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Análisis | La indispensable despolitización de la justicia: herramientas técnicas para una elección meritocrática
La aplicación de herramientas técnicas permitirá privilegiar el mérito de los aspirantes a los cargos públicos, apunta Guatemala Visible.
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La comisión de postulación para fiscal general durante la sesión del 5 de marzo pasado. Este año se activan tres postuladoras para seleccionar candidatos a cargos públicos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Las últimas semanas han estado marcadas por el desarrollo de varios procesos trascendentales de nombramiento de autoridades en el país, varios de ellos mediante el mecanismo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación (LCP). En Guatemala llevamos años debatiendo cómo mejorar este modelo para la selección de funcionarios públicos de alta relevancia. Sin embargo, sería ilusorio pensar que ya hemos encontrado una solución definitiva.
Prueba de ello es que seguimos sin lograr los consensos necesarios para reformar la ley y resolver los desafíos y obstáculos que ha evidenciado a lo largo de los años. Uno de los resultados más visibles ha sido la creciente politización no solo de los procesos de selección, sino también de algunos de los actores que participan en ellos, incluidas varias universidades del país. Lejos de fortalecer el papel de la academia y sus estándares de excelencia y rigor académico, en muchos casos se ha incentivado la creación de nuevas universidades con facultades de Derecho cuyo principal objetivo parece ser garantizar representación en las comisiones de postulación.
El 2026 representa un momento particularmente intenso para la institucionalidad del país. En pocos meses coinciden varios procesos de enorme trascendencia: la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, y posteriormente la designación del contralor general de Cuentas.
En este contexto, uno de los procesos más relevantes en desarrollo es la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. La comisión de postulación encargada de esta tarea tiene un desafío particularmente delicado: garantizar que la preselección de candidatos se realice con objetividad, transparencia y publicidad, de manera que la nómina final de seis aspirantes que será enviada al presidente de la República refleje criterios de mérito, idoneidad y honorabilidad.
Para alcanzar ese objetivo resulta indispensable reducir, en la medida de lo posible, los márgenes de discrecionalidad política que permite el diseño actual de la Ley de Comisiones de Postulación y privilegiar la evaluación técnica de los aspirantes. Esto es especialmente importante en un contexto en el que el país ha experimentado fuertes tensiones ideológicas y en el que distintos cargos del sistema de justicia han quedado expuestos a estas dinámicas.
Con el propósito de aportar herramientas que permitan disminuir la subjetividad en estos procesos, Guatemala Visible desarrolló —en colaboración con el Centro de Investigaciones Educativas (CIE) de la Universidad del Valle de Guatemala— una arquitectura de instrumentos técnicos orientados a fortalecer evaluaciones más objetivas y basadas en competencias.
El primer instrumento es el perfil y descriptor del puesto, que define con claridad no solo los requisitos legales del cargo, sino también las competencias técnicas y conductuales necesarias para desempeñarlo. Al establecer un estándar claro del perfil ideal, la comisión puede evaluar de forma más objetiva las brechas entre ese perfil y las cualidades de cada aspirante.
El segundo instrumento es la tabla de gradación, que convierte los méritos académicos y profesionales en puntajes cuantificables. De esta forma se asigna un peso específico a cada aspecto de la trayectoria del candidato, lo que permite una evaluación transparente y verificable. Este tipo de herramientas evita que factores ajenos a la función influyan de manera decisiva en la selección.
Finalmente, la guía de entrevista y el assessment center permiten evaluar competencias clave como la independencia, la capacidad de resistir presiones, el pensamiento estratégico y el compromiso con el Estado de derecho. A través de preguntas estructuradas y la resolución de casos hipotéticos es posible analizar cómo reaccionaría un aspirante ante situaciones complejas propias del ejercicio del cargo.
La incorporación rigurosa de estos instrumentos técnicos no elimina por completo los factores políticos que inevitablemente rodean estos procesos. Sin embargo, sí permite reducir significativamente la subjetividad y fortalecer la legitimidad de las decisiones.
En última instancia, la despolitización de estos procesos no depende únicamente de reformas legales, sino también de la voluntad de quienes integran las comisiones de postulación para aplicar criterios objetivos y resistir de manera rotunda cualquier tipo de presiones externas. En la medida en que las comisiones de postulación tengan la voluntad y la capacidad de evitar y alejarse de las presiones políticas, desde su juramentación y, sobre todo, durante la evaluación y el análisis técnico de los perfiles de los aspirantes, así como en el cumplimiento estricto de los requisitos legales y de trayectoria, será posible avanzar hacia procesos de selección que privilegien verdaderamente el mérito.
Solo a través de este enfoque metodológico es posible garantizar un proceso de selección que realmente priorice el mérito y entregue a la nación un profesional dotado de la calidad, la independencia y la integridad que requiere la máxima autoridad del Ministerio Público.
Después de más de una década de vigencia de la Ley de Comisiones de Postulación, el desafío sigue siendo el mismo: transformar estos procesos en verdaderos mecanismos meritocráticos capaces de garantizar que quienes ocupen las más altas responsabilidades del sistema de justicia lo hagan por su capacidad, independencia e integridad.