En el comunicado, los 48 Cantones de Totonicapán manifiesta su profunda preocupación por lo que califica como constantes violaciones a las disposiciones de la Constitución Política de la República, por parte del MP y el Juzgado Séptimo del ramo penal.
Expresan que el juez Fredy Orellana, Porras y Curruchiche “buscan violar el derecho fundamental de los guatemaltecos de elegir y ser electos, proteger a los funcionarios del régimen de corrupción e impunidad que ha imperado en Guatemala en los últimos gobiernos, quienes desesperadamente buscan aferrarse al poder para continuar saqueando y apropiándose del dinero del pueblo”.
Además, condenan el acoso y hostigamiento hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la criminalización y persecución de algunos de sus funcionarios, “quienes de forma responsable han cumplido sus funciones, apegados a la ley, ya que ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales, especialmente si provienen de funcionarios corruptos vinculados al crimen organizado y a sectores violadores de los derechos humanos”.
Exigencia a la CC
Los 48 Cantones también exigen a la Corte de Constitucionalidad que garantice el cumplimiento de Ley Electoral y de Partidos Políticos y que brinde amparo legal al Tribunal Supremo Electoral y garantice la segunda vuelta electoral.
Las autoridades indígenas responsabilizan Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y al juez de Fredy Orellana “por la crisis que están provocando y que buscan mantener la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder público, por parte de las élites políticas, militares y del crimen organizado que han penetrado el gobierno de Guatemala”.
También respaldan el trabajo realizado por las misiones de observación electoral internacional y piden elevar las denuncias respectivas ante la Corte Interamericana de derechos Humanos en contra del Estado guatemalteco, por la violación de los derechos humanos.
Piden renuncias
“La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales 48 Cantones de Totonicapán Solicitamos la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal de la Feci, Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana por sus acciones espurias, ilegales y abiertamente antidemocráticas”, se lee en uno de los puntos del comunicado.
También se solidarizan con el TSE y respaldan sus acciones por la defensa del voto ciudadano, por la alternancia del poder y por el respeto a su mandato constitucional como garante de la voluntad popular en las urnas electorales.
Hicieron un llamado a los pueblos indígenas, a la población en general y a las organizaciones sociales a manifestarse y sumarse a la lucha por el respeto a la democracia y a la voluntad popular manifestada en las urnas.
Los 48 Cantones se declaran en asamblea permanente y afirmaron que estarán “prestos a tomar las medidas que sean necesarias por la defensa de la democracia, de la voluntad popular y un futuro de dignidad para nuestras familias y nuestro país”.