El presidente Alejandro Giammattei cumplió tres años de gobierno en el que se ha caracterizado por denuncias por actos de corrupción, falta de transparencia en el uso de fondos públicos, aumento de la violencia y encarecimiento de precios de productos de primera necesidad.

Giammattei, en cambio, presentó su tercer informe de gobierno en el Palacio Nacional, entre el vitoreo de funcionarios y actores aliados. Aunque la realidad de los últimos 36 meses contrasta con los logros destacados por el mandatario.

Estos son 10 hechos que han marcado el rumbo de su administración, que no fueron incluidos en su rendición de cuentas.

• Anomalías en los programas sociales

El 13 de marzo de 2020, apenas tres meses después de que el gobierno tomara posesión, se detectó el primer caso de covid-19 en Guatemala. A partir de ahí se aprobaron toques de queda para contener los contagios y también programas sociales para apoyar económicamente a sectores vulnerables.

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El problema fue que varias anomalías en la ejecución de estas ayudas gubernamentales fueron denunciadas. Por ejemplo, el bono de la economía informal, que consistía en una entrega única de Q1 mil a vendedores informales que fueran incluidos en listas elaboradas por los alcaldes. Sin embargo, se detectaron personas fallecidas incluidas en los listados.

Otro de los programas fue el del apoyo alimentario a cargo del Mides y el Ministerio de Agricultura (Maga), que consistía en entrega de alimentos a familias. La ley prohibía que fueran incluidos beneficiarios de otros programas. Pese a ello, diputados de oposición detectaron más de 31 mil personas que ya habían sido incluidas como beneficiarias con otros bonos.

• Manifestaciones del 21N

El sábado 21 de noviembre de 2021 miles de personas salieron a protestar en el Parque Central y en los alrededores del Congreso de la República, luego de que diputados aliados al presidente aprobaran el proyecto de presupuesto 2022 de manera exprés, sin revelar su contenido a congresistas de oposición.

La nula discusión permitió a la alianza oficialista aprobar un presupuesto que priorizaba proyectos de infraestructura susceptibles de corrupción y reducía presupuesto para educación superior y protección social, denunciaron tanques de pensamiento.

La tensión aumentó y deparó en la quema de parte de las instalaciones del Legislativo y ataques de la policía a manifestantes. Uno de ellos, incluso, perdió un ojo tras un ataque de un agente policial. Finalmente, tras la jornada de protestas, el presupuesto no entró en vigor.

• Castillo pide la renuncia a Giammattei

Una noche antes de las manifestaciones del 21 de noviembre de 2021, el vicepresidente Guillermo Castillo pidió en una declaración pública al presidente Giammattei que ambos presentaran su renuncia dada la creciente inconformidad ciudadana.

“Con mucha claridad le he manifestado al presidente que las cosas no están bien”, afirmó Castillo, y reconoció que había tenido poca comunicación con el gobernante. “Fui elegido vicepresidente y juntos -con Giammattei- prometimos llevar las riendas conforme a la población lo requería, sin embargo, no ha sido como se esperaba”, señaló.

Asimismo, pidió el cierre de Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez, tras ser una entidad que calificó de inoperante.

• Cierran Centro de Gobierno

Tras la solicitud del vicepresidente, el presidente Giammattei publicó el viernes 18 de diciembre de 2020 el Acuerdo Gubernativo 240-2020, del Ministerio de Gobernación, con el cual oficializó el cierre de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, la cual también había sido cuestionada por diversos sectores por duplicidad de funciones en el Estado.

• Compran vacunas Sputnik V de forma opaca

En el primer cuatrimestre del 2021 el gobierno firmó un contrato con Human Vaccine LLC por 16 millones de dosis Sputnik V, sin embargo, el gobierno se negó a transparentar los términos aduciendo cláusulas de confidencialidad. Inclusive, se negó el contenido del mismo al Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas.

Luego de que el mismo fuera filtrado, se reveló que el Ministerio de Salud hizo la compra sin asegurar garantía de cumplimiento por parte del proveedor y sin contar con un cronograma detallado.

La CGC presentó una denuncia en el MP contra la ministra de salud, Amelia Flores, y la viceministra administrativa, Nancy Pezzarossi por anomalías detectadas en la fiscalización.

• Médicos protestan por falta de insumos

En febrero de 2022, médicos del Hospital San Juan de Dios realizaron una caminata del centro hospitalario hacia el Congreso de la República, en donde exigieron que fueran atendidos por la Comisión de Salud el Organismo Legislativo para denunciar falta de medicamentos, lentitud en procesos de licitación y equipo hospitalario obsoleto.

El entonces director del nosocomio, Gerado Hernández, reconoció la crisis y en parte atribuyó la misma a falta de oferentes en el mercado.

• Aumentan homicidios y gobierno intenta ocultar datos

El 2022 reportó una tasa de 17.3 homicidios por 100 mil habitantes, la cual fue superior a la del 2021 y del 2022. Por primera vez en más de una década, la violencia homicida incrementó por segundo año consecutivo con relación a los 12 meses anteriores.

El gobierno reaccionó diciendo que no era viable comparar 2022 con 2021 y 2020, ya que estos últimos dos años fueron atípicos por las medidas de restricción de la pandemia. Sin embargo, organizaciones como Diálogos, que tiene un observatorio de violencia homicida, expusieron que esta justificación carece de validez técnica ya que, aun considerando el factor pandemia, las muertes violentas aumentaron más allá de las proyecciones estadísticas realizadas con datos de los últimos 20 años.

• EE. UU. sanciona a diputados aliados al oficialismo

El pasado 9 de diciembre Estados Unidos sancionó a los diputados Allan Rodríguez y Jorge Estuardo Vargas, así como al exministro de energía y minas del gobierno anterior, Luis Alfonso Chang, por actos de corrupción.

A Rodríguez, diputado del partido oficial que presidió el Congreso durante 2020 y 2021, se le reprochó utilizar “su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros. Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”, según la comunicación del gobierno estadounidense.

• Aumento de inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en diciembre 2022 0.23% y esto provocó que Guatemala cerrara en 2022 con una inflación anual de 9.24%, la más alta desde 2008, lo cual superó las estimaciones que tenía el Banco de Guatemala.

En promedio, los precios crecieron cerca del 10% entre enero y diciembre. En el caso de los combustibles, el aumento fue del 40%, pues el galón de gasolina costaba cerca de Q22 a inicio de año y cerró con un costo promedio de Q34.

El poder adquisitivo del quetzal se ubicó en Q0.60, perdiendo Q0.40 centavos con relación al período base de diciembre 2010, y Q0.05 en relación con diciembre del 2021.

• Deterioro en la salud del presidente

En las últimas semanas del 2022 el portavoz del gobierno, Kevin López Oliva, confirmó que el presidente Giammattei había acudido a un centro médico para “realizarse estudios médicos correspondientes a una gastritis aguda y así descartar una úlcera gástrica”.

López aseguró que el mandatario se “encuentra estable y en proceso de recuperación”, por lo que esperaba reincorporarse este miércoles a su “agenda de trabajo”.

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La lucha contra la desnutrición infantil continúa como una deuda del Gobierno. En los tres años de Alejandro Giammattei al frente de la presidencia han fallecido 220 niños menores de cinco años por desnutrición aguda, mientras que más de 71 mil infantes han sido víctimas del flagelo.

Son las cifras oficiales que el Ministerio de Salud reporta en el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan), y que evidencian un incremento de muertes por dicha condición durante el 2022, pues al 10 de diciembre se registraron 68 decesos, y en el mismo período del 2021 fueron 61 los niños cuyas vidas se apagaron como resultado del hambre o la enfermedad.

En el espacio denominado En consulta, Giammattei señaló como uno de los logros del último año de gobierno la vinculación de recursos al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán), que creció en un 88% en el último año. Esto no se aleja de la realidad, pues de los Q5 mil 431 millones vigentes en el 2021, el año pasado la suma fue de Q10 mil 176 millones.

Pero no todas las acciones que contaron con más fondos tienen una relación directa con el combate a la desnutrición. Por ejemplo, el programa de apoyo para el consumo adecuado de alimentos del Ministerio de Educación tuvo más recursos, pero solo atiende a niños de 5 a 11 años que están dentro del sistema educativo.

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Jorge Pernillo, analista y catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana (UPANA), señala que la alimentación escolar promueve que más niños lleguen a las escuelas, pero no previene la desnutrición crónica, lo que debe hacerse en la Ventana de los Mil Días, una etapa crucial en el desarrollo del niño.

Mientras que el Segundo informe de monitoreo del presupuesto del Poasan y otras actividades relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala que el programa del Mineduc hace a un lado a la niñez que por distintas razones no tiene acceso a la educación, y la población más afectada es la que viven en áreas rurales, en pobreza y pobreza extrema, y se autoidentificada como indígena.

Por otro lado, durante un discurso del 29 de diciembre Giammattei también señaló que en la lucha contra el flagelo el año pasado se benefició a un millón 271 mil 155 menores de cinco años con monitoreo de crecimiento y 884 mil 341 recibieron suplementación de micronutrientes. En tanto que se entregaron dos millones 881 mil 677 raciones de alimento complementario fortificado Nutriniños.

Los esfuerzos son positivos, pero no suficientes para atender a la niñez del país. Pernillo es del criterio que “no hay nada nuevo” en dichas acciones, pues son las que el Ministerio de Salud debe hacer de rutina.

Estado crónico

En Guatemala uno de cada dos menores de cinco años tiene retardo de crecimiento, y la promesa de este gobierno de reducir siete puntos porcentuales la desnutrición crónica queda lejos de cumplirse.

El Informe final de la línea de base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición (GCNN) 2021-2022, estrategia que fue lanzada al inicio de este mandato, indica que el 57.2% de los menores de 5 años están afectados por dicha condición en 114 municipios priorizados en los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Jalapa y Quetzaltenango.

Los casos de niños con desnutrición aguda al 24 de diciembre pasado son 21 mil 51. Se observa una leve disminución comparado con el período anterior, con un descenso del 3.7%, aunque la cifra podría dar un giro al lado contrario cuando se complete el reporte del 2022.

Se debe considerar, además, que los datos no son del todo “confiables”, pues no toda la población infantil es monitoreada en peso y talla.

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Sin bien hay descenso en la cifra de niños afectados, no puede obviarse que las muertes aumentaron, lo que para Icefi es un indicador de “la severidad de los cuadros de desnutrición”.

Modificación presupuestaria

El presupuesto del Ministerio de Salud para atender a la población infantil vulnerable ha sufrido modificaciones durante esta gestión, reduciendo de manera significativa los recursos para el programa dirigido a la prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica.

El 2020 la explicación de las autoridades a dicho recorte fue que los fondos se dirigirían a la emergencia de la pandemia covid-19. La disminución continuó, y el año pasado el programa cerró con Q297 millones menos, debilitando acciones que son cruciales para evitar el retardo de crecimiento en la niñez.

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Por ejemplo, la dotación de micronutrientes para población menor de cinco años terminó el 2022 con Q233 millones menos, mientras que a los servicios de vacunación se le restaron Q62.8 millones, en un momento en que la cobertura vacunal contra enfermedades inmunoprevenibles es deficiente.

El catedrático de la UPANA señala que durante el 2022 hubo una “pérdida de oportunidades” para avanzar en el combate a la desnutrición en Guatemala, pues la pandemia abrió una ventana de posibilidades para que los servicios de salud se fortalecieran para acercar y dar una mejor atención a la población, pero esto no ocurrió.

Pero hay acciones que rescata y que tienen futuro para prevenir la desnutrición en la niñez Guatemala, como el programa Acompáñame a crecer, que surgió en el 2021 y se le dio continuidad el año pasado. Este atiende de manera integral a niños de 0 a 4 años, una etapa crucial para su desarrollo infantil.

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Cobertura en Salud

Entre los logros que el gobierno resalta en el tema de Salud está la inauguración del Hospital de Santa Bárbara, en Morales, Izabal, que abrió el 31 de agosto pasado con la promesa de que beneficiaría a 400 mil pobladores del área.

Además del avance en la construcción de los hospitales de Rabinal, en Baja Verapaz, el de Chimaltenango, San Pedro Nécta, en Huehuetenango, este último podría inaugurarse este mes.

Tener más hospitales y mayor capacidad resolutiva es positivo, sin embargo, Carmen Salguero, analista en temas de salud de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), refiere que se sigue priorizando la parte curativa y no la preventiva.

“La salud curativa por medio de hospitales es necesaria, pero no debe ser más importante que el primer nivel de atención donde se pueden prevenir y atender el 70% de las enfermedades en personas de todo el ciclo de vida”, dice la analista, por lo que también se debe priorizar la infraestructura y servicios en puestos y centros de salud.

Debe haber un puesto de salud por cada 5 mil habitantes. Según la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 hay 18 millones de guatemaltecos, por lo que se necesitarían 3 mil 600 puestos, y se cuenta con mil 450, según último dato oficial. Hay un serio déficit que debe ser atendido.

La pérdida del poder adquisitivo del quetzal debido a una inflación que cerró en 9.24% anual fue un fenómeno que afectó la estabilidad macroeconómica del país durante el 2022, a pesar de que se aprobaron y ejecutaron diversos programas de apoyo o subsidios, para paliar sus efectos en la economía empresarial y familiar.

Por lo tanto, el 2022 será recordado como uno de los años en que el nivel general de precios aumentó con creces, pues a pesar de que buena parte del origen del encarecimiento de productos y servicios fue externo a consecuencia de la crisis económica internacional, los hogares guatemaltecos experimentaron un sustancial incremento en los precios de los principales bienes y servicios, mientras que las empresas tuvieron que asumir aumentos en sus costos de materias primas e insumos. Por lo tanto, se puede considerar que la inflación registrada se debió a una falla sistémica.

Ello incidió en que a pesar de que el país cuenta con una trayectoria de manejo macroeconómico prudente, en el 2022, la inflación importada generó un desequilibrio que obligó a tomar medidas de tipo monetario y fiscal, considerado tardío por varios especialistas, quienes también han criticado otros hechos que marcaron el acontecer económico del país, como los siguientes:

Precios y subsidios

Las cifras oficiales indican que se destinaron unos Q3 mil 347 millones para financiar los llamados programas de apoyo temporal, pues los importadores de diésel, gasolinas regular y super recibieron Q2 mil 339.6 millones; los de gas propano, Q419 millones; y se autorizaron aportes a la tarifa social de energía eléctrica por Q587.5 millones.

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Esto, a pesar de que en Guatemala no existe una política pública de subsidios y los fuertes desembolsos para abordar la coyuntura de precios de los combustibles no se basó en una política económica actualizada.

Es decir, se trató de abordar la problemática por medio de los subsidios para mantener la estabilidad y gobernanza, principalmente en el interior del país, pero una crítica es que no se registró una huella o ruta del dinero de los subsidios, para determinar y medir si la población más necesitada se benefició con esas medidas o si fueron favorecidos los segmentos poblacionales con ingresos altos y medios, con capacidad de compra de vehículos.

Ampliaciones y ejecución

El Estado gastó el año pasado Q108 mil 585 millones, lo que equivale a una ejecución de 96.14% de un presupuesto total de Q112 mil 939 millones, que fue mayor en Q6 mil 710 millones respecto a lo aprobado por el Congreso en el 2021, como resultado de varias ampliaciones y modificaciones sobre los Q106 mil 229 millones iniciales.

El incremento más significativo tuvo como destino el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q4 mil 631 millones, incluidos Q3 mil 239 millones aprobados por medio de la “Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica”.

No obstante, según las cifras del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), tuvo un gasto de Q8 mil 983 millones, para una ejecución del 89.53% que es una de las más bajas, sobre un presupuesto de Q10 mil 34 millones.

Pero, además, la infraestructura vial se encuentra en estado deplorable casi en su totalidad, lo que aparte de perjudicar a la ciudadanía en general, afecta al sector de transporte de carga y pasajeros.

Ello se explica en el hecho de que, como ocurre cada año, el 70% de los recursos aprobados para el Estado (más de Q75 mil millones) se destinaron a funcionamiento, que incluye salarios, insumos, compra de equipo y enseres; mientras que a inversión se asignaron Q18 mil millones (16%); y para pago de deuda pública, Q15 mil millones (13%).

Mientras tanto, para el último año de gestión del presidente Alejandro Giammattei, el Congreso aprobó un plan de gasto por Q115 mil 443 millones.

Remesas y migración

Desde hace muchos años, las remesas familiares se han convertido en un motor de la economía nacional por el lado del consumo, lo que el gobierno y las autoridades económicas exponen como un logro macroeconómico.

Sin embargo, poco se dice sobre el hecho de que esos recursos provienen del trabajo de millones de connacionales que han tenido que emigrar de manera irregular en busca del bienestar económico que no encuentran en su país.

Es así como el año anterior, Guatemala captó US$18 mil 40 millones (unos Q140 mil millones) por este concepto, dinero que en su mayoría se destina al consumo familiar y dinamiza actividades productivas como el comercio, la agricultura y la construcción.

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Pero como contraparte, en varias regiones del país ya no hay suficientes jóvenes disponibles para labores de campo, lo que comienza a perjudicar a la economía local. El estudio de movilidad de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes que elaboró Worl Vision recientemente, señala que el peso dominante de la migración recae en el factor económico.

El 27% de los entrevistados dijo que la principal razón para salir del país fue la pérdida de ingresos; otro 20.1%, para obtener más dinero y ayudar a su familia; el 15.4% respondió que ganaba muy poco al mes; y otro 12.9% dijo que migraba para pagar deudas contraídas.

Inversión extranjera: ¿Real o prometida?

Durante gran parte del año pasado, el gobierno afirmó que estaba ingresando un fuerte flujo de inversión extranjera directa (IED) y por ejemplo, en una presentación realizada en noviembre, el Ministerio de Economía (Mineco) informó que el monto recibido ya sumaba US$1 mil 691 millones, lo que sobrepasaba la meta de US$1 mil 500 millones.

No obstante, las cifras que maneja el Banco de Guatemala (Banguat), indican que hasta septiembre del 2022 el flujo por IED era de US$801.7 millones, y que Colombia ya se convirtió en el principal origen de esas inversiones.

Y el informe de evaluación de la política monetaria, cambiaria y crediticia a noviembre, indicaba que este indicador cerraría en unos US$1 mil 200 millones, lo que significaría una desaceleración respecto al 2021, cuando el monto ascendió a US$3 mil 470 millones.

Crecimiento, aunque insuficiente

La economía guatemalteca cerró en 2022 con un crecimiento del 4% (lo que está pendiente de confirmación), lo que a pesar de significar una desaceleración en comparación con el 2021, es un resultado positivo si se observa que la mayoría de los países de la región creció menos que esa cifra o reportó un decrecimiento.

Sin embargo, el indicador sigue siendo insuficiente para incidir de alguna manera en la solución de los problemas del país. Según los especialistas, en 2021 fue un año de recuperación acelerada como “efecto rebote” tras un decrecimiento en el 2020, pero lo ideal es que la actividad económica crezca en un porcentaje superior a la inflación y el crecimiento demográfico del país, lo que, en este caso, implicaría más de 12% anual.

El próximo 14 de enero el presidente de la república Alejandro Giammattei presentará su tercer informe de gobierno, en el cual se espera que detalle los logros alcanzados en materia educativa entre los que ha destacado con antelación la alimentación escolar, el remozamiento de más de 2 mil 900 centros educativos, la valija didáctica, las escuelas técnicas de campo, útiles escolares, entre otros.

La ministra de Educación, Claudia Ruiz a finales de 2022 sostuvo una reunión con el Mandatario aseguró que la cartera está preparada para recibir a todos los niños de vuelta a clases presenciales que se tienen previsto para el 15 de febrero y para ello cuenta con más de 5 mil centros educativos que fueron remozados el año pasado y para el primer cuatrimestre de 2023 se tiene un promedio de 3 mil 800 centros más.

Sin embargo, en dicho encuentro no se abordó sobre la implementación de programas que permitan reponer el aprendizaje y para este 2023 se enfoca en la distribución de alimentos y remozamiento de escuelas, algunos expertos en educación consideran que lo recalcado por las autoridades no está relacionado al aprendizaje y no contemplan como afrontarán el rezago en la educación primaria, secundaria y de diversificado.

Ruiz calificó como logros significativos el seguro médico, la entrega de útiles escolares, valija didáctica, escuelas técnicas de campo, entornos virtuales de aprendizaje, alianzas estratégicas y la entrega de 2.6 millones de raciones con una inversión de Q2.8 millardos.

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No tiene relación con la enseñanza

Al hacer un breve análisis sobre la responsabilidad de cada ministerio se podría concluir en que la alimentación escolar “no debería ser parte de las funciones del Ministerio de Educación, la alimentación es una parte social que contribuye a que los alumnos aprendan más” menciona Ester Ortega, analista y exviceministra de Educación.

Ortega refiere que es “preocupante en extremo” es el número de los alumnos repitentes y los resultados de la calidad educativa, derivado a que los estudiantes tuvieron un proceso educativo irregular y por ello se debe “lograr que los docentes nivelen a sus alumnos y no quejarse que llegan sin saber nada” refirió.

Los alumnos que estudiaron su diversificado a distancia, no sabemos como aprendieron y en que van aplicar sus conocimientos y si quieren ingresar a alguna universidad va ser difícil por las pruebas de admisión” advirtió Ortega.

La experta subrayó que hasta el momento el Mineduc no ha detallado “como piensa enfrentar el problema” del rezago educativo y la forma en que van a mejorar los métodos de aprendizaje” aspecto al que debe de darse la importancia necesaria e implementar mecanismos de aprendizaje lo más pronto posible.

Una crisis de 10 años

Es oportuno analizar sobre la formación académica que se está brindando en la actualidad, puesto que es fundamental para la formación de futuros profesionales y la capacidad de aplicar a una oportunidad laboral, explicó Bienvenido Argueta, exminstro de Educación, quien percibe que se afrontará “una crisis que va tardar por lo menos diez años”, dijo.

Argueta resaltó que muchos alumnos abandonaron sus estudios en niveles de secundaria y diversificado por “la falta de calidad de educación”  mientras que los estudiantes de los primeros grados de primaria “no saben leer, ni escribir tanto de las escuelas públicas como de los centros privados”.

El exfuncionario compartió que de cada 100 solamente 22 asisten a educación de diversificado, mientras que para la universidad son 8 de cada 100, a esto se le suma que “hay niños en hogares con pobreza”, dijo Argueta por lo que considera que deben impulsarse becas, tomando en cuenta que la pandemia afectó economicamente a los padres de familia.

A criterio del exministro de Educación tanto la alimentación escolar, como el remozamiento de los centros educativos “son logros que hay que revelarlos pero no son suficientes, porque existe una ausencia de como mejorar la calidad educativa” a esto se le suma al ausencia en tecnología que por varios años no se ha implementado y que es una herramienta útil y necesaria.

Importante retomar clases presenciales

Derivado a que la mayoría de niños de distraen con facilidad y ante la necesidad de fortalecer las destrezas y el aprendizaje es importante retomar las clases presenciales y que los centros educativos “tengan las condiciones mínimas, sobretodo sanitarias para ese regreso a clases, para que se retome el contacto directo entre alumnos y maestros”, refirió Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación.

La profesional considera que es importante el remozamiento en los centros educativos y la alimentación escolar ha contribuido en la “retención de los niños en la escuela y vemos un aumento en los niños de nivel de preprimaria” y es importante apoyar a los pequeños para que alcancen las destrezas con las que no cuentan y con ello  “se puedan ir recuperando los aprendizajes no alcanzados y acelerar el mismo en este año”, dijo.

Spross explicó que la deserción escolar “ya era un fenómeno importante antes de la pandemia era alrededor de un 6.5 por ciento en básicos y ha sido un problema sistemático en nuestro país”, por lo que es importante el abordaje pedagógico y apoyo socioemocional y con tutorías para reforzar las áreas que sean necesarias.

Agregó que el Banco Mundial (BM) reveló que un 70 por ciento de los estudiantes de la región Latinoamericana reflejan rezagos en su aprendizaje, de acuerdo con las cifras del 2021 arrojan indicadores señaló que  “cuatro de cada diez niños de nivel medio tenían rezagos en matemáticas y lectura”, por lo que se debe dedicar tiempo extra tanto de los maestros, como de los alumnos para apoyar en el desarrollo de destrezas que no lograron alcanzar.

Cifras

En el anuario estadístico del Mineduc se detalla que desertaron en el primer año de pandemia Covid-19, en el nivel primaria 33 mil 185, en básicos 34 mil 885 y en diversificado 22 mil 808 que suman 90 mil 878 alumnos.

Es importante recordar que en junio de 2022, el vicepresidente del BM, Victor Carrillo advirtió que el progreso y bienestar de los niños y jóvenes corre riesgos si los países no enfrentan el retraso educativo de 1.8 años que provocó el Covid-19.

De acuerdo con las estimaciones del BM, los estudiantes de la actualidad pueden disminuir sus ingresos a lo largo de la vida hasta en un 12 por ciento.

A la cartera de Educación el Congreso de la República le asignó un presupuesto de Q22.2 millardos.

Este sábado 14 de enero el presidente Alejandro Giammattei rendirá su informe del tercer año de Gobierno, donde se espera que destaque avances en materia de relaciones internacionales y migración.

El tema ha sido impulsado en las redes sociales del mandatario como uno de los grandes logros del 2022, según una publicación de Twitter del pasado 12 de diciembre.

Giammattei destacó en aquella ocasión el “fortalecimiento de las relaciones internacionales, aumento de la presencia en organismos multilaterales, nuevos consulados y pasaportes”.

Me reuní con el canciller y el equipo de trabajo del @MinexGt para abordar los avances en materia de:
Fortalecimiento de las relaciones internacionales
Aumento de la presencia en organismos multilaterales
Nuevos consulados
Pasaportes#VisitaMinisterialGT pic.twitter.com/1ETt7M1GhS

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) December 12, 2022

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que en 2022 aumentó la emisión de pasaportes cuya emisión alcanzó 853 mil 976 documentos, además se prorrogaron nueve mil 17 más.

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En 2021 el total de pasaportes emitidos fue de 346 mil 964 junto a 18 mil 269 prorrogas. En 2020, cuando asumió la actual administración de Gobierno se emitieron 218 mil 447 pasaportes.

Referente a la presencia guatemalteca en organismos multilaterales y de los nuevos consulados, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que cuentan con presencia consular en las 42 embajadas de Guatemala en el mundo.

En cuanto a los consulados detalla que cuentan con presencia en seis países; Estados Unidos tiene 23, Belice tiene uno, Canadá cuenta con dos, Honduras tiene una sede, México cuenta con 12 y Marruecos una.

El año pasado se crearon tres nuevos consulados; en Cancún, México; Vancouver, Canadá; y Dakhla, Marruecos.

Sin embargo, estas no son las únicas cifras que dejó el 2022 en materia de relaciones internacionales y gestiones migratorias. Otras, no son para presumirlas. El año pasado, por ejemplo, fueron deportados 94 mil 43 guatemaltecos, tanto de Estados Unidos como de México.

Analistas en relaciones internacionales y gestión migratoria dudan de los éxitos que expone el oficialismo, ya que existen otras áreas a considerar para que dichos elementos sean calificados como logros.

Relaciones internacionales

La cuenta de Twitter del presidente Giammattei, hasta este 10 de enero, contaba con 351 mil 774 seguidores. El primer mensaje que destaca de su plataforma es la visita que tuvo a Ucrania el pasado 25 de julio, nación que lleva meses enfrentando una guerra contra Rusia.

“En una visita histórica, hoy estoy aquí en Ucrania, con el presidente Zelensky para reafirmar el apoyo total de Guatemala y dar un mensaje contundente a todas las naciones: ¡En lugar de enfrentarnos, debe prevalecer la paz y la armonía entre las naciones!”, tuiteó en aquella oportunidad el presidente guatemalteco.

En una visita histórica, hoy estoy aquí en #Ucrania, con el presidente @ZelenskyyUa para reafirmar el apoyo total de Guatemala y dar un mensaje contundente a las naciones:

¡En lugar de enfrentarnos, debe prevalecer la paz y la armonía entre las naciones!#NoALaGuerra pic.twitter.com/VHtv5uFghs

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) July 25, 2022

Esa visita, a criterio de Alexander Sandoval, internacionalista y analista independiente, da la percepción que fue un intento directo y personal del mandatario por mejorar su imagen a nivel internacional.

“¿Qué tenía que hacer Guatemala en Ucrania?”, cuestionó el especialista.

La imagen del presidente de Guatemala no es la mejor a nivel internacional, a criterio de Sandoval, si se considera que varias personas cercanas a su administración han sido tachadas de corruptas o de socavar el estado de Derecho, por el propio departamento de Estado de Estados Unidos.

En septiembre de 2021 María Consuelo Porras, fiscal general y Jefa del Ministerio Público (MP), fue tachada de corrupta por el gobierno estadounidense, y luego en mayo de 2022 Giammattei la seleccionó de una lista de seis finalistas para un nuevo periodo al frente del MP.

Durante la administración de Giammattei la salida de fiscales y jueces del país han despertado alertas internacionales, por considerar que estado democrático de Guatemala corre peligro.

“Así nos lo ha dejado ver el país norteamericano, nosotros (Guatemala) somos considerados un país no democrático y digo país porque quien nos representa es el jefe de Estado”, agregó Sandoval.

Quien opina diferente es Nicholas Virzi, profesor universitario, quien considera que Guatemala destaca a nivel mundial por una serie de resultados positivos en materia de relaciones internacionales.

“Esto se debe al número de organizaciones internacionales a que pertenecemos, tratados internacionales que hemos firmado, y la diversidad de países con los que tenemos tratados, así como nuestra participación en Misiones de Paz de la ONU. Mientras el mundo entero tiene una calificación de 62 sobre 100, y nuestra región una nota de 55, Guatemala goza de una nota de 77”, explicó el docente.

A diferencia de Sandoval, Virzi considera que la posición de Guatemala ante la crisis ucraniana fue una muestra clara de liderazgo en materia de relaciones internacionales, “ejemplos concretos son el liderazgo que mostró Guatemala a través de sus Kaibiles que han combatido en las Misiones de Paz de la ONU, y el apoyo temprano que Guatemala mostró al gobierno de Ucrania luego de la invasión rusa”.

Para Virzi muchos logros no serán destacados por tendencias ideológicas de los detractores del Gobierno. “Guatemala fue declarada capital pro vida de Iberoamerica, pero eso no lo consideran un logro entre las entidades y medios que cubren temas internacionales. Sin embargo, le ganó a Guatemala atención e importantes apoyos en el Congreso de Estados Unidos”.

Referente a los señalamientos que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Virzi estima que “a diferencia de El Salvador y Honduras, no ha habido ningún señalamiento contra algún funcionario de la administración. El MP es independiente y el Congreso es otro poder del Estado”.

A finales del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos volvió a hacer énfasis de funcionarios guatemaltecos tachados de apoyar la corrupción, entre los que destacó el diputado oficialista, Allan Rodríguez.

Se trata de un diputado representante del distritito de Sololá, quien llegó a ocupar la Presidencia de la Junta Directiva del Congreso durante 2020 y 2021, en los pasillos del Congreso es considerado hombre de confianza de Giammattei, pero para los Estados Unidos es un actor político que respalda la corrupción.

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Complejidad migrante

Aunque las cifras por la emisión de pasaportes y consulados parezcan ser alentadoras, la estrategia del Gobierno de Guatemala no es la mejor, en opinión de Fernando Castro, analista independiente en temas migratorios.

El experto destaca que la ubicación de los consulados para la comunidad migrante no responde  a la realidad de los connacionales, por lo que estima prudente que sea reconsiderada la atención fuera de Guatemala.

“Los migrantes tienen muchos problemas para movilizarse y no existen consulados suficientes para poder acercarse verdaderamente a las comunidades, estos son temas que el nuevo gobierno deberá de atender como prioridad”, indicó.

Datos del Minex dan cuenta que el año pasado emitieron en los Estados Unidos 338 mil 961 pasaportes, pero según el IGM se entregaron 483 mil 466 pasaportes en 20 consulados, la diferencia radica según las autoridades a que había documentos pendientes de entrega que fueron emitidos antes del 2022.

Pero, aunque la cifra parezca grande, Castro destaca que aún hay problemas para que los connacionales accedan a este documento, “todo esto no se percibe como logros. La comunidad migrante enfrenta situaciones complejas, con el hecho de no tener un pasaporte no pueden hacer gestiones, ese es el único documento de identificación del guatemalteco en el extranjero”, precisó.

El panorama para el 2023 parece seguir complejo para la comunidad migrante. Apenas el pasado 4 de enero se registraron los primeros tres vuelos de deportados provenientes de los Estados Unidos, con un total de 255 guatemaltecos.

Por segundo año consecutivo, las estadísticas de homicidios aumentaron en 2022 con relación al año anterior. Esto demuestra que la tendencia se revirtió después de 11 años en los que Guatemala venía reportando descensos en el número de muertes violentas.

“Gracias a las acertadas que se han tomado desde el gobierno, las garantías para la seguridad ciudadana son cada vez mayores”, afirmó el presidente Alejandro Giammattei en su programa denominado En consulta con el Dr. Giammattei.

Pero las estadísticas oficiales contradicen esta afirmación. El 2022 cerró con una tasa aproximada de 17 homicidios por cien mil habitantes, que supera a la del 2021, cuando fue de 16.5, y a la del 2020, cuando se reportaron 15.1 por cien mil habitantes, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) recopiladas por Diálogos, una organización que monitorea la violencia homicida.

Durante la primera década del siglo, Guatemala había reportado aumentos consecutivos de violencia hasta alcanzar su pico más alto en 2009, con 46 homicidios por cada cien mil habitantes. Sin embargo, a partir de 2010 hasta el 2020 las muertes violentas habían descendido consecutivamente.

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“Es el segundo año consecutivo en el que cual aumenta tanto la cantidad absoluta de violencia homicida, tanto números brutos, como también en la tasa por cada 100 mil habitantes. Esto no ocurría desde 2009, que fue el año más violento.  En el indicador de corto plazo ya se predecía que este año iba a ser más violento que el anterior. Eso es preocupante”, dijo Carlos Mendoza, consultor de Diálogos.

Ahora, la situación de nuevo vuelve a agravarse y se debe a la falta de estrategias adecuadas de seguridad ciudadana, advierten especialistas en el tema.

Falta de políticas adecuadas

“Hay una ausencia de políticas de prevención y no se desarrolla son planes de desarme. Hay que entender que la violencia homicida está vinculada a armas de fuego. Casi el 70 por ciento de los homicidios son con armas de fuego. No hay políticas de prevención ni control de armas”, advierte Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

Otro factor que alienta el incremento de la violencia es la impunidad, advierte Asturias. “Cuando producto de la violencia no hay consecuencias por parte del Estado y no hay un trabajo adecuado entre el Ministerio Público (MP) y la PNC para esclarecer los diferentes homicidios, se genera una espiral de la violencia”, comenta.

En esto coincide Mendoza, quien afirma que “el actual aumento de impunidad, percibida y real, está generando más violencia. En parte porque la gente ya no confía en el sistema de justicia, que incluye a la PNC, MP y Organismo Judicial, y decide hacer justicia “por mano propia”. Este es el resultado del deterioro institucional de los últimos seis años”.

Por último, Asturias advierte una falta de especialización en las autoridades a cargo del Ministerio de Gobernación, ya que a menudo son militares en situación de retiro.

“Ahora tenemos a cargo del Ministerio de Gobernación a oficiales del Ejército en situación de retiro. No hay experiencia en el Ejército para hacerse cargo de seguridad ciudadana. El Ejecito está preparado para la defensa del territorio, no para la seguridad ciudadana”, comentó Asturias.

Otros delitos

Durante 2022, hasta octubre, el Ministerio Público reportó 12 mil 544 extorsiones, de acuerdo con cifras de Diálogos. La tasa fue de 83.6 extorsiones por cada cien mil habitantes, lo que representa un cambio de 2.5 por ciento comparado con el 2021, según cifras recopiladas por Diálogos.

No obstante, según la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización de 2018, solamente el 35% de las víctimas de extorsión denunció el delito ante alguna autoridad competente. Eso quiere decir que la cifra oculta podría llegar al 65%, prácticamente dos veces la cantidad denunciada.

Hay varias hipótesis que explican el aumento de denuncias de extorsión en los últimos 20 años. Estas van desde las políticas de mano dura de los últimos gobiernos, en las cuales se encarceló a miembros de pandillas y ello provocó que algunos de sus integrantes coincidieran en las cárceles. También las condiciones de hacinamiento han incentivado a privados de libertad que no necesariamente son pandilleros se involucren en la extorsión, explica Diálogos.

Por su parte, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) menciona en un boletín estadístico que el índice de delitos contra la propiedad disminuyó 5.4 por ciento en noviembre con respecto a octubre y esto significa que “en conjunto, hubo una reducción en las tasas de los delitos que componen este subíndice” principalmente por la reducción de la tasa de robos de furgones con mercadería.

Sin embargo, que disminuyan las denuncias no precisamente es algo alentador, consideran diversos especialistas, ya que esto se puede deber a una falta de confianza en la población para denunciar y ello alienta a las personas a resolver conflictos por sus propios medios, a menudo con uso de violencia.

Para esta nota se intentó obtener una postura del portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta al respecto.

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Cuando Alejandro Giammattei era candidato presidencial aseguró que iba a cerrar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), afirman que era una dependencia con un gasto excesivo.

Sus proyecciones eran ciertas, y en los primeros tres años de gestión de Alejandro Giammattei la SAAS ha representado un gasto de Q406 millones 942 mil 722.11.

Eso según datos obtenidos mediante el Sistema Integrado de Administración Financiera (Sicoin), que detalla el gasto de la secretaría del Organismo Ejecutivo de los últimos tres años.

En 2020, el primer año de la administración de Giammattei esta dependencia cuantificó un gasto anual de Q144 millones 926 mil 187.16, año en el que Guatemala enfrentó quizá una de las etapas más caóticas por la pandemia del covid – 19.

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Para el 2021 se reportó un leve descenso en el gasto a comparación con el año anterior, Sicoin contabilizó Q129 millones 782 mil 87.66, justamente para el segundo año de Gobierno del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).

En lo que va de este 2022, las cifras oficiales contabilizan un gasto que está en los 132 millones 234 mil 447.79. El no cumplir con la promesa de campaña, hasta ahora, le han costado a Guatemala Q406 millones.

¿Qué pasó con la promesa?

A días de haber asumido la presidencia, Alejandro Giammattei envió al Congreso de la República un paquete de iniciativas de ley, entre ellas la número de registro 5694.

Está propuesta lleva por nombre “Ley que dispone la liquidación y disolución de la SAAS”, que según los registro de Dirección Legislativa ingresó el 22 de enero del 2020.

Poco tiempo después, el 30 de enero del mismo año, la Junta Directiva presentó al Pleno del Congreso la iniciativa que por trámite la traslado a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.

Pese a que el Congreso está liderado por oficialistas, han pasado casi tres años sin que la iniciativa de ley consiga el dictamen favorable para comenzar su proceso jurídico, convertirse en ley y clausurar una dependencia pública que anualmente cuesta millones.

Las posibles causas

Aunque el partido de Gobierno parezca tener un liderazgo inamovible dentro del Congreso, para Gustavo García Fong, analista de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), pueden existir dos causas que impiden que la iniciativa que fue promesa de campaña sea aprobada.

La primera de ellas, según Fong, podría ser causado por la falta de fundamentación en el proyecto, destacando que en ocasiones hay proyectos de ley que se presenten sin al menos haber evaluado el tema.

“Como sucede en la práctica de Congresos este tipo de iniciativas cuentan con estudios previos o análisis multidisciplinarios dependiente de que materia se trate, esto con el fin de reforzar las modificaciones o supresiones de leyes o entidades gubernamentales”, señaló.

La segunda razón que identifica el analista obedece a un tema puramente de voluntad política, en donde posiblemente la propuesta si es viable y hay mecanismos para hacerlo, pero donde existen ciertos intereses que impiden llevar a la práctica la aprobación de ciertos proyectos.

“No hay que olvidar que el Congreso de la República y su naturaleza es eminentemente política. Tampoco podemos descartar que una iniciativa no sea conocida si los intereses del grupo que domina lo consideran inconveniente, esto no lo podemos negar y lamentablemente pueden afectar los intereses del bien común”, refirió.

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Muro presidencial

La SAAS además de brindar la seguridad presidencial, actualmente funciona como una especie de “escudo o muro” que impide acceder a información, según la lectura de Eddie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).

“La promesa de campaña de Alejandro Giammattei de cerrar a la SAAS fue solo una promesa porque si tienen el apoyo político para hacerlo, ellos han impulsado de manera acelerada la aprobación de leyes entre ellas la fallida Ley de Contrataciones, por ejemplo”, explicó.

Cux, también hizo alusión que los actuales funcionarios están cómodos con la dependencia, y que por esto tampoco buscan su cierre, “ha sido una institución cuestionada sobre transparencia, los gastos excesivos en comida, seguridad y pago de personal; es conveniente para los gobiernos porque ha servido como un muro para que no se sepa que pasa con el presidente”.

El Organismo Ejecutivo cumplió con entregar la iniciativa al Congreso, pero a diferencia de otros proyectos, tampoco se ha visto un llamado público del presidente que llame a la aprobación de su propuesta.

Se trató de consultar al jefe y subjefe de bloque del partido oficial, los diputados Carlos Calderón y Juan Francisco Mérida, pero ninguno respondió las llamadas telefónicas y los mensajes de texto.

En 2023, el Congreso volverá a estar regido por el partido político Vamos quien colocó por segundo año consecutivo al frente de la Junta Directiva a la diputada Shirley Rivera, de los congresistas de mayor confianza ha Giammattei.