Los diputados que integran las comisiones de Economía y de Finanzas del Congreso comenzaron la discusión de los posibles consensos a las enmiendas de la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

El pliego de enmiendas será conocido el jueves 30 de abril y será distribuido a los bloques políticos para consensuar. El 28 de abril, continuará la revisión de los artículos y las propuestas recibidas, para discutirlas en conjunto con representantes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad de inteligencia financiera (UIF) adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), y de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG).

El presidente del Congreso, Luis Contreras, acudió a la reunión en ambas comisiones y confirmó que el proyecto se conocerá el martes 5 de mayo en el pleno, como parte de los acuerdos en el Legislativo.

“Ya se está muy cerca de emitir el dictamen, en donde todas las bancadas están siendo tomadas en cuenta. Se van a reunir el miércoles para terminar con dos o tres enmiendas más, para que pueda concluir el dictamen. La dinámica será que se enviarán las enmiendas aprobadas y se repartirán para que el martes 5 de mayo se logre agendar como primer punto la ley antilavado”, explicó Contreras.

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El presidente del Congreso agregó que Guatemala estaría cumpliendo en tiempo, al requerirse la iniciativa de ley. “Todo lo que va a entrar al pleno está consensuado”, subrayó Contreras.

Al consultarle sobre algunas de las dudas que aún persisten en la iniciativa, explicó que hay temas como los colaboradores cercanos, que es un asunto muy amplio y que requiere especificar una definición. También incluye a las personas expuestas políticamente (PEP), y se está muy cerca de su redacción para que la ley sea precisa y no tenga ambigüedades, aseguró Contreras.

El total de enmiendas presentadas fue de 51 a 39 artículos, pero solo se abordaron 12.

Afinan ley contra lavado

El diputado Jorge Ayala, uno de los ponentes del proyecto, explicó que se continuará con el análisis de las enmiendas y que en la jornada de este martes se analizaron 12 propuestas de diferentes bloques legislativos, que están siendo atendidas en aspectos vinculados a mejorar la redacción de la ley.

Se estima que el miércoles concluyan las enmiendas iniciales y que puedan surgir otras, que podrían plantearse e incorporarse para cumplir con el calendario, a fin de que la iniciativa se conozca el martes 5 de mayo en el pleno para su aprobación por artículos y redacción final.

Ayala explicó, en términos generales, que una de las enmiendas conocidas este martes trata sobre la relación de brindarle a un juez la responsabilidad de fijar un plazo cuando el Ministerio Público establezca medidas cautelares, como la confiscación o la restricción de la disponibilidad de bienes, inmuebles o cuentas. Estas deben, de acuerdo con lo establecido en la ley, ser ratificadas por un juzgador.

Para ello, se estableció un procedimiento en el cual el juez debe otorgar en tres días la audiencia para confirmar las medidas; de lo contrario, el Ministerio Público debe liberar aquellas medidas cautelares que planteó.

Ejemplificó que otro de los planteamientos específicos se refiere a la duración en la cual las personas obligadas deben conservar la información de la relación con sus clientes. En la actualidad, está establecido que, de forma física, se conserve durante cinco años y, de forma digital, diez años adicionales.

Sin embargo, se consideró que no todas las personas obligadas deberían tener el mismo compromiso.

“No es lo mismo que una persona que se dedica a una actividad comercial, por ejemplo, una venta de vehículos o una venta de joyas, a la cual se le obligue por 15 años a conservar todos los registros de las operaciones comerciales. Toda la parte digital de diez años adicionales estaría eliminándose y únicamente restringir esto a los años que nos establecen las recomendaciones de Gafilat al respecto. Esa fue otra de las enmiendas que pueden ser atendidas”, afirmó Ayala.

También se abordó el caso de la conversión a pena privativa de libertad. Esto trata sobre las multas cuando una persona ha sido condenada por el delito de lavado a una pena privativa de libertad, más una multa; pero, si el monto de la multa no puede pagarse, se convertiría en un plazo que no exceda dos años adicionales a la pena ya cumplida.

Comisión ve consensos en ley antilavado

Al concluir la reunión de este martes, el diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, aseguró que se avanza de forma positiva para lograr un consenso en la mesa técnica y presentarlo al pleno del Congreso la próxima semana, con la incorporación de las enmiendas.

Las revisiones son tanto de forma como de fondo, por lo que se extendió el programa.

“Los bloques (partidarios) han sido bastante constructivos en cuanto a formular sus cambios en particular. Han sido atendidos en las personas expuestas políticamente (PEP), reportes de transacción sospechosa, y la ley está tratando de ser más específica en sus definiciones, que son consistentes con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, agregó.