En México, las cifras son aún más alarmantes. La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), correspondiente a 2018, reveló un incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. “En adultos pasamos de 72% a 75 %, y en niños ya llegamos a un 36%. También aumentaron los problemas derivados”, señala Carlos Cruz, nutriólogo y especialista en salud pública, investigador de dicho organismo.

El panorama tampoco es más alentador en el Cono Sur. En Uruguay, una encuesta nacional de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, de 2013, detectó que cerca del 65% de la población entre 20 y 65 años tenía obesidad y/o sobrepeso. “Si se tiene presente la influencia que tiene la obesidad en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión arterial o el cáncer, esto nos está generando una proyección para los años venideros que es muy grave en términos de morbimortalidad de la población, y una carga de gastos que compromete la sostenibilidad del sistema de salud”, apunta el médico Wilson Benia, consultor nacional en sistemas y servicios de salud de la representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay.

Imposibles de ignorar

La urgencia de declararle la guerra a la obesidad es evidente. Tanto en México como en Uruguay está próxima a implementarse una medida que ya ha dado resultados en Chile, primer país en aplicarla en América Latina, en junio de 2016: el etiquetado de alimentos con sellos que advierten claramente del exceso de nutrientes críticos, como azúcar, grasa o sal. El principal objetivo es informar a los consumidores. “Lo que se está viendo es que las personas hacen compras desinformadas. Es decir, no leen las etiquetas. Ni la frontal, ni la de atrás, ni ninguna”, dice Cruz, que trabajó en el equipo INSP que participó en la iniciativa del etiquetado en México.

Por eso se ha optado por un sello que no se puede pasar por alto. “Hay evidencia de que este etiquetado frontal de los alimentos es una herramienta muy potente para que la población tome decisiones informadas a la hora de elegir su alimentación”, recalca Wilson Benia, y explica: “A partir de la iniciativa en Chile, el 68 por ciento de las personas cambiaron sus hábitos alimentarios y el 20 por ciento de las industrias modificaron sus productos”. A su juicio, este es un elemento importante, porque hay un incentivo para que la industria contribuya a una alimentación saludable.

Las reacciones de las empresas han sido dispares, como cuenta el especialista de la OPS. “Hay algunas que entienden que esta es una herramienta para contribuir a la salud de la población y que no perjudica sus intereses, porque pueden reconvertir sus productos, adecuarlos, mientras que otras han decidido transitar el camino de la confrontación, con los costos que eso implica para todos”.

La reformulación de los productos es un aspecto que ayuda, pero no es lo principal que se plantea México, según explica Carlos Cruz. Señala que en Chile se tendió a quitar, por ejemplo, el azúcar de algunos productos y a sustituirla por edulcorantes, para no llevar el sello. Pero “en México también va a haber una leyenda que indique que algo contiene edulcorantes. Y eso tiene el mismo valor que un sello”, aclara el investigador del INSP.

Marco regional

Lo fundamental, en todo caso, es que los sellos sean claros y elocuentes. En eso ha sido útil la experiencia chilena, a juicio del especialista mexicano: “Es un sistema que se entiende muy bien. No hay diferencias por sexo, por región, por nivel socioeconómico, por nivel educativos: todos saben que cuando se ve un sello, el producto es no saludable”.

También en Perú se ha aplicado el sistema de las etiquetas de advertencia. En Argentina se está discutiendo el tema en el ámbito técnico. Y, a nivel del Mercosur, en una reunión de ministros de 2018 se acordó impulsar este tipo de etiquetado, lo que le daría un marco regional a una medida que está resultando promisoria para combatir uno de los grandes desafíos de salud pública del siglo XXI.