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Política
Cacif afirma que modificaciones en Guatecompras comprometen los estándares de transparencia
El Cacif señala que las modificaciones en el portal Guatecompras reducen las herramientas que permiten a la ciudadanía supervisar y fiscalizar las contrataciones del Estado.
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Imagen del portal de Guatecompras. (Foto Prensa Libre)
El Cacif, por medio de un comunicado, expresó este 3 de septiembre su “firme rechazo” a las modificaciones implementadas en la plataforma Guatecompras, las cuales, afirma, representan un retroceso en las prácticas de gobierno abierto y comprometen los estándares de transparencia que deben regir la administración pública.
En su comunicación señaló que estas decisiones reducen las herramientas que permiten a la ciudadanía consultar, supervisar y fiscalizar las contrataciones del Estado.
“El acceso a la información pública y la rendición de cuentas son pilares esenciales de una administración responsable”, afirmó.
Según el Cacif, toda reforma normativa debe “fortalecer y facilitar —nunca limitar— los mecanismos de control ciudadano que garantizan la integridad en el uso de los recursos públicos”.
Hizo un llamado al ministro de Finanzas Públicas para que revise y revierta las modificaciones, con el fin de asegurar un acceso amplio, oportuno y efectivo a la información relacionada con compras y contrataciones públicas.
La reacción del Cacif se da luego de que el portal Guatecompras dejara de mostrar la base de datos de contribuyentes y restringiera la consulta de los proveedores del Estado.
En agosto recién pasado, Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, indicó que el propósito es hacer más eficiente el uso del portal, ante las quejas de algunas personas por la publicidad de sus datos, pese a que no tenían relación con las compras públicas.
El 1 de agosto, la Asociación de Periodistas de Guatemala también se manifestó por los cambios en el portal Guatecompras.
Afirmó que “el acceso a la información sobre el uso y destino de los fondos del Estado no es una concesión, ni un privilegio, sino un derecho garantizado por el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala (Ley de Emisión del Pensamiento) y la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008)”.
Se pidió al Ministerio de Finanzas su postura sobre lo indicado por el Cacif, pero aún se espera respuesta.
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