Tribunal levanta medidas de coerción contra Claudia González, exmandataria de la Cicig

Le fueron levantadas las medidas de coerción a la abogada Claudia González, y en mayo comenzará el juicio en su contra por supuesto abuso de autoridad.

Óscar García y Elmer Vargas

21 de enero de 2026

|

13:01h

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Audiencia en la que le fueron levantadas las medidas de coerción a la abogada Claudia González. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, durante audiencia celebrada este miércoles 21 de enero, levantó las medidas de coerción que pesaban sobre la abogada Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), acusada de abuso de autoridad.

Las medidas revocadas fueron: arraigo, prohibición de salir del país, obligación de firmar cada 15 días en el Ministerio Público y restricción para movilizarse únicamente en el departamento de Guatemala.

Joseline Jacome, abogada de González, indicó en declaraciones a la prensa que solicitaron el levantamiento de las medidas de coerción por el derecho al trabajo que asiste a su defendida, y la juzgadora declaró con lugar lo solicitado.

Añadió que González continúa sujeta a proceso y que aún debe enfrentar el debate oral y público, aunque por ahora no está sujeta a medidas restrictivas de movilidad.

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Indicó que el juicio está programado para comenzar el 5 de mayo próximo.

González manifestó que lo resuelto representa un alivio; además, la jueza valoró su promesa de presentarse al proceso y su derecho a movilizarse libremente.

Según los señalamientos del Ministerio Público, González habría incurrido en el delito de abuso de autoridad al ordenar procedimientos irregulares contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.

El caso se remonta al 28 de agosto del 2023, cuando Stalling aún fungía como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y acusó a González de haber ordenado procedimientos anómalos en su contra por un caso de corrupción del 2017.

Para leer más: Confirman el fallecimiento de Blanca Stalling, exmagistrada de la CSJ

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Suspenden audiencia de exmandataria de Cicig y exigen investigar filtraciones

La audiencia de oposición solicitada por Claudia González, exmandataria de la Cicig, fue suspendida por acumulación de procesos. La defensa pedía que el MP reabriera una investigación sobre la filtración de información judicial en redes sociales.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

8 de abril de 2025

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17:21h

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Claudia González, exmandataria de la Cicig, a la espera de una audiencia en la que pedirá que se desarchive una investigación sobre filtración de información. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

El Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal suspendió este martes 8 de abril la audiencia de oposición de la abogada Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), debido a la acumulación de procesos, informaron fuentes judiciales.

Durante la audiencia, la defensa de González solicitaría que se ordenara al Ministerio Público (MP) desarchivar una investigación relacionada con cuentas en redes sociales que divulgaron información bajo reserva judicial.

La defensa de González busca que se reabra una denuncia presentada por la filtración de información sobre el proceso penal en su contra, en el cual se le señala por el supuesto delito de abuso de autoridad.

El requerimiento específico es que se identifique a las personas detrás de la cuenta en la red social X denominada “Yes Master”. Sin embargo, dicha solicitud no fue conocida debido a la suspensión de la diligencia.

Joselin Jácome, defensora de González, explicó que el objetivo era dar seguimiento a una objeción contra el archivo de la denuncia presentada por su patrocinada, en la que se advertía sobre la filtración de actuaciones judiciales. “Hubo cuentas en la red social X que filtraron información del expediente, actuaciones judiciales, y adelantaron datos que, en ese momento, los sujetos procesales no habíamos sido notificados. En ese contexto, había fuga de información”, afirmó.

La abogada recordó que el juez contralor del caso ordenó investigar los hechos; sin embargo, el MP decidió archivar el expediente al no individualizar a los presuntos responsables.

Según Jácome, el archivo del caso podría tener como finalidad evitar que se lleve a cabo el proceso necesario para identificar a quienes administran las cuentas desde las que se filtra información bajo reserva.

Suspenden audiencia de oposición en un caso relacionado con Claudia González

Claudia González, exmandataria de la Cicig, busca que no sea desestimado un caso de supuesta revelación de información.

Óscar García y Elmer Vargas

7 de enero de 2025

|

14:37h

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Claudia González, exmandataria de la Cicig, informa de la suspensión de la audiencia este 7 de enero 2025. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El Ministerio Público (MP) no acudió este martes 7 de enero a la audiencia programada en el Juzgado Sexto Penal donde se conocería una audiencia de oposición en un caso relacionado con Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En su momento, el juez Jimi Bremer resolvió dictar lo conducente contra el MP porque a través de cuentas de redes sociales se habría dado a conocer un día antes, que la audiencia de González se suspendería, esto a pesar de que el caso se encontraba bajo reserva.

Ahora, la audiencia se reprogramó para el próximo 8 de abril según resolvió el juzgador.

El 18 de marzo de 2024, el juez Bremer resolvió enviar a juicio a González, señalada de posible abuso de autoridad.

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Según los señalamientos del MP, la abogada habría incurrido en el delito de abuso de autoridad al haber ordenado procedimientos irregulares contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

González fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Stalling la señalaba de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un supuesto caso de corrupción.

En declaraciones a la prensa este 7 de enero, González explicó que la audiencia estaba programada para conocer la oposición a la desestimación de un caso que surgió del caso en el que está señalada de abuso de autoridad.

Recordó que cuando se suspendió la continuación de su audiencia de primera declaración, un día antes en redes sociales circuló que la audiencia sería suspendida, según publicaciones de net centers.

Para leer más: Claudia González y Blanca Stalling cruzan señalamientos luego de suspensión de audiencia de exmandataria de la Cicig

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Dijo que, aunque el caso estaba bajo reserva, salieron publicadas dos informaciones directamente del expediente.

González dijo que se oponen a que se desestime el caso, pero el MP no se presentó este martes a la audiencia.

Defensa de Claudia González pide que audiencia sea pública y juez suspende diligencia

Juez Jimi Bremer suspende audiencia de Claudia González y solicita un informe al MP respecto al papel de la prensa en el proceso contra la exabogada de la Cicig.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

30 de agosto de 2024

|

14:08h

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Claudia González, exmandataria judicial de la Cicig, enfrenta proceso judicial. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

La defensa de la exabogada de la extinta Comisión Internación Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González, solicitó este viernes 30 de agosto que la audiencia de ofrecimiento de pruebas fuera pública, lo que fue utilizado como argumento por el juez Jimi Bremer para suspender la diligencia y solicitar al Ministerio Público (MP) un informe sobre el papel de la prensa en el proceso judicial.

Además, la defensa y la propia González cuestionan que esa diligencia haya sido suspendida de nuevo, pues esta empezó desde hace 85 días, lo que califican como una violación de los derechos humanos.

Bremer, además de haber suspendido la audiencia solicitó un informe al MP para demostrar que los medios de comunicación que cubren el proceso tergiversan las audiencias, lo que hace que él y las demás partes procesales se sienten en peligro.

El informe solicitado al MP deberá ser entregado en un plazo de 10 días, según la resolución de juez.

Cristina Alonso, abogada de González, señaló que haber solicitado que la audiencia fuera pública no era motivo para suspender la diligencia de este viernes.

“El juez al resolver esta petición sobre la publicidad de la audiencia decidió pedirle al Ministerio Público un informe que pudiera o no acreditar si los medios de comunicación de alguna manera amenazan la integridad de los sujetos procesales y ordenó que fuera entregado en un plazo de 10 días y que por lo tanto se suspendía esta audiencia”, dijo la abogada.

Añadió que ante la suspensión de la audiencia presentó un recurso de reposición, pero las partes se pronunciaron en contra de ese curso y el juez lo declaró sin lugar.

Además, cuestionó que el juez no le diera la palabra a la procesada, pese que esta la solicitó al concluir la audiencia.

“No sabemos si dentro de 10 días nos van a resolver o no, o sea, violentando todas las garantías del proceso penal en mi contra no sabemos cuál es la intención de suspender la audiencia”, detalló González.

González explicó que el 5 de junio pasado comenzó esta fase del proceso y a la fecha no se concluye.

“Mi caso no es el primero, el caso de Stuardo Campos, el de Jose Rubén Zamora, todos los casos en donde hay personas criminalizadas hay suspensión de audiencias sin justificación alguna”, indicó. González fue enviada a juicio luego de una denuncia de la magistrada Blanca Stalling por abuso de autoridad. Stalling fue capturada por tráfico de influencias en el 2017, cuando González era mandataria judicial de la Cicig.

Reprograman audiencia previa a inicio de juicio contra Claudia González

El juez Jimi Bremer suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas del caso donde se señala a Claudia González, exmandataria de la CICIG.

Hedy Quino y Elmer Vargas

5 de junio de 2024

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17:47h

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La exmandataria de la CICIG, Claudia González, fue enviada a juicio porque se le acusa de cometer el delito de abuso de autoridad. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Para este miércoles 5 de junio se tenía programada la audiencia de ofrecimiento de pruebas, previo a que se inicie el juicio contra la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, sin embargo, fue suspendida por el juez Jimi Bremer, del Juzgado Décimo B.

La reprogramación de la misma se dio porque no se podía utilizar la sala después de las 14:00 horas, por ello se fijó el 25 de junio como nueva fecha.

González explicó que en esa audiencia se tenía previsto que el juez conociera las pruebas tanto del Ministerio Público (MP), como de los querellantes adhesivos, así como los de su defensa.

Una vez se presenten las pruebas, el juez debe programar el inicio del juicio y dictaminar qué Tribunal de Sentencia estará a cargo, detalló la abogada.

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Sobre el caso de la exmandataria de la CICIG

El 18 de marzo el juez Jimi Bremer resolvió enviar a juicio a González, señalada de posible abuso de autoridad.

Según los señalamientos del MP, la abogada habría incurrido en el delito de abuso de autoridad al haber ordenado procedimientos irregulares contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling.

González fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Stalling la acusaba de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El juez Jimi Bremer suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas dentro del caso donde se señala a Claudia González, exmandataria de CICIG del delito de abuso de autoridad.

La audiencia se reprogramó debido a que la sala únicamente podía utilizarse hasta las 14:00 horas. pic.twitter.com/1OWfNgBugL

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 5, 2024

Secretario general de la ONU se pronunció

El 8 de mayo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo sentirse “muy preocupado” por la situación de la abogada y defensora de los derechos humanos Claudia González, para quien pidió “un juicio justo”.

El portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que efectuó en la desaparecida CICIG, organismo que fue creado precisamente tras un acuerdo con la ONU.

En abril pasado, Amnistía Internacional también llamó a las autoridades guatemaltecas a que garanticen el derecho a un juicio justo con todas las garantías del debido proceso para Claudia González y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes de la CICIG, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Claudia González y Blanca Stalling cruzan señalamientos luego de suspensión de audiencia de exmandataria de la Cicig

Juez reprograma audiencia de exmandataria de la Cicig, Claudia González, y luego hubo cruce de palabras entre ella y la exmagistrada Blanca Stalling.

Oscar García y Elmer Vargas

9 de mayo de 2024

|

19:01h

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Claudia González y Blanca Stalling cruzan palabras afuera de juzgado luego de suspensión de audiencia. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El juez Jimi Bremer reprogramó este jueves 9 de mayo la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso de Claudia González, exmandataria de la Cicig.  La nueva fecha para la audiencia será el 5 de junio próximo.

Luego de ser notificadas, Blanca Stalling y Claudia González cruzaron unas palabras en las afueras del juzgado, según quedó documentado en video.

La abogada González fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Blanca Stalling, quien en ese momento era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la señaló de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

González espera a ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta sobre el proceder de la entonces magistrada Stalling.

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El 8 de mayo recién pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo sentirse “muy preocupado” por la situación de la abogada y defensora de los derechos humanos Claudia González, para quien pidió “un juicio justo”.

Cruce de palabras

Este jueves luego de la audiencia, González y Stalling tuvieron un cruce de palabras en uno de los pasillos en las afueras del juzgado.

González conversaba con observadores internacionales en el pasillo acerca de la reprogramación de la audiencia en su caso y segundos después en el video apareció Stalling, quien se acercó a la exmandataria de la Cicig para escuchar lo que hablaba.  

Luego interrumpió a González y cuestionó: “¿Qué violaciones a los derechos humanos?” Posteriormente recordó que estuvo presa año y medio y que González se oponía a que le dieran una medida sustitutiva.

“Pero en su caso usted ha cometido delito, yo no he cometido delito”, le dijo González a la exmagistrada, quien le respondió: “no vamos a discutir esto”.

“Nos vemos, con permiso”, añadió González.

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Defensa presentó memorial

González en declaraciones indicó que su abogado defensor presentó un memorial el lunes 7 de mayo para que no se suspendiera la audiencia y recordó que van dos meses de retraso desde la fase intermedia, lo que según ella violenta el debido proceso.

Dijo que los jueces deberían ser conscientes que si tienen una agenda deberían de “respetar”.

“Esto me atrasa considerablemente y el juez siempre se excusa de que su agenda está muy llena, entonces no hay eficiencia en el sistema de justicia, tendría que haber una evaluación de desempeño para saber cómo van funcionando este y los demás juzgados”, señaló.

Dijo que el “juez ni fundamenta, ni resuelve y no tenemos salas que puedan acceder a peticiones por el atraso del debido proceso”.

Mientras que a Blanca Stalling se le consultó de qué opinaba de que abogados de otros países llegaron para acompañar la audiencia y manifestó que Guatemala es un país independiente y “somos un estado de derecho, nadie tiene que venir a interferir en las decisiones de los jueces”.

“Yo creo que si algún guatemalteco en el extranjero se llega a presentar a los tribunales y quiere probar qué hacen los jueces o que hace la justicia de otros países, eso se llama interferencia judicial, obstrucción a la justicia, coacciones, amenazas y eso definitivamente nos va a llevar a un caos”, dijo.

Añadió que “si los países extranjeros quieren que Guatemala haga lo que ellos quieren, pues entonces que nos tomen como una colonia y definitivamente ya vamos a poder tener mayores accesos a una justicia mejor a la de ellos”.

“Nuestros emigrantes ya no van a tener que migrar hacia los Estados Unidos, vamos a ser un estado más, así valdría la pena si nos quieren como un estado, pero solo para entrometerse, para que hagamos lo que ellos quieren, no es justo, no es justo que estén tratando a Guatemala como si fuera una colonia, somos un país independiente, somos un país que tenemos democracia, somos un Estado, y como Estado tenemos que resolver nuestros problemas”, manifestó.

Según Stalling, abogados de otros países no conocen los casos y “vienen a entrometerse en lo que realmente desconocen, cuáles son los intereses, es lo que yo quisiera saber”.

Respecto de la reprogramación de la audiencia, Stalling dijo que al sistema de justicia en Guatemala le hace falta presupuesto para tener más tribunales y jueces, justificó que “no es fácil para los jueces llevar esa carga de trabajo” por la cantidad de casos.

Para leer más: Sectores internacionales cuestionan allanamientos en casa de padres de Juan Francisco Sandoval y captura de su abogada

También le consultaron si se va a postular para algún cargo en el proceso de elección de cortes y respondió que no se postulará “porque sé que las presiones que hay en nuestro país no permiten que los funcionarios podamos tomar decisiones libres”.

También le preguntaron si ha sido presionada en algún momento por lo que indicó: “siempre he sido presionada y por eso fue a la cárcel”.

Añadió que un grupo de funcionarios le pidió que trabajara con ellos cuando fue presidenta de la Cámara Penal para que resolviera casos “que a ellos les interesaba, presionando jueces para que resolvieran conforme a lo que ellos querían”.

Recordó que fue encarcelada a través de un “juicio montado” y que González dice que ella cometió delito, lo que calificó de “falso”.

Secretario de la ONU pide un “juicio justo” para la abogada guatemalteca Claudia González  

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice estar “muy preocupado” por situación de Claudia González,  exmandataria de la Cicig.

EFE

8 de mayo de 2024

|

14:52h

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Claudia González, exmandataria de la Cicig, deberá enfrentar un juicio por una denuncia impuesta por Blanca Stalling. (Foto Prensa Libre: Esbin García) 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este miércoles 8 de mayo sentirse “muy preocupado” por la situación de la abogada y defensora de los derechos humanos Claudia González, para quien pidió “un juicio justo”.

El portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que efectuó en la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo que fue creado precisamente tras un acuerdo con la ONU.

Según indicó Dujarric, Guterres reconoce “la importante labor de esa comisión y su personal a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.

El secretario general recordó que, según los términos pactados entre el Gobierno guatemalteco y la ONU, el personal de la Comisión debía quedar protegido contra los abusos, represalias e intimidaciones por el ejercicio de su labor.

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Caso contra González

La abogada González espera a ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta en 2017 sobre el proceder de una magistrada del Tribunal Supremo.

En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) llamó también a las autoridades guatemaltecas a que garanticen el derecho a un juicio justo con todas las garantías del debido proceso para Claudia González y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes de la Cicig, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La Cicig desapareció en septiembre de 2019, luego de que el Gobierno del entonces presidente Jiimmy Morales (2016-2020) decidió no renovar el mandato de la organización, debido a que las investigaciones que realizaba supuestamente estaban salpicando su imagen.

La decisión de no renovar el mandato recibió críticas de organizaciones no gubernamentales del continente americano, las cuales indicaron que la decisión abría la puerta a la impunidad.

La Cicig y la Fiscalía habían pedido desaforar al entonces mandatario para que pudiera ser investigado por un posible delito de financiación ilícita en la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder.

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La abogada fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Blanca Staling, quien en ese momento era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusaba de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El 18 de marzo recién pasado, el juez Jimi Bremer, del Juzgado Décimo B, resolvió enviar a juicio a Claudia González, exmandataria de la Cicicg, señalada de posible abuso de autoridad.

Este 12 de febrero se llevó a cabo la audiencia para discutir el acto conclusivo en el Juzgado Décimo B, a cargo del juez Jimi Bremer.

La audiencia se realizó a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Al finalizar la audiencia, la abogada González, quien es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, informó que el Ministerio Público (MP) dio los argumentos y pidió que la ligaran a proceso.

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Añadió que la querellante adhesiva -Blanca Stalling-, se adhirió a la petición que hizo el MP, mientras que las abogadas de González pidieron el sobreseimiento del caso.

“El juez dice que como tiene que analizar todos los medios de prueba, tiene que diferir la audiencia, y lo pasó, se había puesto una fecha próxima, pero para concordar agendas con los demás abogados, quedó el 18 de marzo. Hasta el 18 de marzo sabemos si el juez nos resuelve, qué va a resolver, si me mandan juicio o declara sobreseimiento”, dijo González.

Expresó que con todo el análisis que hizo su equipo de abogados consideran que cabría el sobreseimiento.

“Con todo el análisis que hizo mis mis abogadas y el análisis del expediente consideramos que cabe el del sobreseimiento, pero vamos a tener que esperar hasta el dieciocho de marzo a ver qué sucede”, mencionó González.

Afirmó que seguirá con las medidas que le otorgó una corte en noviembre de 2023, en la cual se le daba libertad condicional, lo que se cumplió el 16 de noviembre pasado.

“Sigo con las mismas medidas y esperando lo mejor porque sí hubo una actitud muy agresiva de la de la querellante en la audiencia, pero bueno, tendríamos que pedir siempre en forma de derecho que se respete la dignidad de los sujetos procesales y el respeto en la audiencia”, señaló la exmandataria de Cicig.

La abogada señaló que hay muchos medios de prueba que corresponden en contra de ella y por eso confía en el sobreseimiento del caso.

Al consultarle si ella sabía por qué no habían dejado entrar a la prensa a la audiencia o si el caso se había declarado en reserva, la abogada respondió que el caso no está en reserva, pero que el juez argumentó su decisión de impedir el ingreso de periodistas pues se tergiversaba la información y se sentían intimidados.

González dijo que esa decisión es contraria a la Constitución Política de la República de Guatemala sobre la publicación de las decisiones jurisdiccionales y control social sobre las decisiones de los jueces.

El caso

La abogada fue detenida el 28 de agosto de 2023 porque Blanca Staling, quien en ese momento era magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusaba de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El 22 de septiembre de ese año, el juez Bremer ligó a González a proceso penal y la envió a prisión preventiva en la cárcel de Matamoros. 

El 19 de julio de 2023, el juez Bremer fue sancionado por Estados Unidos acusado de “corrupción y socavar la Justicia”.

“Les puedo asegurar que vamos a seguir este proceso para defender mi dignidad“, dijo a periodistas tras salir de una audiencia la exfuncionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Una corte resolvió la semana pasada que el juzgado que procesa a González debía otorgarle libertad condicional, medida acatada este jueves.

La abogada de 56 años estaba en prisión preventiva en una cárcel de la capital desde agosto y recuperará su libertad en horas de la madrugada del viernes, según normas del sistema carcelario.

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La Fiscalía la acusa de iniciar sin autorización una investigación en 2017 contra una magistrada de la Corte Suprema señalada de presionar a un juez para favorecer a un hijo envuelto en un caso de corrupción.

“Vamos a pelear hasta el último momento nuestra libertad para demostrar que soy inocente“, afirmó González.

Ella es parte de un grupo de exfiscales, exjueces y otros juristas que investigaron casos de corrupción y que ahora están detenidos o exiliados luego de que la Fiscalía abriera procesos contra ellos.

La mayoría de ellos son acusados de abuso de autoridad por la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, a quien Estados Unidos incluyó en 2021 en una lista de personajes “corruptos”.

La Fiscalía guatemalteca también ha sido criticada por la comunidad internacional por acciones en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo, con el aparente propósito de impedir que asuma el poder en enero.

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La CICIG fue una entidad avalada por la ONU que entre 2007 y 2019 desbarató redes de corrupción en el Estado guatemalteco.

A González se le otorgó arresto domiciliario “en su propio domicilio sin vigilancia alguna” y quedó obligada a presentarse cada 15 días al Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente a firmar el libro respectivo y no podrá salir del país sin autorización del Juzgado.

Esto ocurre 49 días después de que el juez décimo “B”, Jimi Bremer la ligara a proceso penal por el delito de abuso de autoridad y la enviará a prisión preventiva en la cárcel ubicada en el cuartel Matamoros.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción. Según el juez Bremer existen indicios de que cometió las irregularidades cuando laboraba como mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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La abogada es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington.

Precisamente, el mismo día que González fue capturada, el 28 de agosto de 2023, el Ministerio Público realizó un allanamiento en la casa donde viven los padres de Sandoval.

El día de su detención, González aseguró a periodistas que el caso en su contra era una “persecución política” y criticó el procedimiento que aplicó el juez Bremer en su contra por no citarla a declarar antes de ordenar su detención.

Antes de su captura, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.

El 29 de agosto, el encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, había condenado la detención de la abogada González y la consideró como “una manipulación al sistema de justicia”.

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras.

El secretario “también denota con preocupación que otros exempleados de la Cicig están siendo investigados por las autoridades judiciales, en algunos casos por su trabajo con la Cicig”, añadió el portavoz.

González se encuentra privada de la libertad desde hace más de un mes, señalada de un supuesto abuso de autoridad cuando estaba a cargo de una investigación contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.

Stalling fue procesada por intervenir para eliminar acusaciones en contra de uno de sus hijos.

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En su comunicado, la ONU explicó que lleva tiempo recibiendo informes que apuntan al uso de procesos judiciales como represalia contra las personas involucradas en la investigación y persecución de casos de corrupción con la Cicig.

“El Secretario General recuerda la importante contribución de la CICIG y de su personal a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala“, dice el comunicado de la ONU.

En el comunicado, el secretario general hace un llamado a las autoridades para que “protejan al personal de la CICIG (ya sea internacional o nacional) de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación a causa de su trabajo“.

La Cicig fue una iniciativa de Naciones Unidas que fue creada en 2006 y desmantelada en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales.

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Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

The Secretary-General is deeply concerned by the detention and prosecution of a former official of the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), Claudia González, for activities relating to her work for that body.

Statement https://t.co/mFIGEISO2C

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) September 28, 2023

El juez Bremer decidió ligar a proceso a González por considerar que existen indicios de que cometió irregularidades cuando laboraba como mandataria de la Cicig y decidió mantenerla en prisión preventiva.

Antes de conocer la resolución en su contra, González había denunciado que se trata de un caso de “persecución política” en su contra.

González seguirá en la prisión Matamoros, ubicada al norte de la capital guatemalteca, mientras el Ministerio Público (MP) avanza en la investigación en su contra. Para eso la Fiscalía tiene tres meses.

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Pese a que la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y que una persona detenida conozca los cargos en su contra, González llevaba 25 días en prisión sin que eso ocurriera, por lo que su defensa señalaba que se trababa de una detención ilegal.

De esa cuenta, se presentó una exhibición personal a favor de González y aunque la Sala Cuarta de Apelaciones rechazó ese recurso le dio el pasado jueves 48 horas al juez Bremer para que resolviera la situación legal de la abogada, pues el juzgador había programado la audiencia para el 27 de septiembre próximo debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) considera que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la Constitución”, por lo que instaron al juez a que cumpliera la orden de la Sala.

En una carta publicada por Wola señala que González “sufre una detención injusta”, por lo que esperan que “recupere su libertad inmediatamente”.

Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

La resolución de la Sala se da en el marco de una exhibición personal a favor de González, la cual fue promovida por el abogado Alejandro Rodriguez Barillas, al considerar que, al no haberse dictado auto de procesamiento puede considerarse una detención ilegal.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

Ese día, la defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

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La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

En la resolución la Sala detalla que por unanimidad “resuelve sin lugar la presente Acción Constitucional de Exhibición Personal, promovida por el Abogado Alejandro Rodríguez Barillas a favor de la Abogada Claudia González Orellana”.

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Sin embargo, la Sala determinó que “se fija el plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del presente auto al Juez “B” del Juzgado Décimo Pluripersonal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, para que lleve a cabo la continuación de la audiencia que se suspendió el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, tomando en consideración que está dentro de sus facultades prolongar la audiencia fuera de los horarios hábiles”.

Además, ordena que si hubiera incomparecencia del Ministerio Público (MP) “se llame a un fiscal o auxiliar fiscal de planta o de turno”.

Respecto a esa resolución, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado para que el juez Bremer cumpla con lo ordenado por la Sala, pues consideran que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la constitución”.

En una carta publicada por Wola señala que “las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente para que se cumpla lo ordenado por la Sala Cuarta y que Claudia González Orellana, quien sufre una detención injusta, recupere su libertad inmediatamente”.

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Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Añade que González ha permanecido detenida 24 días sin que se haya resuelto su situación jurídica, “lo cual representa una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece un plazo máximo de 24 horas para determinar la situación jurídica de una persona detenida (Artículo 9)”.

También dice que “La Convención Americana de Derechos Humanos en el Artículo 7.6 establece que: ´Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales´”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

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El juez penal Jimi Bremer decidió no realizar la audiencia debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora y trasladó la cita para el próximo 27 de septiembre.

La defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley guatemalteca establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

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González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

Bremer, a cargo del caso contra la exfuncionaria de la Cicig, fue sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

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González, quien es defensora de operadores de justicia que han tenido que salir exiliados, indicó al subsecretario que se encuentra preocupada por su caso, ya que el juez penal Jimi Bremer decidió declararlo bajo reserva, evitando el acceso a los medios de comunicación y observadores internacionales.

“Lamento que mi caso no sea público porque quería que todo mundo viera que es un caso nuevo de criminalización y no hay elementos de prueba, ni investigación”, denunció la abogada previo a la audiencia.

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La exfuncionaria de Naciones Unidas fue denunciada por supuestas acciones anómalas cuando estaba a cargo de la persecución penal contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.

Previo a su detención, González era la responsable de la defensa del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, así como de otros cinco funcionarios que han denunciado ser víctimas de persecución política.

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, luego de que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras iniciara procesos penales en su contra. EFE

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La captura de González ha causado preocupación en sectores internacionales, al tiempo que Claudia González ha señalado que su detención es un caso de persecución política.

De acuerdo con la Fiscalía, González es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

Este martes 29 de agosto el Reino Unido se pronunció sobre la detención de González, quien es defensora de más de cinco exoperadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

González aseguró el lunes pasado que su detención es una persecución política de parte del Ministerio Público (MP), cuya cúpula está sancionada por EE. UU., que la incluyó en una lista de actores corruptos.

De esa cuenta, el Reino Unido rechaza la captura de González y dice que esas acciones erosionan la confianza en el poder judicial, según escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter, James Dauris, director adjunto de las Américas del Reino Unido.

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El mensaje de Dauris agrega que “El Reino Unido comparte la preocupación internacional por la detención en #Guatemala de la abogado y exfiscal @Claudia_GonzaO”.

También dice que “es preocupante ver que esta y otras acciones erosionan aún más la confianza pública en el poder judicial y el ministerio público, y en la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Por su parte, González dijo el pasado lunes que “desde el año pasado estaba preparada porque hay varios casos en mi contra”.

“Están violentando mis derechos constitucionales”, alegó González al juez penal Jimmi Brenner, quien autorizó la orden de captura en su contra por un supuesto caso de “abuso de autoridad” y que intentó enviarla a prisión preventiva sin antes haber efectuado una primera audiencia para darle a conocer los motivos de su captura.

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El juez Brenner a cargo del caso fue sancionado este año por el Departamento de Estado de Estados Unidos por corrupción. Además, fue el mismo que ligó a proceso penal al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.

La exmandataria de Cicig fue enviada a prisión preventiva y su audiencia será renaudada el próximo 7 de septiembre.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía, González, quien trabajó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

“Esta es una acusación totalmente falsa. Lamento que el Ministerio Público siga con esto y ya sabemos que es usual que usen el sistema para mantenernos en prisión”, declaró González a medios de comunicación al ser trasladada a la Torre de Tribunales.

Stéphane dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señaló que el funcionario “expresó su preocupación por los recientes allanamientos y órdenes de detención contra la abogada Claudia González y ex fiscales del MP”.

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Además, dijo que la oficina de la UNU en Guatemala observa el desarrollo del caso.

“El Secretario General observa con preocupación informes sobre recientes redadas y órdenes de arresto contra fiscales guatemaltecos y una exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González”, dice la declaración.

Agrega que “recuerda las importantes contribuciones de los dedicados funcionarios de justicia y, durante su período de funcionamiento, de la CICIG y su personal, a la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Además, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció al respecto y escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que “recibo noticias muy preocupantes sobre la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y ex fiscal Claudia González Orellana en #Guatemala”.

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Agregó que “las autoridades deben garantizar sus derechos”.

En esa misma línea, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados señaló que “las autoridades deben garantizar sus derechos, incluido el derecho a acceder a un abogado de su elección”.

Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se pronunció al respecto de la detención de González y dijo que “acciones como la denunciada hacen perder credibilidad en la justicia y su funcionamiento”.

Almagro agregó: “Nuestra condena y el llamamiento a respetar las instituciones y guiarse por los preceptos y pilares del Estado de Derecho”.

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Además, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), escribió en X que “defender #DDHH no es delito. Lo que sí es delito es usar el sistema penal para perseguir a abogados, jueces, fiscales y otros operadores de justicia que defienden la democracia y los derechos fundamentales”.

Con base en eso, Jiménez señaló que “exigimos inmediata liberación de la abogada Claudia González”.

“El objetivo de la Fiscal Porras está claro: garantizar la impunidad en investigaciones de corrupción y tomar venganza”, indicó por su parte en X el subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch, Juan Pappier.

Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., escribió en su cuenta de X que “el inaceptable ataque del @MPguatemala hacia los defensores de justicia @Claudia_GonzaO, @JSandoval1982 y Eva Siomara Sosa, por abogar por la transparencia y #RendiciónDeCuentas, socava la #Democracia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala. Condenamos la flagrante manipulación del sistema de justicia como un arma”.

Además, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU. escribió en la misma red social que “Estados Unidos condena categóricamente el abuso de poderes procesales por parte del @MPguatemala  para intimidar a quienes como Claudia González, Juan Francisco Sandoval y Eva Siomara Sosa buscan transparencia y rendición de cuentas en su país”.

Detalles del operativo

El operativo y detención de González estuvo a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, institución cuya cúpula es dirigida por agentes sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar la justicia y corrupción”.

En la actualidad, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Sandoval y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.

Además, la Fiscalía allanó la casa de los padres del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Sandoval rechazó las acciones de la Fiscalía y aseguró que estaban “amedrentando a mis padres, quienes son adultos de la tercera edad” por supuestos casos donde ellos no están involucrados.

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras.

Con información de EFE y AFP