MACROSCOPIO
Catastro o catástrofe
De nuevo la ley se aplica según las organizaciones dedicadas a la usurpación, en una sola vía.
Por: Humberto Preti

Los últimos acontecimientos en El Nuevo Palmar, en donde un grupo de invasores atacó con fusiles AK-47 y bazookas hechizas a los miembros de una cooperativa propietaria de la tierra, nos dan una idea de hasta dónde están llegando las cosas en el campo.

El hecho no es un hecho aislado, ya es vox populi. Las usurpaciones en ciertas áreas se encuentran apoyadas por gente armada y se dan el lujo de manifestar sus aviesas intenciones en el momento que se intente su desalojo, sin importar si hay muertos o heridos.

El nuevo gobierno ha hecho un llamado a la confianza de los inversionistas y es en el área rural donde más se necesita la inversión, pero con esta política seguida por las organizaciones que promueven las invasiones no llegará muy lejos el combate al desempleo en el interior del país.

El asunto es serio, podríamos decir que ya existe una nueva modalidad de insurgencia: armar gente para violentar la ley, no tiene otro nombre, y así es. Preparémonos para nuevas ofensivas de partes de aquellos con que no se negoció la paz.

Tenemos la plena seguridad de que la Policía Nacional Civil no tendrá la capacidad de hacer frente a estos contingentes de individuos con buenos recursos, pues comprar armamento no es barato.

Las organizaciones que dicen representar al campesinado reciben buena plata de donaciones y su profesión es esa, invadir, desestabilizar y crear condiciones para que no haya inversión y así mantener a la población rural en la indigencia, mantener el descontento entre las huestes campesinas -pero si ya están-, además de su nefasta y prejudicial costumbre, armando personas, creo que los tribunales deberían de hacer efectiva la orden de captura que está sin ejecutarse desde hace tres años.

La investigación y fiscalización de sus fondos deberá de ser ya una acción del Ministerio Público para evitar una confrontación que no sabemos a dónde va a llegar.

Es una lástima ver cómo campesinos que realmente están necesitados, son desplazados por estos invasores profesionales. En el área de Izabal y Zacapa, recientemente se detectó que la mayoría de usurpadores poseían tierras en otros lados y lo único que mantenía en área usurpada era un pariente que les cuidara aquello de lo que se apropiaron ilegalmente.

Existe una enorme cantidad de áreas usurpadas, y con ello vendrán órdenes de desalojo y ahora resulta que los de la CONIC solicitan que estos desalojos se detengan, ¡¿veremos que ellos también detengan las invasiones?! Los desalojos están conforme a derecho, las invasiones no y son dos delitos cuando se efectúan por gente armada.

Ahora existe la posibilidad de implementar un catastro. Esta tarea será más difícil de lo que se cree, primero, porque se tiene la idea de que ésta sea un instrumento de redistribución; segundo, porque se quiere dejar por un lado cierta titulación existente; y tercero, porque en ciertas áreas a los topógrafos encargados les va a ser imposible entrar, y a hasta los podrían balear.

El Fondo de Tierras ordenó la remedición, de las áreas de Oxec-Guamuch y el Baldío de Taquinco, entre El Estor y Santa María Cahabón, y sencillamente los agrimensores no pudieron pasar a ningún lado por oposición de los allí asentados. Va a ser interesante ver cómo se va lograr que se realice el mapeo del suelo nacional.

Lo ideal sería implementar una ley de catastro cuyos resultados se respeten, pero no tener un catastro que va a originar otra catástrofe