Indulto para condenados a muerte, sin solución
Sectores sociales piden al Legislativo resolver controversia legal
Por: Olga López

La discusión sobre a quién corresponde conceder el indulto a los reos condenados a muerte está de nuevo en la palestra, después de que el Legislativo retiró de agenda la iniciativa encaminada a que la decisión recayera, de nuevo, en el presidente de la República.

La decisión de los legisladores impide que se resuelva el vacío legal que existe, y hace que la ejecución de los 29 condenados a la máxima pena se prolongue.

El martes 13 de febrero, el partido oficial logró que se frenara la discusión del proyecto con el cual se buscaba que, de nuevo, el presidente de la República concediera o negara el indulto.

Ese atasco se da pese a que, en 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sugirió a Guatemala que regulara el indulto para los condenados a muerte, luego de que el presidente Alfonso Portillo eliminara en 2001 esa facultad del Ejecutivo, la cual está contenida en la Constitución Política de la República.

“No estamos de acuerdo con que el presidente tenga la potestad de decidir o perdonar una vida, y consideramos que debe decidir un cuerpo colegiado”, justificó el diputado de la Gana Jorge Méndez Herbruger.

El Partido Patriota promueve otra iniciativa para que el recurso de gracia quede en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Consideramos necesario que cuanto antes quede definido a quién le corresponde dar a negar un indulto, pues la pena de muerte es un disuasivo para los secuestradores, violadores y criminales”, dijo la diputada Roxana Baldetti.

Las opiniones en cuanto a quién le corresponde otorgar el indulto están divididas. El presidente de la CSJ, Eliú Higueros, afirmó que no es misión de ese organismo. Dijo: “No es lógico que después de que los magistrados han emitido resoluciones en las apelaciones de las sentencias, tengan que revocar esos fallos”.

Agregó que tiene que ser un ente diferente el que conozca.

La opinión de Higueros es respaldada por Yolanda Pérez, presidenta del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang). “Es una situación contraria al régimen de legalidad, pues el que tiene que resolverlo debe ser un ente distinto a la Corte, que ya ha dado su veredicto en todas sus instancias”, enfatizó.

Según Pérez, para que termine la polémica, se debe reformar la Carta Magna y eliminar la figura del indulto.

Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra el Secuestro, dijo que, para que no siga en aumento la lista de condenados a muerte, los jueces deben imponer penas de prisión. “No se daría este problema si funcionara el sistema de justicia y se sancionara a los criminales con los años que corresponda”, aseveró.

Propuestas

Agrupaciones sociales presentaron en 2006 un proyecto para integrar una comisión especial que resuelva las solicitudes de gracia presentadas por los condenados a muerte.

Tal comisión estaría integrada por el procurador de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, un representante de la Corte Suprema de Justicia, uno de las universidades y uno del Ejecutivo.

Caso Botrán

Luis Amílcar Cetino y Tomás Cerrate Hernández fueron los últimos reos ejecutados, en 2000, por el secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi de Botrán.

La decisión de Portillo de quitar la facultad al Ejecutivo para decidir sobre el recurso de gracia causó que nadie tenga la potestad legal de firmar las ejecuciones, ni el condenado de solicitar el indulto.

“A esto se suma la serie de recursos que los abogados de los condenados interponen para retardar su ejecución”, dijo Wilfrido Porras, juez segundo de Ejecución.

Añadió que los defensores de algunos reos acuden a la CIDH para que la pena sea revocada.

En el Juzgado Primero de Ejecución están pendientes 18 ejecuciones, y en el Segundo, 11, entre ellas, la de Élver Gabriel Alvarado, uno de los líderes de una banda de secuestradores que en 1996 raptó a Isabel Bonifasi de Botrán, cuyo cuerpo fue hallado 72 días después. Él está prófugo de la justicia.

Porras dijo que es urgente que el Legislativo defina a quién le corresponde conocer el indulto.

En lista de espera

Estos son los nombres y los delitos por los cuales fueron condenados a muerte:

Plagio y secuestro: Audelio Díaz González, Jaime Quezada Corzo, Waldemar Hidalgo Marroquín, Carlos González Díaz, Tirso Román Valenzuela, Ronald Ernesto Raxcacó, Carlos Enrique Chun Choc, Gustavo Adolfo Carranza Castañeda, Douglas Montt Solórzano, Bernardino Rodríguez Lara, Jorge Arturo Mazate Paz, Élmer Orlando Virula Marroquín, Byron Ortiz Colindres, Carlos González Esquivel, Pablo Ruiz Almengor, Moisés Santizo Ola, Edwar Pineda Morales, Jorge Mario Murga Rodríguez, Hugo Humberto Ruiz Fuentes y Elver Gabriel Alvarado (prófugo).

Asesinato: Miguel Ángel López Caló, Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Juan Pablo Ocampo Alcalá, Santos Hernández Torres, Édgar Iván Sandoval, Miguel Ángel Olivares Pérez, Adolfo Rodas Hernández y Antonio Israel Jiménez Godínez y Dimas Samayoa García.