Con décadas de experiencia en el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y como asesor en entidades internacionales, el secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, Óscar Dávila Mejicanos, ofrece dirigir una entidad que proteja a los ciudadanos y combata la corrupción que, por años, se incrustó en las entidades del Ejecutivo.

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El designado por el presidente Alejandro Giammattei tiene claro que la comisión que dirige no es sustituta de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y sabe que, aunque será difícil, no será imposible erradicar la corrupción.

Dávila Mejicanos conversó con Prensa Libre sobre su designación y planes de trabajo.

¿Cuál es su propuesta de trabajo?

Tenemos planificado darle cumplimiento a lo que enmarca el acuerdo gubernativo en dos vías: Ser un canal para recibir informes de alertas de corrupción de parte de los ciudadanos afectados y recibir informes que provengan de funcionarios públicos sobre alerta de corrupción en sus instituciones.

¿Qué ruta seguirán los casos que se investiguen?

Se nos faculta para ingresar a las instituciones sin aviso previo y hacer investigación administrativa, todo eso va a generar información y expedientes y al detectar alguna falta administrativa o un ilícito penal de corrupción se enviará, después del análisis correspondiente, a las instituciones que corresponda.

¿Cree que habrá resistencia a la fiscalización en las instituciones del Gobierno?

Muchos funcionarios han detectado que sus colegas están inmersos en casos de corrupción y no tienen dónde canalizar esa información. Ahora la comisión va a permitir darle el curso que corresponde.

Con las reformas al acuerdo gubernativo de creación de la Comisión ¿Se le resta autonomía a la entidad?

No se le resta autonomía funcional porque la comisión técnica es la encargada de hacer las investigaciones administrativas y la fiscalización administrativa interna. El director tiene las atribuciones para tomar decisiones propias.

La reforma se refiere exclusivamente al área administrativa financiera de la comisión, porque la comisión no va a tener unidad ejecutora y va a depender de la Secretaría General, para todo el actuar técnico y sustantivo de la comisión, el director y su equipo puede trabajar de forma independiente.

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¿Hay apoyo internacional?

Tenemos acercamiento con cooperación internacional, ya se han recibido propuestas para capacitaciones para el personal. La embajada de EE. UU. ha expresado su apoyo para mobiliario y equipo de computación.

¿Cuál va a ser el mayor reto de la comisión?

Puede que sea la demanda de la población y que el grupo de la comisión, por ser limitado, no pueda atender tantas. Comenzamos a perfilar la forma en que se trabajarán los casos que ingresen y vamos a identificar canales prioritarios sin escatimar esfuerzos y sin dejar de lado las solicitudes de los ciudadanos, sean funcionarios o particulares.

¿Se puede comparar el trabajo de la comisión con el de la Cicig?

La comisión que dirijo fue creada para dar seguimiento a casos específicos del organismo Ejecutivo, tenemos atribuciones para accionar internamente en las dependencias del Ejecutivo, no fuera de ellas. Si en algún momento hay participación en hechos de corrupción de entes externos, instituciones externas, particulares o privadas, se cursará la investigación por la Contraloría o el Ministerio Público (MP).

Tampoco tenemos la capacidad legal para actuar como querellantes adhesivos en los expedientes y somos una comisión nacional, no internacional, tampoco recibimos fondos de cooperación internacional, dependemos de un presupuesto de gobierno.

La Cicig también daba acompañamiento directo a una unidad del Ministerio Público, nosotros vamos a coordina con el MP y Contraloría, Superintendencia de Administración Tributaria, Intendencia de Verificación Especial y otras instituciones a través de un convenio interinstitucional previo.

La comisión trabajará no solo contra la corrupción sino también en la prevención y este tipo de acciones van a generar resultados favorables en las instituciones del Estado.

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¿Cómo ayudará su experiencia en la dirección de esta comisión?

Tengo una experiencia fiscal de 21 años en el MP. Estuve en varias unidades y fiscalías, unas especializadas contra el crimen organizado. En los últimos 10 años en el MP mi trabajo estuvo encaminado al combate de estructuras criminales, desde sicariato, extorsión, pandillas, narcotráfico, lavado de dinero, delitos tributarios y otros. Todo eso me dio experiencia de investigación puntual contra estructuras criminales.

El delito de corrupción, como tal y como lo hemos visto en los últimos años, se manifiesta a través de estructuras criminales que están incrustadas dentro del Estado.

¿Con cuánto personal contará la comisión?

Tendrá 40 personas, profesionales, a cargo de direcciones, jefaturas, personal de apoyo y personal administrativo.

¿Cómo se conformó la comisión?

Tratamos de formar un equipo perfilando a profesionales que conozcan múltiples materias relacionadas a los temas que se atenderán en la comisión. El equipo va a dar la talla.

¿Qué tan difícil va a ser atacar la corrupción?

Además de lo incrustada que está en las instituciones del gobierno, hay mucha población que está acostumbrada a que esas situaciones se den. Necesitamos que la población apoye para generar un cambio, los funcionarios o personas que estén involucradas van a hacer todo lo posible porque eso no cambie.

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¿Se puede erradicar por completo la corrupción?

Lamentablemente ha habido una cultura que ha influenciado a la población, pero como ciudadanos y como pueblo tenemos que ir cambiando y erradicando.

No es imposible, posiblemente va a ser difícil, muy probablemente, pero no imposible. Estamos con toda la intención, iniciativa y mística para llegar al fondo de las investigaciones y presentar los casos donde correspondan para que las instituciones sigan con lo que corresponde.

¿A dónde puede acudir la población para hacer las denuncias?

Estamos abriendo el canal para el ingreso de las denuncias. Cuando la comisión esté integrada, en la sede, se dará información. Por el momento estamos en la integración del equipo y en la construcción de los manuales de procedimientos.

Perfil

Óscar Dávila Mejicanos

• Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Rafael Landívar.
• Se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, abogado y notario, en la Universidad Panamericana.
• Consultor para la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la Ley para la embajada de EE. UU. en Guatemala.
• Quinto viceministro de Gobernación de enero del 2016 a abril del 2018 tenía como funciones establecer políticas y estrategias para el control y combate de drogas en el país.
• Entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015, el secretario fue fiscal especial del MP encargado de la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas al Narcotráfico, Lavado de Dinero y otros activos y Delitos contra el Orden Tributario.
• Como viceministro, Dávila Mejicanos también coordinó de forma regional para el combate de drogas en países de la región norte, centro y suramérica.

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El presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general María Consuelo Porras, coincidieron este 7 de febrero que la lucha contra la corrupción necesita de unidad y apoyo ciudadano.

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El mandatario y la jefa del Ministerio Público (MP) se reunieron junto con el comisionado presidencial anticorrupción Óscar Dávila, el fiscal anticorrupción Stuardo Campo e integrantes del Frente Ciudadano contra la Corrupción para darle continuidad a la lucha contra la corrupción.

El MP informó que tanto esa institución y el Gobierno “impulsan una lucha frontal contra la corrupción, con acciones coordinadas, estratégicas y de carácter incluyente que promueven la participación ciudadana”.

Porras dijo al respecto: “La lucha contra la corrupción no solo es de la institución, es del Estado. Unidos sumamos esfuerzos en beneficio de Guatemala”.

Por su parte, Giammattei expuso: “La lucha contra la corrupción es una lucha en común. El Gobierno y el MP estamos trabajando coordinadamente y necesitamos que la sociedad civil nos acompañe”.

De acuerdo con Transparencia Internacional, Guatemala tiene el puesto 26 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2019, mejorando una posición respecto a 2018 -27-. Los países menos corruptos, según esta medición, son Dinamarca y Nueva Zelanda, y en el otro extremo están Yemen, Venezuela, Sudán y Corea del Norte.

Para afrontar la corrupción, TI recomienda reforzar los controles entre los distintos poderes del Estado, blindar los procesos electorales para asegurar la transparencia, limitar la influencia económica en la política, evitar las “puertas giratorias” y fomentar que toda la sociedad pueda contribuir en el proceso de toma de decisiones.

Giammattei creó recientemente la Comisión Presidencial contra la Corrupción, a cargo de Dávila, la cual tendrá 11 atribuciones para sanear la gestión pública.

Prensa Libre consultó a Peter Lamport, integrante del Frente Ciudadano contra la Corrupción, con respecto a la reunión e indicó que la invitación surgió de la fiscal general para escuchar las políticas de la lucha contra la corrupción y la impunidad de parte de las autoridades.

Lamport indicó que la explicación de Giammattei fue amplia en cuanto a las acciones que desarrollarán desde el Ejecutivo, específicamente sobre las expectativas de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y de la coordinación con el Ministerio Público para ejecutar los planes lo antes posible.

“El Frente les mencionó y presentó un documento con las sugerencias en los temas que podemos complementar acciones y apoyar, particularmente en el Congreso, y el Presidente nos invitó a que participemos y aportemos los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, que también recae sobre la nación, la impunidad y la transparencia”, expresó.

Dijo que la Fiscal invitó a trabajar en conjunto y Alejandro Giammattei dijo que la Comisión también está anuente a trabajar con el Frente, que tiene la disposición de colaborar en la lucha contra la corrupción y, en la medida de nuestras capacidades, y se apoyarán, especialmente, para que sigan de forma positiva, como aconsejar cambios legislativos para fortalecer el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría.

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La Comisión Presidencial contra la Corrupción será dirigida por el exviceministro antinarcóticos, Óscar Dávila Mejicanos.

El presidente Alejandro Giammattei anunció la decisión en conferencia de prensa luego de una actividad en la Brigada Militar Mariscal Zavala por la conmemoración del aniversario de la fuerzas de tierra.

En los próximos 15 días se tiene previsto que comience a funcionar la comisión para denunciar y darle seguimiento a los casos de corrupción en las instituciones del Ejecutivo.

“Hace tres meses empezamos a conocer personas que tuvieran experiencia en el tema y que conocieran sobre justicia e investigación, y creemos que Óscar Dávila recoge esas características… fue fiscal y viceministro… no lo conocía, la semana pasada lo propuse a la comisión y ellos aceptaron”, dijo Giammattei.

Según el mandatario, era importante que la persona que estuviera al frente de la comisión tuviera experiencia en administración pública y procesamiento e investivación.

Giammattei resaltó que Dávila fue fiscal, viceministro de Gobernación y colaboró con agencias internacionales en programas contra la corrupción en otros países.

#ComunicadoDePrensa #MinisterioPúblico y @GuatemalaGob realizan primera reunión de Mesa de Alto Nivel de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. pic.twitter.com/nI59CEruDQ

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 26, 2020

Formación académica

Dávila Mejicanos tiene una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Rafael Landívar; además, se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, abogado y notario, en la Universidad Panamericana.

En su experiencia profesional se destaca una consultoría para la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la Ley para la embajada de los Estados unidos en Guatemala, donde tenía como atribución elaborar estrategias para la lucha antidrogas en la región.

Además, de enero del 2016 a abril del 2018, el director ejecutivo de la comisión fungió como quinto viceministro de Gobernación, en donde tenía como funciones establecer políticas y estrategias para el control y combate de drogas en el país.

Como viceministro, Dávila Mejicanos también coordinó de forma regional para el combate de drogas en países de la región norte, centro y suramérica.

El funcionario destaca entre sus logros como quinto viceministro el haber alcanzado “cifras históricas de incautaciones de drogas” en el país, así como lograr la erradicación del 90 por ciento de cultivo de amapola en uno de los municipios con más incidencia, en el norte de Guatemala.

Entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015, el secretario estuvo como fiscal especial encargado de la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas al Narcotráfico, Lavado de Dinero y otros activos y Delitos contra el Orden Tributario.

En su hoja de vida, Dávila Mejicanos incluye como referencias a personal de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y de la Oficina para el Control de Drogas (DEA en inglés) de ese país.

El trabajo

El mandatario dijo que la comisión estará integrada por 38 personas y están acondicionando el espacio donde será su sede en la Casa Presidencial.

“El mensaje es muy claro. Vamos a combatir al más alto nivel contra la corrupción en el Ejecutivo. Estaremos ya reclutando a las personas que van a integrarla en las cinco distintas áreas que tiene la comisión”, afirmó Giammattei.

Añadió que el equipo de cómputo y mobiliario de oficina para la entidad anticorrupción será donado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL).

La Comisión Presidencial contra la Corrupción entro en vigor el 22 de enero, a través de un acuerdo gubernativo publicado en el Diario de Centroamérica. Esta fue un compromiso de campaña del presidente Alejandro Giammattei quien recibió la presidencia sin la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Esta tendrá una duración de cuatro años y tiene 11 atribuciones, entre ellas, promover la política contra la corrupción, crear mecanismos de detección de actos de corrupción y recomendar leyes y reglamentos.

Las reuniones ordinarias están planificadas para una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando se considere necesario.

La entidad está integrada por

• El presidente de la República, quien la preside
• El ministro de Gobernación
• El ministro de Finanzas Públicas
• El procurador General de la Nación
• El secretario General de la Presidencia
• El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia
• El director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno
• El director ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción

Como parte de su compromiso en contra de la corrupción, Giammattei también se comprometió durante su campaña a pedir asistencia al Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y como mandario electo anunció que Israel apoyará con equipo antropométrico para evitar plazas fantasma en el Ejecutivo.

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