La Corte Suprema de Justicia (CSJ) oficializó la creación del Registro Electrónico de Abogados, con el que sustituirá el sistema manual utilizado hasta ahora para la inscripción y el control de los profesionales del Derecho. La medida quedó establecida en el Acuerdo 22-2026, publicado el 20 de julio del 2026 en el Diario Oficial.

Según el acuerdo, la modernización busca digitalizar el registro de abogados, fortalecer la actualización y el resguardo de la información, así como adecuar el sistema a las tecnologías actuales, ya que el registro previsto en el artículo 196 de la Ley del Organismo Judicial continúa operando de forma manual.

El Registro Electrónico de Abogados tendrá competencia en todo el territorio nacional y continuará funcionando en el Registro de Procesos Sucesorios, con sede en la ciudad de Guatemala.

La dependencia será responsable de la inscripción de abogados y del registro de sus firmas y sellos, además de garantizar el control, la actualización y el resguardo de la información.

Detalles del acuerdo

El acuerdo establece que los datos contenidos en los libros físicos migrarán de forma progresiva hacia la plataforma electrónica. Asimismo, dispone que el sistema deberá garantizar la confidencialidad de la información, con acceso restringido a usuarios autorizados mediante credenciales de seguridad.

La base de datos incluirá, entre otros, el nombre y los apellidos del profesional, el número de colegiación, la universidad y la facultad de egreso, la fecha de graduación, la firma, el sello, la fotografía, la sede de la oficina profesional, cuando corresponda, y el casillero electrónico. Cualquier modificación de estos datos deberá quedar registrada en el sistema.

Además, la norma prohíbe el uso de abreviaturas en el sello profesional, salvo aquellas que hagan referencia al grado académico o a la profesión del abogado.

El acuerdo también faculta a la CSJ para crear sedes regionales del Registro Electrónico cuando la demanda del servicio lo requiera, con el fin de atender el incremento de abogados egresados de las universidades del país y de profesionales que se incorporan al ejercicio de la profesión.

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Entre otras disposiciones, autoriza al Registro Electrónico de Abogados a emitir certificaciones e informes tanto en formato físico como electrónico, incluso mediante firma electrónica avanzada cuando las condiciones lo permitan.

Asimismo, en caso de deterioro, pérdida o robo del sello profesional registrado, el abogado deberá presentar una denuncia ante el Ministerio Público y cumplir con los requisitos establecidos para tramitar su reposición.

El acuerdo también permite que la Presidencia del Organismo Judicial suscriba convenios con otras instituciones para compartir información contenida en el Registro Electrónico de Abogados, siempre que se garantice la protección y el uso adecuado de los datos.

Además, la Corte Suprema de Justicia podrá establecer un tarifario para el cobro de consultas remotas a la información del registro.

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