El Ejército, según proyectos de revisión histórica, tuvo participación en hasta nueve de cada 10 violaciones a los derechos humanos, registradas durante la guerra interna.

Estas violaciones incluyeron actos como masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros, violaciones sexuales, torturas, amenazas y otros tratos inhumanos, de acuerdo con el Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi).

Dichos actos son atribuidos al Ejército y al Estado porque fueron perpetrados por militares, pero también por comisionados militares y patrulleros de Autodefensa Civil, organizados, orientados u obligados por la autoridad militar, según las conclusiones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Además, de acuerdo con la CEH, la institución militar recurrió a operaciones encubiertas para cometer algunos de estos crímenes, a través de sus “unidades clandestinas, denominadas comandos o escuadrones especiales”.

Estos “escuadrones de la muerte” contaban con “vehículos, armamento, financiación e instrucción operacional, proporcionados por estructuras regulares del Ejército, especialmente de la Inteligencia militar”.

Durante el conflicto armado interno, entre los años 1960 y 1996, unos 200 mil guatemaltecos fueron asesinados.

En ese período, los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la G-2 y el Estado Mayor Presidencial, monitoreaban y evaluaban sin distinción a personas y organizaciones, para elaborar listas de captura, represión o eliminación.