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Guatemala, domingo 26 de febrero de 2006

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Opinión

COLABORACIÓN
Una gestión legítima

Es falso afirmar que esta práctica sirva para el enriquecimiento de los diputados.

Por: Guillermo Sosa *

La ciudadanía evalúa a sus representantes, no sólo por su acción de legislador y fiscalizador, sino sobre todo por su capacidad y efectividad en la gestión de políticas y obras para el desarrollo económico y social de sus distritos.

Los diputados al Congreso son representantes de los ciudadanos, electos por distritos y por listado nacional, es no sólo legítimo, sino una obligación, procurar que en la ejecución de políticas y obras públicas sus distritos se beneficien en forma equilibrada respecto de los demás del país.

En ejercicio de esa función, los diputados, cuando se aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, procuran conforme a lo que le comunican sus electores, que se incluyan en determinados proyectos de obras para sus comunidades.

Para que las obras propuestas, en legítimo ejercicio de la representación ciudadana, sean realizadas, y para que los ciudadanos constaten que sus representantes cumplen su función, el Ejecutivo creó un mecanismo o institucionalidad, legal, democrática y pública, que permite a los diputados participar activamente para que la contratación y realización de la obra gestionada se lleve a cabo efectivamente y de conformidad con la ley.

Es falso, injusto e injurioso, afirmar que esta práctica, común en Estados con democracias representativas, tenga por objeto servir para el enriquecimiento personal de los diputados. Toda ejecución de obra pública, sin importar que su contratación o realización se haga con o sin la participación de los diputados, está sujeta a fiscalización por las autoridades correspondientes y por la ciudadanía.

Si se diera en la gestión, contratación o desarrollo de la obra alguna práctica constitutiva de delito, ello no se debe al sistema o mecanismo de gestión o contratación, sino a la conducta individual del funcionario, que en todo caso puede y debe ser investigado, procesado y eventualmente sancionado.

La participación de los diputados debe buscar que las obras se lleven a cabo y que los contratos y la ejecución sean adecuados y legales. La gestión y la participación de los representantes de la ciudadanía en la gestión y desarrollo de la obra pública fortalece la democracia representativa y sirve a la ciudadanía, que de otra forma difícilmente puede procurar con éxito el desarrollo de sus comunidades.

Los diputados son canales de participación de la ciudadanía, son el medio más accesible y efectivo que tiene para proponer obras y políticas públicas que consideran deben incluirse en el presupuesto.

* Diputado por Listado Nacional

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