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Las huellas de Eta e Iota acechan a la comunidad de Campur

Los pobladores de Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, tienen temor de que con las lluvias que se pronostican para este 2024 la aldea se vuelva a inundar.

Ana Lucía Ola

1 de julio de 2024

|

05:00h

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Esta es la aldea Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, que en 2020 se inundó con el paso de las tormentas Eta e Iota. Los pobladores esperan que la tragedia no vuelva a ocurrir, pues se espera una temporada intensa de lluvias. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

“Tengo miedo de que nos inundemos otra vez”.  Sentada en una silla plástica sobre un piso de tierra y rodeada de paredes de madera, Dominga Cuc, de 75 años, es una de las personas que vio como su casa y sus pertenencias quedaron bajo la laguna que se formó en el centro de Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, durante las tormentas Eta e Iota, en noviembre del 2020.

Han pasado cuatro años, pero con cada lluvia revive en su mente aquel día en que tuvo que dejarlo todo para huir a las partes altas porque el nivel del agua subía sin control. Comenzó a llover el 4 de noviembre y 72 horas bastaron para que la aldea se inundara.

La casa de doña Dominga quedó más de 25 metros abajo, como otras 600 viviendas de la localidad. Pasaron cerca de tres meses para que el agua descendiera por completo y comenzara el retorno de las familias a sus viviendas, o lo que quedaba de estas.

No hay certeza de que la tragedia no vuelva a ocurrir. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología (Insivumeh) pronostica que la temporada de lluvia este año será “histórica” y la cantidad de agua que caerá excederá a lo registrado en años anteriores.

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Al momento, la región del sur ha sido la más afectada, pero las fuertes precipitaciones eventualmente alcanzarán a Alta Verapaz, en donde se asienta Campur.  

Por otro lado, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos, pronosticó para el 2024 una temporada activa de huracanes y por encima de la media en el Atlántico; se prevén entre 17 y 25 tormentas con nombre y de 8 a 13 huracanes, la mitad amenaza con ser de categoría mayor.

“No tengo esperanzas de refugiarme en un lugar seguro”, menciona doña Dominga en q’eqchí’, el idioma materno de la localidad, pues los estragos que la lluvia ha ocasionado en las últimas semanas en distintos lugares de Guatemala son señal de “que también nos pasará a nosotros”, agrega.

Como al resto de vecinos, lo que le queda a la anciana es orar, “pedirle a Dios de que aún podamos estar en nuestra casa”, dice, sin ocultar la angustia en su rostro maduro.

El temor de que Campur quede de nuevo bajo el agua es real, como las rocas y los daños que se observan en las calles a cada paso por el lugar y recuerdan aquellos tres días de intensa lluvia.

Pese a que en 2021 el Consejo Científico de la Junta y Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) acordó “no declarar zona de alto riesgo” la aldea, y a que dictaminó “muy baja la probabilidad de ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos”, como la inundación que provocó las tormentas Eta e Iota, en el 2022 la tormenta Julia anegó parte de la comunidad y se escucharon retumbos en la tierra.   

A la mano de Dios

Daniel Jeremías es presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) y alcalde Auxiliar de Campur. Menciona que con el paso del huracán Mitch, en 1998, se inundó solo una parte de la aldea y afectó una calle, pero lo que vivieron en 2020 con el paso de Eta e Iota fue extremo.

Fueron tres días de lluvia sin parar y el agua comenzó a subir. A cada hora, Jeremías y un grupo de pobladores medían el nivel desde el lugar más bajo de la aldea. Al cuarto día se derrumbó la primera casa y la voz de alarma corrió por el lugar, había que evacuar; sin embargo, perder el patrimonio de años de trabajo contuvo a varias familias.

El quinto día fue inevitable, había que huir a las partes altas. Campur estaba bajo el agua.  

Cuatro años después de la tragedia los pobladores no saben qué ocurrió, porque no toda el agua que cubrió la aldea provino de la lluvia, del suelo también brotó una gran cantidad, salió de los siguanes –el respirador de la Tierra como lo describen los lugareños–, desagües naturales que rodean Campur.

Jeremías se encontró el pasado 24 de junio con el equipo de Prensa Libre en el centro de Campur, en el punto donde solo se veía emerger del agua la cúpula de la Iglesia Católica, cuando la aldea se inundó en 2020.  El templo fue demolido para reconstruirlo.

Una palma de corozo que está en la parte alta de una montaña es la señal de que hasta allí llegó el agua, son 75 metros de profundidad, señala el presidente del Cocode, por eso era necesario usar lanchas para movilizarse de un extremo al otro.

La aldea estuvo más de dos meses bajo el agua, y en cuanto comenzó a bajar el nivel, las familias se apoyaron unas a otras para sacar el lodo de las casas.

Siguen sin saber qué paso

“Vinieron delegados del Gobierno central, recorrieron la comunidad, hicieron ofrecimientos que no cumplieron. Solo vinieron a sacarse la selfie –autoretrato–”, reprocha Jeremías, que junto a otros vecinos viajaron en varias ocasiones a la capital para reunirse con representantes de distintos ministerios del gobierno. Iban en busca de respuestas, pero hasta hoy no tienen certeza de qué sucedió en Campur.

“Estuvimos pidiendo un estudio minucioso y científico, solo dijeron que la aldea era inhabitable, que de las colinas cayeron grandes cantidades de agua, de unos sumideros que son piedras kársticas, pero eso no es suficiente.  No pueden hacerlo inhabitable sin antes explicarnos qué fue lo que pasó. Queremos vivir en este lugar, aquí tenemos todo, y peleamos por una resolución inmediata”, agrega.

Dicha resolución dice que el área no es de alto riesgo, pero Erwin Alfonso Catún, alcalde de San Pedro Carchá, opina lo contrario: de intensificarse la lluvia no descarta que el área se inunde de nuevo. 

El jefe edil agrega que la población está consciente del peligro de vivir en Campur, pero no tienen otro lugar en dónde vivir.

Por parte de la Municipalidad se hizo la limpieza de los siguanes, y que, según Catún, habían sido sellados por los vecinos y eso contribuyó a que se inundara la comunidad con las tormentas Eta e Iota.

“Hay tres aparatos ubicados sobre la cuenca del río Cahabón para medir los niveles del agua, al llegar a la altura de riesgo inmediatamente comenzaremos a evacuar a los vecinos en Campur”, agrega. Según el alcalde, ya sostuvieron reuniones con la gobernación departamental y están en coordinación con la organización Swisscontact, que trazó una ruta para atender cualquier emergencia.

Otra de las acciones es la capacitación a la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (Colred), además de la identificación de áreas donde pueden habilitarse albergues en caso de una inundación. También se han hecho alianzas con personas y empresas particulares que tienen lanchas y camiones para apoyar en la evacuación del área, de ser necesario.

¡Se viene la lluvia!

Como en el resto del país, la lluvia se atrasó en Alta Verapaz. En Campur las primeras precipitaciones cayeron hace unos días, nada de que alarmarse.

Pero, “el temor existe, uno tiene que hacerse el valiente, porque no hay a donde ir”, dice Jeremías, y que entre los vecinos hay familias que entran en pánico cuando llueve. Una mujer de la tercera edad, por ejemplo, desató los costales donde guardaba su ropa un año después de la inundación, por miedo a que con cualquier aguacero tuviera que salir de su casa.  

Lesvia Esmeralda Ax pertenece a la Colred, organización que poco a poco se ha desintegrado porque varios de sus miembros migraron a Estados Unidos luego de Eta e Iota. Los que quedan en Campur se reúnen para coordinar cómo reaccionar ante cualquier emergencia que la lluvia provoque.

Recuerda que en noviembre de 2020, cuando el nivel del agua comenzó a subir, solo tuvo tiempo para agarrar una mudada de ropa y un par de zapatos, al igual que sus dos hijos. “Salimos corriendo sin saber a dónde ir”, la misma reacción que el resto de los vecinos.

De su mente no borra la imagen del agua entrando a su casa. Fue hasta el 13 de febrero del 2021 que pudo regresar.

“Tenemos miedo al escuchar que se vienen otras tormentas, pero si vuelve a llover igual, debemos tener un plan B”, esa es la mentalidad de los habitantes de Campur, pues están conscientes de que la ayuda no vendrá de las autoridades de Gobierno.  

Como dice el Cocode: “Tenemos el espíritu de levantarnos, y debemos hacerlo, porque nadie lo hará por nosotros”.

Lo que piden los pobladores de Campur a las autoridades es que prioricen las comunidades más vulnerables.  “No esperen a que la población tenga que pagar pasaje para ir a pedírselo a la capital. Que no solo vean a través de la tele en el sofá, sino que cuando escuchen de tormentas y que los porrazos de agua están fuertes piensen en nosotros. No hay que esperar, debe haber un plan que se active antes de cualquier desastre”, refiere Jeremías.

Sin agua no hay cosecha

Pero la falta de lluvia también ha resultado perjudicial para los habitantes de Campur. El abastecimiento de agua disminuyó en la comunidad durante la reciente sequía, mientras que los árboles de mandarina que sobrevivieron a la inundación no soportaron las altas temperaturas, lo mismo sucedió con las plantas de pimienta y de cardamomo.

“Fue como que les echaran una olla de agua hirviendo”, dice el presidente del Cocode. 

La pérdida de su hogar y de sus medios de vida ha empujado la migración de los más jóvenes hacia Estados Unidos. Jeremías calcula que cada familia tiene como mínimo uno de sus miembros en el país del norte.

“Había deudas por pagar y el banco no perdona. Muchas familias tuvieron que enviar a sus hijos después de las tormentas, y con la cosecha que va a estar por los suelos, se irán más. No hay otra opción”, sentencia, y es que la aldea resultó fuertemente golpeada por la inundación, el centro de salud fue remozado, pero no hay personal que lo atienda, la infraestructura de la escuela no está en buenas condiciones, y en el camino principal para llegar a Campur los baches son incontables.  

Norma Loaiza, una de las sobrevivientes vivía en el 2020 en el denominado antiguo Quejá, tenía 27 años de residir en el lugar, pero la tragedia cambió la situación.

Recordó que previo al deslave se registró lluvia por unos 15 días, recuerda que el día de la tragedia la lluvia fue más fuerte, ella estaba en la casa de su suegra a eso de las 12 horas. Tenía unos 5 minutos de haber salido de la vivienda de su pariente cuando ocurrió el deslave.

“Fue tremendo esa vez”, recordó, luego indicó que el cerro se desplomó donde estaban unos sus familiares de su esposo, en total, 42 quedaron enterrados, entre estos tres cuñados de ella.

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Con la voz entre cortada manifestó: “fue duro ese momento, fue un momentito cuando eso tronó allá arriba”.

Aunque sobrevivió, sufrió golpes y tuvo que ser trasladada a un hospital de Cobán, donde estuvo tres días internada, luego a un albergue.

Actualmente vive en propiedad ajena, ya que su casa quedó en medio del deslave, aunque si llega enero 2022 y no haya otra opción de vivienda, regresará a donde vivía antes.

Paga Q150 de alquiler al mes, más el pago del servicio de energía eléctrica. Su esposo es agricultor.

Sin recibir ayuda

Dijo que en su caso no ha recibido ningún tipo de ayuda en el tema de vivienda.

Norma Loaiza. Se trasladó al nuevo Quejá luego del derrumbe.

“Yo le que pediría es un mi terrenito para poder construir casa, porque si uno no tiene dónde vivir, regresar al peligro”, manifestó.

Julio Cal Loaiza, hijo de Norma, recordó que rescató a una persona identificada como Lesbia, quien quedó entre el lodo, los gritos lo alertaron y usaron piocha y motosierra para sacarla junto a otro pariente.

Eran vecinos, y el sufrimiento de la mujer lo motivó a ayudarla. Luego siguió la búsqueda de las demás personas, a los tres meses hallaron los restos de una prima. Un perro los ayudó a encontrar el cadáver de su pariente, que fue reconocida por uno de sus dientes.

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Erwin Cal, líder comunitario de Quejá, manifestó que en el área de la tragedia hay escombros y recuerdos que no quisieran retomar.

Dijo que había casas de block y ahora no hay rastro de esos inmuebles. Recordó que localizaron cadáveres que estaban a simple vista, pero aún hay cuerpos soterrados.

Manifestó que no es fácil cambiar de vivienda, pero por falta de terreno no se pueden trasladar y arriesgan la vida en el área del deslave.

Unas cruces recuerdan a algunas de las víctimas del derrumbe.

El 5 de noviembre de 2020, debido a las lluvias que generó la depresión tropical Eta en Guatemala, parte de una montaña se desprendió debido a la humedad y sepultó parte de la aldea Quejá, con saldo de 8 muertos, 4 heridos y 50 desaparecidos.

Declarada zona de alto riesgo

El 7 de junio del 2021, la Conred recomendó el no asentamiento de personas en el área declarada de alto riesgo debido a las condiciones de riesgo establecidas y comprobadas por medio de la Evaluación de susceptibilidad por deslizamientos, en aldea Quejá, el cual realizó el equipo técnico del Consejo Científico de esa institución.

Además, no realizar actividades que se encuentren relacionadas con residir, ocupar o habitar en el área, en virtud de la situación a la alta susceptibilidad a deslizamientos y a los daños físicos correspondientes a las condiciones de la estructura, de conformidad con las evaluaciones realizadas.

Agrega que tampoco podrá desarrollarse ni apoyarse ningún tipo de proyecto público ni privado en el sector, hasta que la declaratoria sea emitida en base a dictámenes técnicos y científicos de que la amenaza y ocurrencia ha desaparecido.

La aldea Quejá fue declarada por la Conred  zona de alto riesgo debido a la susceptibilidad a deslizamientos de tierra. Esta alerta dejó en el limbo a 316 familias que actualmente viven en el lugar y que sobrevivieron a la tragedia ocurrida en noviembre de 2020.

Cuando las comunidades apenas se recuperaban de las primeras lluvias, otra tormenta empezó a sentirse con el nombre de Iota. Aunque finalmente entró ya convertida en depresión tropical, provocó severos daños.

Los departamentos más afectados fueron Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Zacapa y Chiquimula. En total, según los datos oficiales de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), 60 personas fallecieron, 30 resultaron heridas y se reportaron 100 personas desaparecidas.

Además, las lluvias y posteriores inundaciones dejaron a 2 millones 423 mil personas afectadas y 1 millón 782 mil de damnificadas.

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Varias comunidades quedaron completamente inundadas y el agua tardó semanas en retroceder. Este es un recorrido fotográfico que muestra los estragos causados por las tormentas y cómo está la situación, un año después de lo ocurrido:

 Vista satelital: Senahú, Santa Catalina La Tinta y  Panzós, Alta Verapaz

La primera imagen fue tomada el 10 de noviembre de 2020, donde se muestra las inundaciones que afectaron los cultivos de maíz, frijol, arroz, palma de aceite, banano y plátano. La segunda toma es de un año después, donde se nota buena parte de los terrenos ya recuperados.

Vista satelital: Morales y Puerto Barrios, Izabal

La primera imagen fue tomada el 12 de noviembre de 2020, donde se muestra el desborde del río Motagua que ocasionó daños en cultivos de palma de aceite, banano, plátano y pastos. La segunda toma es de un año después, donde se nota buena parte de los terrenos ya recuperados.

Vista satelital: Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz

La primera imagen fue tomada el 10 de noviembre de 2020, donde se muestra como la inundación afectó la aldea Campur, inundándola casi por completo. Además, provocó dalos en cultivos de café y cardamomo.  La segunda foto es de un año después, con la mayoría del área recuperada.

Vista satelital: aldea Playitas, Chisec, Alta Verapaz

La primera imagen fue tomada el 10 de noviembre de 2020. Muestra las áreas inundadas cercanas al río Chixoy en la Franja Transversal del Norte, entre Ixcán, Quiché y Chisec, Alta Verapaz. Además, los daños en cultivos de maíz y frijol. La segunda foto es de un año después, donde se observa como las inundaciones dejaron sedimento que afecta la tierra para nuevas cosechas

Deslave en aldea Quejá, Alta Verapaz

El 5 de noviembre de 2020, un deslave sepultó parte de la aldea Quejá, Alta Verapaz. Oficialmente, ocho personas murieron y se reportaron 88 desaparecidas. En la primera imagen, se muestra el lugar luego del deslave, en la segunda, el lugar que fue declarado como camposanto, debido a que se presume que la mayoría de personas desaparecidas quedaron sepultadas, pero por  la inestabilidad del terreno los trabajos de búsqueda y recuperación de cuerpos se suspendieron.

Sibché, Cobán, Alta Verapaz

Sibché es una aldea ubicada a pocos kilómetros del casco urbano de Alta Verapaz. En las primeras imágenes se muestra la situación en noviembre de 2020, cuando había 80 familias atrapadas que no recibieron ayuda pronto. En las imágenes comparativas, se muestra como el agua descendió en la comunidad, aunque dejó daños visibles aún un año después.

Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz

La aldea Campur quedó totalmente inundada luego del paso de Eta e Iota y el agua tardó en descender más de dos meses. Al menos 900 familias resultaron afectadas y todas las casas resultaron con daños. Sin embargo, los pobladores han vuelto a pesar del peligro debido a que no tienen otro lugar donde vivir.

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La necesidad es clara a criterio de expertos en gestión de riesgo, que también observan el principal obstáculo porque el que la solución no llega. Ellos afirman que una política de prevención puede ayudar todos menos a los políticos.

Concluyen en esto con tan solo recordar los fenómenos naturales que han golpeado al país, en cuestión de minutos muchos alcaldes, diputados y personas con fines electorales aprovechan el dolor ajeno para tan solo perfilar en medios como personas bondadosas y quedar así en la mente de los futuros votantes.

Alejandro Maldonado fue Secretario Ejecutivo de Conred por más de 10 años hasta que fue destituido por el expresidente Jimmy Morales, es experto en la gestión de riesgos y materia preventiva y considera que es el fondo político lo que impide que el país cuente con herramientas para la prevención.

“Hemos vivido en una cultura que podríamos hasta llamar emergencista, donde estamos muy preocupados con las situaciones urgentes que surgen día a día y que no nos han permitido tener esa planificación y visión a largo plazo. Definitivamente hay un componente político en esto pues, yo lo digo con toda honestidad pero la prevención de los desastres no genera un incentivo político para las personas que tienen que manejar esta temática”, señaló.

Maldonado también agregó: “Si usted implementa medidas para evitar desastres el resultado va a ser ese, que no pasa nada y si no pasa nada no hay noticia, no se mira como el resultado de una acción concreta; durante una emergencia si se da una respuesta pronta, sale en las noticias de que usted está trabajando, es en parte por ese incentivo político que no hay visión para trabajar en la prevención de desastres”.

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El Instituto Nacional de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió desde inicios de la temporada de lluvias sobre la saturación de los suelos y el riesgo que esto implica para zonas con alto riesgo de deslaves, derrumbes y hundimientos

La sobresaturación de los suelos quiere decir que la humedad en la tierra ya sobrepasó su capacidad y hace más inestable la tierra con la llegada de las lluvias. Esta ha sido una de las principales causas de derrumbes.

Emilio Barillas, portavoz del Insivumeh, indicó que ya emitieron varias alertas internas y que se comunicaron con las autoridades locales de varios municipios para advertir sobre esto, sin embargo, los alcaldes no tienen programas de prevención de desastres pese a que ellos integran la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres y algunos de ellos no conocen las áreas de riesgo de los municipios que dirigen.

En departamentos como Alta Verapaz, Sololá, Huehuetenango, parte sur de San Marcos y Quetzaltenango está la alerta de esta sobresaturación.

Santos Hernández, alcalde de San Juan Atitán, Huehuetenango, indicó que no sabe cuáles son las áreas de riesgo de su municipio pese a que en cada invierno registran derrumbes en la carretera y en algunas comunidades.

Hernández mencionó que el “único plan de prevención” que tienen es el albergue que habilitan en el salón municipal en caso de alguna emergencia.

El jefe edil de la municipalidad de San Pedro Néctar, en Huehuetenango, Julio Ambrosio, respondió que, aunque tienen documentadas cuáles son las áreas de riesgo, no pueden hacer nada para proteger a las comunidades ya que la población se resiste a desalojar.

Son tres comunidades las que viven en las orillas de los cerros y en cada una hay alrededor de 100 familias.

Aunque también reportan cada año derrumbes en las carreteras, Ambrosio agregó que no tiene un plan de prevención. “No podemos hacer nada porque el deslave viene desde el cerro, lo que sí hacemos es limpiar la carretera cada vez que pasa esto”, indicó.

El portavoz del Insivumeh agregó que son las áreas afectadas por las tormentas Eta y Iota las que están en más peligro pero mientras tanto la población todavía se sigue recuperando de las tragedias provocadas y en el caso de la comunidad de Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, la población regresó a sus viviendas pese a que el lugar podría volverse a inundar.

Costos millonarios

El mayor costo que ha pagado Guatemala por no legislar para la prevención es la pérdida de vidas humanas. Aunque cada año se registran deslizamientos e inundaciones que resultan ser mortales no se cuenta con una estadística que refleje la magnitud del problema, según Hugo Arbizu, vocero del Centro de Estudios de Desarrollo y Desastres de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Cedesyd).

Añadió que las bases legales de la Conred permitan una que otra acción preventiva pero no las suficientes para un país con tantos problemas como Guatemala; poblados en cercanías de ríos, comunidades situadas en asentamientos y hasta en las faldas de los volcanes.

“La actual ley cuando la crearon no había un enfoque de gestión de riesgo, más bien regula como vamos a responder cuando el desastre había empezado en un territorio. Es una ley que rescata y sirve de paraguas para algunas acciones de gestión de riesgo que se toman actualmente (…) los desastres indudablemente van a salir mucho más onerosos que si se invierte en prevención, Naciones Unidas hace ese llamado y resalta que los países pierdan más por no reducir los riesgos de desastres” , señaló.

Datos de la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe (Cepal) destacan que Guatemala tuvo pérdidas por Q5 mil 834 millones tras el paso del huracán Mitch y de Q1 mil 636 millones tras la erupción del volcán de Fuego; datos del propio Gobierno de Guatemala apuntan que con las tormentas de finales de 2020, Eta e Iota, hubo pérdidas por Q6 mil 84 millones.

Analizan iniciativas

Desde el 16 de octubre de 2019 no ha tenido movimiento en el Congreso la iniciativa 5543, Ley para la Gestión Integral de Desastres Naturales, que cuenta con un dictamen favorable para su discusión y eventual aprobación.

Pero esa no es la única iniciativa que busca generar estrategias de prevención, según el diputado Julio Lainfiesta, presidente de la Comisión de Ambiente, actualmente esa mesa de trabajo analiza dos iniciativas en la misma línea.

“Lo que estamos haciendo ahorita en la comisión es hacer un análisis con todas las entidades del Estado y miembros externos como Universidades, cámaras empresariales y otros para dictaminar la iniciativa o unir ambas en una sola propuesta, de momento tenemos una mesa técnica donde figura Conred, Segeplan, los ministerios de Ambiente, Defensa y Finanzas”, explicó el congresista.

Por su parte el diputado Román Castellanos, integrante de la Comisión de Ambiente, es de la idea que junto a la prevención se debe de incluir otro paquete de iniciativas.

“Para prevenir los desastres también tenemos que pensar en ordenamiento territorial, la ley de aguas y el uso de suelo, leyes que permitan también regular de mejor manera las construcciones para no edificar en zonas de riesgo. Finalmente se trata de un componente mucho más amplio para que de verdad exista prevención pero comenzar con una ley específica también es fundamental”, precisó.

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También trataron la evolución de la pandemia del coronavirus y el impacto que está teniendo en América Latina.

A la crisis económica y social generada por la crisis sanitaria, en el caso de Guatemala se une el daño que causaron las dos tormentas tropicales, Eta e Iota, que azotaron varios países de Centroamérica el pasado mes de noviembre.

El Rey recibió en audiencia al Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla. https://t.co/AuFtWDy6te pic.twitter.com/Wj1reOC4YN

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 19, 2021

A la reunión se sumaron el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Pedro Brolo, y la secretaria de Estado española de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Cristina Gallach.

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Felipe VI ya recibió al presidente de Guatemala en diciembre de 2019 cuando viajó a Madrid para participar en la cumbre del clima COP25 pocas semanas antes de su toma de posesión, y en aquella cita el rey invitó a Giammattei a que visitara España de manera oficial.

El mandatario guatemalteco se reunirá también hoy con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Encuentro del Rey con el Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, con motivo de su visita a España en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Andorra. https://t.co/AuFtWDy6te pic.twitter.com/MElrGhZrxi

— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 19, 2021

Al igual que Giammattei, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se encuentra de visita oficial en Madrid y mañana, martes, viajará a Andorra, pequeño principado al norte de España, para asistir a la 27 edición de la Cumbre Iberoamericana.

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Ambos son los dos únicos presidentes de América Latina que van a participar de manera presencial en el foro en el país pirenaico, junto a los jefes de Estado y de Gobierno de España, Portugal y Andorra.

La visita oficial de los dos mandatarios a Madrid se cerrará este lunes con una cena ofrecida por Felipe VI.

Dos semanas después, la tormenta Iota terminó de derribar lo que la anterior dejó en pie. Cerca de 685 mil 260 personas resultaron damnificadas por las inundaciones en el departamento. El apoyo llegó en los primeros días, pero luego se agravó la crisis. Permanecer en los albergues no es opción. Lo perdieron todo, pero no las ganas de luchar. Para muchos comienza el éxodo a lo que fue su hogar, mientras otros mantienen la esperanza de encontrar un espacio dónde comenzar de nuevo.

Bajo el agua

En Campur, comunidad de San Pedro Carchá, más de 600 viviendas quedaron bajo 25 metros de agua durante las tormentas. Poco a poco, la inundación comenzó a ceder. El pasado 13 de enero quedaban algunos charcos en la parte más baja del lugar, cerca de la iglesia.

La casa de Elena Tiul está en ese punto. Su vivienda estuvo cubierta por el agua durante más de ocho semanas, tiempo en el que, con su esposo y sus tres hijos, ha permanecido albergada en una escuela ubicada a la entrada de la comunidad. Otras 30 personas comparten su historia. Pero tienen los días contados en el albergue, el próximo 15 de febrero comienza el ciclo escolar en el sector público y tendrán que salir de allí.

La casa de Elena fue de las primeras en anegarse. Recuerda que comenzó a llover el 4 de noviembre, y dos días después el agua empezó a subir “hasta explotar toda la comunidad”, dice. En 72 horas se inundó, y solo les alcanzó el tiempo para salir con la ropa que tenían puesta.

Ahora que el nivel del agua bajó, la familia ha ido a limpiar la casa, con la esperanza de volver, pero el suelo está totalmente agrietado. Adentro hay un lodo espeso maloliente que no ha sido fácil de sacar. Y, aunque logren hacerlo, deben esperar la autorización de la municipalidad.

“Cuando empezó la lluvia, pensamos que era algo normal, que no se inundaría Campur. Cuando amaneció el lunes —9 de noviembre— tembló, hubo un derrumbe a la orilla de la carretera. Allí salieron dos nacimientos de agua”, recuerda Ana Isabel Acté, una maestra que tuvo que dejar su casa, que construyó con un préstamo bancario.

Con la inundación perdió su hogar, y le quedó una deuda de Q85 mil. Ella también está albergada en la escuela, con sus dos hijos. Rescató una máquina de coser, que hoy es su herramienta de trabajo y le ha permitido conseguir algunos quetzales para sobrellevar la crisis.

“Tenemos que regresar; no tenemos a dónde ir”, dice Ana Isabel con desconsuelo, pues en tres semanas tiene que buscar un nuevo sitio para dormir.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realiza un estudio de suelos para establecer si es seguro que Campur vuelva a ser habitado. Según David de León, vocero de la institución, el informe estará listo en los próximos días.

Bajo el lodo

El dictamen también revelará si es seguro que en la Escuela Oficial Rural Mixta Profesor José Domingo Beltetón, que durante 50 días estuvo cubierta de agua, los estudiantes reciban clases este año.

Marco Tulio González, coordinador de infraestructura escolar de la Dirección Departamental de Educación, del Ministerio de Educación (Mineduc), dice que en Campur ocho centros educativos se inundaron. También se destruyó mobiliario escolar —escritorios, cátedras, pizarras— y material didáctico. La población afectada es de mil 752 escolares.

Izabal y de Alta Verapaz fueron los más impactados por Eta e Iota. Se reportan 447 escuelas con problemas en su infraestructura, principalmente en techos, servicios sanitarios y conexión eléctrica. La situación pone en riesgo a 67 mil niños que no podrían volver a clases presenciales.

En Campur el daño es más severo que en el resto de las comunidades, por la topografía.

“La preocupación es del nivel del suelo hacia abajo. La parte física del módulo (escuela) es habitable, necesita una rehabilitación de techo, puertas, ventanas, mobiliario, luz, pintura, limpieza. La estructura está estable, pero no sabemos estructuralmente si sus bases fueron afectadas y si en un tiempo colapse”, indica González, por lo que esperan el informe de la Conred para evaluar qué intervenciones hacer.

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Ante la urgencia de que los niños no estén más tiempo alejados de las aulas Unicef apoya al Ministerio de Educación en la remoción de los edificios escolares afectados por las tormentas. La colaboración se centra en la reparación de techos, servicios sanitarios y tuberías para garantizar el abastecimiento de agua en los establecimientos.

La pandemia del covid-19 ha tenido un serio impacto en la niñez, principalmente por la interrupción del ciclo escolar. Las clases presenciales se suspendieron en marzo pasado, lo que afectó a 4.5 millones de estudiantes en el país. Los niños y adolescentes del sector público, de las áreas rurales, son los que tuvieron un rezago mayor en la educación durante el 2020.

De esa cuenta, es necesario que las clases se retomen, pero debe hacerse en un ambiente seguro para prevenir el contagio del covid-19.

Unicef apoya en la reparación y remoción de unas cien escuelas. Además, colocará unas 15 aulas temporales para que los niños vuelvan a clases en aquellas escuelas que fueron destruidas por las tormentas.

En Izabal, por ejemplo, se colocarán dos aulas móviles para atender a 225 estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta Tenedores, en Morales, que se inundó.

Ingresar a los salones de ese establecimiento es una escena desoladora. El piso y los pupitres están cubiertos por una gruesa capa de lodo seco. El material didáctico, libros y cuadernos que los estudiantes dejaron abandonados tras la suspensión de las clases presenciales hace 10 meses están podridos por el agua. Las ventanas no tienen vidrios y las puertas quedaron destruidas. Hay aulas sin techo, los baños están inservibles.

El proyecto de Unicef contempla apoyar con los materiales para intervenir cuanto antes estas escuelas, y las alcaldías pondrán la mano de obra. De acuerdo con Carmen Rodas, evaluadora de Infraestructura del Mineduc, la cartera también trabajará con las Organizaciones de Padres de Familia para el remozamiento.

En esa labor, Jean Gough, directora regional de Unicef para América Latina y El Caribe, visitó el pasado fin de semana comunidades de Izabal y de Alta Verapaz que fueron afectadas por las tormentas, para conocer de cerca las necesidades de la población en el tema de Educación. “Si a la pandemia le sumamos el daño de Eta e Iota, el impacto en 2021 será grande. Nos preocupa el retorno a la escuela presencial”, señala, pero en medio de esta tragedia evidenció cómo en las comunidades los pobladores se esfuerzan por retomar sus vidas.

Durante su visita Gough también conversó con la población sobre sus necesidades en Salud, agua y saneamiento, y la situación de la desnutrición en Guatemala, que durante la pandemia mostró un incremento. El año pasado cerró con 27 mil 907 casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda, mientras que fallecieron 46 por esta condición, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Un pueblo fantasma

Conforme avanza la tarde en Campur, caminar por las áreas más afectadas es como andar en un pueblo fantasma. Las calles están desiertas, de muchas casas solo quedan escombros. En los terrenos hay láminas oxidadas, vigas de madera podridas, paredes de bloc derribadas, utensilios de cocina, ropa, zapatos cubiertos por un lodo chicloso que desprende un olor fétido.

Las viviendas que siguen de pie están deshabitadas. Los candados oxidados en las puertas son la evidencia. No hay luz en las calles, uno que otro foco se prende a la distancia, en donde el agua no llegó, y la estampa se torna aún más desoladora al caer la noche.

“Nos da miedo volver, porque no sabemos a dónde se fue el agua… todavía hay temblores”, dice Elena Tiul, pues en Campur ahora los sismos son frecuentes; según los pobladores el viernes pasado percibieron tres.

Ella es enfermera auxiliar en el Centro de Salud, que también se inundó. Se improvisó una clínica en otra área, pero las condiciones para atender a la población son precarias. El piso es de tierra, no hay bancas para sentar a los pacientes, no tiene baño ni luz eléctrica y la medicina es escasa.

“La gente está llegando con vómitos y diarrea por el polvo y el agua contaminada, con enfermedades de la piel, con hongos”, se lamenta Elena, que tiene 14 años de trabajar para el Ministerio de Salud, pero no sabe si lo seguirá haciendo, los días han pasado y aún les dicen a dónde trasladarán la clínica.

La incertidumbre de qué pasará en Campur ha endurecido el rostro de los adultos, mientras que en los niños persiste el temor de que vuelva a llover.

Para ayudarlos a superar la tragedia, Unicef y otras instituciones desarrollaron el sábado 16 de enero la actividad Retorno a la alegría, en la que con cantos y actividades lúdicas dieron a poyo emocional a los niños, para que olvidaran por una tarde lo que vivieron, aunque no todos lo consiguieron, el hijo de 4 años de Elena no quiere regresar a su casa, el recuerdo de cómo el agua entró a la casa aún lo asusta por las noches.

El otro Campur

De la aldea Quixal no se ha escuchado hablar, pero también se inundó. El agua alcanzó más de 20 metros. Una gran extensión de cultivos quedó sumergida, como también viviendas, la iglesia católica y el cementerio, que será trasladado de lugar.

El territorio pertenece a Tanchí, en San Pedro Carchá. El camino para llegar es estrecho y de terracería, con curvas y pendientes que hacen más largo el recorrido entre las montañas. Lo verde del paisaje compensa el viaje, aunque la neblina dificulta por momentos la visibilidad. Ahí se respira aire puro y parece que nada ha pasado.

Ya en Quixal hay que recorrer otros 15 minutos en vehículo, y luego seguir a pie hasta donde fue la inundación. Conforme se avanza aparecen pedazos de milpa y ramas de árbol regadas sobre el suelo, entre lodo. Hay que andar con cuidado para no resbalar en los charcos. El terreno no se ha secado del todo.

La tormenta Eta inundó una parte de la aldea que está destinada para la siembra, aunque en el sector también hay algunas viviendas. Plantaciones de maíz, café, cardamomo, pacaya, naranja quedaron anegadas tras dos semanas de lluvia, pero luego vino Iota y las precipitaciones continuaron.

Al igual que en Campur, el agua brotó del suelo y eso contribuyó a que el lugar se inundara.

Valentín Coc Putul habitaba en el terreno que le pertenece a su familia desde hace 75 años. Su vivienda está a media montaña, el agua tardó en llegar hasta ese punto y pudo sacar sus pertenencias y trasladarse con uno de sus hijos que vive unos metros arriba, pero no pudo llevarse las aves de corral y los cerdos que tenía, se ahogaron. Las pérdidas de sus cultivos las calcula en unos Q25 mil.

“Ya no voy a regresar a la casa. Tengo miedo de que llueva otra vez y pase lo mismo”, dice el agricultor de 50 años. La casa la dejará para almacenar agua o lo que la tierra produzca, pues dejará pasar un tiempo para volver a sembrar.

Al igual que Valentín otras 12 familias perdieron sus casas, y otras más sus cultivos.

Hoy el paisaje de Quixal es muy distinto al de cuatro meses atrás, cuando las montañas tenían un verde intenso por la vegetación. Tras la inundación la mitad del terreno ahora luce desértico, de un color café por las siembras que se pudren poco a poco.

“Esto era una laguna, pensamos que ya no iba a bajar, la gente estaba impresionada porque fue la primera vez que pasaba esto”, dice uno de los miembros del Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de la región 16 de Tanchí.

En la punta de uno de los árboles más altos del terreno ondea un trapo blanco, a unos 25 metros sobre el suelo. Esa es la señal de que agua llegó hasta allí. Los pobladores lo colocaron cuando pasaban en balsa para la otra aldea, Sesab, donde también se colapsaron varias viviendas, y se inundó la escuela, el centro de salud, el centro de convergencia y tres iglesias.

La ayuda por parte de las autoridades municipales para los afectados en Quixal ha sido escasa, solo les dieron unas láminas. Algunos víveres llegaron por parte de personas particulares. “La gente clama por ayuda. Las familias tienen que comenzar de nuevo”, señala el líder comunitario.

El golpe de la pandemia

Los daños causados por las tormentas están por todos partes en Alta Verapaz, basta con adentrarse en las montañas, recorrer estrechos caminos de tierra y piedra y acercarse a las aldeas para evidenciarlo. Es acá, en las áreas más rurales donde los poblados han tenido que lidiar con la pandemia de covid-19 y ahora con las secuelas de Eta e Iota.

En la aldea Las Pacayas, en San Cristóbal, Alta Verapaz, hay cuatro mil 400 habitantes. No se han reportado casos de coronavirus. El trabajo comunitario ha sido clave, los pobladores están organizados para controlar que se cumplan con las medidas para evitar el contagio.

Hay una comisión de salud integrada por mujeres para educar a las familias en medidas de prevención, pero el aporte va más allá, la tarea también es enseñar a las madres sobre buenas prácticas de nutrición infantil, de lactancia materna, les hablan de planificación familiar e inculcan en los hogares la importancia de la educación en los niños.

No ha sido fácil, pues el machismo está enraizado en la comunidad, sin embargo, ellas son agentes de cambio que trabajan de la mano de Unicef para realizar esta labor, que les ha permitido ser resilientes.

Olga Yolanda Cal, una de las involucradas en la comisión, resultó afectada económicamente por la pandemia, como al resto de los pobladores. Debido a los toques de queda que se impusieron meses atrás, los precios del maíz y del frijol aumentaron, el trabajo es escaso y tener alimento en casa ha sido difícil.

La suspensión de las clases presenciales en la escuela debido a la pandemia afectó a sus hijos, desconoce si lograron aprender lo necesario. El acceso a la salud también ha sido irregular, pero se han apoyado en el trabajo de las comadronas.

A estas dificultades se sumaron los daños ocasionados por las tormentas, varios sectores se inundaron y familias perdieron sus viviendas. Los pozos de agua se taparon y se contaminaron con los restos de las letrinas que se rebalsaron. Hubo derrumbes que dejaron a la comunidad incomunicada, estuvieron ocho días sin energía eléctrica.

La inundación causada por Eta e Iota en esta comunidad causó más daño que los 10 meses de la pandemia. “Nos afectó más que la enfermedad”, dice Clorinda Laj Wa. Pese a los estragos de las lluvias, el trabajo comunitario ha sido clave para no rendirse y continuar, lo que resta de la pandemia.

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La situación de los habitantes de estos lugares continúa complicada a dos meses del paso de las tormentas Eta e Iota. Las familias afectadas han regresado a sus viviendas, lugares desolados a los que es difícil llegar pues las carreteras están bloqueadas.

Unas 41 comunidades de Panzós, Alta Verapaz, sufrieron grandes inundaciones que dejaron entre 8 y 9 mil personas afectadas.

Drama social y económico

“Todas las personas que habitan toda esta área ya no tienen nada que comer, ni pueden sembrar, pero lo primero que se necesita ahorita es habilitar las carreteras, necesitamos maquinaria, los puentes para que el productor pueda ir a su terreno para sembrar milpa, frijol y arroz porque ya no se puede sembrar nada acá” dijo Ernesto Ramírez, alcalde de Panzós.

En San Vicente 1 hay 38 familias perjudicadas, mientras que en San Vicente 2 son 46, la mayoría con más de 3 niños menores de 12 años.

En estas áreas había siembra de arroz, según la Asociación Guatemalteca del Arroz, por las tormentas más de mil 400 manzanas quedaron fuertemente dañadas en el Valle del Polochic, en San Vicente 1 fueron 130 hectáreas niveladas.

“Lo que pasó aquí fue que se metió el río Tinajas, casi en la totalidad, y los niveles de agua se pueden ver todavía en los troncos de las palmas que llegó como a un metro 80” mencionó Juan Alberto Droege, productor de arroz del área.

Las siembras quedaron cubiertas por arena que venía con los ríos y ahora deben quitarla y nivelar el área de nuevo, algo que les tomará incluso hasta 3 años.

“Es un trabajo de topografía, hay trabajo de obviamente volver a encauzar los ríos. Es importante que se apoyen los proyectos de volver a rehacer una borda o de construir una borda para que los ríos no hagan este tipo de daños” agregó Roberto Wong, director ejecutivo Asociación Guatemalteca del Arroz.

Las pérdidas son millonarias y, según los productores, la situación se ha complicado más por la poca ayuda que han recibido del gobierno, añadiendo incertidumbre por la falta de garantía de compra de cosecha nacional de arroz con cáscara.

Mientras tanto, los pequeños productores y habitantes de estas áreas se mantienen por la ayuda que empresas privadas han enviado, ayuda que no será permanente. Además, los niños no tienen acceso a educación y el centro de salud ha permanecido cerrado porque los médicos no han podido llegar por el mal estado de las carreteras.

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En el informe que presentaron la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) de la evaluación de daños y pérdidas por las tormentas, se recomienda crear una política financiera para enfrentar este tipo catástrofes a futuro.

“Teniendo en cuenta que los riesgos no pueden eliminarse, es importante que los países protejan su equilibrio fiscal de las crisis mientras aún puedan responder a la emergencia. La protección financiera se refiere a los seguros a nivel soberano y de los hogares, pero también incluye la protección social para las poblaciones vulnerables”, señala el documento.

En tanto, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, resaltó que en las modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos para 2021, y con el resultado del informe de Cepal se estarían presentando las asignaciones de reconstrucción y recuperación.

En ese planteamiento que se presentará en la primera semana de febrero, se determinará cuánto representará financieramente la fase de reconstrucción, y la recuperación del tejido productivo.

Más seguros de país, más protección

Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Cepal para Centroamérica, destacó que Guatemala es un territorio vulnerable a los desastres, y la política financiera del Gobierno debe ser importante para el resguardo de los activos, pero también de las empresas y familias para el futuro y la recuperación económica.

Reconoció que, en materia de política financiera, Guatemala, presenta avances en el establecimiento de los fondos de atención a emergencias, pero hay mucho trabajo por hacer y desarrollar ante estas amenazas ambientales.

Recalcó sobre los seguros paramétricos, -que son aquellos que adquieren los gobiernos para asegurar terremotos, huracanes y exceso de lluvias con el precio más bajo posible del mercado-, los microseguros agrícolas para los productores, bonos catastróficos y líneas de crédito contingente con los que Guatemala contaba y aplicó.

“La recuperación resiliente tiene muchos elementos institucionales y la parte más visible es la infraestructura, pero la recuperación socioeconómica es esencial”, puntualizó.

Beteta manifestó la importancia de adoptar “una visión a largo plazo”, ya que estos desastres evidencian rezagos estructurales de larga data en Guatemala, que “desde hace rato están afectando al país”, y, en ese sentido, planteó un sistema universal de seguridad social que es esencial para abordar los desafíos y riesgos hacia futuro, así como los sistemas productivos incluyentes para las pymes y las familias.

Rubro social

El informe detalló que, para los daños se calcularon Q3 mil 120 millones, es decir, un 52%; por perdidas, Q1 mil 860 millones que equivale 31% y por los costos adicionales Q1 mil 20 millones, un17%. Los sectores más golpeados por daños y pérdidas fueron agricultura y vivienda.

La estimación de los efectos del desastre en el subsector vivienda se estiman en Q2 mil 400 mil millones, y para el sector agropecuario Q223 millones en daños y Q992 millones en pérdidas.

Los efectos de ambas depresiones tropicales en el sector agropecuario fueron relevantes.

El equipo evaluador estimó daños por Q223 millones y pérdidas por Q992 millones.

“El subsector social más afectado fue vivienda, el cual acumuló 85% de los efectos totales en el sector social. En ese subsector acontecieron 85% de los daños, 56% de las pérdidas y 85% de los costos adicionales”, detalla el informe.

Blindaje

Para Victor Manuel García Lemus, presidente, de la red de universidades de las Américas y el Caribe para la reducción del riesgo de desastres (Redulac), y experto en gerencia de riesgo de desastres en proceso de desarrollo, declaró que la región centroamericana es muy similar a la africana, ya que un impacto de los desastres los desequilibra financieramente.

Explicó que Guatemala cuenta con préstamos con el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ofrecen a los países líneas por emergencias y de contingencia.

Regularmente, estos organismos hacen un convenio con las autoridades, fijan un monto que pueden ser de US$300 a US$500 millones o de acuerdo con la capacidad, y necesidad, como un acuerdo de intención para poder dejar comprometido ese dinero cuando se necesite.

El experto comentó que, con la evaluación de la Cepal de los daños y pérdidas por Eta e Iota, con base a ese informe oficial, los organismos financieros internacionales autorizan los préstamos.

Aseveró que los desastres representan un riesgo para la estabilidad fiscal de los países, y ahora se están justificando con las caravanas de los migrantes hondureños, que se están convirtiendo en una fuente de migración en los desastres climáticos.

“Eta e Iota dejaron más de cien mil casas con daños en su construcción, y todas esas personas que ya tenían problemas de ingresos por el covid-19, más un problema de desastres, que incrementará la seguridad alimentaria y la migración”, subrayó García Lemus.

Lluvias e inundaciones son cíclicas

Al preguntar al experto por qué Guatemala solo adquiere el seguro paramétrico por inundaciones y exceso de lluvias, respondió que son instrumentos pensados por los organismos para pérdida alimentaria e inundaciones.

“El 85 al 90% que causan desastres son hidrometereológicos que es cada año y es donde se necesita más protección, porque es más frecuente que un terremoto que puede ser cada 50 o 100 años; pero por inundación o sequía es cíclico”, precisó.

Por tratarse de un seguro paramétrico, al Estado no le interesa obtener rentas, sino  garantizar un fondo para no estar ‘corriendo’ ante una emergencia, agregó el presidente de Redulac.

Otras modalidades

García Lemus explicó que, en República Dominicana, además de contar con los prestamos contingentes, dejan el 1% de impuestos cobrados a la construcción y otros sectores para alimentar un fondo para desastres que en la mayoría de países, se utiliza para atender una emergencia, y no como un fondo para emplearlo para evaluar un asentamiento humano y trasladarlo. Para una inversión nueva de un municipio se diseña su mapa de riesgo para que en función de eso se conozca en dónde se puede construir y en qué lugar no.

“Ahora con la reconstrucción se requieren estudios del porqué se cayó, antes de reponerlo, ya que lo normal es que se coloque un puente, porque sale más barato y rápido, y el político lo que quiere es salir lo antes posible por la presión de la población”, apuntó, pero, de nuevo, indicó que lo que se hace es “reconstruir” sobre el mismo riesgo.

La principal recomendación es hacer las reservas financieras para alimentar fondos, pero debe utilizarse para prevención, evaluación, y no solo para respuesta de la emergencia.

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La zona kárstica en la que se ubica la comunidad está llena de cavernas y ríos subterráneos, y esta condición natural es de alto riesgo para vivir, porque el suelo está sobresaturado.

“Es como una esponja que en cualquier momento puede volver a inundarse y no precisamente por otra tormenta, sino por la misma sobresaturación”, explicó Rafael López, coordinador del Centro de Información Estratégica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

De acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Espeleología (AGE), no existe un registro de cuántas formaciones de este tipo hay en el país; sin embargo, calcula que de los 108 mil 889 Kilómetros cuadrados que conforman el territorio nacional, 15 mil de estos son de tipo kárstico, que es donde abundan estas formaciones.

El especialista del Maga comentó que los pobladores tenían en sus terrenos desagües naturales, conocidos como siguanes, que permitían un drenaje por los ríos subterráneos, pero llegó un momento en que cada familia tenía uno de estos agujeros en sus viviendas y empezaron a taparlos con cemento.

“Hay cierto daño humano que involuntariamente se hace y al tapar todos los drenajes naturales el área se convierte en un problema y con tormentas como las de noviembre pasado se evidencian los efectos de estas decisiones”, dijo López.

Más de 7 millones de metros cúbicos de agua

Unas 72.78 hectáreas de cultivos resultaron con daños en Campur, 27 hectáreas de café y 45 de cardamomo, con el paso de Eta e Iota; además, dejaron afectadas a 170 familias.

La pérdida de maíz no se logró cuantificar porque el grano quedó anegado en bodegas porque la cosecha ya había terminado y se encontraba en las viviendas de las familias.

En el tema pecuario se reportaron 70 aves y 100 cerdos, animales de traspatio, que murieron durante las tormentas.

López agregó que luego de una visita de campo al lugar junto con delegados y autoridades de La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), y otras instituciones determinaron que la dimensión de la laguna de Campur fue de 1 mil 500 metros de largo y 426 metros de ancho.

La profundidad promedio del agua fue de 12 metros, y en algunos lugares alcanzó los 25 metros de profundidad, dependiendo la topografía. Se estima que se acumularon 7 millones 150 mil metros cúbicos de líquido.

“Aunque el agua está bajando de forma natural, es decir, por evaporación, no hay drenajes que permitan acelerar el proceso y se están descubriendo algunas casas principalmente de las orillas, pero el porcentaje aún es mínimo”, resaltó López.

La zona de Campur es urbana, por lo tanto, las áreas cultivables se encuentra en las orillas y están fuera del área aún inundada.

Un área puede ser considerada buena para la agricultura, aunque no para vivir, pero “aunque sea el mejor suelo no podrán trabajar en ese lugar”, afirmó López.

Las personas levantaron casas temporales de lámina sobre la carretera y están a la espera de los análisis de Conred; sin embargo,  el problema principal es la vivienda. “Es un trauma humano que viven por haber perdido su hogar”, refirió el coordinador del Maga.

David de León, portavoz de Conred informó que actualmente se observa que el nivel del agua en Campur desciende en promedio 21 centímetros diarios al tener ambiente soleado.

De acuerdo con el reporte de los líderes comunitarios se observan entre 5 a 8 metros que ha descendido el nivel del agua, persistiendo aún un promedio de 25 metros sobre el nivel del suelo.

El tipo de suelo kársticos y lo ocurrido en el sector son elementos que se considerarán para que el Consejo Científico de Conred recomiende o no declarar el lugar habitable, y de esa manera evitar que la población viva en un área de alto riesgo y acate el dictamen final del Consejo.

“Al momento no se recomienda que la población regrese al área porque se deben realizar los estudios pendientes, por ejemplo, se debe evaluar la estructura de las viviendas, verificar los cimientos, sistema de drenajes, entre otros, porque recordemos que las estructuras han estado por más de 60 días bajo el agua y el peso de la misma impacta en la resistencia de las casas”, informaron las autoridades de Conred.

Sesajal una comunidad invisibilizada

López indicó que hay otras comunidad llamada Sesajal en condiciones parecidas a las de Campur, puesto que se formó una laguna de 5 kilómetros de largo.

Con menos viviendas, esta comunidad también sufrió daños y las familias sí cuentan con siembras dentro del área urbana. En ese sentido, piden ser visibilizados ya que luego del paso de las tormentas se quedaron con necesidad de apoyo tanto de alimentos como para reconstruir sus hogares.

Winter Coc, alcalde de San Pedro Carchá busca reubicar a toda la población, puesto que afirma, en las casas no quedan ni los marcos de las puertas, mientras que el comercio y los cultivos también se fueron con la corriente.

En el caso de Sesajal, la Conred afirmó que tienen conocimiento de varias comunidades reportadas con condiciones similares en el departamento de Alta Verapaz, y se han coordinado las evaluaciones para que el Consejo Científico emita una opinión.

En la comunidad Sesajal se estableció un monitoreo e información que líderes del sector trasladan a Conred constantemente.

Pérdidas millonarias por degradación y erosión de suelos

Según estimaciones del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), a nivel nacional se pierden 149 millones de toneladas de suelo fértil por año, lo que representa un valor monetario aproximado de Q66 millones anuales.

La población más afectada es la que se dedica a la agricultura familiar. En el caso de Guatemala suman cerca de 800 mil familias.

Esta pérdida del suelo afecta especialmente a la actividad agrícola, la cual representa cerca del 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Alex Guerra, director del ICC resaltó la importancia de crear mecanismos para mejorar el manejo de los suelos. Por esa razón el 2 de diciembre del 2020 se estableció la Alianza Guatemalteca para el Manejo de los Suelos.

Dicha organización tiene como objetivo constituirse en una plataforma de país que una esfuerzos y cree sinergias para la gestión sostenible de los suelos, de manera que se convierta en un pilar para la generación de bienes y servicios de este recurso natural, así como su conservación y manejo sostenible, explicó Guerra.

Tanto instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, organizaciones de productores y cooperativas, cooperación internacional e instituciones académicas se han adherido a la creación de esa Alianza.

Casi todo lo que se podía perder se perdió en localidades ya de por sí castigadas por la pobreza acumulada en décadas que este año se agravó aún más con la pandemia de covid-19.

“Había un gran desamparo”, explica a BBC Mundo la fotoperiodista Encarni Pindado, quien estuvo en las zonas de desastre de Honduras entre noviembre y diciembre.

“La gente estaba realmente súper traumatizada. Se ponían a llorar porque estaban súper afectadas psicológica y económicamente, además de su salud”, recuerda.

La crisis humanitaria ha dejado más de 100 muertos en Honduras, al menos en las cifras oficiales, así como pérdidas por más de US$15.000 millones, según datos de la Cepal y otras agencias gubernamentales.

En Guatemala se han contabilizado otros 60 muertos, pero un centenar más están desaparecidos. En Nicaragua la tragedia cobró la vida de más de 20 personas.

Y a eso se suma la crisis económica que ha dejado la pandemia de covid-19, lo que -una vez más- lleva a muchos centroamericanos a enfilar sus caminos hacia el norte como migrantes.

“La gente no huye porque quiere. La gente huye porque tiene que hacerlo”, dice a la BBC Sibylla Brodzinsky, la portavoz de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

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“Las restricciones por la covid-19 y la recesión económica obviamente han impactado a mucha, mucha gente. Y eso se suma a las vulnerabilidades: las personas que huyen de la violencia de las pandillas, de la persecución, del reclutamiento forzoso, de la extorsión. Por lo tanto, todos estos son solo factores que se suman entre sí y que llevan a las personas a concluir que ya no pueden vivir de la forma en que viven”.

Para el comienzo de 2021 se espera que nuevamente se formen las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, con la esperanza que el nuevo gobierno de Joe Biden cambie las políticas de asilo político. El presidente electo ya ha dicho que eso tomará su tiempo.

Dos huracanes en dos semanas

Primero fue el golpe del huracán Eta. De categoría 4 y con vientos de 240 km/h, tocó tierra en Nicaragua el 4 de noviembre y se desplazó por Honduras y el noreste de Guatemala.

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Más que por sus vientos, las lluvias que llevó dejaron severas inundaciones en los tres países, así como el deslizamiento de tierra que sepultó viviendas pobres asentadas en zonas de riesgo.

Después llegó Iota, el huracán más poderoso de la temporada (alcanzó la categoría 5 y hasta 260 km/h) que golpeó nuevamente los tres países cuando apenas intentaban levantarse del primero.

Eso fue desastroso.

“Hablé con un ministro que me lo dijo así: ‘Esta es la peor tragedia que haya golpeado al país en la historia de Honduras'”, explica Pindado.

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“Había gente que ya había limpiado sus casas y tenían que volver a salir. Muchas de las colonias, como la Lima, en el Valle de Sula, Honduras, seguían inundadas. Había zonas por las que el agua todavía se veía por encima de las casas”.

En la ciudad de San Pedro Sula, el motor económico de Honduras, una tercera parte de la población tuvo que salir de sus casas ante la inundación que generaron los dos huracanes. El vecino Valle de Sula fue la región más golpeada.

“La crisis humanitaria que Honduras vive hoy se suma, además, a la de varias emergencias olvidadas e invisibles, como la violencia sexual, que requiere una respuesta médica prioritaria, o la atención en salud mental, que es insuficiente o en muchos lugares inexistentes“, dice Juan Carlos Arteaga, jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en el país centroamericano.

El recuento de los daños muestra la magnitud de la tragedia que viven ese país y Guatemala.

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El canciller hondureño Lisandro Rosales cifró en US$10.000 millones los daños, a los cuales se suman más de US$2.250 millones por pérdidas de la pandemia de covid-19, un 10% del producto interno bruto (PIB) del país.

En el vecino Guatemala, más de 5.200 personas seguían en albergues hasta el 21 de diciembre, además de 128.000 personas tuvieron que dejar sus viviendas, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

En las regiones de Alta Verapaz, Petén e Izabal fue donde fallecieron 61 personas y casi 100 desaparecieron, la mayoría de ellas en un poblado donde alrededor de 150 viviendas quedaron sepultadas en deslaves.

En Nicaragua las tormentas dejaron al menos 21 fallecidos, 160.000 refugiados y pérdidas por más de US$742 millones.

El desastre en Honduras

Más allá de las cifras, las historias sobre tragedias personales se replican.

Con cuatro millones habitantes (de 9,5 en todo el país) damnificados, Honduras fue el país más afectado por los huracanes. Pindado conoció de primera mano lo que ocurría en San Pedro Sula y sus alrededores, como relató a la BBC.

Susan Jesenia Aguilar, de 23 años y 8 meses de embarazo, debió huir con su pareja y su bebé tras el paso de Eta. Tuvo que vivir en una carpa improvisada en una calle de esa ciudad durante más de dos semanas, lo cual les causó a ella y a su bebé resfriado con tos, fiebre y dolores de cabeza.

Roberto Mallorca, de 70 años, y su esposa Oneida Pérez, de 62, lo perdieron todo cuando golpeó el huracán Iota: las ovejas y pollos que criaban y todas sus pertenencias, explica Pindado.

Mallorca tuvo un derrame cerebral hace unos meses. Su discapacidad significó que él y su familia no pudieron salir de su casa para ir a uno de los refugios antes de que Iota llegara. Así que fue a tierras más altas, donde pasó 24 horas antes de que lo rescatara la Cruz Roja.

La institución también salvó a Juan Argueta, de 46 años, quien como otros se quedó en su casa, en Bajos de Choloma, para cuidar sus pertenencias. Pero la llegada de Iota lo obligó a huir entre fuertes corrientes, cuenta la fotoperiodista.

Antes de que llegaran los huracanes, Digno Osorto trabajaba llevando arena a los sitios de construcción en su carro que se mueve con caballos. Ganaba unos US$13 a la semana. Todas sus pertenencias se perdieron en las inundaciones.

Gloria, de 70 años, tuvo que dormir a la intemperie en un camellón de una carretera durante más de dos semanas ya que su casa se inundó. Como ella, cientos de adultos mayores están solos y sin medios económicos.

La familia de Alberto López Ocampos logró recuperar 40 patos, 25 pollos y 11 gansos de su casa. Se los llevaron a vivir bajo un puente de una carretera.

“La gente estaba en la calle. Una de las cosas que decían, todo el tiempo, era que el pueblo ayuda al pueblo. Realmente no había esperanza de que el gobierno fuera a hacer algo por ellos, por los damnificados”, explica Pindado.

“Gente de las iglesias, de grupos organizados, repartían comida a los que estaban en la calle. Sí estaba el gobierno, las ONG, etcétera, pero la gente en la calle tenía la sensación de desamparo. Porque habían perdido todo“, añade.

Guatemala embarrada

En Guatemala, un gran deslave envolvió el pueblo de Quejá en Alta Verapaz. Entre 45 y 60 personas quedaron atrapadas bajo el barro, la mitad de ellos niños.

Según Médicos Sin Fronteras, la gente padece enfermedades de la piel, traumatismos físicos, infecciones respiratorias, además de que pacientes con enfermedades crónicas han suspendido su tratamiento. También se replican los casos de síntomas relacionados con el estrés agudo, la ansiedad y el duelo.

Además de la pandemia de covid-19, también se han dado casos de violencia sexual en los albergues y en las carpas improvisadas que se han instalado en las calles.

“En un contexto de doble emergencia sanitaria como el que estamos, por la pandemia de covid-19, hacemos un llamado a las autoridades para que la violencia sexual sea tratada como una emergencia médica”, dice Arteaga.

¿Es inevitable la migración?

Tanto Honduras como Guatemala estaban padeciendo los problemas económicos derivados de la pandemia de covid-19, que ha llevado a sus economías -como en otros países- a reducirse drásticamente.

En Honduras, donde el 60% ya vivía en pobreza, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fodesh) dice que la situación ha causado dos décadas de retraso.

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“Podemos tardar más de 12 años para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia y de los fenómenos naturales. Y si no es integrado un grupo consultivo que dirija la reconstrucción del país, podría tomarnos entre 16 y 18 años la recuperación”, evalúa la ONG.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reconoció la enorme escala de la tarea que hay por delante: “Lo perdieron todo, entre bienes y cosechas (…) Si no queremos hordas de centroamericanos buscando irse a otros países en mejores condiciones de vida, tenemos que generar en Centroamérica muros de prosperidad”.

Y es que muchas familias que vivían ya desde antes en la pobreza se han quedado sin posesiones ni medios para trabajar, lo que anticipa una oleada de migrantes en los primeros meses de 2021.

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Pindado habló con familias que perdieron casi todo. Comprar un colchón, por ejemplo, para alguien que gana US$3 al día le tomaría unos seis meses conseguirlo a crédito.

“Para la gente mayor es prácticamente imposible recuperar lo que han perdido. Para la gente joven, es muy difícil, pero depende de si tienes trabajo. Pero la inestabilidad laboral es enorme en Honduras. La gente cuando tiene trabajo gana muy poco. La única opción real es la migración“, dice.

“Mucha gente apuesta por que una persona de la familia emigre y pueda ayudar al resto”.

*Con reportería de Darío Brooks y Will Grant.

Se estima que son más de 350.000 refugiados en albergues y, de ellos, al menos hay 50.000 menores. Al menos 40 personas fallecieron por el paso de los fenómenos tropicales.

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Gobiernos, instituciones civiles y de cooperación internacional señalan a BBC Mundo que son las niñas y adolescentes las que se encuentran en mayor riesgo entre los desplazados porque, además de la precariedad, son vulnerables a casos de violencia sexual.

De hecho, las denuncias de abusos provocaron que en países como Honduras se realicen intervenciones policiales a los albergues.

Y algunas niñas tuvieron que ser trasladadas a otros sitios reservados para ponerlas bajo protección.

El miedo

Angie (nombre modificado para proteger su identidad) vive en Puerto Cabezas, en el noroeste de Nicaragua, y es una de las menores que se encuentra en un refugio debido a los huracanes de noviembre.

Su casa quedó destruida y la escasez de agua potable es uno de los muchos problemas con los que tiene que vivir.

“Nosotras, las mujeres, cuando estamos en nuestro período (ciclo menstrual), es complicado no poder asearnos, ya que los chicos y los adultos están siempre ahí espiándome, y no hay toallas sanitarias. Aquí tenemos que lavar y no tenemos agua”, cuenta la adolescente de 13 años.

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En un reporte elaborado por la organización que promueve los derechos de los menores Plan Internacional, Angie cuenta lo que padece en el albergue en el que se encuentra.

“Adultos me dicen cosas, y esto me hace sentir muy incómoda. Me molestan, no me permiten asearme o bañarme correctamente, porque siempre están ahí espiándome, y me siento vigilada”, relata.

Dice que experiencias como las que ella vive de manera cotidiana muestran que en los albergues niñas están expuestas a mayores riesgos de desprotección, específicamente a un mayor riesgo de violencia sexual.

Protección

La violencia sexual con las menores refugiadas no solo se produce en Nicaragua.

De hecho, Honduras monitorea e intervino más de 100 albergues desde noviembre debido a los abusos.

Lolis Salas, directora de la Dirección de Niñez y Familia del gobierno hondureño (DINAF), detalló a BBC Mundo que hay más de 6.400 menores bajo resguardo para evitar que sufran agresiones sexuales.

“Hemos trasladado a profesionales en psicología y otros expertos para precautelar a los niños y niñas”, indicó.

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La autoridad afirmó que en la zona norte del país se supo de al menos ocho denuncias de violencia sexual.

“Producto de las tormentas naturales estamos en una situación de bastante vulnerabilidad. (…) Hemos sabido que hay niveles de exposición, no hay niveles de privacidad. Se ha pretendido o se ha hecho uso abusivo de los aparatos telefónicos, pero logramos desvirtuar estas denuncias haciendo a la población consciente de asegurar la privacidad de la gente albergada”, explica Salas.

“En venta”

Una niña de nueve años incluso fue ofrecida “en venta”.

Así lo relata Otto Rivera, director del Observatorio de Derechos de la Niñez en Guatemala.

La menor pensaba que sus padres habían fallecido por el huracán Eta y un adulto la intentó “vender” hace unas semanas.

El caso de trata de la menor se produjo en el departamento de Alta Verapaz, en el norte del país centroamericano.

“Su mamá falleció por un derrumbe de los huracanes y pensaban que estaba sola. Pero su padre logró rescatarla después de tres días afortunadamente. Eso es lo que estamos enfrentando”, explica.

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Rivera indica que casos como el de la menor no son nuevos cuando se producen desplazamientos forzosos por huracanes.

El Observatorio de Derechos de la Niñez indica que siete de cada diez menores que son víctimas de trata o de desaparición son niñas y adolescentes.

Dificultades

Por su parte, Amalia Alarcón, directora de proyectos regionales de Plan Internacional, añade que las denuncias surgidas desde los albergues centroamericanos provocaron que la entidad encienda sus alertas.

“Por los testimonios recogidos, reconocemos la utilidad de los albergues para gente que perdió sus cosas, pero las niñas relatan que hay cero intimidad y cero privacidad. Son baños compartidos y con poca vigilancia”, explica.

Alarcón señala además que es una situación que “se repite” en los tres países más castigados por los huracanes: Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Y añade que los casos que se conocieron en los tres países son menos de los que se estiman porque buena parte de ellos no se denuncian. Algo que sucede con frecuencia en los hechos de violencia contra la mujer.

“Mucho queda en la impunidad. Entonces las niñas no lo denuncian por miedo a repercusiones para ellas”, termina.

Los departamentos de Chiquimula, El Progreso, Jutiapa, Santa Rosa y Zacapa, fueron algunos de los departamentos más golpeados por el paso de las dos depresiones tropicales Eta e Iota, que en menos de dos semanas dejó en una condición aún más vulnerable a 55 municipios de esos cinco departamentos.

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Las familias han sido invisibilizadas, el hambre se ha agudizado, porque miles de familias perdieron sus cultivos de subsistencia, se quedaron sin lo básico, incluso, algunos sin hogar.

Los municipios con más familias afectadas son: Jutiapa, Moyuta, Chiquimula, Jocotán, Camotán, Conguaco, Esquipulas, San Agustín Acasaguastlán, San Juan Ermita e Ipala.

En estos 10 municipios hay 44 mil 527 familias afectadas, según los últimos reportes del Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Maga.

Al compararlos con el Índice de Competitividad Local (ICL) elaborado por la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) se encuentran entre los más bajos con puntuaciones que no superan los 55 puntos sobre 100.

Hay algunos municipios que tuvieron un impacto mucho mayor que otros, aunque es prematuro concluir totalmente, por lo reciente de los fenómenos, explicó Fabián Juárez, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

El indicador de familias afectadas, como proporción de su población muestra el impacto que sufrió cada municipio. Con este indicador se observa por ejemplo, que los municipios  más afectados fueron San José la Arada (Chiquimula), San José Acatempa y Zapotitlán (Jutiapa).

En cuanto al daño a los cultivos y a la agricultura, este puede ser representado por las hectáreas dañadas.

Un indicador para evaluar el daño proporcional de cada municipio es el de área dañada por extensión territorial. Es preocupante que algunos municipios en el corredor seco mostraron daños de hasta el 60% de la totalidad de su territorio, lo cual los deja con pocas posibilidades para generar otras fuentes de ingreso en el corto y mediano plazo, refirió Juárez.

Condiciones de desarrollo

Al observar y analizar las características de estos territorios, sale a la luz lo poco ordenados, inclusivos y competitivos que son, lo que confirma que tienen una alta vulnerabilidad ante embates ocasionados por desastres naturales, comentó Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Cada territorio necesita al menos cuatro condiciones para procurar desarrollo a su población, las cuatro se refuerza entre sí, y cuando una falla, afecta a las demás, dijo el investigador. Las cuatro condiciones son las siguientes:

• Orden catastral y financiero.
• Inclusivos.
• Competitivos.
• Resilientes (reacción ante los cambios ocasionados por fenómenos climáticos).

En opinión del analista, lo que más afecta a estos territorios es que la base sobre la cual se construye su desarrollo es muy frágil, muchas veces dependen de situaciones momentáneas, incluso, en algunas ocasiones dependen de fenómenos ajenos a su propia realidad, por ejemplo, la dependencia a las remesas.

“Lo que termina por suceder es que cuando las bases de su desarrollo se ven amenazadas, su debilidad es tanta que estas poblaciones fácilmente regresan a situaciones de precariedad que ya habían superado, y de las cuales serán sumamente difícil reponerse, dado que no cuentan con los instrumentos para hacerlo”, expresó Benavides.

Para David Casasola, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hay una situación aún más grave y es “condenar a otra generación a vivir en desnutrición y pobreza, sin la esperanza de tener una mejor calidad de vida que la de sus padres”.

Las condiciones precarias de vida de la población afectada se pueden prolongar y por ende aumentar el riesgo de desnutrición y deserción escolar, enfatizó el analista.

En ese sentido coincidió Érick Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en Universidad Rafael Landívar, quien consideró que no solo es posible que se haya dado un aumento de la pobreza general sino también de la pobreza extrema en las áreas más afectadas donde la asistencia gubernamental no ha llegado, y especialmente en el caso de comunidades que aún están aisladas y anegadas por los desastres ocurridos.

Vulnerables y desprotegidos

Fabián Juárez, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) observó que los municipios en los departamentos de Jutiapa y Chiquimula son los que tienen menores índices de urbanización en promedio.

A su vez, esto ocasiona que tengan menores indicadores de desarrollo (según el ICL de Fundesa), los municipios en estos departamentos muestran los (Producto Interno Bruto PIB per cápita menores); ya que muy probablemente su producción esté ligada a actividades poco productivas o de subsistencia.

Tal como se registró en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI-2016), de los departamentos del corredor seco, Chiquimula (70.6%) y Jalapa (67.2%) son  los que registran mayores índices de pobreza, lo que hace que la mayoría de la población esté en situación de especial vulnerabilidad.

Juárez resaltó que las actividades ligadas a la agricultura dejan márgenes muy reducidos para los pequeños productores, que se explica por una tendencia de reducción de precios de las materias primas y baja productividad en el proceso de cultivo.

Además, son propensas a un mayor riesgo ante eventos climáticos (cambios de temperatura, desastres naturales, entre otros).

Sumados los factores anteriores crean una alta dependencia a este tipo de actividades sin tener mecanismos de protección ante estos eventos, que afectan a miles de familias que dependen de esta producción, “lo cual ocurrió en esta situación”, destacó Juárez.

Frágil recuperación

En opinión de Coyoy es necesario que el Instituto Nacional de Estadística elabore nuevas estimaciones de pobreza en el país para medir los efectos en las condiciones de vida la población, tanto por la crisis causada por la pandemia de covid-19 como por las tormentas que afectaron al territorio nacional.

Para Benavides los factores que se vuelven urgentes de atender son los relacionados con la institucionalidad, el ordenamiento y la parte de infraestructura ligada a la competitividad.

Agregó, que se necesitan presupuestos que anticipen la posibilidad de mitigar y responder ante riesgos naturales; establecer protocolos de atención inmediata y cobertura de poblaciones afectadas.

También, se debe minimizar la construcción en áreas proclives a ser afectadas, y, finalmente, se debe desarrollar una red de comunicación que facilite la movilización de recursos y personas, recomendó Benavides.

Al revisar los indicadores de Guatemala, lo que más preocupa es la porosidad de la línea que divide la pobreza de la no pobreza, y la pobreza extrema de la pobreza general.

“Limitados sistemas de protección social, débiles estructuras de formalidad laboral, y prácticamente nulas prácticas de ahorro y diversificación de activos, son de las condiciones que harán que la población afectada vea disminuida su calidad de vida y ponga en riesgo la vida actual de las familias y el futuro productivo de los niños y jóvenes”, expresó Benavides.

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Otro punto importante es recuperar las capacidades productivas de la población que se dedica a la agricultura en las zonas afectadas.

“La distribución de alimentos por el gobierno resuelve transitoriamente la situación, pero lo indispensable es dotarles de los medios necesarios para la producción de sus alimentos”, dijo Coyoy.

A mediano plazo las condiciones de los suelos y la infraestructura productiva podría tardar en recuperarse.

Sin ayuda de parte del gobierno, de la sociedad civil, cooperación internacional y la ciudadanía muchas de estas personas probablemente buscarán migrar a otros departamentos o al exterior; siendo sujetas siempre a un estado de pobreza que ponga en riesgo sus vidas, concluyó Juárez.

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El impacto es evidente en el área de la zona vecina al Atlántico donde por varios días se paralizó la carretera CA-9.

Por lo anterior, hay pasos temporales como el del puente Santiago, pero si se presentan más precipitaciones podría quedar inhabilitado de nuevo y complicar el acceso, dijo Héctor Fajardo directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca).

También, hay puntos carreteros que presentaron hundimientos y movimientos de taludes, cunetas tapadas, que provocaron desbordes de agua por la carretera.

La conexión con Honduras está inhabilitada desde el lunes 22 de noviembre por la ruta CA-13 del lado de la Aduana El Corinto y también la de El Florido, porque hay problemas en carreteras tanto del lado de Guatemala y de Honduras.

La única opción es por la Aduana Agua Caliente, pero según Fajardo, es una de las peores carreteras que existe en Centroamérica en cuanto a condiciones topográficas y está en engrave deterioro, incluso, no es recomendable para el transporte.

Por lo anterior, los transportistas han tenido que usar una ruta alterna por El Salvador que representa unos 160 kilómetros más y es un costo adicional para los transportistas.

Costos se duplican

Los costos están por encima de lo habitual, afirmó Fajardo. El costo promedio por kilómetro es de US$1.48 (unos Q11.55).

La ruta alterna implica 160 kilómetros adicionales, que se traducen en US$236.8 -aproximadamente Q1,847.04- de costos extras por unidad.

Por la esta ruta transitan al menos 400 unidades al día, pero debido a la situación complicada de las carreteras, el flujo de carga bajó en aproximadamente un 5 por ciento.

Esto se reduce a 380 unidades diarias, es decir, al sumar los kilómetros adicionales se traduce en Q700 mil diarios por los seis días de impacto representan Q4 millones 212 mil 300 de costos adicionales por cambio de ruta.

La Gremial de Logística adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala comentó que el cierre de rutas ha sido impactante para todas las operaciones de comercio internacional que se movilizan por la CA 9.

“Prácticamente nos ha dejado de brazos cruzados, esperando que los ríos bajen su caudal y que se puedan hacer puentes provisionales para habilitar el paso”, manifestaron los directivos de la gremial.

Al estar cerrado el paso fronterizo de Corinto, la tarifa de transporte se duplica, afirmó la Gremial Logística, ya que el paso por Agua Caliente implica doble kilometraje.

Además, hay que sumarle el tiempo de espera para lograr pasar por la aduana, debido al incremento de carga lo tiempos son más largos.

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Temporada alta

En opinión de Fajardo esta situación es preocupante porque es una época alta e históricamente se encuentran en un movimiento alto porque hay productos que se consumen en fiestas de fin de año.

Además, aunque hubo pérdidas agrícolas por las inundaciones aún hay levantamiento de cosechas, es época de zafra y hay un alto flujo de transporte.

La Gremial Logística de la CIG coincidió en que esta época es de temporada alta para el sector logístico, cuyo flujo se ha visto afectado por el cierre de carreteras, puentes dañados y cierre en el paso de fronteras.

Como empresas de transporte, debemos aprovechar esta última temporada alta del año para recuperarse, pues debido a la pandemia nuestras metas y objetivos fueron afectados.

Transportistas afirmaron que ya se encuentra la máquina cerca de la Aduana El Corinto, en el kilómetro 302, pero los trabajadores del Ministerio de Comunicaciones deben esperar a que baje el río para poder cerrar los abroches del puente donde está socavado y poder habilitar el paso.

José Santiago Molina, presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) comentó que las plantas ubicadas en el área de Morales y Entre Ríos han tenido problemas por caminos de terracería, pero han podido mover aceite al Puerto Santo Tomás de Castilla.

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El reporte del Diplan-Maga entre el 29 de octubre y el 11 de noviembre reflejó las siguientes variaciones:

• El quintal de maíz blanco pasó de Q111.25 a Q123.5 (11%).
• En el caso del quintal de frijol pasó de Q437.5 a Q456.7 (4.3%).
• La caja de 45 a 50 libras de tomate pasó de Q96.88 a Q98.5 (1.6%).
• El chile pimiento la caja de 100 a 150 unidades pasó de Q53.13 a Q63.5, (19%).
• La papa loman lavada grande el quintal pasó de Q235 a Q267 (13.6%).
• El güisquil mediano el ciento pasó de Q41.25 a Q61.5 (49%).
• El limón criollo mediano el millar aumentó un 15%, pasó de Q200 a Q230.
• La caja de huevos medianos blancos de 360 unidades pasó de Q272.5 a Q275, (0.92%).

Desabastecimiento es comunitario

Quiché es uno de los departamentos más afectados por las depresiones tropicales Eta e Iota.

Además, las constantes lluvias que no dan tregua, desde el viernes 20 de noviembre, han dejado incomunicadas a 37 comunidades de Chajul con la cabecera departamental, y en 48 horas quedaron desabastecidas de productos de primera necesidad y alimentos.

Este escenario es complicado para las familias que fueron evacuadas y se encuentran en albergues, y sin alimento accesible se disponen a regresar a buscar hierbas o rescatar lo que quedó de sus cultivos, que continúan anegados.

Eduardo Cruz, vecino de Chel, Chajul, dice que desde el viernes, cuando la carretera colapsó, el poco abastecimiento se agotó y ya no encuentran productos como galletas o enlatados en las tiendas, que en estos momentos podrían solucionar el problema.

“Estamos preocupados porque no hay abastecimiento, y tampoco hemos recibido ayuda por parte del gobierno”, se lamentó.

En precio del quintal de maíz pasó de Q125 a Q165, y en los otros productos básicos el aumento oscila entre un 20 y 25 por ciento.

La falta de abastos y la variación de precios se observan más a nivel comunitario y en los lugares afectados directamente por las tormentas, donde el daño en la infraestructura también es mayor.

Por ejemplo, en Izabal, el impacto de dos fenómenos naturales consecutivos y las constantes lluvias han dejado en situación vulnerable a familias de 40 comunidades.

Río Dulce se desbordó durante el fin de semana y provocó inundaciones en sus alrededores.

Ante esta situación, el incremento de precios en verduras, frutas y otros productos fue considerable, hasta el punto de que el sábado recién pasado no se instaló uno de los mercados que abastece a las comunidades.

Así se cotizaban algunos productos: tres tomates por Q5, dos aguacates por Q15, y un manojo de cilantro a Q4.

Bajan rendimientos y calidad agrícola

Wilfredo Morán, director de la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala (Fasagua), explicó que en los 30 tipos de cultivos que se perdieron también se afecta la calidad en la producción entre un 20 y 25 por ciento, porque cuando llegan los productos a los mercados  comienzan a descomponerse a los tres días.

Por otro lado, el efecto en el aumento de los precios al consumidor final lo veremos reflejado en la primera semana de diciembre, porque en ese lapso aún se está movilizando lo último que salió o que se pudo rescatar de las plantaciones, “pero la calidad ya no es la misma”, enfatizó Morán.

Por la diversidad de cultivos que fueron afectados, como el tomate, la cebolla y pepino, que son solo algunos de los más consumidos por la población, si los productores no logran sacar lo poco que quedó, el aumento en los precios será notorio en la semana siguiente.

Morán hizo ver que por cada manzana de cultivo que deja de producir, unas 20 personas se quedan sin su sustento diario, porque todos los días hay un trabajo diferente que se debe desarrollar en el campo.

“Las tormentas dejaron a miles de familias sin un sustento diario y se vulnera su seguridad alimentaria”, expresó el director de Fasagua.

Édgar Méndez, representante de la Gremial de Expendedores de Carne de Res, indicó que no se prevé un aumento de precios de carne vacuna y del pollo importado por el impacto de las tormentas, porque los ganaderos han invertido en infraestructura y aspectos técnicos, y además las granjas elaboran estudios de factibilidad para no incurrir en pérdidas.

Se perdió segunda cosecha de maíz

José Ángel López, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), informó que se perderá la segunda cosecha de maíz del año, que ya había crecido entre 5 y 15 centímetros, porque en los lugares donde no había sido afectada por la tormenta Eta, sucumbió a la depresión Iota.

Actualmente, ya no hay semilla en los campos productivos, y debido a esta situación el Maga comprará una cantidad que no fue especificada por el funcionario.

López afirmó que se abastecerá de semilla a los agricultores para que en 15 días puedan volver a sembrar.

Sin embargo, también dependerá de los estudios de suelo que se lleven a cabo como parte de la fase de recuperación, y determinar si todavía se puede cultivar o no, debido a la saturación de humedad o si no fue dañada la calidad del suelo.

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Los departamentos que incluye el reporte son: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal.

Las familias afectadas suman 15 mil 075 y una estimación de hectáreas dañadas de 9 mil 978.80.

Además, los cultivos afectados son: maíz, frijol, cardamomo, cacao, ejote, brócoli, limón y frutales.

Este cierre de base de datos es independiente de los daños que dejó la depresión tropical Eta, informó Rafael López, coordinador del centro.

Estos son los datos del último informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred publicado el 21 de noviembre:

• 323 incidentes
• 6,563 personas en riesgo
• 356,274 personas afectadas
• 23,592 personas evacuadas
• 6,536 personas albergadas
• 3 personas desaparecidas
• 9 personas heridas
• 6 personas fallecidas
• 824 viviendas en riesgo
• 4,094 viviendas con daños
• 41 carreteras afectadas
• 4 carreteras destruidas
• 24 puentes afectados
• 15 puentes destruidos

Heridos:

• 6 personas en aldea El Carmen Jalauté, Purulhá, Baja Verapaz;
• 3 personas en aldea Tzibanay, San Juan Cotzal, Quiché.

Fallecidos:

• 4 personas en aldea El Carmen Jalauté, Purulhá, Baja Verapaz;
• 1 persona en aldea Txojeunil de Santa Eulalia, Huehuetenango;
• 1 persona en aldea Tzibanay, San Juan Cotzal, Quiché.

Desaparecidos:

• 3 personas en aldea Pacayalito, La Unión, Zacapa.

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En Quiché se lleva a cabo monitoreo del Río Negro en Sacapulas, Quiché, el cual ha aumentado su nivel, provocando desborde en algunos sectores, debido a las lluvias que se han registrado en las últimas horas.

Los informes de los daños empezaron ayer a las 16 horas y no han finalizado, porque sigue lloviendo, los municipios afectados son: Cotzal, Chajul, Cunen, y Uspantán,

Los primeros reportes de alerta se presentaron en la comunidad de Salá en Cotzal y el río, del mismo nombre, inundó la parte baja de Cotzal, por lo que se reportan 15 viviendas inundadas y una colapsada.

Las personas se albergaron con vecinos y no se reportan víctimas hasta el momento.

En Villa Hortencia la comunidad se inundó completamente y hay 25 viviendas inundadas, las personas fueron albergadas en comunidades vecinas.

En Cunen se reporta un derrumbe en la barranca el cual bloquea la cinta asfáltica y este es el acceso principal a los municipios de Uspantán y Chicamán.

En Cunen en comunidad Trigales es reportó que el puente quedó debajo del río y está incomunicada la comunidad Trigales y se reportan 5 viviendas inundadas.

En Chajul permanecen incomunicadas 37 comunidades, cuatro derrumbes y un hundimiento que conduce de la cabecera municipal a esas comunidades.

Los vecinos lograron abrir un camino hacia Barillas, Huehuetenango y reportan que el aumento en productos de consumo diario se incrementaron, el quintal de maíz se cotiza a Q125 y subió a Q165.

Otto Max, presidente del Coe dijo que al momento hay 5 mil 200 personas albergadas en siete municipios del norte de Quiché y hay 49 comunidades incomunicadas.

Emergencia en Huehuetenango

Se reportan derrumbes en carreteras en Barillas, San Mateo, Santa Eulalia, Colomo, San Sebastián la Independencia y Chiantla.

No hay paso de vehículos en Tres Caminos para la parte norte de los Cuchumatanes, porque hay inundaciones y a un camión lo volcó la corriente, en la cabecera departamental se está desbordando el río Selegua.

Se desborda el Río Selegua en Huehuetenango, vecinos piden ayuda para evacuar viviendas. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/t4lRSgh2Tv

— MikeCastillo (@MikeCastillo_PL) November 21, 2020

Los Bomberos de la patrulla especial de rescate están pidiendo refuerzos a otros departamentos y están cubriendo evacuación de personas en Aguacatán, Chiantla, Soloma, Santa Eulalia, y San Juan Ixcoy.

Se reporta un deslave en Aguacatán, pero los cuerpos de socorro no han podido llegar al área e informan de una persona soterrada.

Se estiman pérdidas millonarias en cultivos como cebolla, ajo y tomate que son de exportación.

Desborde de ríos y lagos en Izabal

En Izabal la inundaciones persisten y en algunos casos han incrementado. Al momento en los cinco municipios que componen el departamentos se han registrados incidentes por las lluvias.

El alcalde de El Estor, Joel Lorenzo, indicó que se trabaja para evacuar a varias comunidades por el desborde del lago de Izabal.

La Comred lleva a cabo evaluaciones en El Estor, Izabal, debido a la inundación que se registra por el aumento en el nivel del Lago.

#Ahora | Lancheros de Río Dulce, Izabal informan que a esta hora continúa congestionamiento de transporte por desborde de río en el kilómetro 260 CA-9 Aldea Cayuga, Morales. Además, el nivel de agua en Río Dulce subió aún más, deja calles y casas inundadas. Vía @andread_gtv pic.twitter.com/hv8Y6gOf5I

— Prensa Libre (@prensa_libre) November 21, 2020

Otro lugar afectado por el desborde de este cuerpo de agua ha sido, Mariscos en Los Amates. En el lugar se aprecia varios inmuebles afectados por inundaciones y a pobladores desplazándose por sus medios en distintos vehículos acuáticos dentro de las carreteras ahora cubiertas por agua.

Un piloto de transporte pesado que se identificó como Fernando Cano compartió un video donde indica que el paso por la aldea Cayuga está bloqueado debido a la crecida del Río Dulce que atraviesa Izabal.

Persistirán lluvias

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh) informó que persistirán las lluvias y lloviznas principalmente por influencia de un sistema de alta presión que favorece el ingreso de humedad del Mar Caribe y el acercamiento de una onda del este.

Las mayores cantidades de lluvia acumulada podrían registrarse en Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal.

El viento continuará del norte con velocidades entre 30 y 40 kilómetros por hora, estas velocidades pueden ser superadas en lugares donde el viento sufre encañonamiento, alertó el Insivumeh.

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Analistas del Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Maga cerraron la base de datos por efectos de Eta el pasado 17 de noviembre, y arrancaron con una nueva por el segundo evento climático.

Los datos preliminares no los revelaron esta semana, porque se está validando la información, con el objetivo de no sobredimensionar los daños, dijo Rafael López, coordinador del centro.

Sin embargo, ya con los daños contabilizados de Eta, hay 108 municipios y 181 mil 953 familias afectadas para un total de 119 mil 913.54 hectáreas de 30 cultivos es el panorama para trabajar en los planes de recuperación.

López explicó que los viceministerios del Maga establecerán las acciones a seguir en campo, que se dividen en dos, en primer lugar, las acciones inmediatas que se refieren a las brigadas de salud animal que saldrán a las áreas afectadas para asesorar el manejo y tratamiento de los animales muertos y evitar sumar una emergencia sanitaria, por lo tanto, es una tarea que no puede esperar, resaltó.

Otra acción inmediata es velar por la seguridad alimentaria de las familias afectadas, a quienes se les debe garantizar el acceso a alimentos porque perdieron cultivos de subsistencia, por lo tanto, es el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), quienes coordinan el envío de alimento a las bodegas, pero aún existe dificultad del acceso a algunos lugares o bien tienen conocimiento que las bodegas están llenas, pero son los Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los encargados de coordinar el envío a las familias.

“El apoyo interinstitucional es clave en estos momentos”, expresó López.

Fase escalonada

La segunda fase de reacción escalonada estará incluida en el plan estratégico institucional donde se llevarán a cabo análisis de restauración y conservación de suelos para determinar si son aún se pueden rescatar las áreas de cultivo afectadas. También, incluye el arreglo de los sistemas de riego que quedaron dañados y ayudar a restaurar las orillas de los ríos con el propósito de que vuelvan a su cauce.

“Los fenómenos dejan suelos saturados, aún hay riesgo de deslizamientos y derrumbes, y a ello se suma la época de heladas en el occidente del país, que aunque, no fue afectado, puede sumar más daños al país”, afirmó López.

En opinión de Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro) se evidencia una vez más que Guatemala es altamente vulnerable a los factores del clima. La falta de infraestructura y la precariedad de la poca infraestructura en el área rural ponen principalmente en riesgo a las familias que viven en comunidades del área rural.

Por lo tanto, es urgente garantizar la capacidad de resguardo, tanto de vivienda y alimentos, de las comunidades, recuperación de la infraestructura para poder llegar a los lugares afectados, y trasladar la ayuda para restablecer la producción nacional, enfatizó Caballeros.

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Pérdidas millonarias

José Santiago Molina, presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), afirmó que la lluvia de 24 horas del huracán Iota agudizó los daños que provocó la tormenta Eta, especialmente en el sector palmicultor, y calcula que se perdieron 10 mil toneladas de fruta, es decir, US$1 millón, aproximadamente.

En el tema de la recuperación, Molina explicó que hay áreas en donde se debe trabajar en restaurar bordes y quineles internos, e implica, además de mano de obra, contratar maquinaria para los trabajos.

En ese sentido, las acciones de recuperación que se deben llevar a cabo ascienden a unos US$10 millones solo en ese sector, y en su mayoría son los propietarios de las fincas quienes cubren los gastos, pero enfatizó que de la mano debería ir el Gobierno, a través del Ministerio de Comunicaciones, en habilitar carreteras y puentes dañados.

Daños por Iota

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se han registrado 203 incidentes debido a Iota, 174 mil 951 personas damnificadas, incluidas a 16 mil 809 evacuadas y tres mil 558 albergadas.

Además, cinco fallecidos, tres personas desaparecidas y seis heridas, ya sea por deslizamientos de tierra, aludes o inundaciones. Los ríos aún están desbordados.

Iota llegó este martes a Honduras como tormenta tropical después de dejar ocho muertos en su camino y de provocar daños en Nicaragua, donde miles de personas quedaron incomunicadas, sin agua ni luz. La tormenta amenaza con agravar la situación de zonas de Centroamérica devastadas hace dos semanas por el ciclón Eta.

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El jefe de Meteorología de la protección civil hondureña (Copeco), Francisco Argeñal, dijo a la AFP que Iota entró a Honduras por el departamento oriental de El Paraíso y pasó 55 km al sur de Tegucigalpa.

Argeñal pronosticó que la tormenta, que avanza a 19 km/h con vientos sostenidos de 80 km/h, llegará a El Salvador la madrugada del miércoles.

El gobierno hondureño ordenó el cierre de las principales carreteras del país hasta la mañana del miércoles ante el riesgo de desbordamiento de ríos.

Iota, que tocó tierra la noche del lunes como huracán categoría 5 (la máxima en la escala Saffir-Simpson), se degradó a tormenta tropical este martes.

Más fuerte que Eta, Iota llegó a Nicaragua como huracán con vientos máximos de 260 km/h, según un informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Inundaciones repentinas y crecidas de ríos que amenazan la vida de los pobladores se continuarían registrando hasta el jueves en partes de Centroamérica debido a las lluvias provocadas por Iota, advirtió la NHC.

Y en Honduras, Nicaragua y Guatemala esos fenómenos “podrían verse exacerbados por los efectos recientes del huracán Eta”, que tocó tierra el 3 de noviembre también en el Caribe nicaragüense y dejó al menos 200 muertos y 2,5 millones de afectados en Centroamérica.

En Bilwi, principal ciudad del Caribe Norte de Nicaragua, hay “caída de árboles, de postes de luz del tendido eléctrico, de techos de casas que salieron por el aire y un hotel que perdió todo el techo”, dijo el director del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo González.

Dos niños murieron el lunes en Nicaragua al intentar cruzar un río y otras cuatro personas fallecieron este mates en diferentes partes del país en inundaciones y derrumbes, informó la vicepresidenta del país, Rosario Murillo.

Sin comunicación

El ministro nicaragüense de Infraestructura, Denis Moncada, dijo que brigadas intentan despejar 497 árboles que cayeron sobre carreteras en los municipios caribeños de Rosita, Siuna y Bonanza.

Indicó que en la costa del Pacífico hay cortes de vías, principalmente en el departamento sureño de Rivas, sobre la carretera Panamericana, por el desborde del río Ochomogo.

Sinapred informó que 48 mil personas fueron evacuadas en Nicaragua, la mayoría en el Caribe Norte.

Pero se desconoce la magnitud real de los daños causados por Iota en la zona debido a que la comunicación con Bilwi ha sido interrumpida.

La estatal nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) informó en una nota de prensa que hay “serias afectaciones” en las comunicaciones en esa localidad.

El gobierno nicaragüense informó que 114 mil 200 viviendas en todo el país quedaron sin energía eléctrica y 47.638 sin agua.

Sinapred alertó también de potenciales deslizamientos por las intensas lluvias en otras localidades de Nicaragua.

Amenaza regional

Mientras Iota se acercaba a Honduras, militares y policías desalojaban a pobladores de zonas de riesgo en la región del valle de Sula y de orillas de los ríos y barrios propensos a deslaves en Tegucigalpa.

En la comunidad miskita de Nueva Jerusalén, en el Caribe, los vientos destruyeron el techo del centro de salud y 38 viviendas, y arrancaron árboles, según un informe de Copeco.

El lunes, al menos una persona murió en la isla colombiana Providencia donde Iota destruyó cerca del 98% de su infraestructura, según informó el presidente Iván Duque en Twitter.

Las autoridades de Panamá, en tanto, reportaron una mujer fallecida en la comarca indígena Ngäbe Buglé, mientras unas dos mil personas eran albergadas, aunque las lluvias disminuyeron en ese país.

Iota también se hizo sentir en Costa Rica, que reportó 16 inundaciones, en su mayoría en el litoral Pacífico, y cinco deslizamientos que bloquearon rutas, según la Comisión Nacional de Emergencias.

Guatemala se preparaba para “lo peor”, dijo el presidente Alejandro Giammattei, aunque los daños han sido menores a lo esperado.

La actual temporada de huracanes en el Atlántico ha batido récords. Iota es la decimotercera de las 30 tormentas con nombre registradas este año que alcanzó la categoría de huracán.