Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aparte de minimizar los riesgos de anomalías en la declaración de impuestos, también evitará que terceras personas intenten importar o declarar el ingreso de mercancías bajo la figura de maquilas sin que las empresas estén informadas o que las importaciones no sean de ellas.

También se podrán detectar riesgos internos, ya que las empresas deberán registrar a sus representantes legales y estos, a su vez, designar a quien reportará en el sistema.

Irregularidades

El superintendente, Marco Livio Díaz, y el intendente de Aduanas, Werner Ovalle, indicaron que se presentaron 22 denuncias contra empresas que simulaban la exportación de ropa y otros casos, que suman Q450 millones.

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En la actualidad, hay mil 50 empresas activas en ese régimen, y en el 2021 representaron el 8.4% de las operaciones aduaneras de importaciones.  “Las mercancías que ingresaron en el año 2021 bajo la modalidad de maquilas representaron un valor FOB de US$23.8 millardos”, refirió Ovalle.

Hablar de 22 casos en 1 mil 050 maquilas, es un número bajo de empresas, pero se tiene que ordenar esa parte, agregó. Y según él, la nueva herramienta va a permitir ordenar esa parte para que no haya ese tipo de diferencias.

El funcionario agregó que se están investigando otras dos empresas del régimen 29-89 por declaración inexacta en valor, caso que se va a judicializar. Aparte, hay otra maquila que estaba vendiendo en el mercado nacional, y ya inició el proceso.

En la conferencia de prensa, Ovalle señaló que se ha detectado el ingreso de mercancías como cigarrillos, del cual ya hay una denuncia judicial, además ropa terminada y alimentos que no van  con el giro autorizado.

Otra irregularidad es que algunas de estas empresas importan tela y botones, pero reportan volúmenes anómalos, como el hecho de que para un pantalón usan 10 yardas de tela y 300 botones, ejemplificó el intendente.

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La herramienta es apoyada por Ministerio de Economía (Mineco) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y el Sistema Integrado de la Oficina de Regímenes y Perfeccionamiento Activo (OPA).

Esta herramienta permitirá a las empresas importadoras de este régimen, confirmar electrónicamente de manera fácil, rápida y segura la recepción de materia prima ingresada a su empresa, para gestionar posteriormente su proceso de descargo de cuenta corriente ante la OPA, manteniendo el control de sus operaciones y evitando malas prácticas de personas que intervienen en el proceso de importación, explicaron los funcionarios.

La herramienta está disponible en http://seadexweb.export.com.gt/sdx/home . En esta, el representante legal de cada empresa deberá nombrar a la persona autorizada para la gestión de recepción de mercancías y así poder operar sus descargos de Cuenta Corriente con éxito. De lo contrario, puede presentar inconvenientes en el proceso.

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Al respecto, el viceministro de Economía, Lisardo Bolaños, comentó que esta medida ayudará al incremento de la recaudación, pero también aportará generación de confianza para la atracción de inversión extranjera y generación de empleo.

Pero también se asumen otras responsabilidades y permite reducción de riesgos de operaciones en las empresas cuando no existe claridad, y se fiscalizan acciones que se prestan para algún tipo de abuso, agregó. Luego de este sistema de los controles implementados a maquilas y exportación, seguirán las zonas francas, se indicó.

En tanto Amador Carballido, director General de Agexport, dio que se ha crecido a un ritmo muy grande de exportaciones en el 2021, pero que el sector exportador compite en muchos ámbitos que requieren herramientas como el régimen 29-89. Dicha herramienta, al fortalecer el régimen,  también beneficia al exportador, agregó.

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Esta se encuentra registrada en la Comisión Guatemalteca de Normas (Coguanor) que es el organismo nacional de normalización, adscrito al Ministerio de Economía (Mineco).

Sin embargo, las fuentes consultadas refieren que esta norma no es de aplicación obligatoria, sino se aplica de forma opcional para las empresas que prestan esos servicios.

Guillermo Cuellar, secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Canopy Guatemala (ACG) explicó que esa organización fue creada con el con el propósito de hacer una promoción en conjunto para el resguardo y protección de las personas y se trabajó en esa norma.

¿Qué acciones implementar?

Expuso que se encuentran en pláticas con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) para impulsar que una normativa como esa se pueda volver obligatoria y que por medio de Asociación y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) se pueda hacer una verificación en conjunto.

La evaluación la tendría que hacer un tercero, como Conred u otros entes ya que somo Asociación no pueden ser juez y parte, comentó. La organización ha trabajado en impulsar acciones para avalar las diferentes atracciones de canopy que existen en diversos parques asociados y otros que se han ido sumando con el tiempo y están en el proceso de adecuación a la norma, mencionó el directivo.

Es decir cuando se integran a la asociación ésta respalda la verificación el terreno y avala la propuesta de construcción por medio de algunos de sus asociados expertos en este tema, explica el directivo.

En la actualidad hay unos 40 parques con canopy en el país, y 30 de estos forman parte de la asociación.

En el caso del incidente mencionado el parque no se ha adherido a la organización y tampoco ha implementado la norma existente, dijo Cuellar.

A su criterio, aunque una norma no sea obligatoria una empresa puede tener implicaciones legales al no cumplir con hacer los procesos que establece la normativa.

Agrega que no basta con poner un rótulo que refiera que la persona sube por su cuenta y riesgo. Eso no los exime de una responsabilidad ya que para eso existen las hojas de desistimiento que es un documento legal que el participante llena, anota su Documento Personal de Identificación (DPI) y firma, además de hacer los procesos de mantenimiento del equipo explicó Cuellar.

Estos procesos incluyen el grosor y calidad del cable además del mantenimiento y revisión continua no solo de este sino del equipo a usarse, se agregó. Se deben tener procesos y documentos que evidencien que tienen una buena práctica.

Sin embargo, hay otros parques que se han unido a la asociación y han adoptado las buenas prácticas, agregó Cuellar.

Trabajan en manuales de buenas prácticas

El directivo explicó que ya cuentan con manuales de buenas prácticas los cuales se han trabajado con la Mesa Nacional de Turismo de Aventura junto con el Inguat.

Además, con este ente y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) se está trabajando en la creación de cursos para guía especializado en aventura. También se busca que se cree la capacitación para operadores de canopy.

Se prevé que estos se implementen en el segundo semestre del año.

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Recomienda a las personas que quieran usas las atracciones de canopy que puedan consultar a la asociación mencionada para saber qué parques cumplen con los requisitos básicos mínimos que establece la norma.

Las consultas pueden hacerla por medio de la dirección de correo electrónico canopyguatemala@gmail.com o el número de teléfono 5307 4836.

Entre julio y agosto se prevé relanzar la página electrónica donde también se podrá hacer ese tipo de consultas y ver la lista de parques afiliados.

Cuellar considera que se puede hacer canopy en Guatemala de manera segura y divertida pero las empresas deben seguir trabajando en las buenas prácticas y el usuario debe consultar y enterarse de cada parque.

Qué hacer, según el Inguat

El subdirector del Inguat, Juan Pablo Nieto reconoce la labor que se ha hecho al impulsar las norma de Coguanor, (en la cual participaron delegados del Inguat) y recomienda que se puedan cumplir con los diferentes puntos de seguridad.

Sin embargo refiere que la ley no faculta ni obliga al Inguat a llevar un control, registro y verificación de esas atracciones, a diferencia del registro que lleva de establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y operadores de turismo.

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Lo que lleva en forma general esa entidad es un inventario de atractivos turísticos y segmentos turísticos, pero no puede verificar cada atracción existente, porque además necesitaría un equipo grande de personal, explicó Nieto.

A este lugar (Parque Pino Dulce) la asociación lo ha invitado a unirse a esa organización y hacer su proceso según la normativa pero no han accedido según expuso el subdirector.

Lamentablemente no hay una institución estatal que este facultado u obligado a verificar estas atracciones, es un tema relativamente y en los países han tenido que ir implementado acciones, añadió.

“Es uno de temas que hay que ponerle atención, para definir qué entidad se pueda hacer cargo de verificación de que todo esté seguro” aunque dijo que es difícil que el ente de turismo lo certifique.

Recomiendan certificarse

Edwin Arriaza, auditor regional de Control Unión Guatemala, explicó que existen diversas normas Coguanor que tienen contemplado lo que se refiere a la seguridad ocupacional para infracciones físicas mientras que el alcance para operar le compete al acuerdo del Ministerio de Trabajo 229-2014 donde está relacionado tanto con ese ministerio, Conred y el IGSS.  Si embargo esto se refiere a normas de seguridad para el trabajador.

• En el caso de normas que se refieran a actividades poco convencionales para el canopy no se pueden aplicar en caso de incidente con algún usuario (que no sea trabajador). Entonces, refirió es responsabilidad de cada empresa planificar su operatividad en base a los riesgos específicos que pudiera conllevar sus actividades.
• Incluso el acuerdo ministerial se queda un poco corto en ese tipo de actividades, añadió.
• Coincidió que el Inguat en las diferentes mesas de actividades turísticas de buenas prácticas, pero aún no se están aplicando.
• En la legislación nacional que hay un vacío, ya que con el acuerdo en mención, si no es un accidente laboral el Ministerio de Trabajo no puede entrar a verificarlo, añadió.
• Las empresas pueden apoyarse en organismos de certificación que pueden llegar a verificar que todo el equipo se encuentre en condiciones, y verifique el estado de cumplimiento, aspecto que le ayudaría al usuario la tranquilidad de hacer uso de este tipo de actividades recreativas.

“Coguanor lo que hace es determinar cada una de las normas internacionales a la realidad guatemalteca, su función no es verificar, solo redactar reglamentos técnicos”, por eso recomienda la certificación y verificación por un tercer ente privado.

Los parques que integran la Asociación de Canopy Guatemala

(Datos proporcionados por dicha organización)

1. Amatique Bay, Izabal
2. Antigua Canopy Tours, San Felipe, Antigua Guatemala
3. Aquaventura, Carretera Puerto Quetzal, Escuintla
4. Canopy Concepción Chuiquirichapa,  Baja Verapaz
5. Canopy Tikal Tours, Flores, Petén
6. Cascadas de Tatasirire, Jalapa
7. Chajil Siwan, Totonicapán
8. Chuiraxamoló, Santa Clara La Laguna, Sololá
9. Circo del Aire, Santa Inés, Antigua Guatemala
10. Eco La Castalia, San Marcos
11. Finca El Patrocinio, Quetzaltenango
12. Green Rush, Guatemala
13. La ruta del Yalu, San Jose El Yalu, Sacatepéquez
14. La Taltuza Loca, Chimaltenango
15. Parque Cerro Alto, Jalapa
16. Parque Chatún, Esquipulas, Chiquimula
17. Parque ecológico Hun Nal Ye, San Pedro Carchá, Alta Verapaz
18. Parque Ixpanpajul, Petén
19. Parque Vuelo Extrem, Quetzaltenango
20. Parque Xulik, Retalhuleu
21. Parques del Irtra, Retalhuleu
22. Paseo Cayalá, Ciudad Guatemala
23. Paseo Xejasmín, Chimaltenango
24. Remansos de Tecpán, Chimaltenango
25. Reserva Natural Atitlán, Panajachel, Sololá
26. Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez
27. Senderos del Abuelo, Quiché
28. Tenamit Maya, Río Dulce, Izabal
29. Valle Dorado, Zacapa
30. Villa Amanda, Suchitepéquez
31. Xpark, Guatemala

¿Qué es Coguanor?

La Comisión Guatemalteca de Normas (Coguanor) es el organismo nacional de normalización, adscrito al Ministerio de Economía, según Ley del Sistema Nacional de la Calidad decreto 78-2005 del Congreso de la República, se explica en la página electrónica del Ministerio de Economía.

La principal función de Coguanor es desarrollar actividades de normalización que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y elevar la calidad de los productos y servicios que dichas empresas ofertan en el mercado nacional e internacional.  Su ámbito de actuación abarca todos los sectores económicos.  Las normas técnicas que elabora, publica y difunda, son de observancia, uso y aplicación voluntarios.

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En el contexto actual, las posibilidades de que exista lavado de dinero en la actual campaña política serán muy remotas y por primera vez el control financiero lo ejercerá el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los partidos políticos.

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Con el inicio de la campaña electoral corta en comparación de otros eventos, los partidos empezaron a recibir ayuda y a reportar sus gastos. Los candados establecidos cierran la posibilidad de que  dinero proveniente de actividades ilícitas penetre en la campaña.

Esta fue una de las conclusiones del foro Lavado de Dinero, su prevención, implicaciones y consecuencias hacia la campaña electoral 2019,  organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).

Aunque el crimen organizado buscará saltarse los controles,  con los candados establecidos ahora en la Ley Electoral y de Partidos Políticos se podrán detectar  actividades sospechosas que se dirijan a financiar a las agrupaciones políticas, así como sus orígenes.

Por otro lado, con los techos establecidos en la Ley de Gastos, por Q29 millones para cada agrupación, se podrá determinar con “mayor exactitud” el costo de las campañas políticas.

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Siete bancos del sistema financiero ya fueron habilitados para  que los partidos políticos abran sus cuentas.

Techos y restricciones

Geovanni Rodríguez, jefe de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos del TSE, expuso que con los cambios a la ley se crea el libro de financistas, que, por un lado, brindará mayor transparencia. Además, el sistema financiero tendrá que facilitar los estados de cuentas de los partidos políticos.

Jorge Francisco Marroquín, delegado de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), dijo que ahora la mayor responsabilidad está del lado de  los partidos políticos y existe una campaña de prevención y control. “Los partidos políticos son tratados como clientes y se les están aplicando todos los controles de prevención”, expuso.

#DecisiónLibre2019 | El representante de la IVE, expone que los oficiales de cumplimiento deben evaluar riesgos y prevención durante la campaña. Los perfiles de riesgo son claves y si existe un rompimiento se activan las alertas. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/MGCMC9MATK

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) March 19, 2019

Rodríguez añadió que existe un pilar de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así como un cruce de información con otras instituciones. Este se hará con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), SIB y la Contraloría General de Cuentas de la Nación, información que será “aprovechada” al máximo.

También se puso a disposición la herramienta “cuentas claras”, que tendrá la función de recopilar los informes de ingresos y gastos y cada mes se actualizará y se harán públicos esos datos, para que la ciudadanía conozca a los financistas.

De acuerdo con el Reglamento, un financista no podrá aportar más del 10% del límite de gasto en campaña, y no al partido. Ese porcentaje equivale a unos Q2.9 millones y el financista debe justificar los fondos.

“Los financistas deben saber que ahora tienen una responsabilidad y que por obligación deben documentar y registrar todos los aportes, ya sean dinerarios o en especie”, afirmó.

 Blindaje

La abogada Sandra Zayas, experta en temas de lavado de dinero y  fue panelista en el foro, subrayó que si las aportaciones que recibirán las agrupaciones son en efectivo habría que tener la certeza del origen de los fondos y de que sean lícitos.

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Respecto de las aportaciones no dinerarias como  servicios de transporte o renta de  sedes de los partidos, tanto personas  como empresas automotrices o inmobiliarias   tienen que cumplir con los procedimientos.

Sayas indicó que en los controles nunca se había dado una situación tal, además de que el Ministerio Público está trabajando su campaña preventiva y muchas veces las personas no se informan y desconocen sobre el financiamiento.

Agregó que es muy difícil que se dé lavado de dinero en las campañas, por el financiamiento limitado y la existencia de  la unidad de control, así como los convenios que hizo el TSE con los bancos del sistema para unificar los controles.

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Sin embargo el funcionario expone que le da tranquilidad que una empresa con experiencia haya instalado el sistema y no un albañil sin experiencia.

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¿Este edificio tiene licencias cuando se trata de este tipo de instalaciones de gas?

Ellos no contaban con licencia, el lunes 18 de febrero, tratamos de acercarnos al lugar del accidente y no nos dejaron entrar porque estaban ahí los de los seguros.

El 18 y 19 de febrero no nos dejaron entrar, logramos acceso hasta el miércoles 20 y ya también contactamos a la empresa que hizo la instalación.

¿Cuál el nombre de la empresa?

Es la empresa Reginsa. Eso nos dio mucha tranquilidad porque Reginsa ha hecho instalaciones similares en otros edificios.

¿Y por qué les dio tranquilidad si ahora explotó? nos puede informar que pudo haber sucedido

Ese tema de los accidentes es como los carros o aviones, desafortunadamente cuando hay un accidente por gas es muy notorio y en este caso con la malísima suerte que salieron dos personas muy lastimadas. Pero entonces hay que ver la cantidad de accidente provocados por gas aunque no son tan frecuentes hacen mucho ruido, gracias a Dios no son tan frecuentes si tomamos es en cuenta del número de instalaciones.

Por eso es que yo hacía el símil con cuantos hay accidentes aéreos, bendito sea Dios hay muy pocos, pero lo que pasa es que cuando se cae un avión es noticia de primera plana, pero nunca va haber un medio que le diga que cuantos vuelos hay sin novedades hay en todo el mundo, sin embargo hay un accidente aéreo y se vuelve noticia.

Me atrevo a hacer el símil de cuánta gente usamos gas, porque yo también lo uso en mi casa para cocinar y además es mucho más barato, la cantidad de accidentes en relación al número de usuarios es baja, aquí lo que lamentamos es que salió gente que se lastimó mucho, que tuvo heridas serias de consideración.

¿Para una instalación de gas qué tipo de licencias necesita?

Dependiendo de la categoría y del volumen del gas que se instala a veces se requerimos licencia de instalación que es una revisión teórica de planos del diseño y a veces pasamos directamente a una licencia de operación, cuando es una instalación pequeña.

Lo que nos va a regir es el número de galones que se instalen.

Según la experiencia que ha tenido de otros sitios similares al edificio del condominio ¿cuál de las dos necesitarían?

Aquí es la de operación. Porque ellos solo tienen un tanque de 500 galones.

¿Qué momento pudo haber fallado en la línea de autorización?

Ese fue un descuido administrativo de no haber solicitado su licencia.

Le decía, y usted tal vez no me logra captar por qué me da tranquilidad al saber quien hizo la instalación, y es que si me dijeran que fue algún albañil que nunca había hecho una instalación ahí si estaríamos muertos del miedo. Pero si la hizo una empresa que tiene experiencia en este tipo de instalaciones, que montó un sistema similar en unas torres mucho más grandes hace bastante tiempo y nunca ha habido problemas, en ese sentido nos da tranquilidad.

En efecto ellos tienen planos, ya nos pusimos, obviamente, en contacto para contarle las costillas a esta empresa, ya nos demostraron que sí tienen planos y ya empezaron inmediatamente a tramitar su licencia, la cual por supuesto que vamos a ser muy estrictos en la revisión del diseño e instalaciones antes de otorgarla.

¿Quién debe hacer los trámites de la licencia en estos casos?

Deben de pedirla antes de empezar a operar por supuesto.

Pero ¿quién lo hace, quien construye o quien desarrolla?

Eso es una decisión administrativa.

Le comento que este tipo de instalación aún no es común en Guatemala, la mayor parte de nosotros a nivel personal o a nivel de edificios seguimos usando cilindros, aunque hay muchos edificios que no permiten el uso de cilindros.

Últimamente, y eso lo vi a nivel personal no como funcionario, hay edificios relativamente nuevos que permiten el uso del cilindro, pero queda en la parte de afuera del edificio y le hacen una especie de un búnker pequeño precisamente previendo algún tipo de problema.

En este caso que ninguna de todas las partes hizo una solicitud de licencia. ¿Qué sanciones puede emitir el MEM y a quién se le emiten?

A la empresa que está como responsable ahorita.

¿A la empresa que instaló el gas?

No, ahí los responsables y los que van a tener que pagar es la empresa que está administrando por decirlo así. Ellos tomaron la responsabilidad de esta operación y a ellos se les va a multar.

¿Cuál es la sanción?

• Son tres sanciones diferentes, una fue por no habernos dado acceso cuando nosotros llegamos, aunque después lo justificaron. Esas multas generalmente son de unos Q5 mil.
• Luego por no tener la otra licencia es de unos Q20 mil.
• Y tres por licencia de operación que es de Q10 mil.
• Entre todas las multas podría llegar a Q40 mil.

¿Qué dependencia del MEM hace esta revisión y emitir multas?

Es la Dirección (General de Hidrocarburos) la que tiene que emitir las multas.

¿En qué consiste el sistema (de gas)?

Consiste en que no son cilindritos, y este sistema consiste en un tanque grandote de 500 galones que en este caso se instaló en la azotea del edificio.

Esto es muy parecido a los sistemas que se usan en Estados Unidos, en donde usted conecta su manguera, como si fuera el agua, y cada apartamento tiene instalaciones para proveer tres equipos con gas: uno es el calentador de agua, dos es la secadora de ropa y tres la estufa. En cada apartamento hay un dispositivo que tiene tres salidas. Cada quien decide si quiere usar dos, tres o una.

¿Cuántos edificios hay con este tipo de sistema en Guatemala?

No le podría dar un número exacto, pero estimo que no son muchos, no creo que pase de 10 edificios con esta modalidad de servicios de gas generalizado.

Los edificios relativamente modernos, pero no tan modernos, por temas de seguridad no permiten el uso de cilindros de gas.

Ahora, que todos se saltaron los requerimientos ¿qué tiene que hacer el MEM para que no vuelva a pasar?

Ahorita estamos esperando que nos ingresen los documentos, hacemos una revisión primero de escritorio para ver el diseño y luego vamos a volver a ir, ya no a ver las causas como se han ido dos o tres veces, sino ver que en realidad lo que ellos nos están presentando en planos sea lo que en realidad se construyó, es un doble chequeo de gabinete y chequeo de campo en las instalaciones.

¿Hay alguna sanción que por falta de licencia o autorizaciones que el MEM pueda decidir clausurar el condominio?

No, no es cerrar el condominio. En estos momentos el sistema de gas está suspendido, desde el momento del accidente hasta que ellos no autoricen la licencia de operación ellos no pueden usar el sistema de gas. Eso es lo que nosotros podemos hacer como Ministerio y como Dirección General de Hidrocarburos.

¿Hay alguna ley o reglamento que establezca que en algún momento ustedes pueden cerrar o clausurar un edificio, y en este caso un condominio?

No. Aquí solo vamos a concentrarnos en la instalación propiamente, pero el edifico sigue de hecho esa torre creo que tiene 80 apartamentos y algunos optaron por no usar el servicio de gas. Hay como 15 o 20 apartamentos que no usan el servicio de gas.

¿Aparte del MEM hay alguna otra entidad que ve estos permisos de gas con lo que ustedes se coordinen?

Cada institución de Gobierno lo hace independientemente, naturalmente le puedo decir que otro ministerio que tiene que ver con eso es el ministerio de ambiente y recursos naturales, pero ellos desde el punto de vista de impacto al medio ambiente y ellos en general van a revisar todo el edificio.

Menciona que este edificio va a pedir las licencias. ¿Quién lo hace?

Ahorita son los de la administración. Es un edificio que se terminó hace aproximadamente hace 5 años y ha funcionado. Gracias a Dios no hubo ningún incidente desde que empezó a funcionar hace aproximadamente hace cinco años.

Con la experiencia que usted menciona que tiene la empresa que instaló el sistema de gas ¿Ellos tendrían que haber requerido la licencia o autorización que pide el MEM?

No le podría decir porque no fui parte del equipo.

¿Pero a todos se les pasó cumplir con esa autorización?

Eso si le puedo afirmar, sea como haya sido no la pidieron, fue un error de parte de ellos, no sé de quien, no puedo puntualizar.

Me interesa que podamos trasladar tranquilidad a la gente que está ahí. La empresa ya terminó la revisión de todos y cada uno de los apartamentos que usan el sistema de gas, lo que no queremos una cuestión de pánico.

La explosión

El domingo 17 de febrero hubo una explosión en un apartamento del quinto piso, de la torre 2 del Condominio Santa María Las Charcas. zona 11.  En el lugar María José Carrillo, quien espera bebé, y su esposo Luis Carlos Porras sufrieron severas quemaduras cuando ocurrió una explosión de gas.

Se trata de un complejo de tres torres de apartamentos, proyecto desarrollado por la firma Pro Urbano según la página electrónica del proyecto.

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Werner Ovalle, intedente de Aduanas, explicó que ayer sostuvieron la última reunión con los representantes de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), Izabal, para determinar la hoja de ruta.

“Las líneas de acción que nos presentará Empornac, somos optimistas y esperamos que las adopten con seriedad”, explicó Ovalle, luego de acudir a una citación al Congreso.

El funcionario explicó que se requirió un pliego de cambios y acceso a información, sobre todo en los recintos de contenedores, el cierre de puertas de ingresos y salidas, así como el acceso del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Puerto Quetzal

En el caso de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), la intendencia hizo 171 requerimientos, que representan 289 actividades o acciones.

Bernardo López, presidente de la EPQ, explicó que entre estas están desde recepción y entrega de nuevas garitas de control para la intendencia, la recepción y entrega de nuevas bodegas para almacenar decomisos hasta trazabilidad de contenedores.

“A la fecha se avanzó 51% de los requerimientos y se espera cumplir en las siguientes semanas. Dependen también de la ejecución presupuestaria para cumplir”, enfatizó.

El intendente explicó que la EPQ ya opera como Depósito Aduanero Temporal (DAT), mientras que la Empornac aún no.

El DAT significa que se facilitará la gestión aduanera y la transparencia.

Además, que las portuarias se convierten en un auxiliar de la función pública, al tener mejor control del ingreso y egreso de mercancías y graneles y, además, el recinto contará con automatización de controles de la descarga de contenedores.

Plan operativo

Ovalle explicó que en los primeros días de agosto la SAT presentará una propuesta para mejorar las operaciones portuarias.

En general, lo que se pretende es mejor coordinación en la zona primaria, acceso a las rampas, y compartir información y controles en el CCTV.

La SAT advirtió del cierre de aduanas a principios de mes si no se tomaban acciones.

Por aparte, López dijo que la EPQ ya fue notificada del levante de la intervención de la Terminal de Contenedores Quetzal.

Los trabajadores de la inspectoría de dicho ente denunciaron que no se les ha dado el apoyo necesario en capacitación, equipo, oficina y más personal para cumplir con esa ley y que, en esas condiciones no se responsabilizarán de las consecuencias legales.

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El colocar sanciones a trabajadores creará un colapso, porque estarían sancionando a quien denunció que se le están incumpliendo sus derechos, comentaron.

Las sanciones para el trabajador o sindicato van desde dos a 20 salarios mínimos diarios del sector no agrícola, mientras que para el empleador o patrono son entre dos y 18 salarios mínimos mensuales, del sector no agrícola.

Mientras las autoridades brindaban una conferencia de prensa para dar a conocer datos de las nuevas disposiciones legales los inspectores se reunieron afuera del despacho y denunciaban que no se les ha dado el apoyo necesario en capacitación, equipo, oficina y más personal para cumplir con esa ley. Por ello, refirieron en grupo, que no se responsabilizarán de las consecuencias legales. Aunque aclaraban que no están en desacuerdo con las reformas sino con la falta de apoyo.

Plazo de 30 días hábiles

De este 6 de junio en adelante se tiene un plazo de 30 días para resolver cada denuncia, aspecto que las autoridades califican de positivo. Explican que en promedio cada caso tardaba entre 30 a 45 días, ahora la ley establece un plazo específico lo cual ayuda a tener más certeza.

Sin embargo los inspectores refieren que en las condiciones de falta de personal, equipo y apoyo no se podrá cumplir con ese plazo ya que hay casos que están en lista de espera y tardan hasta cuatro meses para la fijar una audiencia.

Carlos Sandoval, inspector general de trabajo, expuso que cuentan con 241 personas en inspectoría además que buscan lograr contratar 125 más en el  2018, para lo cual necesitarían unos Q9 millones. Los funcionarios aseguran que sí se les brindó capacitación, y esperan que la resistencia a las nuevas disposiciones disminuya y desaparezca. 

Sin embargo los trabajadores también se quejaron que no todos se dedican a la labor de inspectoría y ejemplificaron que para el departamento de Guatemala solo hay 17 personas asignadas para visitaduría y el número total mencionado por Sandoval se debe a personal también asignado a diferentes regiones del país. Agregaron que la única capacitación o directriz que les dieron es que les dieron a leer las nuevas reformas.

Los trabajadores indicaron que no están en desacuerdo con el decreto en mención sin embargo dijeron que en las condiciones que denuncian no se responsabilizan de las consecuencias legales que pueda traer esa legislación.

El otro cambio es que así como hay denuncias a las cuales se les puede dar seguimiento con visitas, ahora con la nueva ley les permite citar a la sede administrativa (en el Ministerio) a los patronos o empleadores para hacer la inspectoría, entre estos como la denuncia por falta de emisión de un certificado del IGSS o inspecciones por posmorten.

Denuncias

En el 2016 el Mintrab recibió alrededor de 40 mil denuncias e hizo igual número de inspecciones, y en cinco meses del 2017 se reportan ya 25 mil dijo Sandoval.

Las denuncias más constantes que se dan son por no pagar el salario mínimo, y prestaciones como el bono 14 y el aguinaldo agregó.

Las empresas con más constantes denuncias en contra son del sector de seguridad privada, se añadió.

Las denuncias que entraron hasta el 5 de junio, antes de la vigencia de las reformas, se le aplicará la ley antigua, refirieron.

En la conferencia participaron el secretario general del Ministerio Felipe Sánchez y Marcelo Richter asesor del despacho.

Richter respondió que analizaron la ley que reforma el Código de Trabajo debido a las dudas que generó un posible error de redacción en el Congreso respecto al artículo que se refiere a la derogatoria de las leyes, pero indicó que el criterio es que esta ley cobró vigencia este 6 de junio y  no se autoderoga, además que se necesitaría una ley posterior para derogarla total o parcialmente.
 

La entidad estatal le recuerda a las empresas o prestadores de servicios de turismo que deben registrarse ante el Inguat basados en el decreto 1701 del Congreso de la República que contienen la Ley Orgánica de ese ente, y los reglamentos relacionados.

La verificación del contratista se puede hacer a través de la central de llamadas del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) en el teléfono 1500.

Los controles se efectúan para garantizar la calidad de los servicios y “evitar futuras sanciones por incumplimientos de los mismos”.

Los negocios que deben registrarse son: establecimientos de hospedaje, agencias de viaje (tanto receptoras, emisoras y mayoristas), guías de turismo, academias de español, empresas turísticas con sistema de tiempo compartido, marinas turísticas, oficinas de información, empresas de transporte turístico.

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Guías de turismo

Según datos del Inguat actualizados a enero de este año hay registrados 961 guías de turismo,  de los cuales 286 con comunitarios, cinco especializados, 358 están calificados como generales y 286 locales.

Hoteles

También hay registrados 795 hoteles, que proveen 19 mil 181 habitaciones.
Según los datos del Inguat, 722 no tienen especificada categoría, y 73 establecimientos tienen categorías de 2 hasta 5 estrellas.

Agencias de Viaje

Se reportan registradas 798 agencias de viajes.

Escuelas de español

Se registran 109 escuelas de español, 56 activas y 53 en proceso.

Controles necesarios

Carlos Jiménez, integrante de la Cámara de Turismo de Guatemala en la filial de Petén, refiere que es necesario ese tipo de controles.

En ese departamento, refirió, alrededor del 90% que viaja a la Riviera Maya  no llevan contratados hoteles, guías, traductores o transporte sino hasta que llegan a los sitios turísticos o puntos de salida hacia estos.

Esa situación, a consideración de Jiménez,  agrava la situación porque  existen muchos “coyotes”, que están inscritos pero prestan los servicios, principalmente de transporte, incluso en contubernio con hoteles y restaurantes.

El directivo llama coyotes a quienes venden servicios sin estar registrados en el Inguat por lo que es difícil que garanticen el servicio o denunciarlos por los usuarios, indicó.

“Hay agencias (de viajes) que hasta les dan talonarios para que vendan el servicio sin estar registrados. Por aparte lamentablemente hay algunos ladrones que cargan talonarios vendiendo servicios sin respaldo y la agencia o transportista que ofrecen no existen y estafan a las personas”.

Jiménez refirió que el Inguat en Petén ha tratado de minimizar esa situación pero le ha sido muy difícil porque necesitan más respaldo para contrarrestar esos “servicios piratas”.

Nancy Mejía, directora ejecutiva de Camtur, también hizo un llamado a la población ya sea turistas nacionales o extranjeros, a que traten por los  medios a su alcance de verificar que las empresas estén registradas y sí existan los servicios.

Agregó que los guías de turista deben tener visibles su carné, los cuales deben estar actualizados a este año.

En el caso de los hoteles deben tener sus registros y sus tarifas máximas y mínimas autorizadas por el Inguat.

Mejía coincidió con Jíménez respecto de que han existido casos de estafa por medio de agencias de viajes “fantasmas” que se aprovechan de la gente y venden servicios que no existen o de mala calidad, comentó.

“Como cámara respaldamos estos controles que está impulsando el Inguat” y también hacen un llamado a los usuarios a reportar cualquier anomalía al 1500, que es el centro de llamadas del Inguat, o las oficinas de Camtur, 2472-7356.

Se intentó ampliar la información con el Inguat, ente que ofreció brindar más datos pero no ha respondido hasta ahora.

Las palabras exactas del ministro de Finanzas fueron: ““ya no aguanta más parches”. En su opinión,  la actual legislación ya  ha tenido múltiples reformas. Carlos Mencos por su parte, afirmó que existe una comisión de discusión, y esperan que el Ministerio de Finanzas (Minfin) se integre.

La conclusión principal de ambos es la necesidad de una nueva ley como un desafío en el esfuerzo contra la corrupción.

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La creación y puesta en vigencia de una nueva ley de contrataciones no se puedes hacer de forma inmediata, ya que necesita discusión con diferentes sectores,  tener los sistemas adecuados para operar, además de ser más eficientes.

Según Estrada,  primero se deben generar y fortalecerlos sistemas necesarios para operar controles, facilitación de transacciones (Guatecompras, Sicoin, registros, transacciones electrónicas, entre otros, ampliar la subasta inversa, sistemas de compras).

Se discute necesidad de reformas a leyes para adquisiciones públicas. Carlos Mencos refiere que la Contraloría es un ente también preventivo pic.twitter.com/akYBbN5VZK

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) February 16, 2017

Además,  deberán decidir si la propuesta debe ser generada por el Ejecutivo y posteriormente la discuten con la sociedad, o hacen un proceso en que la propuesta la genere los sectores.

Mencos refirió que la nueva legislación deberá tener diferentes parámetros en cuanto a los requisitos, controles y tipos de compras, por segmento, es decir crear una normativa de disposiciones especiales para el sector salud, bienes, para servicios, obras, y otros.

Controles y auditorías

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Jafeth Cabrera, vicepresidente del país, dijo en un foro del tema, que una de las críticas es que el plazo para dar resultados de las auditorías que efectúa la Contraloría es muy largo, en ocasiones de dos años. Y se agregó que no ejecuta una acción preventiva.

Aunque Mencos refutó esa parte y defendió que la entidad que dirige sí ha efectuado auditorías o acciones preventivas, como lograr la suspensión de la construcción de la Ciudad de la Salud que impulsaba el IGSS, y que podría significar una inversión de unos Q3 mil millones, entre otros.

La semana pasada se aprobó el nuevo reglamento de la Contraloría, con el cual se reenfoca el tipo de auditorías que se efectuarán ya no solo destinadas a verificación cuantitativa de gastos y procedimientos de contratación, sino que hará observaciones de la calidad del gasto, según el destino que se dispuso de los recursos basados en el presupuesto.

“Necesitamos que los auditores conozcan más el sector que están fiscalizando, y hagan también una evaluación a través auditorías de desempeño para ver si las instituciones públicas están orientado sus recursos en atención a una política pública, en atención a la agenda 2030, la atención de las metas de Milenio y de temas de desarrollo sostenible”.

Demandará muchas horas de trabajo y hacer una interacción con el personal, agregó el funcionario.

Apoyo de Suecia

El Gobierno de Suecia continuará apoyando las diferentes acciones para la búsqueda de transparencia, y mantiene su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), con la cual se tienen resultados impresionantes dijo el Ministro de Administración Pública de ese país, Ardalan Shekarabi, quien también participó en la actividad.

Refirió que mantienen interés en que se fortalezca el sistema de compras de Guatemala, si el país así lo desea, y mantienen apoyo con  diálogo con la agencia sueca especializada en contrataciones.

En foro de adquisiciones públicas participó el vicepresidente Jafeth Cabrera. Indicó que dejará de funcionar la Copret y se creará otro ente pic.twitter.com/mZ444yBthB

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) February 16, 2017

“Se esta creando una gran expectativa a nivel de todos los contribuyentes, sobre todo los inviduales porque mezclan operaciones mercantiles y personales en sus cuentas, y con la vigencia de la ley tendrán que separarlas”, dijo Juan Carlos Paredes, analista fiscal independiente.

En ese sentido, se deberán separar las cuentas que son estrictamente mercantiles —que estarán sujetas a los ajustes— y llevar una contabilidad, como lo ordenan las reformas al Código de Comercio.

La confusión, según Paredes, es respecto de las operaciones bancarias personales, lo que ha generado preocupación general.

“Las modificaciones ordenan que ahora todas las cuentas bancarias deberán pasar por un control de libro contable, y si existe incumplimiento y dudas razonables de los movimientos de las empresas, la SAT podrá iniciar investigaciones de revisión de cuentas”, afirmó.

Aplicación

Para Saulo de León, experto en temas bancarios, existe incertidumbre de cómo la SAT aplicará la normativa, porque no existe un criterio definido ni procesos establecidos, y las autoridades se han referido únicamente a las facultades que tiene la autoridad tributaria de solicitar a un juez acceso a las cuentas de los contribuyentes.

El experto dijo que existen dos tipos de acciones, una relacionada con la información en poder de terceros, y la información bancaria de una contraparte y si un contribuyente tiene negocios con otros habrá obligación de entregar datos.

Además, dijo que existen dudas sobre la materialidad de la información en términos contables, porque todos los comerciantes deberán tener registros.

“Las barbas en remojo están en cómo hacer y cómo reflejar este registro de cuentas bancarias en mis sociedades”, aseguró.

Sin documentación

El otro gran problema, resaltó De León, es que las empresas no tiene rigor en el uso de las cuentas bancarias, porque no existe la costumbre de documentar y llevar soporte o respaldo de todas las transacciones que se efectúan en las cuentas bancarias.

En todo caso, explicó que las acciones de la SAT deberán de llevarse a cabo de manera gradual y los contribuyentes tendrán que hacer un inventario de todas sus cuentas.

La información bancaria es tan amplia como los créditos, transferencias, operaciones cuenta-cuenta —back to back— financiamiento y líneas de crédito, entre otras.

Miler Estrada, analista independiente, afirmó que otro aspecto que genera incertidumbre es que las investigaciones del secreto bancario empezarán cuando entre en vigor la normativa —el 23 de febrero próximo—, pero que las autoridades de la SAT han manifestado que investigarán casos de cuatro años atrás, porque la faculta el Código Tributario.

De León asegura que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mostró recientemente su preocupación por las tipologías de negocios que se reportan en el sistema bancario regional.

Además afirmó que incrementaron las alertas por el flujo de recursos vinculados con el crimen organizado que se mueve en el sistema bancario de los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala).

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De León Escribano habló con Prensa Libre sobre la reunión en Washington D. C.

¿Cuáles fueron los resultados de la reunión?

Miembros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. nos comentaron la importancia de tomar conciencia de que somos una región y no un país.

La parte del Triángulo Norte es una preocupación —para ellos— sobre todo por los negocios y el manejo de recursos que provienen del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico.

En ese sentido, se advirtió sobre reforzar los controles en el sistema bancario.

¿Que preocupaciones les hicieron notar?

La importancia en los controles necesarios de los bancos al cumplimiento de las normas establecidas para el lavado de dinero.

Por supuesto, está claro que en el Istmo hay países donde los sistemas bancarios y controles tienen más problemas que otros, pero en definitiva, la visión que se tiene ahora por el Departamento del Tesoro es regional.

También con los bancos corresponsales —entidades en el exterior que hacen operaciones con los bancos locales en alianzas— que todas las entidades tenemos en la región y que la mayoría opera en los EE. UU.

¿Están pidiendo trabajar en conjunto contra el lavado de dinero?

Sí, como el intercambio de información y la coordinación para mejorar la escala de cumplimiento. En definitiva, compartir el flujo de datos será fundamental entre los bancos del sistema.

¿Qué mecanismos se estarían implementando?

Ya hay acciones de coordinación. En el caso de Banrural, que tiene plaza en Honduras, ya se cuentan con los instrumentos para el intercambio y cruce de información.

Creo que cada vez más es importante que las superintendencias de bancos —entes supervisores— de cada país trabajen de manera coordinada y con esa perspectiva de riesgo-región.

También las asociaciones bancarias se deben mover a esa tendencia en conjunto para mejorar y asegurar frente a los corresponsales la sanidad del sistema.

De las tipologías ¿Cuáles son las que presentan más riesgo?

El narcotráfico, aunque no fueron tan explícitos, reiteraron sobre los controles adecuados para cada una de las entidades financieras.

Nosotros como región, sabemos que ese es uno de los principales temas para EE. UU., y otro fue la evasión fiscal.

Por aparte, ¿Cuál es el sentir de la banca nacional por los recientes casos vinculados con corrupción?

Hay preocupación de que el sistema financiero se pueda ver impactado; sin embargo, lo que observamos es que se ha tenido el cuidado de seleccionar a directivos que han hecho acciones, para no impactar la institucionalidad.

Los bancos están retomando las acciones de transparencia que sean necesarias para que la red opere.

Cada caso se tendrá que resolver en los tribunales, pero no se está tocando la institucionalidad.

¿Desde junio a la fecha han detectado alguna corrida?

Para nada y eso ha asombrado. Los clientes entendieron que eran personas a los que se está investigando, no al sistema en su conjunto.

¿El cuentahabiente puede perder la confianza en el sistema?

Creemos que no y los casos del pasado sirvieron para apuntalar la eficiencia ahora del sistema.

¿Pueden venir más casos contra directivos bancarios?

De los casos que han salido a luz ya se tenía conocimiento de que habían acciones y creemos que ya no deberían seguir.

Hay un trabajo de acompañamiento de la SIB —Superintendencia de Bancos— que garantiza la solidez del sistema. Lo que estamos viendo son los resultados de las investigaciones que se empezaron en años anteriores.

El sistema sigue funcionando igual y no hay posibilidad de que surja alguna crisis en los bancos.

Autoridades de la SAT aseguraron que han aumentado los controles porque se han detectado muchos paquetes que superan los US$500 sin pago de impuestos de importación, límite que permiten los reglamentos regionales, conocidos como carga para la aduana social.

Muchos no son encomiendas familiares, sino con fines comerciales, y se les hacen ajustes para cobro de impuestos, dijo el intendente de Aduanas, Werner Ovalle.

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Los denunciantes aseguran que los migrantes envían artículos de consumo para las familias, así como prendas de vestir, calzado y otros, pero que en aduanas son “abusados y extorsionados” por personal de la SAT que les cobran cuotas no autorizadas. “Nos roban artículos, maltratan las cajas, retienen los contenedores y hacen cobros ilegales”, se quejaron.

Ovalle pide que se denuncie al personal que comete anomalías, pero explicó que aparte de sobrepasar el monto en mención se han detectado armas y hasta una motocicleta desarmada o productos prohibidos. En una ocasión se detectó droga en una encomienda que salía del país, dijo.

Ovalle añadió que hace dos semanas se reunieron con representantes de esos grupos y esperan una propuesta de ellos. Explicó que no se sabe cuántos negocios operan por no estar registrados y la intención es que se registren como empresas de traslado de carga consolidada.

Los precios aún no se ubican en lo sugerido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). La empresa Tomza, que maneja la marca Tropigás, informó que bajó sus precios al público por lo que sus presentaciones, a partir de ayer, serán de Q90 para el de 25 libras; Q126 para el de 35, y Q360 para el cilindro de 100 libras.

La rebaja representa 5.2% respecto del precio anterior.

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Desde noviembre del 2015, las compañías Tropigás, Zetagás y Dagás han mantenido precios más altos a los sugeridos por el MEM y es hasta ahora que los cambios efectuados por Tropigás se ajustan a los divulgados por dicha dependencia.

Al ser consultados por vía telefónica, Zetagás y Dagás indicaron que no tienen ninguna indicación respecto de bajar precios, por lo que los mantienen en Q95, Q133 y Q380 para las diferentes presentaciones.

Luis Ayala, director de Hidrocarburos del MEM, dijo que ayer por la mañana se efectuó el monitoreo y se detectó que el cambio aún no es generalizado para las tres firmas.

Expuso que se observa una evolución de precios, como sucede en cualquier mercado, y no necesariamente todos los competidores tiene que estar en el mismo valor.

Ayala agregó que el precio en el mercado internacional se ha mantenido estable, aunque hace unas semanas hubo un alza de pocos centavos. Para noviembre y diciembre, temporada de alta demanda por el invierno en EE. UU. y Canadá, no se espera un alza.

En los dos años anteriores no se ha notado aumento en el mercado internacional, comentó.

La Diaco presentó este año denuncias en el Ministerio Público contra las firmas por delito de especulación por aumento de precios sin una base técnica.

Casas acondicionadas para hospedar visitantes sin intermediarios, que tienen auge en el mundo y ahora en Guatemala, son la base de esta tendencia global.

La modalidad consiste en que las familias acondicionan una o más habitaciones de su casa para hospedar visitantes, la contratación se hace sin intermediarios y tampoco están inscritos como negocios para brindar el servicio, señaló el presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), Diego Díaz.

En Guatemala ya existen algunas ofertas, dijo Díaz, quien considera que en un plazo de dos años esa modalidad llegará a significar el 15% de la ocupación hotelera.

El tema se discute en el Noveno Congreso Nacional de Turismo, que se enfoca en tecnología como herramienta para rentabilizar la gestión de la negociación turística, y que organizan la Camtur y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

El ejecutivo ejemplificó que para los hoteles establecidos hay portales o motores de búsqueda para reservaciones, como www.booking.com, pero ahora ya se encuentran otras opciones, como www.airbnb.com, en donde se pueden ofrecer servicios los negocios no inscritos formalmente, explicó Díaz.

“El modelo es un contacto directo, sin intermediarios, cuya comunicación se facilita por la tecnología y que ofrece precios más baratos a los hoteles establecidos”, agregó Díaz.

Este y el director del Inguat, Francisco Bonifaz, coincidieron en que uno de los retos es lograr el control, fiscalización y formalización de este tipo de servicio, ya que compite con el sector hotelero y, por tanto, debería pagar impuestos. Además, se debe velar por la seguridad del turista y que cumplan con medidas de calidad, como la higiene del lugar de la comida, afirmó Díaz.

Otras tecnologías son los portales para reservas hoteleras, como OTAS, portales para contratar operadores y paquetes, y el walk-in, o tarifa para personas que llegan al hotel sin reserva previa.

Díaz comentó que están cobrando auge las líneas de bajo costo y que Guatemala puede aprovechar para atraerlas.

Ambos directivos mencionar su desacuerdo en que se unifique el Inguat en el Ministerio de Cultura y Deportes, como lo propone el partido FCN que luchará por la presidencia ya que se trata de actividades muy diferentes.

El gigante tecnológico creó una página especial en la que unificó diferentes aspectos de lo que se comparte en internet a través de sus distintos servicios, como Google Plus, Mapas o Gmail.

Según publicó el blog Gizmodo, esta página se llama My Account (Mi cuenta), y es una especie de panel centralizado donde se pueden controlar varios ajustes que antes tenían que revisarse por aparte en los diferentes servicios.

“Todos los días tomamos decisiones que afectan nuestra privacidad y seguridad en línea. Sin embargo, la mayoría de la gente siente que no tiene el nivel adecuado de control para tomar esas decisiones importantes… Nosotros queremos cambiar eso”, publicó ayer Google en su blog oficial.

Unificado

La nueva página, myaccount.google.com, le da al usuario acceso rápido a las opciones y herramientas para proteger los datos y la privacidad. Además, provee de más contexto para ayudar a la persona a tomar mejores decisiones.

Entre otras cosas, ahora es posible, de manera sencilla, elegir qué información usará Google cada vez que buscamos una dirección en un mapa, o bien, si queremos o no dejar rastro de nuestras búsquedas en YouTube, por ejemplo.

El buscador también lanzó una página en la que responde preguntas frecuentes sobre privacidad y seguridad, como por ejemplo, qué tipo de información recaba Google. Esta puede consultarse en privacy.google.com.

Cómo funciona

• Los ajustes se hacen desde myaccount.google.com (sin guion).
• Al ingresar a la página aparecen tres secciones: seguridad, información personal y privacidad, y preferencias de cuenta.
• En la de seguridad se controlan las contraseñas de todos los servicios, notificaciones, dispositivos conectados y apps conectadas.
• En información personal se decide qué mostrar del historial en la cuenta, controles de anuncios, y datos del usuario.
• Desde preferencias se pueden eliminar las cuentas de los servicios, cambiar el idioma, la accesibilidad y el almacenamiento en Google Drive.