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Según Héctor Rosada, analista y negociador de los acuerdos de paz, al gobernante Álvaro Colom no se le está trasladando la información estratégica de lo que está ocurriendo en el país. “Cuando un presidente habla, debe proyectar certeza”, resalta el entrevistado, quien enumera cinco hechos de la historia que junto al narcotráfico y el crimen organizado han acrecentado la violencia actual.

Destaca que a esos cinco aspectos se une la falta de cuadros en el partido oficial para gobernar el país.

¿Cómo ve los últimos hechos de violencia que han causado alarma en la población?

Hay hechos del pasado que en el presente generan efectos y buscan objetivos concretos, como paralizar el servicio de transporte público para generar descontento a nivel nacional. El Estado generó violencia desde 1954 a la fecha, a través de los planes contra la insurgencia. Este ambiente histórico, más la proliferación de maras y pugnas en el mercado del narcomenudeo —de droga— y pelea entre autobuseros, está siendo aprovechado para generar un ambiente y lograr cosas concretas.

¿Cuáles son objetivos concretos?

Suspender la aprobación de la ley de armas, detener las investigaciones de los archivos de la desaparecida Policía Nacional, frenar un acuerdo de gobernabilidad que le daría rumbo al país y paralizar las reformas legales que propone la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—.

Los últimos hechos delictivos se han dado en el transporte público, ¿qué puede estar sucediendo?

Hay algo raro que no se ha investigado; recomendaría a los que hacen inteligencia en este país que investiguen quiénes cayeron, de pilotos y ayudantes, para ver los antecedentes, pues muchas veces puede ser cobro de extorsión más cobro de facturas personales. El propietario del bus no pierde porque alquila el bus; es el piloto el que tiene que pagar la extorsión. Ello no incide en el empresario.

¿Por qué el interés en detener la ley de armas? ¿resuelve esto el problema de inseguridad?

Una ley no resuelve el problema, pero podría generar el principio del fin, pues han proliferado los negocios de armas y municiones.

¿Y por qué el interés en generar un ambiente de violencia?

Para dar miedo, mejor si provocan que el Gobierno apele a la Ley de Orden Público o al estado de Sitio, pues de esa manera se pararía la discusión de la ley de armas. Con un estado de Excepción no se pueden aprobar leyes, y así parar cualquier ambiente favorable de gobernabilidad. Estamos en un momento complejo en el que necesitamos políticas de Estado muy claras, necesitamos no asustarnos. La cabeza asustada no reacciona con sabiduría.

¿Y cómo califica la reacción del Gobierno ante estos hechos?

La imagen que proyecta el Gobierno no es favorable, de cara a la credibilidad que se necesita en este momento. Uno de los errores más graves del proyecto electoral de la UNE —Unidad Nacional de la Esperanza— fue haber tomado 12 años para ganar una elección, y el

problema es que no tiene cuadros para gobernar; eso le ayudaría a establecer alianzas, tener equilibrio. El tener operadores políticos le ayudaría a establecer acuerdos de gobernabilidad.

¿Qué denota el mensaje del presidente Álvaro Colom luego de los ataques a buses?

Creo que no se le está trasladando toda la información estratégica al presidente, para que cuando envíe mensajes a la población traslade certeza. Cuando un presidente habla debe proyectar certeza. Esto tiene que ver con ciertos dones del equipo de gobierno, un equipo que reacciona ante algo que interpreta como un ataque hacia ellos y no hacia el país. Y van a seguir defendiéndose. Aquí se trata de tener la sabiduría de sentarse a la mesa y decir: “Miren, no

sabemos qué hacer, definamos entre todos”. Por eso hago tanto énfasis en un acuerdo de gobernabilidad, porque mientras se sigan defendiendo, no conocen lo que está pasando y van a trasladar un mensaje de incertidumbre a la población.