mismo porcentaje de acuerdo a sus consumos” agregó Amézquita.

Eso permitirá que los usuarios perciban una baja en el monto de su factura, añadió el vocero.

La semana pasada se ejemplificó que hay usuarios que consumen 60 kilovatios hora al mes y luego de aplicarles el subsidio solo debían pagar Q32, sin embargo, al agregarle la tasa de alumbrado público por montos fijos su factura se duplicaba o triplicaba.

Hay otros municipios que han mostrado interés en adoptar esa forma de cobro.

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Los municipios son

• Asunción Mita (Jutiapa)
• San José Acatempa (Jutiapa)
• Chiantla (Huehuetenango)
• La Esperanza (Quetzaltenango)
• San Juan Comalapa (Chimaltenango)
• Zaragoza (Chimaltenango)
• San Andrés Semetabaj (Sololá)
• Río Hondo (Zacapa)

Amézquita explicó que por seis meses han tenido acercamientos con las municipalidades para que cambien la forma de cobro, ya que han analizado los montos fijado y son más altos de los que necesitan para operar en forma efectiva el alumbrado público en sus respectivos municipios.

No se llegó a acuerdos por lo que decidieron rescindir los convenios de cobro que tienen con cada municipalidad.

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El 64% de municipalidades que cubren la distribuidora de Energuate podrían cobrar a los usuarios porcentajes de entre 12% a 18% por tasa de alumbrado público según proyecciones técnicas elaboradas por la firma.

Energuate suspende a partir del 1 de diciembre el cobro de la tasa de alumbrado público dentro de su factura de eléctricicidad a los usuarios en 8 municipios: San José Acatempa, Chiantla, La Esperanza, San Juan Comalapa, Zaragoza, San Andrés Semetabaj y Río Hondo @Economia_pl pic.twitter.com/bcrrUeovJo

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) November 22, 2018

Sin embargo, los cobros establecidos por cada comuna son más altos y perjudican a los usuarios, dijo el vocero.

Los estudios de la empresa refieren que seis de cada 10 usuarios pagan más de alumbrado público que por su consumo propio.

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Mientras, Taxisco y Villa Canales ya cambiaron su forma de cobro y establecieron tasas de 20% y 15% respectivamente, explicó Amézquita.

Los 14 mil clientes de Asunción Mita, en Jutiapa, pagan Q35 mensuales por lo que la comuna recibe Q487 mil al mes mientras que el gasto en electricidad por alumbrado público es de Q107 mil, esto representa un remanente de Q380 mil mensuales en beneficio de la comuna, ejemplificó el ejecutivo.

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Con tal excusa, Codeca decidió hace tiempo ofrecer “un servicio de suministro eléctrico más barato”. El procedimiento consiste en cobrarle al consumidor rural una cantidad mensual pequeña, independientemente del consumo real que realice, e impedirle a la empresa la entrada a la zona para evitar supervisar o cortar el servicio por falta de pago. Un robo disfrazado de “hurto de fluidos” que no ha sido tratado en tribunales como corresponde.

¿Por qué las Munis incluyen esa cantidad en las facturas y a qué obedece? Se trata de la parte proporcional del alumbrado público local, aunque parece inconcebible que aldeas pequeñas paguen cantidades desorbitadas por apenas un par de focos en la zona. Se supone que cada alcaldía debe contar con un presupuesto —sufragado por sus vecinos— para el pago del alumbrado público, el mantenimiento de las lámparas y la sustitución de las mismas, y otros pequeños conceptos. Sin embargo, pareciera ser que bajo la noción de “alumbrado público” ciertas Munis incluyen el gasto de motores para extraer agua de pozos, iluminación de edificios municipales, ferias y fiestas locales y otras cuestiones imprecisas que incrementan sustancialmente la cantidad total mensual, misma que es prorrateada entre los vecinos, sin importar su nivel de consumo, y duplica o triplicar la factura doméstica.

No es la empresa la que genera el problema, sino las municipalidades que no separan conceptos e incluyen en esas cantidades incluso gastos de caja chica ¿Quién supervisa?, parece que nadie ¿Quién autoriza tal barbaridad?, debería ser la Comisión Nacional de Energía Eléctrica ¿A quién afecta el problema?, a pequeños consumidores que apenas pueden pagar sus gastos y son gravados con cantidades que corresponden asumir a la municipalidad. Al final se confrontan vecinos y empresa —que nada tiene que ver— y se crea un enorme y violento problema que deberían arreglar los alcaldes, pero que no lo hacen porque les resulta cómodo dejarlo así: polarizado y con ellos —responsables del problema— excluidos.

¿Se habrá discutido el asunto en la Anam?, porque es de esos temas que seguro se evita mientras se deriva a delincuentes organizados —Codeca—, vecinos que reciben facturas con altísimos costos y la empresa que no logra cobrar lo que distribuye ni entrar en la zona porque sus operarios son amenazados o agredidos. Es un problema municipal, ineficientemente gestionado y con poca o ninguna trasparencia del gasto real reflejado bajo el concepto de consumo eléctrico, pero que puede incluir variados rubros, como los antes citados y saber que otros. No es de recibo prorratear entre los vecinos una cantidad cuyo origen y sumandos se desconocen, menos polarizar o permitir violencia con silencio cómplice ¿Por qué no cobran ellas esa tasa y se lo endilgan a la empresa?, quizá por comodidad y a saber la pegas legales que pondrían para continuar con la distribución.

¡Las cosas claras!, que es justamente lo que ciertas Munis no hacen.

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Una sugerencia es incrementar el costo a Q10, más un porcentaje del consumo de energía eléctrica de cada usuario, este podría ser del 10 por ciento, es decir que si alguien paga Q200 de energía eléctrica, la tasa de alumbrado público sería de Q20 más los Q10 fijos, es decir Q30.

Otras propuestas son de que el costo sea de Q25 fijos o únicamente un porcentaje del consumo de la energía, que sería del 15 por ciento, “pero aún no se ha decidido nada ni se ha aprobado, antes de eso tendríamos que ponernos de acuerdo”, indicó.

La propuesta surgió porque la tarifa actual causa que la comuna pague más de Q3.6 millones anuales para subsidiar el consumo de energía eléctrica del alumbrado público, dijo Grijalva, ya que lo recaudado no es suficiente.

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Piden moderación  

Pobladores consultados reconocen que se necesita un incremento, pero exigen a la comuna que este sea moderado y que se vean resultados, pues, según relatan, en la mayoría de casos son los vecinos quienes compran los insumos cuando las lámparas del alumbrado público dejan de funcionar.

Juan Carlos García, coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo de la colonia Molina, zona 5, indicó que es necesario un aumento, porque la ciudad no puede tener una tasa caduca que no se da abasto para los gastos del alumbrado público.

“Opino que el incremento es  necesario, pero debe ser paulatino y no de golpe, debe darse de forma adecuada para no afectar la economía de los ciudadanos”, dijo García.

Rodolfo Custodio, vecino del Centro Histórico, considera que es adecuado un aumento, pero no debe ser excesivo. “Se paga muy poco, un incremento a Q10 está bien, pero no más, porque los ciudadanos no tenemos la culpa de que la municipalidad no haya hecho las cosas correctamente con el Inde o de que no se nos aumentara”, aseguró.

Flor Escobar, representante de la Gremial de Mujeres de la Cámara de Comercio en Quetzaltenango, aseguró que el incremento sería aceptado si la comuna ofrece mejoras en el servicio.

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“Una de las principales motivaciones para hacer el cambio fue aumentar la iluminación nocturna de las calles y aceras, lo que se traduce en mayor seguridad para los ciudadanos y la gran cantidad de turistas que nos visitan cada año”, comentó el Alcalde de Flores, Carlos Caal.

La Isla de Flores unos 3 mil 148 kilómetros cuadrados, según datos del Inguat, y es uno de los destinos turísticos más visitados de Guatemala. El municipio de Flores tiene una extensión de 4 mil 336 kilómetros cuadrados.

Se ubica en el lago de Petén Itzá, en Petén, a 127 metros sobre el nivel del mar, ofrece una cultura impresionante con artesanías, danzas folklóricas y lugares turísticos, por lo que la iluminación es un factor clave para continuar atrayendo visitantes nacionales y extranjeros, se agregó.

El diseño e implementación del proyecto estuvo a cargo de Sylvania, que instaló luminarias para alumbrado público tipo cobra de la línea Endura, de 100 Watts de potencia, lo que implica un ahorro en el consumo de energía de al menos la mitad en comparación con la tecnología anterior, refirió la oficina de relaciones públicas en un comunicado.

Según el boletín de dicha oficina se trata de la primera comunidad en Centroamérica en hacer este cambio para el total de sus luminarias.

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Debido a la óptica de las nuevas piezas, se amplía el área iluminada, tanto hacia la acera como hacia la calle, lo que mejora la visibilidad para el conductor y por ende, también la seguridad vial, se agregó en el boletín.

“Es una prioridad para nuestra empresa motivar el cambio de alumbrado público tradicional a una tecnología eficiente y amigable con el medio ambiente, que le permita a los municipios un ahorro inmediato en el consumo eléctrico y un retorno de la inversión realizada en el mediano plazo”, dijo Carlos Guzmán, ejecutivo de Sylvania Guatemala.

Las luminarias para alumbrado público de LED de dicha compañía permiten adaptarse a otras funciones como monitoreo de seguridad, de tránsito, clima, conexión a internet, entre otros. Esa tecnología se desarrolla en la planta de Sylvania instalada en Costa Rica, añaden.

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Las millonarias compras que las municipalidades han hecho con fideicomisos

Según información de la comuna de Villa Nueva,  la decisión de concesionar  el servicio de alumbrado público se tomó luego de que este significara un déficit de Q6 millones al año para esa municipalidad.

La licitación pública internacional se realizó  a finales de 2013, y la empresa ganadora, Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A., adquirió la administración del servicio  a cambio de pagar durante el periodo de concesión Q228.13 millones a la Municipalidad.   

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Proceso de concesión

Al ser adjudicada,  la compañía inició  un proceso de administración que incluyó el reemplazo de las lámparas y su mantenimiento.

Según estimaciones de la comuna de Villa Nueva, esto le representaría a la empresa una facturación por Q37.55 millones anuales por 25 años. Es decir, se facturarían cerca de Q938.75 millones, de los cuales se debe  restar el aporte a la Municipalidad, el cual se calculó en Q228.13 millones, cuyo  valor actual neto (VAN) es de Q110.67 millones, según la oferta de la compañía.

El nombre comercial de la empresa adjudicada es Deproesa, y fue inscrita el 30 de agosto de 1999. Tiene por socios accionistas originales a Joel Salvador Toledo Toledo, Ángel Jesús García Martínez, Miguel Salvador Toledo Orellana, Pedro Joel Toledo Velarde y Juan Pablo Toledo Reneau.

Como administrador único vigente aparece el ciudadano nicaragüense Marvin Román Caldera Díaz, y como gerente de concesiones,   Juan Pablo Samayoa López.

Prensa Libre pudo establecer que el 8 de agosto de 2013, 22 días  antes de  la publicación del evento de licitación, se modificó el objeto de la empresa y se agregó  “elaboración de estudios; supervisión, diseño, mantenimiento y construcción de obras de infraestructura eléctrica”.

La empresa tuvo un nuevo cambio el 9 de septiembre de ese año, cuando amplió su objeto  para “participar en licitaciones, concursos públicos y demás formas (…) para promover y obtener un proveedor de servicios públicos mediante concesiones”, según el testimonio de una escritura.

El proceso finalizó el 5 de noviembre de 2013, cuando la concesión  fue adjudicada.  En la licitación,  Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A., superó a la otra empresa en competencia, CS Corp, S.A., que ofrecía un retorno mucho menor a la Municipalidad:  Q16.7 millones.

  Luego, el 23 de diciembre de 2013, la Municipalidad de Villa Nueva transfirió en concesión el servicio a Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A, la cual, para la prestación del servicio, crea una nueva compañía, Alumbrado Público de Villa Nueva, S.A.

Tres años después, el 5 de octubre de 2016, en asamblea de accionistas se incrementó el capital autorizado de la firma, de  Q200 mil a Q10 millones. Para esta fecha la totalidad de las acciones de Ingeniería y Desarrollo Industrial, S.A, estaba en posesión de tres sociedades anónimas:

• Inversiones en Iluminación, S.A.
• Iluminación Integral de Centro América, S.A.
• Luminarias Diversas S.A. 

Con Marco Vinicio Velásquez Prem, Juan Pablo Toledo Reneau y José Ricardo Sosa Tejada como directivos.
Prensa Libre se comunicó a las oficinas de  Alumbrado Público de Villa Nueva, S.A., para concertar una entrevista y hablar sobre la adjudicación, el jueves 11 de enero, pero al cierre de esta edición    la compañía no había atendido el requerimiento.

Críticas al proceso

Para el subcontralor de gasto público de la Contraloría General de Cuentas, César Elías, estas modificaciones son un indicio del manejo de “información privilegiada”.

Pese a esto, hay que reconocer que la empresa ya se desempeñaba en el rubro de las instalaciones eléctricas, apunta Elías, por lo que, a su criterio, “hay que analizar el procedimiento de publicación y si ellos cumplieron  con  los requisitos establecidos”.

  Eddie Cux, integrante de Acción Ciudadana, señala que este tipo de modificaciones es frecuente en procesos irregulares.
“Han existido casos en los que se han presentado investigaciones, procesamientos y  condenas en contra de personas que muestran indicios  de colusión de las autoridades que adjudican un contrato”, comentó Cux.

  La readecuación de una empresa para coincidir con los requisitos de una convocatoria es una característica común en procesos con irregularidades, señala el experto.

“En ocasiones, esta información la maneja un operador interno, asesores técnicos u otros operadores que pueden influenciar en negociaciones ilícitas, lo que implica una ventaja sobre los otros competidores”, señala Cux.

También fideicomiso

El pago del canon por alumbrado de la empresa a la comuna se efectúa a través de un fideicomiso privado creado por la concesionaria, llamado Fideicomiso de Alumbrado Público de Villa Nueva.

Para Cux, “el uso de las concesiones, de los fideicomisos, son indicios de una opacidad dentro de la prestación de los servicios públicos, es una forma para esconder de la luz pública el manejo de recursos”.

Régimen de concesiones

La concesión es una figura contemplada en los artículos 95 y 97 de la Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos del 75 al 77 del Código Municipal.

Entre las características de esta modalidad se encuentra que su plazo no puede ser superior a 25 años y en el caso de las concesiones de municipalidades, estas pueden recuperar los servicios “por causas de utilidad pública”.

“No podrán concesionarse servicios en los que actualmente el Estado, entidades autónomas y descentralizadas obtengan utilidades”, establece la Ley  en su artículo 95.

En el caso del cobro del alumbrado público existe un vacío legal para su regulación en todo el país, señala Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, por lo que ha sido tema controvertido en los últimos años.

Virginia Maldonado, residente de Las Rosas, comentó que tener la carretera a oscuras implica riesgo para las personas, ya que por las noches muchos carros viajan a alta velocidad y puede ocurrir un accidente por la poca iluminación.

“El alcalde —Luis Grijalva— y el Concejo deberían de tomar muy en cuenta que los ingresos deben estar en las mejores condiciones, porque es el rostro principal de la ciudad”, refirió el vecino Ramón Vicente.

Plan millonario

El director de Comunicación de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), Édgar Barrios, explicó que hay un proyecto para iluminar todas las entradas de Xela, pero para ejecutarlo se requiere de Q3.2 millones.

“El plan será presentado ante el Concejo antes de la aprobación del presupuesto del 2018, el cual vence el 15 de diciembre”, aseguró Barrios.

El proyecto consiste en la colocación de luminarias, postes y cableado. Las rutas que se priorizarán son la que va a San Marcos y Salcajá, la carretera Cito-Zarco, la vía hacia Almolonga y la autopista de Los Altos.

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Barrios añadió que también se analiza diseñar un plan para prevenir el robo de cable y la destrucción de luminarias, para el cual deberán contar con el apoyo de los vecinos  de varios sectores de  la ciudad altense.

Los Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango explican que, en la ruta de acceso a la ciudad, en el sector Las Rosas, con frecuencia ocurren accidentes de tránsito por la falta de iluminación. Los más afectados son los motoristas, agregó.

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Falta de servicio también ocurre en otros puntos del país

Añadió que una cuadrilla de trabajadores efectuó el corte de energía en 43 lámparas de la vía pública del municipio de Sibilia. Vecinos indicaron que el suministro fue suspendido en algunos sectores. 

Consultado vía telefónica Mario Mazariegos, vecino de del referido municipio, dijo que no está de acuerdo con la decisión, ya que por la noche llegan muchos vecinos que trabajan o estudian en Xela y las calles están a oscuras.

“Esa acción atenta contra la seguridad de toda persona, caminar a oscuras es peligroso y máximo para nuestros hijos que vienen de Xela. Considero que esa acción de suspender la energía es mala, así como la irresponsabilidad de no estar al día en los pagos”, detalló

Reacción

Juan Francisco de León, alcalde de Sibilia, manifestó que la acción es injusta y que durante años la empresa no les ha explicado que mejoras ha hecho en el servicio.

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“Hay morosidad, pero tampoco la empresa ha dado una explicación de qué ha hecho con todo lo que ha cobrado durante años, incluso tengo una notificación en la que ellos informan que hace más de 14 años no se ha cumplido con el remanente”, dijo el funcionario.

De León dijo que sostendrá una reunión con personal de Energuate para evitar que los vecinos se queden sin alumbrado público.

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Usuarios pagan hasta 181% de alumbrado público

La propuesta refiere que el rango de cobro empiece en 10% y que sean las corporaciones municipales las que mantengan la facultad de aprobar la tasa sobre el consumo de cada usuario, refirió Edwin Escobar, presidente de la Anam.

Esa organización está en desacuerdo con que se fije en la ley una fórmula, como la presentada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en un proyecto de iniciativa generado en una mesa técnica con varias entidades luego de semanas de discusión, ya que sería diferente para cada municipio, según Escobar.

Luis Contreras, presidente de la Comisión de Energía del Congreso, dijo estar de acuerdo con la propuesta de la Anam.

Ahora, esas entidades y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el MEM discutirán acerca del nuevo modelo indicaron Miguel Santizo directivo de la comisión, y el viceministro de energía Rodrígo Fernández.

Tarifa social

Con otra iniciativa de ley se busca usar el 0.25% de los recursos que actualmente tienen  los fondos sociales para aportar al subsidio de la tarifa social.

Esos montos serían adicional al aporte que ya otorga el Inde y el que se ha presupuestado.

El Inde y el MEM consideran que el aporte  que se aplique debe ser  no en monto sino en porcentaje sobre la tarifa social vigente en cada trimestre.

Aunque Escobar refirió que el dinero que se destinaría de los fondos sociales para la tarifa subsidiada sería mejor aportarlo a las municipalidades para instalar las plantas de tratamientos de desechos.

Otra parte de lo que se destina por el gobierno en el 2017 se encuentra dentro del presupuesto estatal.

Los porcentajes establecidos son variados, dependiendo de la Municipalidad, pues van desde el cero por ciento hasta 452% del importe de la factura del consumo de energía del alumbrado público. 26 municipios a los que provee energía Energuate tienen un 0% de remanente, mientras que 16 municipios están por arriba del 200%, siendo Santa Clara La Laguna, Sololá, la que tiene un mayor porcentaje, con el 452%. Este remanente castiga al usuario en sus pagos mensuales, especialmente a los que caen en el rango de tarifa social, pues pagan más por concepto de alumbrado público que por su propio consumo domiciliar. El cobro por alumbrado público por parte de Energuate se realiza dividiendo el consumo total del alumbrado público del municipio más el porcentaje de remanente entre todos los consumidores del municipio, por lo que son más castigados los que consumen menos, saliendo beneficiados los que consumen más. El ingeniero Byron Azurdia, en su tesis doctoral, compara el cargo de Q46.20 de alumbrado público en un municipio con un usuario cuyo consumo es de 17 kWh, en la factura total, que sería de Q67.20, contra un extremo de un consumo de 9,037 kWh en donde el cargo de Q46.20 sigue siendo el mismo de una factura total de Q14,283.91. Siendo porcentualmente injusto el cobro. Esto es precisamente lo que está sucediendo, pagan porcentualmente más los que consumen menos.

Eegsa realiza un cobro porcentual, donde paga más el que más consume. Para el ejemplo anterior, el pequeño usuario pagaría Q1.30 bajando su factura a Q22.62, mientras que el consumidor mayor debería pagar Q1,869.96, subiendo su factura a Q16,107.67. Aunque aceptable el método, puede mejorarse.

Aunque existen iniciativas para realizar un cambio a este cobro, sería importante uniformizar un sistema para todo el país en el que se consideren aspectos técnicos y legales. Es importante adicionar al costo de la energía de las lámparas un costo por administración, operación y mantenimiento eficiente de las luminarias instaladas en el municipio que no debería superar el 5%. Es importante también considerar el cambio de tecnología de las lámparas que se usan actualmente por iluminarias más eficientes. Es urgente eliminar la discrecionalidad de parte de las municipalidades en el cobro del alumbrado público e impedir a las distribuidoras negociar con las municipalidades castigando a los usuarios.

samreygo@yahoo.com

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Usuarios pagan hasta 181% de alumbrado público

La idea en este segundo caso es incluirlo en la iniciativa de Ley de Tarifa Social que fue presentada por el diputado Marvin Orellana.

El subsidio podría usarse para cubrir el gasto en alumbrado del municipio o cambiar luminarias por otras de menor consumo.

Según Contreras, la ley debe ser aplicada de manera general, y considera que lo que ha sido eficiente en municipios suministrados por la Eegsa no debe ser afectado con reformas al alumbrado público que discute la mesa interinstitucional presidida por el Ministerio de Energía y Minas.

Jorge Alonso, gerente de la Eegsa, en citación con esa comisión legislativa, dijo que opina que el cobro debe seguirse haciendo con un porcentaje sobre consumo.

La tasa es aprobada por el concejo de cada municipio y luego la Comisión Nacional de Energía Eléctrica autoriza incluirlo en la factura mensual al usuario.

Contreras señaló que el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, se comprometió a enviarles el 15 de julio próximo la iniciativa consensuada para regular el cobro que ha surgido de la mesa técnica, que lleva varias semanas de discusión.

La mesa decidió hace dos semanas unificar esa propuesta con la iniciativa presentada por la UNE, que está en segunda lectura.

El fin es aprovechar los avances que ha tenido esa iniciativa y combinarlos con los avances en la mesa técnica, explicó el MEM en un comunicado de prensa.

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Los 5 puntos con los que se busca bajar el cobro por alumbrado público

Dicha mesa solicitó a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) elaborar un esbozo de normativa que recoja las inquietudes sobre los temas técnicos de detalle, expansión, cobertura, cambio de tecnología, y otros.

Para la propuesta, el MEM incluyó las fórmulas estadísticas para que se aplique una metodología de cálculo de cobro. Se trata de tres rangos que se expresaría en porcentajes pero que variarán dependiendo del cobro que tenga cada municipio actualmente.

Exportadores creen que les subirá cobro

El Observatorio de Energía Eléctrica de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) refiere que los cambios que se manejan en las diferentes propuestas implican modificación de cobros a las pequeñas y medianas empresas y grandes usuarios de energía.

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Usuarios pagan hasta 181% de alumbrado público

Indican que “todas las propuestas que se están discutiendo implican cambios en la metodología para el cálculo del cobro por alumbrado público”.

En estas se propone que todas las municipalidades cobren un porcentaje de arbitrio de alumbrado público sobre el subtotal de su factura sin IVA.

Sin embargo, el gremio cree que ese porcentaje será escalonado de acuerdo con el consumo de cada usuario. “El cálculo se hará de forma mensual e implica un aumento en el cobro para las empresas ubicadas en municipalidades que actualmente tienen un cargo fijo”

En contexto

• En el primer trimestre del año el MEM dio a conocer la situación del alumbrado público.
• Convenio: Solo 130 municipalidades tienen convenios.
• Cargo fijo: 293 municipalidades lo cobran como cargo fijo.
• Tasas varían: El 69% que cobra la tasa como cargo fijo, tiene tasas que varían entre Q.25 a Q.55 mensuales por usuario.
• El promedio de la tasa por alumbrado público que se cobra mensualmente es de Q30 en el área de Deocsa y de Q40 en el área de Deorsa. En Eegsa es en promedio 13% sobre el consumo.
• Efecto en la factura del consumidor: En los casos de usuarios con consumos menores a 100 kWh, el cargo por alumbrado público es mayor al pago de su consumo de energía eléctrica. Dependiendo en qué municipio se ubique el usuario, por un mismo consumo, por ejemplo de 50kWh pagará montos que van desde Q47 hasta Q125, debido a las distintas tasas de alumbrado público que existen en la actualidad.

Mynor Amezquita, vocero de Energuate, explicó que  el sistema LED puede reducir  la factura  hasta en  60%. Por ejemplo, si una municipalidad con mil 288 luminarias, de las cuales más del 90% es de 175 vatios, sustituye por  led de 40 vatios, puede bajar de Q175 mil a Q41 mil mensuales en consumo.

Agregó que entre los beneficios directos de este cambio de tecnología están mejor calidad del servicio, es amigable con el ambiente, optimiza el uso de energía, mejora la calidad de iluminación y reduce el costo para el municipio y la tasa para los usurarios.

“Hemos recibido comentarios de muchos clientes que consideran importante que en sus municipios los alcaldes emprendan esos proyectos de modernización del alumbrado público y así reducir la factura por consumo de electricidad”, indicó, y añadió que en una mesa técnica de Energuate con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) lograron que 60 comunas sustituyan las lámparas  del alumbrado público.

Importante experiencia

En el 2013, Villa Nueva cambió las lámparas de vapor de sodio que teñían la noche de anaranjado por unas con nueva tecnología, luego del convenio entre la comuna y la empresa Alumbrado Público de Villa Nueva, S.A., por Q110 millones 674 mil, según el documento 412 mil 259 del Registro Mercantil.

Edwin Escobar, alcalde villanovano, informó que en los primeros cuatro años de concesión —de 25—  instalaron 17 mil lámparas y solo faltan unas cien para cubrir todo el municipio.

“Con lámparas ahorradoras, con cualquier tecnología moderna de eficiencia energética, se mantiene baja la Tarifa de Alumbrado Público (TAP) sobre consumo. En Villa Nueva tenemos la tasa más baja, del 10%”, explicó.

Escobar, quien preside la Anam, propone que la TAP sea por consumo y no  mayor de 15%, que beneficiaría a comunas que implementen lámparas ahorradoras.

Indicó que con el sistema LED,  el 18% de cargo por balastro se convierte en ilegal, pues esas  lámparas no lo utilizan, así que pedirán al Ministerio de Energía y Minas que elimine el cobro.

Ayuda al ambiente

Las lámparas LED no contienen mercurio ni metales pesados para el ambiente, de acuerdo con normas de uso de sustancias peligrosas y dañinas, según Gabriel Valle, de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación.

Valle indicó que al ser más eficientes, esas luminarias producen menos dióxido de carbono —CO2— y  ofrecen la misma  iluminación que las bombillas  convencionales.

  María del Pilar Ceballos, vocera de la Anam, compartió un documento que señala que con las primeras 16 mil 286 lámparas reemplazadas en Villa Nueva, en el 2015  se evitó la emisión de más de seis mil toneladas de CO2, equivalente a lo que 154 mil 389 pinos depuran en un año, según cálculos del Fondo Mundial para la Naturaleza. 

El alumbrado con tecnología LED evita iluminación innecesaria al cielo, árboles o tejados —contaminación lumínica—, dice el reporte.

Estos son los municipios que ya cuentan con iluminación LED

• 100% EL ASINTAL
• 100% PUEBLO NUEVO
• 100% SANTA CLARA LA LAGUNA
• 100% CONCEPCION LAS MINAS
• 100% YUPILTEPEQUE
• 100% CHUARRANCHO
• 100% LA BLANCA
• 99.85% QUEZALTEPEQUE
• 99.44% SAN DIEGO
• 99.67% SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
• 99.44% MORALES
• 99.44% SAN FRANCISCO LA UNION
• 99.35% SAN JOSE EL IDOLO
• 99.14% AGUA BLANCA
• 99.09% SAN MANUEL CHAPARRON
• 99.02% SANTA CRUZ LA LAGUNA
• 98.14% CASILLAS
• 98.14% SANTA CRUZ MULUA
• 97.86% SAN RAFAEL LAS FLORES
• 97.67% SAN JACINTO
• 97.59% USPANTAN
• 97.09% CAMOTAN
• 96.80% SAN JOSE ACATEMPA
• 96.80% SAN JUAN TECUACO
• 96.09% ZAPOTITLAN
• 96.23% RIO HONDO
• 95.96% ESTANZUELA
• 95.45% CHIANTLA
• 95.15% HUITAN
• 94.64% ZARAGOZA
• 94.57% SAN PABLO LA LAGUNA
• 94.45% IPALA
• 94.27% TECTITAN
• 93.84% ORATORIO
• 93.54% CHIQUIMULILLA
• 92.92% COMALAPA
• 92.89% RIO BRAVO
• 92.77% QUEZADA
• 91.74% CANILLA
• 90.93% EL PALMAR
• 90.65% JUTIAPA
• 90.41% SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
• 90.22% SAN PABLO JOCOPILAS
• 90.08% SAN PEDRO LA LAGUNA
• 89.65% SANTA LUCIA UTATLAN
• 88.88% SANTA ANA
• 88.80% PETATAN
• 88.71% SAN JUAN LA LAGUNA
• 87.53% SAN CRISTOBAL VERAPAZ
• 87.20% SANTA CRUZ
• 86.30% CABAÑAS
• 84.61% SAN MARTIN ZAPOTITLAN
• 84.48% BARBERENA
• 84.13% SAN ANTONIO LA PAZ
• 83.95% CUYOTENANGO
• 83.41% CUILAPA
• 82.47% SAN ANDRES
• 81.41% SANTA ANA HUISTA
• 80.39% LA UNION
• 80.21% SAN JOSE LA ARADA 

MEM sugiere retirar algunos cobros de factura de energía

Un usuario en ese municipio, que consume 50 kilovatio hora (kWh) al mes, está cubierto con el subsidio y solo debe pagar Q0.50 por kWh, por lo que su cobro, sin IVA, sería de unos Q43, lo que significa que el pago por alumbrado fijo representa el 181.4%.

Si el consumo es de 100 kWh al mes, hay un cobro de 83.8% sobre este.

El malestar de los usuarios no solo es por el monto, sino porque tampoco cuentan con un buen servicio. “Ya estamos cansados de indicar sobre esta tarifa, y no nos hacen caso. Varias de las lámparas están en mal estado, el servicio público es pésimo y pagamos mucho más que otros municipios”, indicó Lucrecia Collí, vecina de San José.

Isaac Tesucún, residente en el barrio Nuevo San José, se unió al malestar del vecindario. Refirió que visitarán la comuna para exigir una solución a ese problema. “No es justo que paguemos mucho y ni siquiera hay luz en la calle”, comentó.

En un recorrido por la zona urbana de San José, Prensa Libre constató que varios postes del tendido eléctrico tienen lámparas rotas o quemadas.

En el país no hay estandarización en los montos.

Del área de cobertura de las distribuidoras de Energuate, 293 municipios agregan ese servicio como cargo fijo, mientras cuatro según cada rango de consumo, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En el área cubierta por Eegsa, que incluye Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, la mayoría cobra por porcentaje sobre el consumo. Aun así, en algunos de esos lugares el porcentaje es más alto del que debiera, porque se incluyen los cobros de energía por el bombeo de agua, dijo el consultor Jorge García Chiu.

La tasa de alumbrado público es aprobada por el concejo de cada municipio. Luego, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) aprueba su inclusión en la factura de energía que emiten las distribuidoras.

Altos cobros

El caso de la energía eléctrica ha sido uno de los conflictos que se han generado en la última década, motivado por el efecto del alumbrado público en la factura mensual. El subsidio que se ofrece al servicio prácticamente es anulado por los altos cobros, se quejan usuarios. Sin embargo, a través de los años no se ha concretado alguna solución.

El MEM propuso en la mesa técnica, integrada por varios sectores, elaborar una iniciativa de ley para que el cobro no supere el equivalente al 30% del consumo.

En la segunda reunión, efectuada recientemente, representantes del Ministerio explicaron dos fórmulas para calcular el cobro de alumbrado público, uno por tarifa fija y otro proporcional según el consumo. Sin embargo, la idea es que en ambos casos no supere el equivalente al 30% del consumo, según indicó esa institución.

A esa mesa también asisten diputados o sus asesores, representantes de entidades estatales y de la Anam.

Aunque hay dos iniciativas de ley en el Congreso para legislar este asunto, se busca una tercera propuesta, consensuada y que llene requerimientos para estandarizar y mejorar ese cobro.

Según García Chiu, hablar del equivalente a no más del 30% sobre el consumo por cliente en algunos municipios no alcanzaría para pagar la energía que demanda el sistema de alumbrado público.

Agregó que años atrás se efectuaron estudios que determinaron que en todos los municipios el equivalente al cobro debiera estar entre Q40 y Q50 al mes, e incluso un poco por arriba de esas cifras.

Para el cálculo, se toma el número de lámparas que posee el municipio, se multiplica por un consumo de 12 horas diarias y por 365 días del año. Ese total se divide entre el número de usuarios, expuso el consultor.

“A todos le cobran lo mismo, no importa que sea una gasolinera, una casita, una residencia o un negocio”, refirió al explicar que en algunos casos el problema es que son pocos usuarios, por lo que el monto resulta alto, y en otros se incluyen cobros adicionales, como la energía que se gasta por el bombeo de agua o la que se usa para edificios municipales.

El problema se origina, según García Chiu, en que fue un error de los diputados que aprobaron hace años las reformas al Código Municipal y dejaron en manos de los concejos la aprobación de la tasa de alumbrado público. En algunos casos no se hace en forma técnica y en otros se le agregan los costos de rubros diferentes, como los mencionados.

Otra debilidad es que si bien la CNEE es el ente que aprueba la inclusión de las tasas de alumbrado público a las facturas de las distribuidoras de electricidad, quienes han dirigido ese órgano regulador argumentan que a ellos no les corresponde aprobar o improbar los montos, sino solo incluirlos en las facturas, refirió.

El consultor habla de dos visiones. Es un tema sensible, pues afecta el bolsillo de los usuarios y se ha politizado, al no manejarlo de forma técnica y según las necesidades de las municipalidades. Sin embargo, el problema también radica en que algunos municipios subsidian esa tasa para no trasladar a los usuarios el costo, ya sea por conflictividad, por evitar desgaste político o por ser un tema delicado.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) pide que se reformule la iniciativa de ley que se impulsa, para definir un porcentaje justo y equitativo al consumo, pero sin violentar la autonomía municipal.

Cinco puntos

En la primera reunión de la mesa técnica se definieron cinco puntos, que serán la base para cambiar la forma actual del cobro por ese servicio.

Uno de estos señala que el pago sea proporcional al consumo, mientras el segundo propone que en la tasa que se incluye en las facturas de energía eléctrica solo se contemple el cobro por ese servicio.

En la actualidad, algunos municipios incluyen el cobro por extracción de basura, agua o costos de la operación de las bombas para servicio de agua entubada, así como energía de edificios municipales.

El tercer punto plantea tener “una efectiva contraprestación del servicio”; es decir, que los usuarios que no cuentan con el servicio no paguen alumbrado público o que las municipalidades estén obligadas a costear ese servicio.

El cuarto punto propone que todos los usuarios paguen, incluidos los grandes consumidores (industrias y comercios grandes).

Para efectuar el cambio se busca definir una metodología y la fórmula que debería aplicarse para garantizar un correcto cobro, “que permita que la prestación del servicio sea sostenible”, refirió en su oportunidad Luis Chang, ministro de Energía y Minas.

Los participantes en esa mesa de discusión creen que es necesario impulsar la transparencia en el manejo de fondos recaudados, para que sean auditados por la Contraloría General de Cuentas, lo cual se fijó en uno de los cinco puntos por discutir.

Según datos de las distribuidoras, para seis de cada 10 usuarios es más alto el cobro por alumbrado público que por el consumo propio, de acuerdo con cifras de las distribuidoras de energía y autoridades.

Dependiendo en qué municipio se ubique el usuario, por un mismo consumo, por ejemplo de 50 kWh, pagará montos que van de Q47 a Q125, debido a las distintas tasas de alumbrado público.

Sin embargo, también hay municipios, como Ixcán, Quiché, que cobran Q0.42 al mes.

El grupo encontró allí un nuevo lugar para vivir, pero su situación sigue siendo precaria, ya que el Gobierno los dejó abandonados y la Municipalidad no los apoya.

Arageme Gellida es una de las personas que llegó a la nueva comunidad y ha visto cómo la falta de interés de las autoridades los ha llevado a una situación difícil, de la que han salido poco a poco a través del apoyo que les han brindado organizaciones.

Muchos de los nuevos residentes tienen que ingeniárselas para sobrevivir, ya que la mayoría de quienes trabajan no ganan más de Q2 mil mensuales y deben sumarle altos cobros por energía eléctrica, a pesar de que algunos solo cuentan con un foco en sus viviendas  y pocos tienen televisión.

Gellida destacó que a la energía eléctrica se le suma el pago de Q35 de alumbrado público, pero es deficiente, porque solo seis lámparas hay en la comunidad, pero solo cuatro funcionan. 

El deficiente servicio de alumbrado público se une a otros males que afectan a esa comunidad.

“El alumbrado público es una de las cargas con las que cada mes sufrimos. Apenas hay seis lámparas y solo cuatro funcionan. Cuando una se quema tenemos que suplicarle a la Municipalidad que la cambie”, explicó Gellida.

La empresa Energuate, en su sitio web, detalla que ellos son un ente recaudador del cobro del alumbrado público, ya que las municipalidades y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) son las que establecen las tarifas.

“La CNEE establece la tarifa trimestral del alumbrado y las municipalidades fijan una tasa que también se usa para el mantenimiento de luminarias y ampliación del servicio”, explica Energuate.

En la actualidad en algunos municipios se incluye el cobro por extracción de basura, agua o costos de la operación de las bombas para servicio de agua u otros.

Además se pide “una efectiva contraprestación del servicio”, es decir que los usuarios que no cuentan con el servicio no paguen alumbrado público  o que las municipalidades estén obligadas a colocar ese servicio a todo el municipio.

Sin embargo hay otra visión de que todos los usuarios paguen por alumbrado público, incluyendo los Grandes Usuarios.
También se refiere que es necesario impulsar la transparencia en el manejo de fondos recaudados y cobrados y que estos sean auditados por la Contraloría General de Cuentas.

Los puntos surgieron en la primera reunión de la mesa técnica instalada con participación de autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), representantes de otros entes del Gobierno, diputados  y otros sectores, informó dicho ministerio.

En la actualidad ese cobro lo establece cada municipalidad pero no se hace de una forma estandarizada, algunos lo hacen por porcentaje sobre el consumo y otros por una cuota fija.

De esta cuenta que para 6 de cada 10 usuarios es más alto el cobro por alumbrado público que por el consumo propio según datos de las distribuidoras de energía y autoridades.

Para efectuar el cambio se busca definir una metodología, un cálculo matemático de la fórmula que debería aplicarse  y garantizar así un correcto cobro y “que permita que la prestación de servicio sea sostenible en el tiempo”.

En la actualidad, de 296 municipios en el aérea de cobertura de Deocsa Y Deorsa, existen 240 tasas de Alumbrado Público distintas, que van desde Q.0 hasta Q78 mensuales refirió el Ministro Luis Chang.

La semana próxima se efectuará la segunda reunión.

Eficiencia energética

Centroamérica creará fondo para eficiencia energética.

El fondo debe crearlo cada país, y para impulsarlo visitaron la región directivos de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica de México (FideMéxico). Quienes buscan definir la propuesta de diseño para la creación de un Fondo Regional de Eficiencia Energética para la región (FOREECA).

Se espera que sea aprobado en el mes de mayo en la próxima reunión de Ministros de Energía, de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

“No es lo mismo que un país instrumente una política aislada que una política regional. En el caso de Centroamérica hay toda una estrategia energética aprobada por los Ministros de Energía, y es una colectividad que va a ayudar para cubrir las necesidades reales de cada país; esto optimiza recursos, ideas y se globaliza las pretensiones en materia de eficiencia energética”, resaltó Jorge Toro, Subdirector Programa FIDE- México según los datos divulgados por el MEM.
Incluirá que podría incluir apoyo para cambio de electrodomésticos, como refrigeradores tanto en residencias, industrias y comercio.

La reglamentación técnica de eficiencia que se trabaja en la actualidad en la región incluye también iluminación que actualmente funciona en algunos casos con tecnologías obsoletas y poco eficientes, y el otro eje es la compra y utilización de motores eléctricos enfocado en la industria y cambio de electrodomésticos, como refrigeradores en los sectores residencial, industrial y comercial.

Problemática actual

• Convenio: Solo 130 municipalidades tienen convenio con la distribuidora.
• Cargo fijo: 293 municipalidades lo cobran como cargo fijo.
• Tasas varían: El 69% que cobra la tasa como cargo fijo, tiene tasas que varían entre Q.25 a Q.55 mensuales por usuario.
• Promedios: El promedio de la tasa por AP que se cobra mensualmente es de Q30 en el área de Deocsa y de Q40 en el área de Deorsa. En Eegsa es en promedio 13% sobre el consumo.
• Efecto en la factura del consumidor: En los casos de usuarios con consumos menores a 100 kWh, el cargo por alumbrado público es mayor al pago de su consumo de energía eléctrica. Dependiendo en que municipio se ubique el usuario, por un mismo consumo, por ejemplo de 50kWh pagará montos que van desde Q47 hasta Q125, debido a las distintas tasas de Alumbrado Público que existen en la actualidad.

De ese segmento, un millón 693 mil usuarios se encontraban en rango de consumo de uno a cien kilovatios/hora al mes, y eran subsidiados por el Inde.

Piden legislar

Las declaraciones de Chang fueron en el Palacio Nacional de la Cultura, después de una reunión con representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes buscan una solución a la tarifa de la energía eléctrica para todo el país.

En la reunión estuvieron presentes el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera, así como los ministros de Agricultura y Economía.

Chang precisó que se acordó formar una mesa técnica en la que representantes del Ejecutivo y Legislativo busquen una solución a las cuotas por alumbrado público.

 “Es importante legislar o ver la medida en la cual se busque una solución. Hay municipios donde se cobra más de alumbrado público que lo que consumen en su hogar”, razonó el funcionario.

Fidel Escún, representante de los 48 Cantones, dijo sentirse satisfecho con los resultados de la reunión.

El ministro de Energía, Luis Chang, dijo que una de las soluciones para disminuir la conflictividad es retirar ese cobro de la factura de electricidad, aunque la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) insiste en que permanezca, incluso que se agregue el pago de basura y agua.

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El jefe del MEM, insistió en que aprobar esa medida aumentará la conflictividad debido a que al incluir esos rubros en una misma factura los usuarios percibirían que el cobro de energía eléctrica sería más alto.

La forma de cobro actual, que en algunos municipios incluye altos montos fijos, distorsiona la percepción del usuario respecto al precio de la energía, destacó Chang.

Contrario a la opinión del MEM, Dimas Carranza, gerente de regulación de la distribuidora Energuate, considera que una de las soluciones es la iniciativa de ley que se discute en el Congreso.

Ambos fueron citados ayer por la bancada Creo. Los parlamentarios convocarán a otra reunión para discutir el contenido de un proyecto que ya se encuentra como iniciativa de ley presentado por otros diputados.

De 304 municipios del área de Energuate —Deocsa y Deorsa—, existen 240 tasas distintas que van desde ningún cobro en el municipio de Tecticán, Huehuetenango, o de Q0.42 en Playa Grande, Quiché. Pero hay otros hasta por Q78 en San José Petén, según el MEM.

Diferencia

Como el cobro es por municipio, en un departamento las tasas tienen altas variaciones ya que por un mismo consumo pueden ir de entre Q. 0.41 a Q50.

Un hogar que consume 60 kilovatios al mes debe pagar alrededor de Q48 por su consumo, pero a eso se le agregan otros Q60 por la tasa de alumbrado público.

Energuate refirió que seis de cada 10 de sus usuarios pagan más por alumbrado público, que por su consumo propio.

En la reunión en el Congreso, Chang señaló que Energuate ha fomentado los conflictos en el sector por varias causas. Una de estas dijo, es porque esa firma debe trabajar con las municipalidades acerca del cobro y cuestionó que la conflictividad se deriva de la mala calidad de servicio que causa malestar a los usuarios y que las distribuidoras deben velar por ello y hacer correcciones.

Sin embargo al consultarle si el MEM convocaría a un diálogo para cambiar la forma de cobro, solo hizo un llamado público a los alcaldes para corregirlos.

Mantienen cambios al subsidio a la energía

El reducción escalonada del subsidio a la energía eléctrica se mantendrá en pie, según los rangos de consumo y otras características, afirmaron ayer autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), durante una citación al Congreso.

Según funcionarios del Inde, con esa medida lograrán ahorros de Q180 millones ya que se necesitarán Q740 millones para cubrir el subsidio en el 2017, pero sin dichos cambios se hubiera necesitado Q920 millones. Los montos serán destinados a inversiones para ampliar la capacidad de las plantas generadoras. Incluso analizan, para el futuro, otros tipos de generación como geotermia, solar y eólica.

A pesar de las críticas de diversos sectores, el Inde defiende su decisión y asegura que tuvo Q760 millones de ingresos, menos de lo previsto por menor generación de energía, y que cerró los estados financieros con pérdidas de Q311 millones.

A eso se agrega que las empresas eléctricas municipales le adeudan Q1 mil 952 millones y no se logra recuperar, por ejemplo la deuda de Quetzaltenango, entre otras, añadieron.

Con los cambios al subsidio, percibirán aumento al precio de la energía 1 millón 300 mil usurios (de Energuate y de Empresa Eléctrica de Guatemala).

Por ejemplo para los 280 mil usuarios de Eegsa que consumen de 61 a 100 kilovatios hora al mes, el subsidio desaparecerá en febrero y para los 100 mil que demandan de 89 a 100 kWh al mes en Energuate desaparecerá en octubre próximo.

El escalonamiento para los segmentos de 1 a 60 kilovatios hora al mes tardarán tres años en ambas firmas, pero percibirán alzas mensuales.

“Lo recaudado por tasa de alumbrado ingresó al arca de las empresas. De esa forma las municipalidades carecen del control de sus ingresos propios, ya que todo esto va incluido en la facturación de los clientes de Deorsa y Deocsa”, agregó.

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Edwin Escobar, señaló que no hay ilegalidad si se toma en cuenta el artículo 96 de la Ley General de Electricidad, que autoriza ese tipo de convenios.

Mynor Amézquita, vocero de Energuate, manifestó: “Es un tema que ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, por supuestos hechos. Nosotros somos respetuosos de la ley”.

Chimaltenango

1. Chimaltenango
2. Parramos
3. Patzicía
4. San Andrés Itzapa
5. San Martín Jilotepeque
6. San Miguel Pochuta
7. San Pedro Yepocapa
8. Zaragoza

Chiquimula

1. Chiquimula
2. Camotán
3. Concepción las Minas
4. Ipala
5. Jocotán
6. Olopa
7. San Jacinto
8. San José la Arada
9. San Juan Ermita

El Progreso

1. El Jícaro
2. San Agustín  Acasaguastlán
3. San Cristóbal Acasaguastlán
4. Sanarate

Escuintla

1. Nueva Concepción

Huehuetenango

1. Aguacatán
2. Colotenango
3. Concepción Huista
4. Cuilco
5. La Democracia
6. Malacatancito
7. San Gaspar Ixil
8. San Miguel Acatán
9. San Rafael Independencia
10. San Rafael Petzal
11. San Sebastián Coatán
12. San Sebastián
13. Santa Ana Huista
14. Santa Bárbara
15. Santiago Chimaltenango
16. Todos Santos Cuchumatanes

Izabal

1. El Estor
2. Livingston
3. Los Amates
4. Morales
5. Puerto Barrios

Jalapa

1. Jalapa
2. Monjas
3. San Carlos Alzatate
4. San Luis Jilotepeque
5. San Manuel Chaparrón
6. San Pedro Pinula
7. Mataquescuintla

Jutiapa

1. Jutiapa
2. Agua Blanca
3. Asunción Mita
4. Atescatempa
5. Comapa
6. El Adelanto
7. El Progreso
8. Jerez
9. Quesada
10. Santa Catarina Mita
11. Yupiltepeque
12. Zapotitlán
13. Conguaco
14. Jalpatagua
15. Pasaco

Petén

1. Dolores
2. Flores
3. Melchor de Mencos
4. Poptún
5. San Andrés
6. San Francisco
7. Sayaxché

Quetzaltenango

1. Palestina de los Altos
2. El Palmar
3. Coatepeque
4. Colomba
5. Génova

 Quiché

1. Canillá
2. Chiché
3. Joyabaj
4. Patzité
5. San Bartolomé Jocotenango
6. San Pedro Jocopilas
7. Santa Cruz del Quiché
8. Cunén
9. Sacapulas

Retalhuleu

1. Champerico
2. El Asintal
3. Nuevo San Carlos
4. San Andrés Villa Seca
5. San Felipe
6. San Martín Zapotitlán
7. Santa Cruz Muluá

San Marcos

1. Catarina
2. El Quetzal
3. El Tumbador
4. La Reforma
5. Ocós

Santa Rosa

1. Barberena
2. Chiquimulilla
3. Cuilapa
4. Guazacapán
5. Nueva Santa Rosa
6. Pueblo Nuevo Viñas
7. San Juan Tecuaco
8. Santa Cruz Naranjo
9. Santa Rosa de Lima

Sololá

1. Nahualá
2. Panajachel
3. San Juan la Laguna
4. San Pedro la Laguna
5. Santa Catarina Palopó
6. Santa Lucía Utatlán
7. Santa Maria Visitación
8. Santiago Atitlán

Suchitepéquez

1. Chicacao
2. Patulul
3. Pueblo Nuevo
4. San Francisco Zapotitlán
5. San José el Ídolo
6. San José la Máquina
7. Santo Tomás  la Unión
8. Zunilito

Totonicapán

1. Santa Lucía la Reforma

Zacapa

1. Estanzuela
2. La Unión
3. Río Hondo
4. San Diego
5. Teculután
6. Usumatlán

Sin embargo, el tema no fue abordado  en la concentración, por la inasistencia  del jefe edil, quien desde el 21 de octubre último fue invitado por escrito. 

Ante la ausencia  de las autoridades municipales, algunos alcaldes auxiliares pretendían  e bloquear carreteras para obligar a Tiu Vicente a asistir a la actividad, pero los dirigentes de la actividad lograron persuadirlos para que no bloquearan rutas,  ya que la concentración había sido convocada para que se llevara a cabo de manera pacífica.

Líderes insistirán

Francisco Aceytuno, uno de los dirigentes de la Coordinadora de Comunidades de Sacapulas en Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, explicó que por la falta de interés del alcalde, los líderes de las comunidades harán acto de presencia de nuevo el lunes 14 de noviembre.

“El alcalde Tiu cuando era candidato a la reelección, se comprometió  al igual que el resto de candidatos a avalar, respetar y cumplir la carta de compromiso social suscrita en esa ocasión y que incluye el pago del servicio de alumbrado público y el reglamento municipal que contiene el aumento de las tasas, que a pesar de haberse publicado en el Diario de Centro América, para nosotros como pueblos originarios no es vinculante porque no se nos consultó”,  afirmó Aceytuno.

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Sin servicio 

Añadió que la inconformidad también es  porque en el área urbana no hay servicio de agua entubada;  sin embargo, por casa se paga Q15 y Q30 por cada negocio al mes.  “Es ridículo que no tengamos agua en el pueblo y quieran cobrar Q2 mil 500 por la conexión de cada servicio nuevo.  Por eso queríamos que el alcalde diera la cara”, afirmó.

Domingo Tum Mejía, de la Coordinadora de Comunidades de Sacapulas, informó  que el servicio de alumbrado público en las comunidades es deficiente  y caro.

“Nosotros proponemos que el pago mensual sea de Q5 y ojalá que el alcalde se atreva a dialogar con el pueblo que lo eligió.  El funcionario  se ha excusado al decir que el pago del alumbrado público no es de su competencia”, culminó.

El auxiliar departamental de la  Procuraduría de Derechos Humanos, Flavio Ruiz, informó que por una denuncia presentada por pobladores en octubre pasado contra del jefe edil de Sacapulas, se ha abierto un expediente que investiga la aparente negación de acceso a la información.

En reiteradas ocasiones se trató de conocer la versión del alcalde Juan José Tiu Vicente, pero no respondió las llamadas telefónicas no los mensajes de texto. 

El caso más reciente de suspensión fue el jueves 25 de agosto en Gualán, Zacapa, al cual se le desconectaron 16 de 1 mil 224 lámparas.

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El municipio tiene 24 facturas pendientes de pago, que suman Q5 millones 135 mil 483.99, informó Maynor Amézquita, vocero de Energuate.

Las lámparas desconectadas están ubicadas en áreas rurales, porque el área urbana la atiende la empresa eléctrica municipal del lugar.

Agregó que la firma se reunió el 24 de agosto con el Concejo de esa municipalidad, pero no le dieron la oportunidad de ofrecerles un convenio de pago.

Ese mismo día también hubo un corte parcial en Panzós, Alta Verpaz, por 23 facturas pendientes de pago que suman Q2 millones 191 mil 622.94.

En este caso se desconectaron 27 de las 636 lámparas, se informó.

En julio se tomó esa misma medida en El Quetzal y La Reforma, San Marcos. Estos adeudan, respectivamente, ocho facturas por Q1 millón 167 mil 433.41. y nueve facturas por Q948 mil 306.60, indicó la firma.

El corte del servicio en El Quetzal fue de 27 lámparas de las 916 que posee, y La Reforma, 22 de 671.

A los tres últimos lugares se les ofreció un convenio de pago, pero a fecha no se ha efectuado, indicó Amézquita.

La medida se basa en el artículo 50 de la Ley General de Electricidad y numeral 18 y resoluciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Esta permite la desconexión del servicio al acumularse dos facturas sin pago. 

El contrato corresponde a una renta mensual de Q29 mil 750, por 49 meses, el cual empezó el 1 de enero del 2015 y terminaría el 31 de enero del 2019.

El acuerdo emitido por el Concejo se basa en que las municipalidades no pueden contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de amortización exceda su periodo de gobierno.

Además, el Concejo estableció que las autoridades anteriores no efectuaron los estudios de prefactibilidad para demostrar el costo de cada lámpara, así como el efecto financiero que se obtendría mediante su colocación, pues utilizan tecnología LED.

También se señala que la empresa contratada no es un proveedor único del tipo de lámparas instaladas, por lo que se debió de haber efectuado un evento de licitación pública para la contratación.

En otros departamentos están Gualán, Zacapa, con Q60.67 por usuario, además de Cuilapa (Santa Rosa), Sansare (El Progreso) y Olopa (Chiquimula), que cobran entre Q55 y Q57 mensuales.

Lorena Flores, vocera de Energuate, refirió que seis de cada diez usuarios de las dos distribuidoras de esta firma pagan más por el servicio de alumbrado público que por consumo propio.

Ahora, la empresa está haciendo acercamientos con 90 alcaldes electos que asumirán por primera vez el cargo en enero próximo. En esas reuniones se les hace ver que hay formas más equitativas, justas y eficientes para cobrar ese servicio público.

Flores agregó que hay factores que influyen en los cobros, como en municipios de Petén, donde el área en que se ubican las comunidades es muy dispersa.

Distribuidoras empiezan a facturar

Respecto a los cambios de escalonamiento al subsidio extraordinario a la Tarifa Social, aprobados por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), la Empesa Eléctrica de Guatemala, S. A. (Eegsa) ya fue notificada el miércoles 3 de diciembre por la  noche por lo que ayer empezó la facturación dijo el gerente de planificación Carlos Rodas. Eegsa emite 40 mil facturas diarias.

Energuate refirió que ese mismo día fueron notificados pero que  empiezan a emitir factura este viernes.

El Consejo Directivo del Inde aprobó los cambios a la aplicación del subsidio extraordinario a la tarifa social, con lo que ese beneficio solo cubrirá hasta los 88 kilovatios/hora al mes (KWh) y ya no hasta los 100 KWh.

Con el cambio, a 175 mil 535 usuarios en el rango de 89 a 100 KWh se les reducirá de forma paulatina el subsidio, lo que conllevará un aumento de Q0.05 en cada trimestre (entre Q5 y Q6 en la factura). Para la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) el escalonamiento se hará en dos años, y para Energuate, en cuatro.

Sin embargo, 160 mil usuarios tendrán una tarifa más baja, ya que hasta noviembre pagaban Q0.75 y ahora pagarán Q0.50, dijo el gerente del Inde, Jorge Stalling. Este segmento consume de 0 a 60 KWh al mes.

El ministro de Energía, Juan Pablo Ligorría, dijo que el cambio se hizo con base en la nueva Encuesta de Condiciones de Vida 2014, mientras que la anterior fue con la versión del 2011.

El reenfoque al subsidio del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) era necesario para evitarle problemas financieros a la institución, señalan Carlos Colom, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) y el consultor Jorge García Chiu.

Colom, sin embargo, agrega que el cobro por alumbrado público debe hacerse en forma porcentual y con ello, quien consume menos, pagaría menos. “Si no se hace ese cambio en el caso de la tarifa social, aunque se siga dando el subsidio, solo nos estamos engañando a nosotros mismos, ya que el impacto del alumbrado público es alto”, afirmó.

Colom, expresidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), coincide con García Chiu en que se debe buscar la manera de que el costo de ese beneficio sea cubierto por el presupuesto del Estado. Esa misma postura ha reiterado en varias ocasiones la actual presidenta de la CNEE, Carmen Urízar. El Sindicato de Trabajadores del Inde (Stinde) también se une a esa postura.

García Chiu agrega que el reto consiste en cambiar la tecnología para lograr un ahorro de hasta 40% en el consumo de las lámparas públicas.

El Stinde propuso que el reenfoque sea para personas en pobreza y pobreza extrema y no solo por rango de consumo, ya que, en ocasiones, aunque este sea bajo se trata de negocios y oficinas o inmuebles con varios contadores.

El sindicato sugiere que se cree un canon para las hidroeléctricas privadas por el uso del agua, o que cobren al costo la energía para tarifa social.

Además, pide modificar espacios en el Consejo Directivo del Inde para que se eliminen los de las cámaras empresariales y Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y se agreguen la Universidad de San Carlos y el Stinde.

El secretario indicó a los pobladores que como municipalidad no tienen la posibilidad de subsidiar el costo mensual del alumbrado público, pero la propuesta de los campesinos de que sea Energuate quien asuma ese compromiso fue copiada textualmente en el documento enviado a la Comisión de Energía del Congreso de la República, para que proceda a dar trámite la petición.

Lang entregó una copia del documento a los pobladores que exigieron tener prueba por escrito del acuerdo.

El documento detalla: “Los vecinos presentes, a través del señor Domingo López piden que se elimine el cobro de la tasa de alumbrado público en los recibos de los usuarios, pero que ese costo no lo absorba la municipalidad sino que lo preste Energuate como un subsidio social”.

Domingo López, representante de los vecinos demandantes, dijo estar consciente que con la obtención del acuerdo municipal que avala sus peticiones no se ha logrado todo.  “Tenemos que seguir con nuestra lucha hasta lograr que Energuate se haga cargo de la tarifa fija por el alumbrado público”.

Agregó que con esto ya dieron el primer paso para la nacionalización del servicio eléctrico.
 

“Nos preocupa porque al usuario se le pide que haga uso adecuado de la electricidad; sin embargo, ellos como empresa no regulan el uso del alumbrado público”, dijo.

Agregó que esto puede causar mayores gastos, lo que implicaría que el usuario tenga que cubrirlos con su aporte mensual, situación que causa descontento.

Wilfredo Gutiérrez, otro poblador, explica que basta con efectuar un recorrido por algunas calles para darse cuenta de la cantidad de focos que no se apagan durante el día, y que la justificación de las autoridades es que se debe a problemas técnicos.

Destacó que eso genera en algunos sectores inestabilidad y bajo voltaje en el servicio domiciliar, lo que se traduce en constantes apagones.

La EEM tiene instaladas en todo el municipio nueve mil lámparas de mercurio, 200 de sodio y 200 mixtas, de las cuales entre 500 y 700 funcionan durante todo el tiempo, lo que genera un consumo mensual de Q507 mil 276.

Francis Chávez, gerente de la citada empresa, dijo que esa entidad tiene más lámparas de alumbrado público en comparación con los usuarios que pagan por ese servicio.

Agregó que en este rubro la EEM opera con pérdida, pues mensualmente debe pagar al Instituto Nacional de Electrificación Q507 mil 276, pero que solo recaudan Q262 mil 500.

Chávez dijo que una de las soluciones que se proponen es cambiar el tipo de focos, para reducir el gasto.

Energuate, generó el espacio de discusión para impulsar iniciativas en beneficio de los usuarios y del país. Es importante abordar este tema, promover y facilitar que las autoridades municipales conozcan prácticas y experiencias de otras regiones, para impulsar cambios en el modelo actual en Guatemala, tanto en metodología de cobro, como de eficiencia energética y planificación de la red de alumbrado público, afirma un comunicado de la institución.

En la actividad, que se efectúa en el hotel Intercontinental de la zona 10,  participarán expertos nacionales e internacionales que compartirán experiencias y brindarán recomendaciones para la administración eficiente del servicio de alumbrado público a alcaldes, diputados y autoridades del sector eléctrico, ya que es necesario que los tomadores de decisiones conozcan y tengan a su alcance la mayor información posible para generar propuestas en beneficio de los guatemaltecos.

Entre los expositores se encuentra el ministro de Energía y Minas, Erick Archila. Carlos Colom Bickford, Grupo IDC. Luis Enrique Grajeda, OSINERGMIN.. Victor Araujo, CNEE. Gabriel Gaudino, CIER y Dimas Carranza, de ENERGUATE-