El Ejecutivo espera que el Congreso presente una iniciativa de ley para extender el subsidio al gas propano, a la vez que analiza si solicitará una nueva prórroga en el caso del subsidio a la tarifa eléctrica, los cuales vencen el 15 y 30 de junio de 2023, respectivamente.

El ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que algunos diputados le han solicitado información sobre ejecución de la subvención al gas propano, así como registros de los niveles de consumo.

“Tenemos conocimiento de que en el Congreso se está trabajando una prórroga (para el gas propano) y tenemos conocimiento porque nos han pedido datos”, expuso Pimentel.

Actualmente la subvención es aplicable por Q0.80 por cada libra del cilindro de gas, es decir, aportes que van desde los Q8 hasta los Q28 para los cilindros de 10 hasta 35 libras.

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El Gobierno ha erogado Q536.04 millones para cubrir el subsidio al gas propano desde noviembre de 2021, que entró en vigencia por primera vez, hasta el 15 de marzo de 2023 cuando se aprobó la última prórroga.

Durante ese periodo, la subvención se ha aplicado en la compra de 25.9 millones de cilindros de diferentes presentaciones, confirmó el MEM.

Según los precios de referencia de la cartera, del 30 de mayo al 5 de junio, ya con el subsidio incluido, el cilindro de 10 libras se encuentra a Q46; el de 20 libras a Q192; el de 25 libras a Q115 y el de 35 libras a Q161.

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Energía Eléctrica

Pimentel expuso que por parte del Ejecutivo, también están analizando solicitar una ampliación para el aporte extraordinario que actualmente se aplica para los consumos de 89 y 125 kWh (kilovatios hora al mes ) de energía eléctrica, que vence el 30 de junio.

Su ampliación podría ser hasta por tres meses, como se ha solicitado en las prórrogas anteriores.

Actualmente la tarifa social y el aporte extraordinario aplica para los consumos entre 0 y 125 kWh.

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“Si decidimos, mantendremos el nivel de consumo porque básicamente abarca al 75 por ciento de las personas que tienen energía eléctrica”, expuso el funcionario.

Con la subvención actual, los hogares con consumos de 0 a 60 kWh, pagan Q0.50 por cada uno; Q0.92 por cada uno en los consumos máximos de 88 kWh; y Q1 por cada uno en los consumos de hasta 125 kWh.

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Financiamiento

El ministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez expuso que se les han hecho consultas por parte del Ministerio de Energía y Minas sobre qué fuentes de financiamiento podrían usarse para cubrir una nueva ampliación al subsidio del gas propano.

“La primera (fuente) podrían ser los saldos de caja, pero dependerá del monto que el Congreso busque conocer y aprobar”, expuso Martínez, quien aseguró que en el caso de la energía eléctrica aún no tienen información, pero si llega alguna solicitud, se buscarían las fuentes de financiamiento.

La posibilidad de que en el futuro continúen los llamados apoyos temporales para mantener los precios de los derivados del petróleo en el mercado local, ya es visto con preocupación por el analista económico Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

En este año, el gobierno ha destinado Q3 mil 181 millones a subsidios por las alzas de precios de los carburantes y no hay manera de que el precio internacional del barril de petróleo refleje una disminución, indicó el analista, quien brindó una perspectiva sobre este tema, en relación con la campaña política.

¿Cómo hay que abordar el tema de los subsidios a los derivados del petróleo?

Lo más importante es adoptar una perspectiva de mediano y largo plazos. Discutir sobre la eficiencia de los subsidios, en este momento resulta inútil, porque la teoría indicaría que estos deben ser focalizados y temporales para la población más necesitada, pero los que se aprobaron no tienen esa característica porque fueron generales y no necesariamente van a los más pobres porque los que consumen diésel y gasolina ya tienen acceso a un medio de transporte.

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¿Qué implicaciones tiene esta práctica?

Si se mantienen esos subsidios de manera permanente, la sostenibilidad fiscal corre riesgos.

La duda que me queda es si el Ministerio de Finanzas evalúa los riesgos fiscales y las amenazas que representa mantener ese tipo de subsidios.

Cuando uno ve la historia en la región y solo con lo que está sucediendo en Honduras, sobre todo en el sector eléctrico, los subsidios pueden representar un hoyo fiscal, por lo que habría que tener una estrategia para reducir el riesgo, lo que se relaciona con reducir otros gastos o buscar cómo aumentar los impuestos y ahí no hay salida.

Tal vez soy pesimista, pero si los van a dejar, y si suponemos que se quedarán para siempre, readecuemos todas las finanzas públicas para hacerlo sostenible. Mientras no se reconozca esa posibilidad, por lo pronto ya han destinado más de Q3 mil millones.

¿Percibe un escenario de riesgo fiscal?

Si se va a contar con ese agujero fiscal de manera permanente, sobrada obligación tiene la Dirección de Análisis Fiscal de hacer la medición de los riesgos. En Honduras, el déficit fiscal provocado por los subsidios y las deficiencias del sistema equivale a 1% del producto interno bruto (PIB).

Sería mejor que se asumiera el peor de los escenarios y suponer que si estos apoyos no se van a quitar en el mediano plazo, de verdad hay que empezar a asumir de qué tamaño es la factura a financiar, porque probablemente cuando eso se ponga ante nuestros ojos, seguramente se podrán tomar decisiones con una visión de largo plazo.

En apariencia, como es en “pushitos” no nos preocupa y percibo que estamos aletargados por el hecho de que supuestamente es transitorio.

Es muy amplio ese tema y por eso es necesario pensar qué se va a hacer con el transporte público, infraestructura vial, planificación y eso dejará ver que no hay condiciones económicas ni el capital político para poder deshacerse el subsidio.

¿Considera que se van a prorrogar los subsidios al acercarse el año electoral?

En términos políticos considero que hay incentivos para conceder nuevamente un subsidio, sobre todo, de un gobierno que ya va de salida y su capital político en un tercer y cuarto año se ha desgastado.

Hay que entender que los transportistas que han estado protestando lo hacen a nombre propio, pero de cierta manera también recogen el sentimiento de una gran cantidad de población que no participa en esa lucha, pues saben que, si se gana esa batalla, se puede brindar otro tipo de subsidios a otros bienes de consumo, y ese es el problema de países pobres que no generan ingresos ni empleo.

Aquí hay dos sabores: o asumimos que estas cosas son permanentes y analizar de qué tamaño será el golpe para readecuar el presupuesto público o simplemente que no se otorgue y ver qué se hace para contener los problemas que surjan.

Creo que no se ha hecho ninguna de las dos y es como la fiebre, que se piensa que va a pasar, y la gente se niega a la realidad de que ese solo es un síntoma de una enfermedad grave. Es necesario un ejercicio de construcción de escenarios.

¿Qué actitud deben asumir los agentes económicos?

Quienes reciban ese “regalo” de parte del gobierno va a estar gustoso de tomarlo, por lo que el mayor reto de cara a la elección presidencial será distinguir entre la oferta política y quien está hablando seriamente de estos temas. Esto, porque no es sostenible que alguien venga con una política que prometa mantener los subsidios de manera indefinida.

El que ofrezca eso que diga cómo se financiará, que es la acción más concreta que se puede tomar que de cara a la nueva elección, y de dónde saldrán los recursos.

Los bloqueos de los transportistas están generando conflictividad…

Con eso de los bloqueos, los transportistas “se están disparando en el pie” porque camión parado no genera flete y si otros transportistas no pueden pasar, tampoco generarán servicios. Hay un límite a lo que ellos se pueden oponer, antes de que se vean afectados sus bolsillos, salvo que la situación sea completamente insostenible y que estén operando con pérdidas.

Si usted fuera el responsable de buscar una solución ¿qué propondría?

Le pediría al presidente que convoque a un consejo de ministros, que agarre el toro por los cuernos y trasladar a la población que esto no es transitorio, así que se deben solucionar los problemas de la infraestructura vial y el transporte de carga, porque la velocidad de circulación en el país es lenta, lo que incrementa el costo kilómetro/tonelada por el alto consumo de combustible.

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Un nuevo incremento en los precios del galón de gasolinas y diésel se registró este martes 10 de mayo, lo que genera un ambiente de preocupación a diversos sectores productivos, que ya están analizando el traslado de los aumentos de este insumo a usuarios y consumidores, lo que puede provocar un efecto “rebote” o “cascada” en toda la economía.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó un último “ajuste” de Q2.70 para las gasolinas y de Q0.77 para el diésel, como promedio, por lo que, en el área metropolitana, el galón de súper llegó a Q41.93; el de regular, a Q38.83 -que tiene un subsidio de Q2.50- y el de diésel, a Q38.50 -subsidiado con Q5- en la modalidad de autoservicio. Mientras, en muchos municipios del resto del país, se observaba una diferencia de hasta Q3, en comparación con los precios que se registraron en la capital.

El martes 3 de mayo, también hubo variación alcista de Q2.24, y según el MEM, esta es la séptima semana consecutiva de incrementos, lo que preocupa a personas individuales y sectores productivos, ya que estos costos tienen una incidencia directa sobre la movilidad y el transporte de pasajeros y mercadería.

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De 39% a 57%

Del 1 de enero al 10 de mayo, los precios de los combustibles han mostrado movimientos alcistas constantes. Por ejemplo, en enero el precio del galón de súper costaba Q28.69 y con la referencia de ayer (Q41.93) subió Q13.24 (46%); la regular pasó de Q27.91 a Q38.83, para un incremento de Q10.92 (39%), mientras que el diésel subió de Q24.51 a Q38.50, para un aumento de Q14 (57%).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentado este lunes, reveló que, en términos interanuales, los gastos básicos que registraron la mayor alza porcentual en abril fueron el diésel con 52.38%; la gasolina súper con 38.34%; y regular, con 32.18%.

Mantienen tarifas, por el momento

Ante esta situación, representantes de las gremiales que integran la Coordinadora Nacional de Transporte (CNT) analizaron el tema este martes, especialmente el encarecimiento del diésel, para tomar decisiones sobre lo que ocurrirá después del 5 de junio, cuando concluya el subsidio aprobado por el Congreso.

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“Vemos con preocupación que cuando termine el apoyo en junio, el galón de diésel subirá otros Q5”, detalló Augusto Toledo, presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales (ATI).

Por lo tanto, entre las conclusiones de la reunión está que cundo eso suceda, “tendremos que hacer cambios en los precios que se están cobrando en este momento por el traslado de personas y mercaderías”. Dejó claro que en este momento no se está analizando ajustar las tarifas, pero cuando el subsidio ya no esté vigente, es lo que ocurrirá.

En la estructura de costos del transporte, el combustible representa entre 45% y 50% del valor del flete y por cada Q5 que el galón de diésel sube, el ajuste automático es de hasta 8% del costo del flete.  Toledo aseguró que aún no hay acercamientos con las autoridades del MEM para abordar el tema, pero es otro asunto por decidir.

Incidencia en el aparato productivo

A Luis Alfonso Bosch, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), se le preguntó sobre los efectos del alza de los derivados del petróleo y resaltó que el impacto se da de diversas formas y en distintas fases o etapas de los procesos industriales.

“Es importante tomar en cuenta el tipo de producto del que se esté hablando, pues hay bienes que requieren un mayor consumo de insumos provenientes del petróleo que otros, o necesitan un mayor consumo de energía obtenida del petróleo. Independientemente de lo anterior, todos los productos se ven impactados en la cadena logística, ya sea para importarlos como componentes para elaborar otros productos o bien para la venta de bienes al consumidor”.

Remarcó que, por lo señalado, no es posible brindar un porcentaje representativo de la participación del combustible en la producción, “aunque los costos están subiendo para cualquier productor, distribuidor o detallista. O sea, en toda la cadena”.

Sobre la posibilidad de que aumenten los precios de productos terminados en general, Bosch respondió que Guatemala es una economía pequeña y abierta, que tiene Tratados de Libre Comercio con los principales socios comerciales y hay competencia en el mercado, lo que obliga a los empresarios a ser más eficientes y eventualmente, a revisar los precios, con el riesgo de perder mercado, ya por competencia directa o por sustitución de los productos, por parte del consumidor.

“Las decisiones de precios son del empresario y las de compra son del consumidor. Estamos en una situación compleja, pero de la que seguramente vamos a salir adelante, como en ocasiones anteriores. No es fácil y se va a necesitar de la toma de decisiones sabias de todos”, puntualizó.

Riesgo político

Y David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aseguró que es muy difícil determinar el impacto la presión del alza de petróleo en la estructura productiva de las empresas porque eso depende del giro de negocio de cada una.

“Hay compañías que se dedican al transporte o a la distribución, por lo que las alzas en los combustibles impactan severamente sus costos; pero en general, depende de la orientación productiva del negocio”.

E indicó que es muy difícil establecer un perfil del beneficio del subsidio a los carburantes para la población, en cuanto a mejorar su situación económica, pero seguramente, continuará la presión para que se prorroguen estas subvenciones, lo que al final, no es sostenible para las finanzas públicas, aparte de que por tratarse de un año preelectoral, las autoridades electas de forma popular no pensarán tanto en apoyar a las personas, sino en quedar bien en la memoria colectiva en función de las elecciones del 2023.

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La misma justificación

Luis Ayala Vargas, viceministro del MEM encargado del área de Hidrocarburos, confirmó que esta es la séptima semana consecutiva de aumento en el precio internacional del petróleo y sus derivados, lo que en gran medida se debe al conflicto entre Rusia y Ucrania, “lo que se ha reflejado en el mercado local”.

En la modalidad actual de apoyo social temporal, todos los martes el MEM brinda precios de referencia, que se basan en los de la Costa del Golfo de Estados Unidos durante la semana anterior y según el funcionario, el precio del diésel se estabilizó, luego de varios incrementos en las semanas anteriores, pero ahora va en alza la gasolina.

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“El principal problema es que hay una escasez de crudo porque el 20% del petróleo mundial salía de Rusia y se quedaba en Europa; pero ahora, se está moviendo crudo de otros lugares (inclusive de EE. UU.), y eso ha incrementado los precios”, justificó.

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (AGEG), subrayó que los precios de la Costa del Golfo subieron en la semana anterior y es lo que se está reflejando.

“Sobre los factores que están incidiendo a escala internacional está la oferta de petróleo a escala global; la situación geopolítica en Rusia y Ucrania; y la capacidad de refinación, que no está al máximo”.

El diputado de oposición guatemalteco Samuel Pérez Álvarez denunció este martes que su país cuenta con la gasolina más cara de Centroamérica, pese a que se encuentra en marcha un subsidio aprobado por el Gobierno del presidente local, Alejandro Giammattei.

Pérez Álvarez, de la bancada de oposición Semilla, aseguró que la principal razón por la cual el combustible es más caro en Guatemala que en el resto de la región es que existe una “economía capturada” y un “Gobierno servil”.

Con información de EFE

En lo que va del año, el precio del galón de la gasolina súper pasó de Q31.50 el 31 de enero a Q39.99 el 9 de marzo, mientras que el de la regular subió de Q30.69 a Q39.39; y el diésel, es el que más se ha encarecido, se ubicó en Q41.59, luego de finalizar enero en Q27.98. Esto, en modalidad de autoservicio, pues con servicio completo, cuesta Q1.10 más por galón.

Los precios promedio reportados por la página web del Ministerio de Energía y Minas (MEM) dejan ver que, en menos de seis semanas, los consumidores han tenido que desembolsar entre Q8 y Q11 adicionales por cada galón de estos derivados del petróleo, incrementos que equivalen a 24% en promedio. Solo en estos primeros días de marzo, el incremento promedio ha sido de Q5.10 para la gasolina superior; Q5.09 para la regular y Q7 para el diésel.

Es así como el mercado guatemalteco ya tiene los precios más altos de la región centroamericana para los carburantes, lo que incluye al gas propano, pues luego de que el 28 de febrero pasado venciera el subsidio de Q0.80 por libra, ayer se reportó que una de las principales importadoras, de nuevo fijó en Q152, Q213 y Q608 los cilindros de 25, 35 y 100 libras.

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Alzas no autorizadas

Como un problema relacionado, la semana pasada comenzaron a observarse cientos de denuncias ciudadanas en las redes sociales respecto a incrementos en el costo de las tarifas del transporte urbano y extraurbano.

La Defensoría de los Usuarios del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que la Superintendencia de Transporte Público (STP) también estaba recibiendo este tipo de quejas, por lo que llevó a cabo varios operativos para la verificación de aumentos no autorizados.

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Fue así como este miércoles confirmó que desde el lunes 7, fueron sancionadas 10 unidades de la empresa Transurbano, con multas de Q5 mil, pues se pudo constatar por medio del validador, que están cobrando Q7.

Édgar Guerra, delegado de la PDH, expuso que la tarifa autorizada para el Transurbano es de Q1.10 y en las rutas o regiones diferenciadas es de Q2.50, lo que fue acordado en un “cabildo” en las comunidades respectivas. Y la tarifa de Q5 en adelante, está autorizada solo a partir de las 20 horas. En el caso del servicio Express de Mixco, esa alcaldía autorizó una tarifa general de Q5. “Cobrar más de lo estipulado es un abuso”, sentenció Guerra.

Consultado al respecto, el vocero de la empresa a cargo de Transurbano, Armando Samayoa, respondió que el problema del aumento al pasaje se da porque las tarifas autorizadas son diferenciadas y desde hace más de 10 años, el transporte urbano no cuenta con subsidio del Estado, mientras tienen que cubrir los costos de operación. con excepción de Transmetro de la Municipalidad de Guatemala.

El único sistema que cuenta con subsidio o aporte económico es el Transmetro, que para este año es de Q190 millones y por eso puede cobrar Q1 por medio de tarjeta de contacto y Q2, si es con tarjeta de débito o crédito, explicó.

Es por eso que, su recomendación para las autoridades competentes es la realización de una mesa técnica que defina compensadores sociales dirigidos a los usuarios, por medio de los sistemas prepago, que alivien a la población y que, también, de un respiro a los transportistas.

Por su parte, Edwin Amaya, de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), aceptó que se cobran Q5 por pasaje, pero con base en un acta firmada por la mesa de trabajo interinstitucional, en la cual se acordó que todo bus que saliera a circular con sistema prepago podría cobrar los Q5.

“No hay decreto, pero el que había para subsidiar el pasaje a las personas, indicaba que cuando se dejara de recibir ese aporte, el empresario tendría la facultad de cobrar la tarifa que considerara conveniente, para cubrir sus costos de operación”.

Extraurbanos sancionados

La Dirección General de Transporte (DGT) también reportó que se reforzaron los operativos diarios, priorizando la cantidad de denuncias recibidas por medio del teléfono 1532 y el WhatsApp 3274-3345, por lo que se han emitido 27 sanciones en lo que va del año, tanto por incremento en el alza de precio al pasaje como por sobrecarga de las unidades. En el 2021 registraron alrededor de 105.

“Hemos detectado que el transporte pirata es el que más menos respeta las tarifas autorizadas y el protocolo de bioseguridad. El año pasado se atendieron 33 denuncias de transporte ilegal, con esas características” dijo Héctor Ramírez, vocero de la DGT.

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El procedimiento

Ramírez explicó que el operativo diario en campo inicia con detener la unidad de transporte, le piden al piloto la documentación respectiva, su tarjeta de operaciones, póliza de seguro vigente y su registro. Mientras un inspector ve eso, otro sube a la unidad para verificar el cumplimiento del aforo y el valor del pasaje.

El aforo depende de lugar de donde procede el bus: con semáforo en rojo es el 50%; anaranjado, 75%; y amarillo, 80%. Tampoco deben de llevar pasajeros de pie, por lo que la DGT pide a los usuarios interponer las denuncias respectivas, incluyendo el número de placas para proceder a la verificación.

Las sanciones económicas varían de acuerdo con el tipo de infracción, para lo cual, el Acuerdo Gubernativo 225-2012 contiene una tabla de sanciones: por el transporte ilegal, la multa es de Q25 mil; por no contar con seguro, Q15 mil; por incremento no autorizado al pasaje, Q10 mil; si el piloto no está registrado, Q5 mil, y por sobrecarga o incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, Q3 mil.

Nueva iniciativa de ley

“Mañana jueves se va a presentar una iniciativa de ley que nos lleva a varias cosas. Una de ellas es que ya logramos que el Congreso de la República aprobara de emergencia la reinstauración del subsidio al gas propano.

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En el tema de la gasolina, los ministros de Finanzas y de Energía se reunirán con los jefes de bloque del Legislativo para hacerles un planteamiento”.

Estas fueron las declaraciones del presidente Alejandro Giammattei, luego de un acto protocolario en el Palacio Nacional, agregan que “el precio internacional no lo fija el presidente de Guatemala, lo fija el mercado; y hay una guerra que ha desestabilizado al mundo. Hay 10 millones menos de barriles diarios de petróleo que producía Rusia y que no están entrando al mercado”, remarcó.

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A su criterio, no hay escasez, pero mientras no se recupere el mercado, hay especulación porque se está jugando con los precios. “Ya lo advertimos y sancionamos a las primeras gasolineras porque compraron a un costo y están vendiendo a precios del futuro. Esto, la ley no lo permite y vamos a llegar al cierre de aquellas que estén recayendo en eso”, sentenció.

Ello ocurre en medio de una tendencia alcista de los precios del petróleo en el mercado internacional, debido en parte a las tensiones políticas internacionales.

Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas, informó luego de una citación en el Congreso, que la Ley de Apoyo Social Temporal que redujo el costo del cilindro para los consumidores y que cobró vigencia el pasado 1 de diciembre, concluirá el último día de febrero, en tanto que, hasta el momento, se han pagado Q63 millones a las envasadoras.

La dinámica de los desembolsos a las empresas importadoras del combustible se cumple cada dos semanas y el monto mencionado corresponde a la venta de más de tres millones de cilindros que han sido comercializados en el país.

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Aclaró que cada empresa, de acuerdo con su participación en el mercado de gas, es la que recibe el subsidio, y reiteró que los controles se realizan por el uso obligatorio de la Factura Electrónica en Línea (FEL).

El funcionario cuando concluya el programa, se habrá pagado unos Q126 millones, monto menor a la cifra estimada en noviembre del año pasado, ya que se presupuestaron Q150 millones.

Las estadísticas indican que nueve de cada 10 cilindros a los que se aplicó el subsidio en las primeras tres quincenas corresponde al de 25 libras, ya que es la presentación de mayor uso en los hogares.

Precios y tensión política

Por aparte, Pimental Mata, comentó que las recientes alzas en el precio internacional del barril de petróleo están influenciadas por la tensión política internacional entre Rusia y Ucrania, el invierno tardío en el hemisferio norte -que demanda más GLP para la calefacción en los hogares-, más la incertidumbre generada por las nuevas variantes del covid-19.

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El petróleo intermedio de Texas (WTI) -que es el de referencia para Guatemala- cerró este lunes con un incremento de 1.5% para situarse en US$88.15 por barril.

“El Texas ha acumulado una revalorización del 17% este mes, que se puede atribuir al desajuste entre la creciente demanda y la oferta limitada, pero también a los conflictos geopolíticos. Los inversionistas han estado especialmente pendientes de la tensión militar entre Rusia y Ucrania, pero también de la reciente escalada en Oriente Medio, por los riesgos que presentan para la oferta de crudo”, señala una agencia internacional.

Además, los contratos de gasolina con vencimiento a marzo subieron un centavo, para ubicarse en US$2.55 el galón.

Con información de EFE

El ministro de Economía, Antonio Malouf, en conferencia de prensa este martes 2 de noviembre en el Palacio Nacional se refirió al aumento del precio del gas licuado.

El precio del gas registró nuevamente un incremento en el mercado guatemalteco reportó la Defensoría del Consumidor.

El cilindro de 25 libras -que es el de mayor consumo- pasó de Q132 a Q142 con un ajuste de Q10; el de 35 libras de Q185 a Q199 o sea Q14 y el tambo de 100 libras subió Q40 para situarse en Q568 ya que anteriormente se cotizaba en Q528.

En ese sentido, el funcionario indicó que la única manera de bajar el precio del cilindro es haciendo algún tipo de beneficio al consumidor, “como una exoneración del IVA por ejemplo, pues eso lo deberíamos de trabajar con el Congreso de la República”.

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Aunque indicó que el ente regulador es el Ministerio de Energía y Minas y que estos son precios internacionales.

“De parte del Ministerio de Economía no podemos realizar nada, pero sí podemos trabajar de manera coordinada con el ente del Legislativo  y poder  ver cómo logramos tener algún descuento para el consumidor, ya que los precios se han elevado”, indicó el ministro.

Añadió que la parte de los subsidios es de analizarla con los diferentes ministerios y apoyarían cualquier decisión del ministro de Energía para tener la economía de los guatemaltecos a un mejor nivel.

“Yo creería que también deberíamos de poder en el Congreso de la República activar algún tipo de beneficio fiscal mientras están estos elevados precios mundiales”, manifestó.

Indicó que esto apoyaría la recaudación por medio de la factura y el beneficio debería ser al consumidor, no a la empresa distribuidora, para que realmente le llegue a la persona que está consumiendo.

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Explicó que para tener ese beneficio debería el consumidor pedir factura y eso ampliaría la base de recaudación y habría dinero para dar ese subsidio, pero para esto se debe trabajar de manera coordinada con otros ministerios.

Este es el segundo movimiento alcista que se brinda en el mercado en menos de 60 días, ya que el pasado 17 de septiembre se aplicó un incremento a los consumidores.

El cilindro de 25 libras -que es el de mayor consumo- pasó de Q132 a Q142 con un ajuste de Q10; el de 35 libras de Q185 a Q199 o sea Q14 y el tambo de 100 libras subió Q40 para situarse en Q568 ya que anteriormente se cotizaba en Q528.

Este es el segundo movimiento alcista que se brinda en el mercado en menos de 60 días, ya que el pasado 17 de septiembre se aplicó un incremento a los consumidores.

El movimiento de precios empieza en una temporada en la cual hay un mayor consumo por efecto estacional.

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“Es un golpe”

El defensor del Consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Fernando Trabanino, explicó está mañana que estos ajustes representan un golpe a la economía familiar.

“El cilindro de 25 libras pasó de Q132 a Q142 e inició el año con un valor de Q99 y ha tenido un ajuste acumulado de Q43, impactando así la economía la familiar, sino para otros derivados como el proceso de elaboración de comida, tortillas y pan que son básicos de la dieta en población”, recalcó.

Trabanino, explicó que el aumento no es generalizado, y solo lo está aplicando una compañía envasadora, pero al agotar el inventario otras compañías lo aplican al consumidor.

¿Se justifica?

Al preguntarle, si se justifica esta alza, el defensor aclaró que el tema de hidrocarburos no es una prioridad de las actuales autoridades, a pesar de la sensibilidad del tema, y que efectivamente hay un incremento de precios internacionales del barril de petróleo.

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Recordó que se viene de un año de pandemia, y en la cual hubo restricciones e hizo que se tuviera precios bajos históricos en combustibles; pero en el proceso de reactivación económica se incrementó el precio ante la demanda.

Trabanino explicó que una de las situaciones que se han planteado es que no hay certeza que estos incrementos reflejen las condiciones del mercado internacional, y que la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) es muy débil, no cuenta con el personal suficiente para hacer los análisis económicos, inspección y fiscalización en las plantas de llenado y los consumidores no cuenta con la certeza que los precios del mercado internacional estén en sintonía con el mercado local.

“El precio justo es el que esté con el precio internacional, pero si contamos con una institución débil, sin delegados departamentales se vulneran los derechos, y lo importante es fortalecer la DGH, y que lo consumidores tengan la certeza que se está trasladando el ajuste en el mercado internacional”, apuntó.

El otro aspecto, remarcó el defensor, es que se incrementa el precio del cilindro, pero se desconoce si el cilindro cuenta las libras exactas y es algo que debe fiscalizar la DGH en coordinación con Diaco, no se cuenta con ese personal.

Variación en 2021

Los datos de la DGH señalan que de enero a octubre se han presentado seis ajustes para el cilindro de 25 libras:

1. 4 de enero, Q99
2. 13 de enero, Q107
3. 26 de enero, Q116
4. 16 de marzo, Q120
5. 17 de septiembre, Q132
6. 1 de noviembre, Q142

(Fuente: Dirección General de Hidrocarburos/Defensoría del Consumidor)

Tarifas de energía

Además del alza del cilindro de GLP, a partir de hoy entra a regir el nuevo pliego tarifario con ajustes del 1.9% a 2.5%.

Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), las tarifas tendrán vigencia del 1 de noviembre al 31 de enero del 2022, y hay un incremento para los abonados de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A (EEGSA), para la Distribuidora de Occidente, S.A. (Deocsa) y de la Distribuidora de Oriente, S.A (Deorsa), se informó por medio un comunicado la CNEE.

Para los usuarios dentro del rango de Tarifa Social, en Deocsa el precio se ajusta de Q1.88 a Q1.92, y para los de Deorsa de Q1.79 a Q1.83, y para los de EGSSA pasa de Q1.23 a Q1.25 por kilovatio hora (kWh).

para los usuarios que no están dentro de Tarifa Social, el kWh para Deocsa pasa de Q2.01 Q2.06, Deorsa de Q1.88 a Q1.92 y para EEGSA de Q1.32 a Q1.34, señala la CNEE.

La inflación importada ha reflejado una tendencia alcista en Guatemala explicada por el comportamiento de precios internacionales, contrario a lo que ocurrió en 2020 cuando la inflación interna prevaleció asociada a los efectos directos de la pandemia.

Para cualquier toma de decisión, la inflación —entendida como el alza generalizada de precios en la economía— es un indicador para considerar y, durante el presente año, se experimentó un alza que alcanzó un 6%, y que no se había reflejado.

Al analizar el comportamiento en los últimos meses, hay variaciones interesantes.

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Por ejemplo, en 2020 predominó la inflación interna;, y en 2021, predomina la inflación importada, que disparó el indicador a principios de año, y que en los últimos meses se ha estabilizado.

En parte, según han explicado las autoridades, el aumento de la inflación importada está asociada al alza de precios del barril de petróleo que ha impactado de manera directa en la división de transporte en Guatemala, explican autoridades.

En agosto, el ritmo inflacionario fue de 3.62%, y es mucho menor al 5.24% observado en enero cuando se empezó a observar una recuperación de los precios internacionales de esta y otras materias primas.

Julio Castilla, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (Fecamco), advirtió recientemente que los países de la región podrían enfrentar inflación asociada al aumento de los costos logísticos del transporte marítimo, pero, las autoridades monetarias de Guatemala han aclarado que podría tratarse de un efecto temporal.

Desglose

Para Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), hay una explicación de lo observado hasta agosto al hacer un desglose de la inflación interna e importada, y la decisión de la Junta Monetaria en mantener invariable la tasa líder de interés en 1.75% el pasado 30 de septiembre.

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Recinos reafirmó que en agosto el ritmo inflacionario cerró en 3.62%, indicador que está dentro de la meta establecida por Junta Monetaria de 3% a 5%, y menor al valor central de 4%, que en términos generales lo calificó como positivo para los agentes económicos y para la población que se sitúe en esos valores.

Recordó, lo observado en el comportamiento de enero y febrero de este año cuando el ritmo inflacionario se ubicó en un 6%, en ese entonces, se habló que el indicador estaba fuera de la meta de inflación, y se expuso que sería un efecto temporal por algunos choques o shocks que se observaron asociados a la división de transporte, ya que el precio del pasaje aumentó casi un 50% debido al aforo que era necesario para contener contagios, algo que en esos meses era un componente importante.

En enero, el 3.84% era de inflación interna y la importada de 2.16%, sin embargo, en los meses siguientes el componente de inflación interna disminuyó hasta alcanzar el 1.67% del total observado.

Por el contrario, la inflación importada ha venido creciendo y en agosto se sitúo en 2.95%.

“La inflación en Guatemala en los últimos cinco meses tiene un componente importante de carácter externo que deviene del aumento en el precio del petróleo en más de un 50% a comparación de enero del 2021 y derivados de gasolina superior, regular, diésel, y el gas que tiene un origen importado”, remarcó el funcionario.

División de transporte

Abel Cruz Calderón, gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), afirmó que hay un seguimiento a la inflación a través del IPC en una canasta de alimentos con 441 bienes y servicios, de los cuales 279 son gastos básicos. La característica de esos gastos, que más consume la población, son en gran medida bienes nacionales.

Cruz Calderón citó como ejemplo que, para el melón, la sandía, los limones, la papaya, el chile pimiento, etcétera, el impacto por la inflación importada se refleja en el transporte.

“Si sube el precio de la gasolina impacta en el transporte, obviamente por transportar sandía, melones, limones, y otros productos. La sandía no cuesta más porque su costo de producción no ha variado, pero el costo de transportarlo a los centros de distribución es en donde está la afectación, y de esa forma es que los precios internacionales, al menos en la canasta del IPC en Guatemala, golpean”, precisó el gerente del INE.

Por otro lado, se presenta un efecto de rezago, ¿Por qué? Cruz Calderón declaró que, aunque suban los precios de la gasolina no tiene un efecto inmediato en los precios y recordó que hace algunas semanas en septiembre se reportaron alzas en el gas, pero en esa semana que se recogieron precios, todavía no se observa el impacto del alza.

“La señora que vende tortillas aún tiene el tambo de 100 libras que compró al precio anterior, y hasta que no vuelva a comprar gas no sentirá el efecto; ahí no es inmediato. Igual pasa en el combustible que está subiendo y bajando; pero ahora se niveló más o menos en Q29 el galón”, precisó.

En todo caso, Cruz Calderón dijo que esos son los costos que paulatinamente han impactado en la canasta del IPC, y mes a mes, cuando se presenta el informe, se ha confirmado que el transporte de mercadería muestra una tendencia al alza y forma parte de los factores para que Guatemala tenga una inflación mensual de 0.20% a 0.30%.

“Concretamente, en el IPC la inflación importada está afectando ahí”, reiteró el gerente, y recordó que hay alzas en otras materias primas como el hierro o cemento que no son parte del IPC, pero que sí se están moviendo.

El presidente del Banguat envió un mensaje a los agentes económicos que en términos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) la inflación está controlada con un ritmo de 3.62% y motiva a la Junta Monetaria a no variar la tasa de interés líder tratando de apoyar el crecimiento económico y en la medida que la inflación lo permitiera.

El panel de analistas privados que consulta el Banguat considera que el ritmo inflacionario para septiembre y octubre se situará en 4.34% y 4.41%, pero para diciembre 2021 en 4.59%, respectivamente.

Cabi: Habrá shock

Paulo de León, director de firma Cabi, aseguró que la inflación no es transitoria, porque la inercia psicológica de los precios requerirá de mucho esfuerzo para detener el engranaje, y a su juicio, tendría que pasar algo muy fuerte para detenerlo, como una mega crisis económica.

Por otro lado, la entrada del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos puso a girar —en automático— el engranaje de la inflación a través de una expansión del gasto fiscal nunca visto en su historia, y se esperaría un déficit fiscal de un 20%.

Otro factor para tomar en cuenta es el problema de la disrupción en las cadenas logísticas que empeora la situación y hay una lista larga de espera en los puertos de Estados Unidos, “que es dinero parado que aumentará el costo, y puede provocar desabastecimiento, elevar más el costo del flete por estar varados”, añadió el experto.

Hay un cuello de botella que se traduce en que los inventarios de las empresas colapsaron y era algo que no se observaba en siete años y el inventario bajo de los retailers llegó a su mínimo histórico.

“Hay supermercados vacíos y esto empezará a llegar a Guatemala, el tiempo de espera se alargó”, declaró De León.

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Al corto plazo, se espera un “shock” de oferta a fin de año porque las tarifas de los fletes marítimos no bajarán, al contrario, si cuando ya se estaban normalizando no bajaban y ahora con los contenedores parados se quedan estancados. “El problema es que hay retailers que firman contratos”, señaló De León.

“Cuando hay escasez, los precios suben y no se normalizará hasta el 2023; el tema logístico y la inflación es más de largo plazo. La comida está subiendo y hay problema severo en materia de precios, el consumidor se siente agobiado”, remarcó.

A decir de De León, el impacto de los precios se percibirá en octubre y noviembre, porque se tardó seis meses, y ya hay países como República Dominicana con una inflación de un 11%, y “no hemos terminado la fase dos y después la fase tres de ajuste de cantidades, por lo tanto, pegará el próximo año”.

El consumidor cambiará de formato, lugar de compra y tamaño, cuando los precios crecen más que los salarios las personas se sienten ya castigadas en su economía familiar, concluyó.

La situación es un giro de 180 grados con respecto al periodo de florecimiento que esa provincia canadiense vivió durante la última década.

El territorio contiene las terceras mayores reservas de petróleo del mundo  (tras las de Venezuela y Arabia Saudí) en forma de arenas bituminosas, y los elevados precios del crudo durante ese tiempo provocaron una explosión de inversiones para desarrollar los yacimientos.

Entre 1999 y 2013, alrededor de US$200 mil millones fueron invertidos en el sector petrolero de Alberta. Solo en el 2013 la cifra anual de inversiones alcanzó los US$32 mil millones.

La bonanza económica atrajo a decenas de miles de personas de Canadá y del extranjero para trabajar en la boyante economía de Alberta, desde camareros a obreros de la construcción, pasando por ingenieros y otros profesionales de elevadas cualificaciones.

Al mismo tiempo, Canadá estuvo gobernado por un primer ministro, Stephen Harper, y un Partido Conservador con raíces físicas e ideológicas en la provincia del oeste, lo que se tradujo en concesiones de todo tipo para el sector petrolero.

Una de estas concesiones fue la decisión de Harper de sacar a Canadá del Protocolo de Kioto para permitir el desarrollo sin cortapisas de los yacimientos de Alberta.

Pero la dramática caída de los precios del petróleo en el último año, con el precio del barril ahora en torno a los US$30, un 70% menos que a mediados del 2014, ha puesto fin a la época de vacas gordas, lo que está teniendo profundas implicaciones políticas para el país norteamericano.

El viernes, el organismo público Estadísticas Canadá (EC) dio a conocer las cifras de empleo en Canadá durante el mes de enero, que constataron el rápido deterioro de la situación en Alberta.

En la provincia se destruyeron 10 mil empleos en enero. En los pasados 12 meses, Alberta ha perdido un total de 35 mil puestos de trabajo.

La tasa de desempleo se sitúa ahora en el 7.4% cuando a finales del 2014 era del 4.5% y ha alcanzado así el nivel más alto en 20 años, y por primera vez por encima de la media nacional desde 1988.

Eric Lascelles, el economista jefe de RBC Global Asset Management, una de las principales instituciones financieras del país, afirmó tras conocerse las cifras de enero, que “Alberta está claramente en una recesión y lo ha estado desde hace algún tiempo”.

Y la situación empeorará a lo largo del 2016, ya que algunas de las multinacionales que operan los yacimientos de las arenas bituminosas de Alberta, como British Petroleum y ExxonMobil, han anunciado que eliminarán más puestos de trabajo en un sector que ha perdido ya 40 mil empleos desde el 2014.

Atención

Alberta, que desde hace generaciones considera que Ottawa no presta suficiente atención a sus problemas y que en muchas ocasiones cree que Ontario y Quebec han conspirado para arrebatarle sus riquezas, ha solicitado al Gobierno federal ayuda económica y política.

Paradójicamente, el nuevo primer ministro canadiense, el liberal Justin Trudeau, es hijo del exprimer ministro Pierre Trudeau, una de las figuras más detestadas en Alberta porque su decisión de crear en 1980 el Programa Nacional de Energía fue interpretada en la provincia como un intento de nacionalización del sector.

Pero la mayor reivindicación de Alberta se centra en la exportación de crudo, para lo que necesita la construcción de oleoductos.

Estados Unidos ha bloqueado la construcción del oleoducto Keystone XL, que conectaría los yacimientos con las refinerías estadounidenses del Golfo de México, lo que ha supuesto un grave golpe para el sector.

Y las provincias canadienses de Quebec (en el este del país) y Columbia Británica (al oeste de Alberta) se niegan a aprobar, por razones medioambientales, la construcción de otros oleoductos para sacar el crudo de las arenas bituminosas a otros mercados, lo que añade más problemas políticos para Trudeau.