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La Procuraduría General de la Nación (PGN) apeló ayer la fianza de Q1 millón con la que se benefició al ex presidente Alfonso Portillo, y solicitó que ésta se incremente de acuerdo con el monto desfalcado.

Claudia Bracamonte, abogada del área penal de la PGN, interpuso la impugnación contra el fallo del juez Julio Jerónimo Xitumul, en la oficina de Gestión Penal, en la Torre de Tribunales.

“Consideramos que la caución económica que se fijó al ex presidente Portillo no es proporcional con el daño que se causó al patrimonio con la transferencia millonaria al Ministerio de la Defensa Nacional”, expresó.

La Fiscalía sindica a Portillo de haber autorizado, el 27 de febrero del 2001, una transferencia de Q120 millones al Ejército. De esa cifra, Q30 millones pasaron a empresas de su amigo Armando Llort, en ese entonces presidente del Crédito Hipotecario Nacional.

Bracamonte fundamentó su petición en el artículo 264 del Código Procesal Penal, el cual estipula que una fianza debe ser proporcional con lo que se defraudó.

Añadió: “Según la práctica judicial en este tipo de procesos, otros juzgados y tribunales han fijado las cauciones económicas de un 5 a 10 por ciento sobre la cantidad defraudada”.

Como ejemplo citó el caso del sindicalista Nery Barrios, a quien el Juzgado Segundo de Instancia Penal le fijó una fianza de Q1 millón 500 mil. Él está procesado por lavado de dinero, por más de Q5 millones.

Otro caso similar es el de los hermanos Arturo y Vinicio Salán Sánchez, a quienes el Tribunal Quinto de Instancia Penal impuso una fianza de Q5 millones, por haber malversado Q20 millones en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, durante el gobierno del FRG.

Las apelaciones de la fianza de Portillo serán conocidas por la Sala Tercera de ese ramo.