Guardia penitenciario alquilaba su celular por Q200 para que reos extorsionaran desde Renovación 1

Una investigación determinó cómo operaba una estructura de extorsionistas dentro y fuera de la cárcel Renovación 1, en donde fue detenido un guardia penitenciario y se decomisaron dos teléfonos.

José Manuel Patzán

21 de junio de 2025

|

12:05h

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Autoridades penitenciarias han dicho en diferentes administraciones que los guardias penitenciarios son vulnerables a ser sobornados por los privados de libertad.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Una investigación de seis meses permitió a las autoridades identificar como un guardia penitenciario, asignado en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, colaboraba con una estructura criminal que cometía extorsiones.

Según investigadores policiales, el guardia del Sistema Penitenciario prestaba su teléfono celular a un reo para que realizara llamadas extorsivas, a cambio de pagos que podían alcanzar hasta Q1 mil diarios.

“El mínimo que se le da a un guardia por prestar el teléfono son Q200 por una llamada. No importa el tiempo que se tarde; puede ser una o varias llamadas, pero imagínese que lo preste unas cinco veces al día a otros reos; ya son Q1 mil diarios”, explicó el investigador.

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Aseguró que mediante “métodos especiales de investigación”, las autoridades lograron determinar que las llamadas extorsivas salían desde ese teléfono y vinculaban al guardia con la estructura criminal.

La red era dirigida por Winder Joel Calderón, alias El Carita, presunto cabecilla de la banda Los Sureños, quien se encuentra recluido en ese penal de máxima seguridad.

Las pesquisas revelaron que mientras el reo coordinaba las amenazas desde el penal, otras 16 personas operaban fuera de prisión cobrando el dinero de las extorsiones. Entre los capturados figura también un agente de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC, quien, según las pesquisas, proporcionaba información a los extorsionistas.

El guardia penitenciario, además de prestar el teléfono, habría recibido depósitos bancarios y efectivo para trasladar el dinero a los privados de libertad. Cada coordinación le dejaba una ganancia adicional de hasta Q1 mil, según los investigadores.

La estructura fue desarticulada durante un operativo que incluyó 33 allanamientos en Escuintla, Villa Nueva, Mixco, Chimaltenango, Jutiapa, San Miguel Petapa y zonas 5 y 16 de la capital.

El investigador policial aseguró que este tipo de pesquisas requieren tiempo para poder documentar los delitos patrimoniales, como la extorsión.

“Si no tengo pruebas, no puedo armar un caso sólido. Para poder tipificar el delito a veces es mejor que se den los hechos”, explicó el investigador.

Días después de que se hiciera una requisa en la cárcel Renovación 1 y se decomisaron objetos prohibidos, los reclusos se intentaron amotinar con la complicidad de personas que ingresaron a la visita, quienes aseguraron que estaban secuestrados. Sin embargo, las cámaras captaron que también participaron en ocasionar destrozos en las instalaciones.

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Teléfonos prohibidos

Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario, indica que ningún guardia penitenciario puede utilizar un teléfono durante su turno y, por ello, tienen asignados casilleros para guardar todas sus pertenencias. Tampoco pueden usar los dispositivos cuando hacen traslados a la Torre de Tribunales ni mientras custodian al reo durante la audiencia. Sin embargo, Morales señala que muchos lo hacen por falta de supervisión.

Sobre cómo los guardias ingresan los teléfonos de forma ilícita, refiere que los esconden dentro de los uniformes y, cuando efectúan las rondas, los tiran a los reos.

“El reo que lo obtiene le comunica al guardia que otros 10 lo necesitan para llamar, no precisamente para extorsionar, sino para comunicarse con su familia. Imagínese: si cobran Q200 por prestarlo, fácilmente son Q2 mil al día, en un rato”, afirmó.

Agregó que cuando trasladan a un reo a la Torre de Tribunales aprovechan para entregarle el dispositivo al privado de libertad.

“Este pide ir al baño y, en ese momento, lo esconde en su cuerpo, en sus partes íntimas. Por eso el guardia cobra Q2 mil o Q3 mil”, afirmó.

Añadió que otra de las modalidades es permitir que la persona que llega a visita también lo ingrese en su cuerpo, con la complicidad de otros guardias que hacen las revisiones.

Homicidios

El director General de la PNC, David custodio Boteo, asegura que desde que las autoridades comenzaron con operativos y requisas en todas las cárceles, los homicidios han disminuido.

“No obstante, los intentos de amotinamiento siguen siendo una amenaza. De hecho, Renovación 1 se encuentra sin visitas debido a un altercado reciente en el que incluso algunas personas externas participaron para intentar dañar las cámaras de seguridad”, afirmó.

Boteo agregó que reforzar la infraestructura y el control en los penales es clave para evitar que continúen las extorsiones desde prisión.

“Cuando se inaugure una cárcel para unos 300 reos bajará bastante la criminalidad”, concluyó.

Lo prohibido tras las rejas: ¿Qué pasa con lo que decomisan en las cárceles?

Existen tres formas a través de las cuales estos artículos llegan a manos de los reos, sin que se tome en cuenta la conducta del recluso dice exdirector de presidios.

José Manuel Patzán

16 de junio de 2025

|

05:00h

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Electrodom´´esticos y televisores decomisados durante una requisa en la cárcel Fraijanes 2.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El ingreso de electrodomésticos y televisores a las cárceles del país se ha convertido en una práctica común. A pesar de que la Ley del Régimen Penitenciario no lo autoriza, existen tres formas mediante las cuales estos artículos llegan a manos de los reclusos: actos de corrupción que involucran a guardias penitenciarios, autorización directa del director del Sistema Penitenciario (SP) o por órdenes judiciales.

Como parte de un nuevo plan para reducir los índices de criminalidad y homicidios en el país, las autoridades del Ministerio de Gobernación pusieron en marcha operativos que incluyen constantes requisas en las cárceles, con el fin de evitar que los reclusos hagan llamadas telefónicas para extorsionar.

En los operativos se han decomisado televisores, electrodomésticos, consolas de videojuegos y se han evidenciado otras comodidades.

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¿A dónde va lo decomisado?

Según explicó el exdirector del Sistema Penitenciario, Eddy Morales, los televisores y electrodomésticos incautados no regresan a los reclusos, sino que pasan al Organismo Judicial (OJ), y luego de un proceso judicial que concluye con una sentencia, son sometidos a subasta pública.

En el caso de las armas decomisadas a los privados de libertad, estas quedan en manos del Ministerio Público y, tras finalizar la investigación, son trasladadas al almacén de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) para su destrucción, ya que no pueden ser reutilizadas.

“Nadie de la PNC o del OJ se puede quedar con lo decomisado, todo debe subastarse o destruirse”, puntualizó.

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El ingreso

Morales indica que los aparatos pueden ingresar por medio de los guardias penitenciarios a cambio de beneficios económicos, una modalidad de corrupción que ha trascendido en cada administración carcelaria. Sin embargo, también es posible lograrlo si el abogado del recluso presenta una petición formal a la unidad de rehabilitación de la Dirección General del Sistema Penitenciario o bien, a un juez, para que ordene al director general permitir el ingreso de lo solicitado.

“Esas solicitudes son constantes, principalmente para ingresar televisores y refrigeradores. Es importante mencionar que aunque el juez lo ordene, queda a discreción del director del Sistema Penitenciario permitir esos beneficios”, indica.

El exfuncionario señaló que, si el reo está en situación preventiva, debe acudir al juez que conoce el proceso; si ya recibió sentencia, su abogado debe abocarse al juez de ejecución penal. Sin embargo, refiere que ambas autorizaciones legales despiertan suspicacia, ya que no están estipuladas en las normativas del Sistema Penitenciario, y la mayoría de esos permisos se otorgan sin considerar la conducta de los internos.

“No hay preferencias, se debería tomar en cuenta la buena conducta, pero, aun con buena o sin buena conducta, no debería permitirse”, refiere Morales.

Añadió que, debido a la tardanza en las autorizaciones del SP y del juez, los reos prefieren sobornar a los guardias de seguridad para ingresar todo tipo de objetos.

Vacíos legales

Morales señala que la Ley del Régimen Penitenciario presenta vacíos que permiten el ingreso de objetos como los que se decomisan y evidencian irregularidades en la administración del sistema penitenciario.

Dicha ley establece en el artículo 33 todo lo que se prohíbe ingresar, como las bebidas alcohólicas y los estupefacientes. Sin embargo, no se hace referencia a la prohibición para ingresar electrodomésticos o televisores, lo que, según Morales, sirve como argumento para que abogados y jueces soliciten un permiso para ingresar esos artículos y el juez emita una resolución a favor del privado de libertad.

“El artículo dice que se prohíbe el uso de objetos personales como joyas o análogos, y con esa palabra el juez puede prohibir el permiso, porque un refrigerador o una computadora son análogos”, dice Morales.

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Prometen medidas

Por medio de la oficina de Comunicación Social del Sistema Penitenciario, se indicó que, para garantizar que los reos no ingresen más artículos prohibidos ni gocen de comodidades, se continuará con las requisas en los centros de detención y con operativos sorpresa en los controles de acceso durante los días de visita, con el fin de realizar una “revisión meticulosa y profunda de visitantes y encomiendas”.

“Se equipará con tecnología moderna los centros de detención, se colocarán escáneres corporales y bloqueadores de señal, se formará una nueva guardia penitenciaria y se prohibirá a las autoridades de los centros autorizar cualquier ingreso de objetos que supongan algún tipo de privilegio para un privado de libertad”, se indicó.

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Sanciones

Los artículos 79, 80 y 81 de dicha ley estipulan las sanciones para los reos que falten al respeto a las autoridades, causen daños a las instalaciones carcelarias mediante motines o ingresen artículos prohibidos. Las sanciones contemplan la restricción de visitas, la suspensión de permisos para llamadas telefónicas y la imposibilidad de optar a una reducción del 10% o 15% de la condena. Sin embargo, a decir del exdirector de presidios, estas no se cumplen.

Pasadas las 16 horas del 7 de junio último, unos 800 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron en la cárcel de Pavoncito para llevar a cabo una requisa.

En su mayoría, se localizaron estufas, cilindros de gas y refrigeradoras. Aunque los reclusos aseguraron contar con autorización para poseer esos objetos, no habían renovado la documentación correspondiente, por lo que fueron decomisados.

También se localizaron televisores, camas con cabeceras forradas con cuero, cuadros en las paredes, peluches, repisas con pantalones y diversidad de zapatos deportivos. Se descubrieron baños privados, uno de ellos con puerta de vidrio, regadera y azulejos.

Construcción de cárcel de máxima seguridad en Escuintla iniciará la segunda semana de agosto

Mingob afirma que hubo renegociación para no perder el contrato que se firmó en la administración anterior.

José Manuel Patzán

10 de agosto de 2024

|

05:00h

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Modelo de cárcel a construir en Masagua, Escuintla (Foto Prensa Libre: Mingob).

La semana próxima se tiene previsto comenzar con la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, que será concluida en octubre de 2025. El Ministerio de Gobernación (Mingob) dio a conocer que tendrá capacidad para tres mil privados de libertad.

El titular del Mingob, Francisco Jiménez, dijo que el retraso para comenzar la obra se debió a que hacían falta unas licencias, de las cuales admitió no tener más información, aunque hizo ver que son “detalles técnicos” que se solicitan en las construcciones.

Sin entrar en especificaciones, el funcionario expuso que encontraron un “problema muy fuerte” y el contrato estuvo a punto de cancelarse. “Pero renegociamos y platicamos con la empresa de todos los temas que hacían falta”, agregó.

Durante una reunión con diputados de la bancada Todos, la viceministra de la cartera, Claudia Palencia, explicó que una vez esté concluida la construcción de la cárcel, se deberá hacer un análisis de los presos que serán enviados a la misma.

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El penal se construirá a 75 km de la capital, en la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla. Dicha obra fue gestionada en el mandato de Alejandro Giammattei, durante el cual se efectuaron desembolsos millonarios para que se llevaran a cabo los estudios de campo.

Inconcluso

En septiembre del 2023, el entonces ministro, David Barrientos, sostuvo que el proceso se quedó en fase de tramitar licencias y que el gobierno entrante analizaría si lo continuaba.

Uno de los retrasos, añadió, fue a causa de la invasión de la finca donde se construiría la cárcel, aunque no dijo qué se negoció para que las familias desalojaran   semanas después. El exfuncionario aseguró en aquella ocasión que los invasores solo buscaban un terreno donde vivir y no fue que se opusieran al proyecto.

Proyecto millonario

La inmobiliaria mexicana Rancho Sierra cobró Q17 millones por servicios de consultoría, y el consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco es el encargado de la obra.

Del costo total de la construcción se destinarán Q16.5 millones para el diseño, Q581.8 millones para la edificación y Q69.7 millones para equipamiento.

 Los fondos provendrán del préstamo adquirido con el Banco Centroamericano de Integración Económica, según el contrato firmado el 26 de agosto del 2020.

Justicia

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Suscriptores

Corrupción y condiciones inhumanas: como se describen las 10 cárceles a cargo de la PNC

Detenciones sin registro para liberar al señalado a cambio de sobornos, así como falta de camas y sanitarios en buen estado, figuran entre las principales denuncias.

José Manuel Patzán

9 de mayo de 2024

|

05:00h

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La PNC tiene a su cargo 10 cárceles donde permanecen 954 privados de libertad (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el país funcionan diez cárceles que están a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y en las cuales según denuncias de los propios detenidos y funcionarios, prevalecen condiciones inhumanas y de corrupción, a tal grado que se han denunciado ingresos no registrados para que los señalados puedan recobrar su libertad si pagan sobornos.

Al inicio del gobierno de Alejandro Giammattei, el entonces ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, se comprometió a inhabilitar esas cárceles para que los reclusos que las ocupaban pasaran al control del Sistema Penitenciario. Sin embargo, meses después presentó su renuncia. Autoridades actuales del ministerio de Gobernación indicaron que el cierre de estás cárceles “no está considerado a corto y mediano plazo, aunque sí es parte del plan de los cuatro años de la nueva administración”.

Actualmente en esas cárceles permanecen 954 privados de libertad, entre hombres y mujeres, de esa cantidad 23 cumplen condena y el resto se encuentra en prisión preventiva. Las cárceles “públicas” como también se les conoce están custodiadas por 164 agentes de la PNC.

Según un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (Conred), cuatro de esos centros evaluados no cuentan con las condiciones adecuadas de infraestructura y no se recomienda su remozamiento, por lo que fueron declarados inhabitables, aún así, se encuentran habitados por privados de libertad.

Algunas de estas cárceles funcionan en instalaciones contiguas a las prisiones que están a cargo del Sistema Penitenciario e incluso, ocupan los mismos edificios.

Uno de estos casos se evidencia en Quetzaltenango, donde la cárcel para mujeres a cargo de la institución policial funciona en el segundo nivel de una vivienda. En el primero permanecen los privados de libertad a cargo del Sistema Penitenciario.

Carencias

Según un informe del Colectivo Artesana, una organización no gubernamental que vela por los derechos de las reclusas, Las denuncias se centran en que ese tipo de cárceles, tanto para hombres y mujeres, carecen de áreas para la vista, algunas no cuentan con camas y los privados de libertad duermen en el suelo. Tampoco cuentan con sanitarios y duchas en buen estado, debido a que no se cuenta con suficiente agua y el servicio de energía eléctrica es inestable.

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Sobornos

A pesar de que existen 105 libros de registro de ingresos y egresos desde los años 1,980, uno de los principales actos de corrupción que se denuncian es el ingreso no registrado de detenidos, para que puedan recobrar su libertad a cambio de sobornos, de lo contrario son llevados ante el juez.

Durante una reunión autoridades de la PNC, el diputado José Chic afirmó que en Huehuetenango recibió denuncias de personas que fueron detenidas y engrilletadas a un poste, mientras esperaban a ser llevados ante el juez.

“Si lo detienen el sábado deberá pasar engrilletado en el poste hasta el lunes, cuando sea escuchado por el juez”, afirmó.

“A veces no hay ingreso de forma oficial, no hay registro de su detención, le piden dinero y los sacan”, agregó.

Por lo general quienes son llevados a las cárceles de la PNC han incurrido en robos, accidentes de tránsito, escándalo en la vía pública, entre otros delitos menores o faltas.

Descoordinación

El director de la PNC, David Custodio Boteo, reconoce que la situación en las cárceles a cargo de la PNC son deficientes y son “focos” de corrupción.

Boteo coincidió en que no existe suficiente coordinación de parte de los jueces de paz, puesto que reciben información sobre las detenciones pero no resuelven los casos de inmediato.

“Si la captura es un sábado, le indican a los jefes policiales que los mantengan en la comisaría hasta el lunes, esto nos preocupa porque puede haber violación a los derechos humanos, algunos estan enfermos, tienen diabetes y necesitan medicamentos, duermen en el suelo”, afirmó.

A decir del jefe policial, no todo es responsabilidad de la PNC, si se considera que en el caso de las mujeres se les ha coordinado su traslado a cárceles formales, pero se rehúsan, con el argumento de que están más cerca de sus hogares para recibir visitas.

“Esto limita que las acciones sean inmediatas, en otros casos los jueces no quieren dar traslados a cárceles. Los jueces de paz deberían estar en fin de semana y resolver la situación legal del detenido”, señaló Boteo.

Descoordinación

La coordinadora de Ejecución Penal de Guatemala, adscrita al IDPP, Alma Martínez, afirma que han efectuado visitas en todas las cárceles a cargo de la PNC, y la de Huehuetenango donde permanecen cinco mujeres, no reune los requisitos para que funcione como centro de detención y las vigas que sostienen el inmueble están por colapsar, como lo determinó Conred.

A pesar de que entre 2021 y 2022 hubo reuniones con varias institucones involucradas y se acordó trasladar a todos los internos de esas cárceles a prisiones formales de presidios, Martínez dice desconocer la razón por la que esos traslados se supendieron desde 2023.

“El problema es que los jueces siguen enviando detenidos a las cárceles públicas, en marzo ordenaron el ingreso de cuatro personas a la cárcel de Totonicapán”, explicó.

Tanto Martínez como Boteo, coinciden en que la inhabilitación de las cárceles a cargo de la PNC y los traslados hacia esos centros, dependen de la decisión de los jueces y consideran que el tema debe ser solucionado por Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ)

Por medio de la Oficina de Comunicación Social del OJ, se respondió que “cuando se identifique alguna anomalía o deficiencia en la prestación de los servicios judiciales, se solicita a la población presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes. Cámara penal reitera su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos”.

Respecto a los traslados de los privados de libertad hacia las cárceles a cargo de la PNC, el OJ informó que se “abordará el tema a nivel interinstitucional con el fin de profundizar en las declaraciones realizadas por el director de la PNC”.

Guardia penitenciaria dirige cárceles por falta de recursos para profesionalizar a directores

Guardias siguen en la direcciones de cada una las prisiones a pesar de la promesa de retirarlos para evitar corrupción.

José Manuel Patzán

2 de marzo de 2024

|

05:00h

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Reos en su mayoria de la Mara 18, quienes se encuentran recluidos en la carcel de maxima seguridad Fraijanes 2, se amotinaron (MOTIN) y toman como rehen a dos Guardias del Sistema Penitenciario,los marero solicitan que sen trasladados de nuevo al Preventivo de la zona 18, debido a malos tratos y mala comia en ese centro carcelario, ejercito y agentes de la Policia nacional Civil PNC, rodearon las instalaciones de los los centros carcelarios, EN LA IMAGEN GUARDIAS PENITENCIARIOS CON GORROS PASAMONTA?AS Fotografia Prensa Libre;Esbin Garcia

Al problema de no encontrar los perfiles adecuados para nombrar a los directores de las 23 cárceles, debido a que nadie está dispuesto a someterse a los riesgos que conlleva, se suma la falta de fondos para contratar a los profesionales, mientras tanto, son los propios guardias quienes están a cargo de los penales.

Las amenazas de las mafias son una de las principales causas por las que ningún profesional con títulos académicos quiere dirigir una cárcel, según lo que han afirmado exdirectores de la Dirección General de Presidios. Entre los últimos hechos criminales en contra de autoridades presidiarias se cuenta el crimen de Edwin David Gonzáles, director de la cárcel de Matamoros, zona 1, caso por el cual no hay personas detenidas. 

En enero pasado, el ministro de Gobernación, Francisco Jimenez, reconoció que uno de los principales problemas que impiden retomar el control de las prisiones, es la corrupción en la que caen los mismos guardias, quienes hasta ahora ocupan los cargos de director de cada una de las prisiones.

El exdirector de presidios, Eddy Morales, ha reiterado que los custodios reciben sumas de dinero a cambio de permitir el ingreso de objetos prohibidos. Estos cargos los ocupan por un año y luego asume otro de los guardias que custodian la prisión, aunque no tienen un ingreso adicional, lo que promueve que se presten a actos ilícitos.

Ante esta situación, Jiménez afirmó que se comenzó un proceso para contratar a nuevos directores con perfiles de abogados y otras carreras a fin, como lo estipula el reglamento de presidios.

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Desfinanciados

Sergio Samuel Humberto Vela López, director General del Sistema Penitenciario, afirmó que hasta ahora no han podido cubrir esos puestos debido a que no se cuenta con el presupuesto adecuado.

“Aún continuamos con el mismo esquema, lo que estamos haciendo son rotaciones. Las plazas están creadas, pero no hay presupuesto asignado para ellas, que es lo que estamos trabajando”, afirmó.

Sobre cuánto es el presupuesto que necesitan para costear el puesto de los directores, Vela López dijo que en el momento de la consulta no contaba con los datos y que proporcionaría la información más adelante.

Exdirectores y fuentes del Sistema Penitenciario, afirman que dejar a los guardias penitenciarios a cargo de los penales, significa continuar la cadena de corrupción y contubernios con los reos, que están dispuestos a pagar fuertes sumas de dinero a cambio de ingresar teléfonos para extorsionar y tener en sus celdas otras comodidades.

Por el momento, solo dos de las 23 cárceles del país tienen directores que llenan los requisitos establecidos por esa dependencia, afirmó el titular de la cartera del interior.

Requisitos

Entre los principales requisitos que exigen para dirigir un centro carcelario, están tener un título de abogado u otro relacionado con Criminología, así como conocimientos en legislación penitenciaria, redacción de informes, computación, y demostrar honestidad y actitudes morales.

Quienes han fungido como directores del Sistema Penitenciario han afirmado que la falta de garantías de seguridad y las condiciones laborales son los principales factores por los que ninguna persona quiere ser director de una cárcel.

Los exfuncionarios han dicho que de unos 20 aspirantes que acuden a las convocatorias por lo regular solo quedan cinco, que durarán seis meses en el puesto como promedio, al percatarse de los riesgos que conlleva el cargo y cuando son amenazados por las mafias que operan a lo interno de los penales.

Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y quien ha investigado el sistema carcelario en Guatemala, expone que siempre ha sido difícil conseguir personas que quieran ocupar los cargos de dirección, y es la razón por la cual desde el 2015, los guardias ocupan las direcciones de los centros.

Problema histórico

Federico Reyes, consultor independiente en temas de seguridad, afirma que el problema presupuestario del Sistema Penitenciario viene desde hace dos gobiernos, ante la falta de voluntad para invertir en ese tema.

“Esto provoca que la oferta no llene las expectativas de la plaza que se ofrece y sobre todo la responsabilidad que contrae”, dice Reyes.

El experto sostiene que la formación jurídico legal es importante, aunque no exclusiva, puesto que la conformación de un equipo asesor de distintas especialidades que propongan soluciones a problemas de antaño, no son nuevos y no se han logrado los resultados esperados.

“La reingeniería del Sistema Penitenciario siempre ha sido un tema pendiente, lo cual es un gran desafío para cualquier gobierno, en especial del actual, la formación académica y los puntos de reinserción y rehabilitación”, puntualiza.

Sin resultados

A pesar de acciones tomadas por gobiernos anteriores para retomar el control de las cárceles , poco se sabe de los avances para cumplir con las normativas.

En septiembre del 2006 se aprobó la Ley del Régimen Penitenciario,la primera que regula la materia penitenciara en su conjunto. Dicha ley entró  en vigencia el 7 de abril del 2007. 

La normativa entre otros aspectos,  estipula la rehabilitación social de los reos y su reinserción a la sociedad. También establece la carrera penitenciara y la clasificación de reos en las cárceles de mínima, media y máxima seguridad. Sin embargo, ninguno de los puntos mencionados se han cumplido.

En 2014 también se elaboró una política pública en materia penitenciara, en la cual participaron expertos internacionales y se establecieron mesas de trabajo integradas por distintos sectores de la sociedad. La misma prometió un periodo de implementación de 10 años, entre 2014 y 2024.

Para este año el sistema penitenciario tiene asignado un presupuesto de Q647 millones.

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El sistema de prisiones de Guatemala se compone de 23 cárceles que se encuentran hacinadas, de acuerdo con lo que han reconocido las mismas autoridades de Gobernación desde administraciones anteriores, que atribuyen el problema a la mora judicial, acciones legales que retrasan los procesos, problemas administrativos, abuso de la prisión preventiva y las multas “elevadas” de las reparaciones dignas dictadas por jueces.

“Son entre cuatro mil y cinco mil reos los que cumplieron condena y por circunstancias administrativas o por falta de pago no han salido de las prisiones”, afirmó Jiménez a una radioemisora local.

El funcionario dijo que designaron a un grupo de abogados para que analice los expedientes.

Corrupción

Federico Reyes, investigador independiente en temas de seguridad, subrayó que el problema persiste desde gobiernos pasados y, a pesar de que muchos reos fueron procesados por pertenecer a grupos del crimen organizado que reunió fuertes sumas de dinero en actividades ilícitas, solo estuvieron al servicio de los “líderes” y no se beneficiaron con dinero.

“Fueron secuestradores, extorsionistas y cometieron varios delitos, pero cuando llega el momento de pagar la reparación digna no tienen los recursos, porque los líderes de las estructuras se quedaron con todo”, explicó.

Reyes agregó que no contar con Q400 o Q500 para pagar la multa como lo afirma el ministro Jiménez es solo un argumento de los reos, puesto que las cárceles se convirtieron en un “sistema de corrupción” en el que las extorsiones son un negocio rentable que se opera de mejor manera y los reos prefieren permanecer adentro.

“Porque les va mejor, y si salen de la cárcel vuelven a cometer delitos para que al poco tiempo los capturen y así vuelvan a lo que ellos ven como un centro de operaciones”, acotó Reyes.

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Más gasto

Consultado el exdirector de Presidios Eddy Morales, afirmó que no poder salir de la cárcel por impago de multas es un problema que ha trascendido de “gobierno en gobierno” y la primera opción para la mayoría es pagar con más días de prisión.

“Las cárceles están hacinadas y solo se gastan más recursos del Estado”, comentó.

Morales recalcó que dos días de trabajo dentro de un penal significan un día menos en prisión, aunque muchos reos prefieren no hacerlo y que su condena se cumpla en el tiempo establecido.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicóin), del Ministerio de Finanzas, en el 2023, por alimentación, en la que se incluye a guardias y reos, se invirtieron Q121 millones.

Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), recomienda que los reos que no tienen los recursos para pagar las multas hagan trabajo comunitario a cambio de reducir esas sumas de dinero.

Más reos

Tres gobiernos han transcurrido sin que se construyan nuevas cárceles. En el gobierno anterior se comenzó el proceso para construir una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, aunque las autoridades anteriores de Gobernación afirmaron que el proceso de quedó en “trámites”, por lo que el ministro Jiménez indicó que volverán a analizar el contrato.

Hacinamiento

A pesar de que en el 2019 hubo una leve reducción de la sobrepoblación, el hacinamiento es el mismo en los penales. Entre el 2012 y el 2023 hubo un incremento de ocho mil reos, sin que exista más infraestructura presidiaria, según estudios del Cien.

Este informe también destaca que en el 2012 la población reclusa en las 23 cárceles era de 15 mil 13 hombres y mujeres que vivían en seis mil 682 espacios.

En el 2023, el número de privados de libertad era de 23 mil 582, los cuales ocupan seis mil 842 espacios.

Eso significa que hay ocho mil 569 reos más que 12 años atrás, y desde esa fecha solo aumentaron 160 espacios dentro de la misma infraestructura presidiaria.

Una de las estrategias que hasta el momento no ha tenido mayores resultados para deshacinar las cárceles es la implementación del control telemático, cuyo funcionamiento comenzó el 1 de junio del año pasado. Ese sistema, que consiste en colocar tobilleras en quienes son procesados por delitos con opción a medida sustitutiva, tiene un costo diario de Q50 y Q1 mil 500 por mes.

Conteo de reos

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció un conteo de reos en las 23 cárceles para establecer la cantidad exacta de los privados de libertad, puesto que sospecha que quienes fueron sentenciados no cumplen condena y fueron sustituidos por otras personas a cambio de dinero.

Fuentes del Sistema Penitenciario, que prefieren el anonimato, afirman que en las cárceles se hacen conteos a diario, pero no hay certeza de que se compruebe si la cantidad de reclusos corresponde a la registrada y si nombre y apellido del interno corresponden a la persona que está detenida.

En sectores de la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, y en el sector 11 del Preventivo para Hombres de la zona 18, las fuentes aseguran que los custodios no ingresan, por medidas de seguridad, y son los mismos reos los que hacen los conteos.

Añaden que los directores de cada centro fungen un año en el cargo y son sobornados a cambio de permitir privilegios a los reos.

Según el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, solo dos de las 23 cárceles del país tienen directores que llenan los requisitos establecidos por esa dependencia, por lo que comenzaron a buscar perfiles idóneos para designar a los jefes de las prisiones.

Jiménez enfatizó que hasta el gobierno pasado los propios guardias penitenciarios ocupaban esos cargos, ante la falta de personal con mejor preparación técnica y académica.

“Muchos que llenan el perfil no aceptan esa posición. Estamos, entonces, ante un desafío importante de cómo vamos a lograr cubrir las plazas de directores de los centros penitenciarios”, dijo Jiménez.

“Esto presenta complicaciones, como ustedes entenderán, porque no llenan los perfiles aunque tengan experiencia, por lo que es un desafío inmediato. El director del Sistema Penitenciario (SP) tiene la directriz de darle prioridad”, acotó el funcionario.

Entre los principales requisitos que exige el Mingob para dirigir un centro carcelario están tener un título de abogado y notario u otro relacionado con Criminología, y conocimientos en legislación penitenciaria, así como en redacción de informes, computación, y demostrar honestidad y actitudes morales.

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Plata o plomo

El exdirector del SP Eddy Morales refiere que antes del 2015 se respetaban los requisitos para optar a director de un centro de detención. Sin embargo, por disposiciones de funcionarios anteriores del Mingob, se obviaron esas normativas y los guardias “se apoderaron de las direcciones”, añade.

Morales estima que la falta de garantías de seguridad y las condiciones laborales son los principales factores por los que ninguna persona quiere ser director de una cárcel.

“Cualquier profesional que quiere llegar a ser director sabe a qué se atiene, porque será absorbido por las mafias que ahora tienen el control”, expone.

“De los 20 aspirantes que acuden a las convocatorias se quedan unos cinco, pero duran poco tiempo, porque amenazan a él y a su familia, y cuando a los directores los reclusos les preguntan si prefieren plata o plomo, mejor se retiran”, precisó.

Morales reitera que a los guardias que dirigen los centros carcelarios no se les incrementa el salario y se aprovechan del puesto para obtener ganancias con lo que pagan los internos para conseguir privilegios.

“Con esto, las estructuras de poder se consolidaron desde el 2016 y por esa razón a los directores generales no les importó, porque les convenía que se mantuviera esa estructura para beneficiarse”, manifestó.

El exfuncionario dice que los guardias y reclusos cobran hasta Q50 mil para quien quiera estar a cargo de una prisión, y no falta quien los pague, puesto que hay seguridad de que recuperará su dinero.

“El problema es que en las cárceles de alta seguridad colocaron a directores sin experiencia, que no saben de gestión penitenciaria, de criminología ni de derecho penitenciario. Los centros carcelarios están en manos de los guardias y de los reclusos”, insistió.

Los guardias que fungen como directores ocupan el cargo por lo menos un año y después son rotados por sus propios compañeros, lo que provoca que mantengan la amistad entre ellos y con los internos, y continúe la cadena de corrupción, agrega.

Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), y quien ha investigado el sistema carcelario en Guatemala, expone que siempre ha sido difícil conseguir personas que quieran ocupar los cargos, y es la razón por la cual los guardias ocupan las direcciones de los centros.

Nombrado

Para dirigir el SP en la nueva gestión de gobierno fue nombrado Sergio Samuel Vela López, quien no es nuevo en las dependencias del Estado, y durante el mandato de Jimmy Morales fungió como titular de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp).

El presidente Bernardo Arévalo dijo que llevarán a cabo reformas en la gestión penitenciaria, al considerar que la corrupción en las cárceles es el foco de otras amenazas a la seguridad nacional.

“Pensamos que en las deficiencias del Sistema Penitenciario, y en los estragos que ha causado la corrupción en él, está el foco de gran parte de los problemas de la seguridad ciudadana del país”, aseveró el mandatario.

Desde el 2004 a la fecha, 25 directores generales del Sistema Penitenciario han dirigido el sistema de 23 cárceles, la mayoría ha renunciado por cuestiones personales, aunque el trasfondo son las presiones de los reos para que les permita privilegios y las amenazas si no se alinean a sus reglas.

En 2015 a solicitud de autoridades de Gobernación, los propios guardias de presidios comenzaron a ser rotados para fungir como directores de cada cárcel por al menos un año, posteriormente son rotados por sus propios compañeros, lo que provoca que mantengan la amistad entre ellos y con los reos, y continúe la cadena de corrupción, refiere Eddy Morales, exdirector de presidios.

Morales dice que en los dos períodos que dirigió el Sistema Penitenciario se exigía ser licenciado en ciencias sociales o al menos un pensum cerrado como abogado, sociólogo o psicólogo, como lo regula la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, pero no se ha cumplido con lo establecido.

“A partir de la administración de la entonces ministra de Gobernación Eunice Mendizábal, se dio la orden de quitar a todos los directores de los centros y que fueran remplazados por guardias, allí empeoró la crisis del Sistema Penitenciario, porque remplazaron a los directores y subdirectores profesionales y esos puestos comenzaron a tener precio”, afirma, al indicar que los reclusos y reos cobran entre Q50 o Q100 mil para permitir que determinado candidato ocupe el cargo.

Aunque de parte del Sistema Penitenciario no se confirmó si la modalidad es la misma. En la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación se confirmó que actualmente los guardias ocupan los puestos de director en cada cárcel, aunque no se explicó bajo qué criterios se hacen los nombramientos.

De igual formal, Corinne Dédik, analista del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN), confirmó que esa modalidad se utiliza “desde hace varios años”.

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Sin seguridad

A pesar de ser Matamoros una cárcel de alta seguridad, donde permanecen líderes de pandillas y narcotraficantes, Edwin Patzán González, como otros directores de cárceles, no contaba con seguridad personal y se desplazaba a pie para salir o ingresar al cuartel, situación que un sujeto aprovechó para acercarse a él y dispararle por la espalda, según lo evidencia un video de seguridad que captó el crimen.

Respecto al perfil que debe tener un director de una cárcel y del por qué no contaba con seguridad Patzán González, también se le consultó al Sistema Penitenciario, pero no respondieron.

“Solo se busca —para ocupar el puesto de director— quién es el mejor preparado o quién tiene mayor tiempo para ser designado”, afirma Morales. quien indicó que los guardias a pesar de tener un puesto vulnerable, no cuentan con ningún tipo de seguridad, debido a que el Sistema Penitenciario no cuenta con suficiente personal.

Morales dice que todos los directores de cárceles deben tener una movilización “sigilosa” al momento de salir de prisión.

“Los relevos de los directores no se deberían hacer de noche ni de día, sino de madrugada, para evitar que corran riesgo. Eso lo hacíamos antes y nos dio buenos resultados”, apuntó.

Agregó: “El ataque al director de Matamoros fue directo, planificado, el sicario sabía la hora y el tiempo en que estaba de descanso la víctima, el momento en que iba a ingresar; seguramente le habían dado seguimiento con anterioridad y alguien proporcionó toda esa información al sicario”, señaló Morales.

Reformas

Federico Reyes, doctor en criminología, por la universidad de Glasgow, Escocia, Reino Unido, dice que una de las medidas para recuperar el Sistema Penitenciario es que no exista solo un director general, sino un grupo de asesores expertos en derecho y que se distribuyan la responsabilidad de las 23 cárceles.

“Es imposible que una persona pueda guiar todo el sistema, tendría que ser un súper héroe, pero sí lo puede lograr un grupo de asesores sepa del tema, especialmente en resolución de conflictos porque no todo debe ser represión”, sostiene.

En cuanto a los perfiles de los directores, Reyes recomienda verificar las cualidades y que no se nombre a un funcionario por tener vínculos de amistad con las autoridades de Gobernación o con el propio presidente de la república.

“Pero no necesariamente el director de una cárcel debe tener un alto grado académico para mejorar las cosas, basta con que tenga cualidades de negociador, que sepa controlar los motines, porque cada vez que hay uno lo primero que hacen es sacarlo a la luz, quitarlo y buscar otro que de igual forma será retirado en unos meses”, recalca el criminólogo.

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Ocupaciones

Reyes recomienda que los privados de libertad tengan ocupaciones dentro de las prisiones, puesto que actualmente “tienen mucho de ocio”.

“La mesa técnica del Ministerio de Gobernación se ocupa más en la construcción de cárceles, que en qué hacer con los reos que están dentro, y no se puede tratar igual a un reo que ha extorsionado y a alguien que ha defraudado al país, no es que a este segundo se le tenga que tratar mejor, pero debe haber niveles de atención y rehabilitación”, sostiene.

Agregó: “hay gente capacitada en Guatemala para lograr esa reinserción de los reos pero el riesgo que corren es demasiado alto, al director de la cárcel de Suchitepéquez lo mataron cuando se tomaba un atol en el parque”.

Durante el presente gobierno se anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla. Sin embargo, la misma quedó en “trámites”, indicó el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien reiteró que será el próximo gobierno que deberá decidir si se continua con el proyecto.

Caso Matamoros

Hasta el momento Gobernación no tiene una hipótesis del por qué fue ultimado el director de la cárcel ubicada en el cuartel militar Matamoros, al asegurar que se realiza una investigación interna y el Ministerio Público también realiza las pesquisas.

Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario, no descarta que la corrupción y el control que los reos tienen sobre las autoridades de otros centros penitenciarios, también se refleje  en la cárcel del cuartel Matamoros, y sostiene que en otras cárceles se pagan fuertes cantidades de dinero para ser director, si se toma en cuenta las comisiones que también recibe por dejar que los privados de libertad tengan privilegios.

“El problema es que en las cárceles de alta seguridad colocaron a directores sin experiencia que no saben de gestión penitenciaria, de criminología, ni de derecho penitenciario. Los centros carcelarios están en manos de los guardias y de los reclusos, y es cuando se genera corrupción”, señala.

Agregó: “La corrupción ya es generalizada, ser director tiene un costo, unos dicen que son Q50 mil los que se pagan y Q100 mil,  en esa corrupción están involucrados los guardias, los directores y los mismos reclusos”.

Morales afirmó que cuando fue inaugurada la cárcel de Matamoros en el 2010, solo tenía capacidad para 25 personas pero como otras cárceles se tuvo que acomodar, debido a la cantidad de procesados que surgieron en casos de alto impacto.

“Esa cárcel se habilitó con la promesa de que se construiría una cárcel de máxima seguridad en otro lugar y era temporal, pero esa promesa nunca se cumplió por diferentes cuestiones de los ministros de Gobernación que pasaron”, aseveró.

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El exfuncionario añade qué la cárcel de Matamoros no es una cárcel de máxima de seguridad, sino de alta seguridad

“En Guatemala ningún centro carcelario es de máxima seguridad y solo existen dos de nombre, las cárceles de El Boquerón y el Infiernito, por ejemplo”, dijo el exfuncionario.

Que una cárcel se ubique en un cuartel militar, “no significa que no haya corrupción, porque no le corresponde al ejército controlar a los reos, sino al sistema penitenciario”, dice Morales

Alta seguridad.

Korinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) que ha estudiado los temas de presidios, dice que a diferencia de todos los centros carcelarios, la infraestructura y normativas que rigen en Matamoros, son las que más se asemejan a una cárcel de alta seguridad.

“Son pocas las horas que los reos salen al sol, en cada una de las celdas hay dos o tres reos y casi no tienen comunicación con reclusos de otras áreas, para evitar que puedan cometer algún motín o tengan riñas entre ellos”, afirma.

Como todos los centros carcelarios, Dedik dice  en Matamoros no faltan las quejas por la mala condición de los alimentos.

“La comida y los servicios de salud son iguales para todos porque lo coordina el mismo sistema penitenciario, lo único es que en la cárcel de Matamoros la infraestructura a diferencia de otros centros, se encuentra en buenas condiciones porque fue remodelada en el 2016″, dice Dedik.

Hacinados

Entre 2012 y 2023 hubo un incremento de ocho mil reos, sin que se construya más infraestructura para controlar a reclusos peligrosos. El hacinamiento continúa y los penales siguen siendo el principal centro de operaciones de extorsionistas.

Una de las estrategias que hasta ahora no han dado mayores resultados para deshacinar las cárceles es la implementación del control telemático, que funciona desde el 1 de junio último y que todavía es utilizado únicamente por seis personas.

Este sistema, que consiste en colocar tobilleras a quienes son procesados por delitos que pueden optar a una medida sustitutiva, ha sido cuestionado porque no es accesible para todos los privados de libertad y no contribuye al objetivo principal, pues el uso diario del dispositivo tiene un costo de Q50, y Q1 mil 500 si se utiliza por mes.

Durante este gobierno también se prometió la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, pero el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos reconoció que todo se quedó en “trámites” y será el próximo gobierno que decidirá si continúa con el proyecto.

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Un informe del Centro de Estudios Económicos Nacionales (Cien) detalla que en el 2012 la población reclusa en las 23 cárceles a cargo del Sistema Penitenciario (SP) era de 15 mil 13 hombres y mujeres que vivían en seis mil 682 espacios que se cuentan según la capacidad de cada celda.

A la fecha, el número de privados de libertad es de 23 mil 582, quienes ocupan seis mil 842 espacios. Esto significa que se tienen ocho mil 569 reos más que 12 años atrás.

Desde ese año a la fecha solo han aumentado 160 espacios dentro de la misma infraestructura presidiaria, gracias a remozamientos que se han efectuado.

Desde el 2004 han pasado 25 directores del Sistema Penitenciario. Las principales causas de su salida ha sido la renuncia o remoción del cargo por parte de autoridades de Gobernación.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas, este año, por alimentación, en la que se incluye a guardias y reos, se han invertido Q124 millones Q328 mil de un presupuesto vigente de 166 millones Q217 mil 579 en ese rubro.

Según un comunicado, “a través de un proceso en el Juzgado de Ejecución, Judicatura D, lograron que se ordenara la separación efectiva y clasificación penitenciaria de mujeres que se encuentran en centros de privación de libertad mixtos y de mujeres”.

“Celebramos y reconocemos la resolución emitida por la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt, que demuestra su compromiso por la defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad reconocidos en leyes nacionales y tratados internacionales”, indican.

El Juzgado de Ejecución “D”, a cargo de Batún Betancourt, ordenó 18 puntos que deben hacer efectivas las direcciones del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil (PNC).

La coordinadora general del Colectivo Artesana, Andrea Barrios, asegura que la resolución de la jueza de ejecución penal, Mireya Batún, es muy importante, porque “ha sido la única que ha emitido resoluciones en relación con desarrollar medidas correctivas para el Sistema Penitenciario, que es uno de los roles que el juez de ejecución tiene, según lo establece el Código Procesal Penal y el Código Penal”. 

De acuerdo con Barrios desde el 2013, aproximadamente, habían intentado de diversas formas, y con algunas resoluciones, hacer una separación más contundente en los centros que están regulados en la ley y “en la cual se establece que en centros de hombres pueden existir áreas específicas para las mujeres, pero hace la salvedad de que tienen que estar completamente separados”.

Además, explica Barrios, debían tener un régimen propio. Pero la realidad en Guatemala es que hay varios centros mixtos. “Específicamente de mujeres solo está Santa Teresa, el de Quetzaltenango y el de Cobán, Alta Verapaz. El resto en la República son mixtos”, agrega la activista. 

El detonante

Barrios cuenta que ha habido esfuerzos para la separación, pero no se ha concretado hasta ahora. “Lo más grave fue lo sucedido el año pasado en la cárcel de Mazatenango, Suchitepéquez, y que fue el mismo Sistema Penitenciario quien denunció el hecho. 

“En aquella prisión, la denuncia fue que algunas mujeres fueron explotadas sexualmente y los beneficiarios eran empleados de presidios, quienes recibían beneficios económicos por tener relaciones sexuales con las privadas de libertad”, recuerda Barrios.

El caso

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El caso de la cárcel de Mazatenango es emblemático porque quienes ejercían la violencia sexual eran los propios privados de libertad que estaban en el mismo inmueble, revela Barrios.

“Estos hechos se dan porque no existe una separación, porque no hay una división y una forma contundente en la cual las mujeres no corran ningún riesgo y fue a raíz de eso que nosotras, una vez se hizo pública la denuncia, además de aplaudirla, consideramos que se debe sentar precedentes y que haya justicia en un caso de esta naturaleza”, expone.

Según Barrios quienes trabajan en ese ámbito “hemos recibido múltiples denuncias sobre este tipo de situaciones”. 

“Sin embargo, nunca había habido un proceso judicial. También se debe destacar que fue el SP, quien denunció, pero eso no se tradujo en una separación en el centro como medida de prevención y para que no vuelva a suceder”, analiza.

Por este caso, revela Barrios, es que se presentó la solicitud a la jueza, en seguimiento a una resolución que ella había emitido en el 2020 para lograr la separación en la cárcel de Puerto Barrios.

“La idea fue saber si esa podía hacerse extensiva a Mazatenango y todos los centros donde las mujeres conviven con hombres privados de libertad y también con el personal que controla esas prisiones”. La jueza no accedió, pero “dada la magnitud del problema, y de los hechos denunciados por presidios, abrió una nueva ejecutoria, un nuevo proceso en el cual se emitió la sentencia que debe cumplir el SP y la PNC.

Durante 17 años, dice la coordinadora del Colectivo Artesana, no se ha logrado una separación efectiva en las cárceles porque hay mucha resistencia de muchas personas dentro de ellas. En Guatemala no se cumplen con estándares internacionales en la materia.

A quien propone la separación, opina Barrios, primero lo amenazan, lo quieren matar, se enojan, porque nadie quiere la separación. “Ellos son felices conviviendo”. 

Ejemplificó con el caso de un juez que en la prisión de Izabal casó parejas adentro para que convivieran. “Imagínese eso. “Los fines para los cuales está hecho el Sistema Penitenciario no tienen que ver con generar vida marital ni tener ese tipo de situaciones, sino que hacer que las personas tengan oportunidades de cambio”, apunta. 

El problema que Barrios ve alrededor de esta sentencia es que ahora solo se ha “pensado en la construcción de cárceles de máxima seguridad para hombres, pero las mujeres no se incluyen en los planes.

Se consultó al SP y la PNC acerca de esta resolución, pero hasta ahora aseguran que no han sido notificados y en cuanto lo sean darían una respuesta al respecto.

Privados de libertad al día de hoy
lunes 25 de septiembre de 2023 pic.twitter.com/FQ5Z00IcDX

— Sistema Penitenciario de Guatemala (@Dgspg) September 25, 2023

 Qué deben hacer el SP y PNC

1. Separación efectiva el área ocupada por mujeres en el centro de detención preventiva de hombres y mujeres de Mazatenango, Suchitepéquez. (No mayor a un año)
2. Reubicación o separación definitiva de las mujeres del Centro de Detención Preventiva para hombres y Mujeres de los Jocotes, Zacapa. (Inmediato)
3. Reubicación y cierre definitivo del área de mujeres del Centro de Rehabilitación de Puerto Barrios, Izabal. (Inmediato)
4. Reubicación o separación definitiva de las mujeres del Centro De Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Santa Elena, Peten. Así mismo separación de las internas de acuerdo a la etapa procesal en las que se encuentren, prisión preventiva o cumplimiento de condena. (Inmediato)
5. Reubicación y cierre del área que actualmente ocupan las mujeres en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Chimaltenango. (Inmediato)
6. En el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz, se ordena la separación de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentren las internas, prisión preventiva o cumplimiento de condena. (Inmediato).
7. Separación definitiva de las mujeres del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres “Matamoros”. (Inmediato)
8. Separación definitiva de las mujeres del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres , zona 17 “Mariscal Zavala”. (Inmediato)
9. Cierre definitivo del centro preventivo para Mujeres de Quetzaltenango. (inmediato)
10. Atienda políticas para reducir la sobrepoblación carcelaria  y separación de las mujeres dependiendo su situación procesal, prisión preventiva o cumplimiento de condena en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18 “Santa Teresa” y el Centro de detención Femenil “COF”.  (urgente).
11. Con el fin de garantizar con dicha reubicación, la efectiva separación y las garantías mínimas para las internas, a un lugar que cumpla con tener: 1) infraestructura con espacios adecuados, separados con base a la clasificación penitenciaria de acuerdo al perfil criminal de las internas, tamaño de las celdas, cuadras, sectores, separación por celda, sector con iluminación, sin hacinamiento, con espacios individuales, espacios separados para mujeres embarazadas y madres con sus hijos. 2) Condiciones sanitarias con agua potable de forma permanente y posibilidades de insumos para la higiene digna y humana que respondan a las necesidades femeninas, como toallas sanitarias, papel higiénico, jabón de manos, pañales de bebe o adulto, según la necesidad; 3) servicios integrales de salud preventiva y de atención a la enfermedad de manera influyente y con pertinencia cultural y bajo los mismo estándares igualitarios con los que se atienda a la población general, es decir, libres de estigmas y discriminación y con pertinencia etaria, tomando en cuenta que, no son las mismas necesidades las de mujeres jóvenes que mujeres adultas en etapa de menopausia, climaterio y vejez). 4) Áreas para recibir visita íntima y/o visita familiar, áreas adecuadas para educación y trabajo, áreas de recreación, áreas adecuadas con accesibilidad incluyente para mujeres con algún tipo de discapacidad. 5) Programas de prevención y tratamiento de adicciones. 6) Programas de reinserción social, 7) Contar con un régimen disciplinario clara para entendimiento y práctica de ellas. 8)  apoyo psicológico y espiritual. 9) Programas de reinserción familiar, programas de educación que cubran las necesidades académicas del nivel que las interna necesite y que se garantice que al salir en libertad dichos estudios tengan validez o realmente puedan ser convalidados antes autoridad competente (Mineduc, Universidades, Colegios de Profesionales). 10) y otros programas o espacios para la adecuada rehabilitación de las privadas de libertad que brinde garantías fehacientes a los derechos de las reclusas, para prevenir situaciones como la acontecida. (un año)
12. Realizar las gestiones necesarias para incluir en su presupuesto anual del año 2024, los rubros presupuestarios necesarios para la creación de por lo menos 1 centro especializado en mujeres en casa una de las 8 regiones de la Republica.
13. Crear la Escuela de Estudios Penitenciarios programas de capacitación sobre la gestión y administración de prisiones para mujeres.
14. En caso que sean necesarios los cierres definitivos de centros, se ordena a los gobernadores departamentales verificar el cumplimiento a través de las mesas de seguridad.
15. Convocar a una mesa técnica con la participación de: Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo, SP, Primer Vice ministerio, DIPLAN, Dirección de presupuesto del MINGOB, Representante del Congreso, Gobernadores Departamentales, Colectivo Artesana, Dirección General del Sistema Penitenciario, Mecanismo contra la Tortura, PDH, entre otras. Debiendo informar  la programación de las distintas reuniones. (No mayor a 3 meses).
16. Se emitan Políticas que faciliten el acceso a estudios y el desarrollo de trabajo con garantía de sus derechos humanos como laborales a las mujeres privadas de libertad por región y tipo de prisión. (No mayor a un año).

A la Dirección General de la PNC

1. Requerir de forma urgente, dictámenes, informes u opiniones técnicas a la CONRED de los Centros de Detención: 1. Jalapa, 2. Salamá, 3. San Marcos (que se encuentra en el segundo nivel del Centro de Quetzaltenango), 4. Totonicapán, 5. Huehuetenango. (Urgente)
2. De los dictámenes, opiniones o informes técnicos recabados de los cuales surjan criterios desfavorables, para la habitabilidad, se deberá de proceder a realizar las diligencias pertinentes para el cierre definitivo y reubicación de las mujeres privadas de libertad que se encuentran en dichos centros. (2 meses para informar sobre los centros que presentan problemática y cierres procedentes. No mayor a 6 meses, los cierres).

En la actualidad, 78 privados de libertad fueron trasladados a celdas en la cárcel Fraijanes 2, que cuenta con celdas construidas para aislar a uno, dos o cinco internos, con planchas de cemento, sin tomacorriente, y el alumbrado eléctrico es controlado por los guardias del penal.
Los presos aislados provienen, en su mayoría, de El Boquerón, Santa Rosa; el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, y El Infiernito, Escuintla, y pertenecen a diferentes clicas de la pandilla Barrio 18.

Con estos traslados, según las autoridades, también se reducen los ataques en contra del transporte extraurbano de rutas cortas, uno de los sectores más afectados por las extorsiones.
Vandalismo.

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David Boteo, subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), expuso que el proceso para aislar a los 78 reclusos se efectuó en prevención por el proceso electoral, para evitar que se cometieran acciones delictivas el día de las votaciones, aunque que se trataría de vandalismo común y no se determinó que los antisociales estuvieran al servicio de políticos o de estructuras criminales.

“Desde el año pasado se han tomado acciones con la PNC, aislando a privados de libertad de alto valor. En la segunda vuelta electoral se dieron algunos incidentes por pandilleros que querían causar zozobra, pero se tuvieron las alertas y se controló la situación”, dijo.

Boteo añadió que la cárcel de Fraijanes “no es de máxima seguridad, pero cuenta con una serie de calidades que que no tienen otras cárceles, puesto que en las demás prisiones los presos utilizan los teléfonos públicos ubicados dentro de los centros, y también recurren a las visitas, para coordinar hechos delictivos.

El nivel de las extorsiones se ha incrementado a tal punto, que a finales del año las pandillas aumentan los cobros, según las autoridades.

Para resguardar su vida, los afectados, que son los pequeños y medianos comerciantes, así como empresarios del transporte de pasajeros, prefieren dividir las exacciones en tres cuotas y amortizar así el pago.

“Por desgracia los comerciantes acceden a pagar y lo hacen en tres pagos, para que al final del año estén solventes con los extorsionistas”, dice un investigador de la División Especial de Investigación Criminal (Deic) de la PNC.

Las sumas que pagan los comerciantes varían según el tipo de negocio y el sector. Una abarrotería de barrio puede llegar a pagar cuotas de Q5 mil a Q10 mil, así como comedores, librerías, talleres y empresas del transporte de carga.

Este tipo de acuerdos, según la Deic, son más frecuentes en la capital y municipios aledaños como Villa Nueva, San Pedro Ayampuc y Mixco.

“Esto se da a nivel nacional, aunque las amenazas las dirigen más a comerciantes de la capital, en especial en los barrios donde las pandillas tienen sicarios a su servicio para que hagan los cobros”, agrega el investigador.

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Aislados

A pesar de las acciones que emprende el SP, las extorsiones continúan y en julio se registró la cifra más alta de denuncias de los últimos 19 meses, según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

La tasa interanual, señala el informe, aumentó y en julio cerró con 89.9 denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes.

La problemática, de acuerdo con Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca) y directivo en la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), se volvió tan común que los extorsionistas lleguen a los predios donde se encuentran los cabezales y camiones, para entregarles un teléfono con el fin de coordinar la entrega del dinero.

“—Los extorsionistas— llegan a los talleres o predios donde atienden al transporte de carga y —los encargados— prefieren pagar. Otros denuncian y se quedan a la espera de que se investigue, pero la mayoría mejor se va del lugar donde estacionan los vehículos, por temor a que les pase algo”, subraya.

Análisis

“Las intenciones son buenas, pero debe garantizarse que los guardias y los directores de esa cárcel no tengan complicidad. De lo contrario, son acciones que no servirán”, destacó Eddy Morales, exdirector del SP, respecto del aislamiento de los cabecillas pandilleros.

Además, a su juicio no solo se trata de controlar que los internos no tengan complicidad con las autoridades de ese centro carcelario, sino también que la infraestructura del penal estén en condiciones para evitar que se hagan llamadas telefónicas, puesto que existen espacios muertos que no cubren los bloquedores de señal.

“Estos aislamientos pueden servir solo si los pandilleros son resguardados por un grupo de personal seleccionado, lo cual es muy difícil que se cumpla en cualquier cárcel”, dijo.

El exfuncionario precisó que esa cárcel tiene una capacidad para 300 internos como máximo, y aunque ha sido remodelada, siempre ha presentado vulnerabilidades que han quedado expuestas con los motines de reclusos.