Los ocho señalados por la muerte de tres soldados en Semuy 2, El Estor, Izabal, se negaron a brindar una declaración en audiencia ante Eva Recinos, jueza de Mayor Riesgo E.

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El abogado Juan Castro fue el primero en exponer sus argumentos en representación de dos de los señalados y criticó la imputación del Ministerio Público (MP) porque consideró que se basaba en “referencias” y no “hay certeza de la presencia de los implicados” en el lugar del ataque a los soldados.

“A mi patrocinada se le señala de estar en el lugar en que mataron a los militares, pero ella tenía a su bebé de un año y tres meses en los brazos y no podía manipular un machete a la vez. Es ilógica la imputación, acá hay varias dudas y se esconda otra verdad”, expuso Castro.

Según el abogado hay testigos que se contradicen o brindaron datos que no coinciden con los hechos en investigación.

“Dicen que él -Oliverio Coy- disparó, pero él ni estaba allí”, defendió Castro en la audiencia.

En la diligencia, el abogado Fernando Eugenio Juc Ich también criticó la manera en que el Ejército desplegó el operativo en Semuy 2.

Según la Fiscalía contra del Narcotráfico el Ejército ingresó a Semuy 2 “sin un objetivo específico, pero si tenían “información de inteligencia” de que había droga en la comunidad.

“Hay que investigar a los altos mandos del Ejército y determinar quién dio la orden de entrar a Semuy 2, porque fue un operativo ineficaz”, dijo Juc Ich.

Los abogados argumentaron que fue un soldado del Ejército el que le disparó a Angelina Coy Choc, de 50 años.

“El Ejército cometió una acción que causó una reacción”, concluyó Castro.

En este caso, César Montes, exdirigente guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), tiene una orden de captura relacionada con la muerte de los tres soldados durante una incursión en Semuy 2.

La jueza de Mayor Riesgo E pospuso la audiencia para el 17 de diciembre próximo, en esa esa diligencia se podría definir si lo ochos señalados o no ligados a proceso penal.

Esta es la segunda audiencia de primera declaración de los ocho detenidos por la muerte de los soldados, en ambas sesiones han participado dos personas que traducen al q’eqchi’ la discusión que se realiza en el juzgado sobre los hechos, para que los señalados comprendan de qué se les señala.

Estado de Sitio

El Gobierno de Jimmy Morales decretó estado de Sitio en 22 municipios el 4 de septiembre, entre ellos todos los de Izabal. La medida estuvo vigente dos meses y recientemente han sido cuestionados los resultados obtenidos por las autoridades luego del enfrentamiento en el que murieron tres soldados en Semuy 2, El Estor.

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También se pronunció la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y sus integrantes manifestaron su repudio y consternación ante los hechos e hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil para que continúen las acciones y logren retomar el control y orden definitivo de los territorios.

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También, la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (Ascabi) condenó enérgicamente los trágicos hechos y exigieron a las autoridades esclarecerlos con la verdad hasta las últimas consecuencias.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se unió al llamado y solicitó a las autoridades resguardar a la ciudadanía y colaboradores agroindustriales de la zona.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), espera que con el estado de Sitio las autoridades puedan retomar el control de los lugares que incluye la medida y que han dejado de ser conflictivos para pasar a la “violencia e inseguridad”.

Los integrantes de Camagro han denunciado durante años este tipo de hechos delictivos y aseguraron que deberían servir de alerta para prevenir la situación que se originó hace dos días cuando asesinaron a tres miembros del Ejército de Guatemala.

“Hay una total falta de acción e inoperancia de las autoridades, pero particularmente de aquellas que tienen obligación penal”, dijo Caballeros.

En opinión de la ejecutiva las muertes trágicas de los soldados se pudieron evitar, porque este tipo de violencia en los municipios del Valle del Polochic es recurrente, donde grupos organizados están utilizando a la población.

¿Cómo analizan la medida del Ejecutivo de decretar estado de Sitio?

Vemos positivo y necesario para recuperar el control territorial la presencia del Estado a través del estado de Sitio, pero creemos que debe darse en respeto a la Constitución Política de la República, conforme a  garantías del derecho internacional, y que todos los órganos que pueden ejercer los controles de manera responsable sobre el ejercicio del estado de Sitio deben entrar a funcionar, incluye al Congreso de la República y  Procuraduría de Derechos Humanos.

¿Cómo afecta a la agroindustria este tipo de situaciones?

No tiene que ver con cultivos o la agroindustria, es un tema de país, porque llevamos 10 años denunciando, y si hablamos de cultivos, entonces lo toman como conflictividad, y ya no lo es. Es inseguridad, son grupos de crimen organizado que están operando en esos dos departamentos y cometen delitos que deben ser investigados.

¿Cuáles son los territorios que reportan este tipo de violencia e inseguridad?

Nosotros tenemos mapeados municipios de El Estor, Izabal y los municipios del Valle del Polochic, Alta Verapaz; es decir, desde Río Dulce hasta el Valle del Polochic. Ahí es donde hemos denunciado que ocurren los hechos delictivos.

¿Cómo afecta la paz económica estos hechos de violencia?

Es alarmante que estos departamentos estén cooptados por estructuras criminales, pero principalmente que no exista estado de Derecho por este tipo de delitos; por lo tanto, se envía un mensaje de falta de seguridad, tanto física como a las inversiones locales e internacionales.

¿Cómo afecta a las comunidades?

Incrementa la pobreza porque no llegan las empresas y no se genera empleo, no llega la infraestructura, los puestos de salud   tampoco cuentan con los recursos para atender a la población.

¿Desde cuándo Camagro tiene conocimiento de hechos delictivos en esos lugares?

Las familias y productores de Izabal y Alta Verapaz han sido víctimas de una cantidad de delitos y crímenes que han sucedido en los últimos años.

Hemos   denunciado, tanto públicamente como a través de comunicados de prensa que quedan como registro público ante las autoridades, durante los últimos cuatro gobiernos.

IMPORTANTE.
Recuperar control del Estado y garantizar la seguridad y la paz.

"…respaldamos que el Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo ratifiquen e implementen el Estado de Sitio decretado por el Presidente de la República".

Comunicado: https://t.co/Lc5QX15NFO pic.twitter.com/SV6r6pmEIb

— Cámara del Agro (@CamagroGuate) September 5, 2019

¿A quiénes han trasladado sus denuncias?

Debido a los constantes ataques de grupos criminales hacia las comunidades y los productores del lugar, hemos tenido reuniones con los últimos cuatro presidentes, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales, para denunciar los hechos y hacer algunos planteamientos; por ejemplo, que no se siga hablando de conflictividad, sino que lo que sucede en esos lugares es operaciones de grupos y crimen organizado: es un problema de inseguridad.

¿Qué otra petición ha presentado?

Otro punto es que respondan garantizando presencia del Estado en esos lugares. Esa presencia debe darse garantizando la seguridad; es decir, PNC, Ejército e instancias de justicia, jueces, a través del Organismo Judicial,  y fiscales del Ministerio Público: todos los temas que tienen que ver con la atención a las comunidades.

¿Se han reunido con más instituciones y quiénes?

También nos hemos reunido con las últimas tres fiscales generales, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana y Consuelo Porras a quienes hemos presentado la preocupación de los hechos violentos que suceden en esos municipios de El Estor y Valle del Polochic, donde se han aprovechado estructuras del crimen organizado y de manera violenta han invadido fincas propiedad privada de manera violenta.

También se presentaron los casos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) donde se evidenció las estructuras que invadían fincas y tampoco hicieron nada para avanzar con estos temas.

¿Cuáles son los hechos que se han registrado en esos lugares y que tienen conocimiento?

En esas múltiples invasiones se han registrado secuestros de trabajadores, tala ilegal y robo de maderas preciosas que son delitos ambientales, se han registrado cómo destruyen propiedades y tampoco han avanzado las investigaciones por las tres fiscales mencionadas anteriormente.

Adicional a eso, también se la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que participa cuando hay órdenes de desalojo ha presenciado que existen otro tipo de estructuras criminales operando detrás de las invasiones.

Por ejemplo, una finca en particular en el 2016 los invasores les dispararon a los agentes de la PNC con armas AK-47 y la PNC no portaba armas, esto también se denunció y nada sucedió.

En el 2017 también se dieron denuncias de fincas invadidas porque estaban robando madera y de igual forma los comunitarios atacaron a los agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) los secuestraron, robaron la patrulla, destruyeron todo, y los agentes lograron escapar, devolvieron las armas a través de un proceso de diálogo que quedó en la impunidad, “no se aplicó la ley como se debe”.

En reiteradas ocasiones, y desde hace varios años, hemos denunciado la ingobernabilidad en el Valle del Polochic. pic.twitter.com/TOlEe4lwmx

— CACIF Noticias (@CACIFnoticias) September 4, 2019

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Los cuerpos de los tres soldados que murieron en la aldea Semuy 2, El Estor, Izabal, fueron trasladados a la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la ciudad capital, para ser entregados a sus familiares y para que recibieran honras fúnebres.

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Mientras llegaba la aeronave que transportaba los féretros, los familiares de las víctimas se encontraban en silencio, algunos oraban y otros solo se abrazaban entre sí.

Los tres infantes de marina del Ejército murieron en un enfrentamiento que es investigado, fueron identificados como Carlos Steven Mayen Cabrera (alférez de fragata), Isaías Beleu Caal (sargento segundo) y César Agusto Leonel Seb Tun (sargento segundo).

Entre lágrimas, Benjamín Seb, padre del sargento Seb Tun, contó que viajó desde la aldea San Lucas en Telemán, Alta Verapaz, para recibir el cuerpo de su hijo. Seb Tun estaba designado en la base naval de El Estor  y por la precaria situación en la aldea donde vivía, aceptó pertenecer a las fuerzas castrenses.

“Como no hay mucho trabajo donde nosotros vivimos, por eso estaba en el área militar (en el Ejército)”, dijo Seb quien comentó que él también perteneció al Ejército cuando era joven.

“Estamos en oración y solidarizados por el dolor que ellos y nosotros sentimos, se les está apoyando en los traslados, dando acompañamiento psicológico para sobrellevar el duelo y asesoría legal para que puedan acceder a los seguros a los que tienen derecho”, explicó Pérez.

Durante la tarde los cuerpos de los tres soldados recibieron honras fúnebres en el Ministerio de Defensa, a donde acudió el presidente Jimmy Morales.

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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) presentó el informe de la necropsia de los tres soldados que murieron en El Estor, Izabal.

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A decir del comunicado compartido por la institución forense, los procedimientos de necropsia concluyeron que los soldados Isaías Baleu Caal (22), César Augusto Leonel Seb Tun (30) y Carlos Stiven Mayén Cabrera (30) “fallecieron a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego de carga múltiple, posiblemente escopeta”.

Según la versión inicial del Ministerio de la Defensa, los militares que pertenecían a la Infantería de Marina del Ejército fueron desarmados por parte de desconocidos y ejecutados con sus propias armas.

Sin embargo, el informe compartido por el Inacif podría dirigir las investigaciones hacia otro rumbo, ya que los soldados utilizan fusiles de asalto y no armas de fuego de carga múltiple.

La necropsia se hizo en la sede pericial del Inacif en Puerto Barrios y las muestras recabadas durante este procedimiento serán enviadas a los laboratorios de criminalística de la Ciudad de Guatemala.

Al finalizar con las necropsias, el Inacif entregó los cuerpos de los soldados al Ejército, que coordinó el traslado de los restos  a la ciudad capital, donde los esperaban los familiares.

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