Aunque las reformas a la ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (iniciativa 6593), ya superaron su tercera lectura, los diputados abrieron ayer una nueva fase de revisión de enmiendas en la Comisión de Economía y Comercio Exterior encabezada por el diputado Jorge Ayala, quien la preside, quien explicó que el proceso se mantiene en análisis para ordenar las observaciones y evitar vacíos en la norma.

“Estamos revisando las enmiendas con apoyo técnico para aclarar dudas. La idea es construir consensos, pero con una ley bien sustentada”, indicó.

Durante la sesión, los legisladores reiteraron la necesidad de apoyo técnico de la Superintendencia de Bancos y otros expertos, especialmente en temas como transacciones sospechosas, registros digitales y el alcance de las obligaciones.

La comisión confirmó que ha recibido varias propuestas de enmienda planteadas por legisladores, las cuales serán analizadas por el equipo técnico antes de continuar con su discusión en el pleno.

Esa decisión suma más tiempo para su eventual inclusión en la agenda debido a que se convocará a reuniones extraordinarias para mediados de la próxima semana para afinar los cambios, lo que evidencia que la ley aún no está lista para su aprobación en redacción final.

Ayala, explicó que el siguiente paso será estructurar un documento comparativo para facilitar el análisis dentro de la comisión.

“Vamos a hacer un cuadro, consolidar las enmiendas y distribuirlas entre los miembros para su evaluación”, señaló sobre las nuevas reuniones en los próximos días. “Estaremos convocando reuniones el martes y miércoles para avanzar en los consensos necesarios”, afirmó.

Finalmente, indicó que el objetivo es avanzar hacia su aprobación antes del receso legislativo, aunque condicionado a los acuerdos. “La intención es aprobarla en las últimas sesiones antes del receso, pero dependerá de que logremos consensos sobre las enmiendas”, puntualizó.

En la jornada participaron representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB), la Asociación Bancaria de Guatemala y la Cámara de Finanzas de Guatemala, quienes aportaron insumos técnicos en la revisión de la iniciativa.

Presidente habla de consensos previos

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, hizo un llamado a los diputados a presentar sus propuestas de cambio para avanzar en acuerdos.

“Lo que buscamos es llegar con enmiendas ya acordadas. No queremos que en el pleno se planteen cambios que no han sido consensuados”, expresó.

El presidente del Legislativo señaló que, por ello, se ha optado por tomar más tiempo y sostener reuniones con diputados que aún tienen dudas sobre el contenido de la iniciativa. “He estado reuniéndome con diputados y voy a seguir haciéndolo. La idea es que, si hay dudas, también presenten propuestas concretas de cómo resolverlas, no solo señalar problemas”, indicó.

Contreras añadió que, aunque existe la intención de agendar la iniciativa antes del receso parlamentario, esto dependerá de que se logre un consenso amplio.

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“No puedo garantizar que se apruebe en el pleno, pero considero que hay condiciones para lograrlo. En todo caso, tanto yo como la Junta Directiva vamos a respaldar estas leyes”, afirmó.

Sin embargo, ese llamado ocurre en medio de una discusión que sigue abierta y sin certeza de cuándo podrá concretarse la votación final.

El diputado Julio Héctor Estrada detalló que sus propuestas se centran en tres aspectos que van desde la conservación de registros, uso de reportes de riesgo como prueba y medidas cautelares.

Sobre el artículo 34, advirtió que la obligación de conservar registros por más de una década puede ser excesiva para ciertos sectores.

“El estándar es conservar cinco años tras terminar la relación con el cliente, pero la ley añade diez años más en formato digital. Eso funciona para bancos, pero no para una inmobiliaria, una joyería o un profesional independiente”, explicó.

Por ello, planteó limitar esa exigencia a entidades de mayor escala. “La propuesta es que esos diez años adicionales apliquen a entidades reguladas o más grandes, para evitar problemas legales a pequeños prestadores que no pueden cumplir con ese nivel de resguardo”, indicó.

En cuanto al uso de reportes de transacciones sospechosas, señaló que estos no deben ser utilizados como prueba directa.

“Es información preventiva, no prueba. El Ministerio Público debe hacer su propia investigación y no basarse únicamente en esos reportes”, afirmó. Añadió que estos informes deben considerarse indicios.

“Las transacciones sospechosas son un punto de partida, pero para judicializar un caso se necesita investigación propia. Ha habido excesos al usar estos reportes casi como prueba”, advirtió.

También cuestionó la duración de algunas medidas cautelares. “Se pueden dictar, pero el juez debe resolver en un plazo razonable. No puede haber personas con restricciones durante años sin una decisión judicial”, señaló.

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Otros diputados, explicó Ayala, han planteado ajustes sobre la definición de terrorismo, la carga de la prueba y las condiciones para personas expuestas políticamente, lo que mantiene el debate abierto.

Aunque la iniciativa responde a compromisos del país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la falta de consensos técnicos mantiene en pausa su aprobación final.