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Los factores negativos internos y externos van ganando el pulso en los procesos clave para la justicia y la democracia
Las elecciones de segundo grado avanzan rodeadas de opacidad, dudas y descrédito para postuladores y aspirantes, analiza el Movimiento Projusticia.
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Un trabajador del Organismo Judicial cierra la sala donde se recibieron los expedientes de los aspirantes a las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, el pasado viernes 27 de febrero. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Los procesos de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como los de postulación y elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de fiscal general de la República, han ido avanzando formalmente y algunos casi llegan a su conclusión, pero lo hacen rodeados de opacidad, dudas y descrédito para postuladores y aspirantes.
El proceso de postulación de candidatos a magistrados del TSE estuvo cuestionado de principio a fin. Inició mal y terminó peor, con una nómina de candidatos vilipendiada por diversas corrientes de opinión pública. Ni uno solo de los 20 candidatos ha tenido un aval sectorial contundente. Ni siquiera los dirigentes políticos favorecidos con privilegios e impunidad han dado la cara públicamente por los candidatos que les sirvieron tanto a ellos como a gente implicada en lavado de dinero y usurpación de tierras en áreas de narcoactividad.
Hay unos pocos candidatos sin cuestionamiento, pero eso no implica satisfacción. Es tan solo desconocimiento, no generan confianza en que realizarán una gestión democrática, honorable y respetuosa de los derechos políticos de la población.
En los cinco procesos para designar magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es innegable el voto consolidado por Astrid Lemus y Fernando Bermejo. En este caso el Ministerio Público ha traído el cuestionamiento, vía una investigación secreta por denuncia también secreta de presunto fraude. El MP trata de quitar legitimidad al triunfo de Lemus y Bermejo, y de paso causa problemas penales a la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, una figura clave en la comisión que nominará candidatos a fiscal general 2026-2030. Estas acciones parecieran no tener futuro, pero sí remecen el núcleo y el entorno de esta designación.
Lo más cuestionable ocurrió en el Consejo Superior Universitario de la USAC, cuya designación de magistrados se realizó en estricto secreto, bajo muchas presiones, con consejeros ilegítimos (con período vencido), y lo más complejo estaba por llegar: existen ya denuncias penales y otras acciones contra la designación de la jueza Julia Marisol Rivera, a quien señalan de presentar un expediente con información falsa.
El Congreso, pero especialmente el presidente de la República, tienen ante sí la gran oportunidad de designar profesionales de lujo, con excelencia en el conocimiento y aplicación de las ciencias jurídicas, sólida trayectoria académica y en el ejercicio de la profesión.
Sin embargo, las presiones no dejan de llegar al Congreso -sobre todo desde grupos empresariales radicales- para favorecer al magistrado Roberto Molina, por encima de profesionales sin tacha, rostros nuevos que podrían realizar aportes extraordinarios a la justicia constitucional.
Mientras, la Corte Suprema de Justicia tiene ante sí 39 aspirantes a la CC, la mayoría desconocidos y unos pocos muy cuestionados: Dina Ochoa, Consuelo Porras, Luis Rosales y Claudia Paniagua, entre otros. Se teme que de aquí salga una designación decepcionante, bajo presión, coacción y negociaciones espurias.
El proceso de nominación de candidatos a fiscal general es incipiente, pero ya afronta severas críticas por el instrumento de evaluación que será aplicado a los aspirantes. Aunque la tabla fue modificada, no se ganó calidad para la evaluación.
Finalmente, en el proceso de fiscal general 2026-2030 hay un interesante espectro de aspirantes que bien podrían dirigir la transición de un MP antidemocrático a uno que abrace de nuevo la democratización y la modernización de la justicia. Sin embargo, está claro que hay comisionados cuyo cometido es sabotear a quienes, creen, serían los favoritos del presidente Arévalo.