Estados Unidos
Justicia
Ejecutivo veta ley sobre prevención del abuso sexual infantil por “ambigüedades”
Ejecutivo señala inconstitucionalidad en decreto del Congreso sobre prevención de abusos contra menores.
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Imagen ilustrativa. Ejecutivo veta ley relacionada a los abusos contra menores. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Presidencia publicó este miércoles 6 de mayo en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 68-2026, con el que veta el Decreto 10-2026 del Congreso, que contiene reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, por inconstitucionalidad.
El referido decreto fue aprobado el recién pasado 14 de abril y enviado al Organismo Ejecutivo el 24 del mismo mes.
Lo aprobado por el Legislativo endurecía las sanciones contra las relaciones entre adultos y personas menores de edad. La medida pretendía corregir un vacío legal y reforzar la protección de la niñez y adolescencia en el país.
La norma establecía que toda relación sexual entre un adulto y un menor sería considerada violación, sin tomar en cuenta el consentimiento.
El decreto también contemplaba disposiciones relacionadas con la prevención, la atención a víctimas y acciones de información. Además, elevaba la edad mínima de consentimiento sexual de 14 a 18 años, para que quedaran prohibidas las relaciones entre adultos y menores.
En el veto, entre sus consideraciones, el Ejecutivo justifica que, después del análisis, el Decreto 10-2026 contiene disposiciones contrarias a la Constitución, toda vez que vulnera los principios penales de taxatividad y lesividad, e inobserva el bloque de constitucionalidad en materia de protección integral de la niñez, la adolescencia y la familia, por lo que procede devolverlo al Congreso con las observaciones pertinentes.
Explica que en los artículos 1 y 2 del Decreto 10-2026, que reforman los artículos 173 y 173 Bis del Código Penal, se introduce el supuesto a los tipos penales de violación y agresión sexual: "Cuando en los supuestos descritos en el segundo párrafo de este artículo, el sujeto activo sea adolescente y el sujeto pasivo no sea menor de 14 años, y no medie violencia física, psicológica o prevalimiento, se podrán imponer las sanciones..."; lo cual, según el veto, es contrario al texto constitucional.
Argumenta que, al suprimir el uso de la violencia o prevalimiento como elemento del tipo penal para sancionar conductas entre adolescentes, el legislador crea un tipo penal ambiguo.
Además, la ausencia de un elemento objetivo diferenciador entre el sujeto activo y pasivo, en el contexto de actos sexuales consensuados, impediría al juez competente determinar con certeza jurídica quién es el autor del delito y quién, la presunta víctima.
Según el Ejecutivo, la reforma legal aprobada generaría severas dificultades para determinar la voluntad consciente de cometer un acto ilícito por parte del supuesto responsable del delito.
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