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Más de un centenar de personas se apostaron frente a la comuna y exigieron hablar con el alcalde, Julio Melgar, para entregarle un documento donde le dan un plazo de 48 horas para que rebaje el valor del pasaje, de Q2.

Los inconformes recordaron, con gritos, los ofrecimientos que hizo durante su campaña proselitista, y lo acusaron de tener acuerdos con los transportistas “para exprimir al pueblo”.

Agentes de la Policía Municipal cerraron las puertas de la comuna, cuando los vecinos intentaron ingresar.

Luego de varios minutos de diálogo, permitieron que entrara una comisión, pero en la Secretaría no les recibieron el documento.

Cuando los periodistas intentaron conocer la versión del alcalde en funciones, Boris Dávila, éste ordenó a los policías que no dejara entrar a nadie en su despacho.

En el lugar, se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues circularon rumores de que los inconformes habían regado gasolina al rededor del edificio municipal, con intenciones de quemarlo.

El concejal Flavio Reyes informó que la Municipalidad de Escuintla se encuentra en una encrucijada debido a este problema y no quiere afectar los intereses de los transportistas ni de los usuarios, por lo que, en 15 días, terminarán de evaluar el problema y propondrán una solución.

“Una resolución de la administración anterior estipula que, si el diésel subiera su precio en más de Q22, el Concejo en funciones deberá analizar un incremento al pasaje”, explicó.

Roberto Estrada, de la Asociación de Transportistas de Escuintla, dijo que con el alto costo de la vida y el precio de repuestos y carburantes les es imposible trabajar.