Mejorar la administración de justicia, combatir la corrupción y el abuso de los recursos legales, con el objetivo de garantizar mejoras en la calidad de vida y la inversión en Guatemala, es el principal objetivo de la Propuesta de Agenda Legislativa de la Mesa de Certeza Jurídica del Plan Guatemala No Se Detiene, (GNSD), la cual se detalló durante el Foro Agenda Legislativa para Fortalecer la Seguridad y la Justicia en Guatemala, realizado este martes 8 de septiembre.

Dicho foro forma parte de las actividades que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) ha llevado a cabo previo al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) del 2026, que se realizará el 8 de octubre.

Ana Isabel Antillón, coordinadora de la Mesa de Certeza Jurídica del Plan Guatemala No Se Detiene, expuso varios aspectos en materia legal que deben ser mejorados para garantizar el fortalecimiento del Estado y el crecimiento económico y sostenible del país, siempre enfocados en el bienestar de la ciudadanía, cuyo objetivo principal es la generación de 2.5 millones de empleos para el 2032.

La exposición tomó como punto de partida la distinción fundamental basada en la Constitución Política de la República, así como en interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad.

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“Mientras la certeza jurídica se refiere al cumplimiento de los procedimientos legales para la creación de normas, la seguridad jurídica es la confianza que tiene el ciudadano en sus instituciones y el resultado de la aplicación de la ley”, afirmó.

Antillón también subrayó que ambos conceptos, junto con la seguridad física de las personas y sus bienes, son condiciones indispensables para el desarrollo, y afirmó que “a mayor seguridad y certeza jurídica vamos a tener mayor desarrollo”.

Asimismo, destacó que la agenda propuesta por Guatemala No Se Detiene se enmarca en los estándares internacionales e indicó que Guatemala aún enfrenta rezagos en áreas fundamentales como la resolución pronta de conflictos y la eficacia del sistema penal.

Destacó, además, que el país “ya ha superado debates que otros países de la región aún comienzan”, tales como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con estos detalles hizo un desglose de una serie de leyes de suma importancia para el país, que abarcan aspectos que van desde la infraestructura crítica hasta reformas institucionales.

En cuanto a la infraestructura crítica, destacó varias normas como la ley del sistema portuario, la ley de alianzas de infraestructura económica y la ley de infraestructura vial prioritaria, las cuales ya han sido aprobadas por el Legistivo y aseguró que esas normas “no son solamente motores económicos”, sino que “tienen un componente alto de seguridad en fronteras”, aportando tanto a la seguridad como al desarrollo.

Antillón también insistió en la urgencia de aprobar varias leyes como la ley de protección de datos personales, la ley para la transformación digital del Estado y una ley de ciberseguridad que regule los ciberdelitos y las infraestructuras críticas. Hizo énfasis en que, en esta última materia, el Congreso ha optado por discutir estos asuntos en una sola iniciativa de ley.

En cuanto a la resolución de conflictos, destacó que es importante aprobar las reformas a la ley de arbitraje y al Código Procesal Civil, ya que con estas se busca promover métodos alternativos como la mediación y el arbitraje, con el fin de descongestionar el Organismo Judicial y optimizar recursos.

“El arbitraje permite resolver disputas entre particulares o con el Estado en mucho menos tiempo, evitando largos procesos judiciales”, afirmó en su exposición.

En cuanto a asuntos prioritarios, indicó que una de las principales propuestas que deben ser impulsadas es la reforma a la ley de amparo, ya que “el abuso del amparo en los diferentes procesos provoca no solo costos para los ciudadanos, para el Estado”, y lamentó que no exista un estudio sistemático sobre este fenómeno.

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Reforma integral al sector justicia y a la seguridad

Posterior a la exposición de la Agenda Legislativa, realizada por la Mesa de Certeza Jurídica del Plan Guatemala No Se Detiene, se llevó a cabo el conversatorio sobre la Agenda Legislativa para Fortalecer la Seguridad y la Justicia en Guatemala, que contó con la participación del diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia; Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020; Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, y Francisco Quezada, asesor jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Durante el conversatorio se evidenció la urgencia de una reforma integral al sector justicia y a la seguridad en Guatemala. Arzú Escobar expuso la importancia de la aprobación de la iniciativa 6493, que reforma el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva, ya que con esta propuesta se respeta el precepto de la presunción de inocencia, lo que también contribuiría a reducir la saturación de los centros carcelarios, en los que más de la mitad de los privados de libertad se encuentran en prisión preventiva, lo cual vulnera este principio constitucional.

Por su parte, García Lara indicó que, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos a consecuencia de la criminalidad en América Latina equivalen al 3.4% del PIB. Según datos del Banco Mundial, estos costos relacionados con el crimen representan para Guatemala un 3% del PIB. También explicó que, si estos costos a causa del crimen disminuyeran, el país tendría un crecimiento del 3.5% al 6% o 7% anual. A su criterio, los sistemas de seguridad y justicia deben verse como una infraestructura económica, igual de importante que las carreteras o los puentes. También considera que las reformas legales son trascendentales, pero, a la vez, insuficientes sin capacidad institucional para implementarlas.

En cuanto a la inversión, Lisardo Bolaños considera que existen varias preocupaciones para la atracción de inversiones al país, entre estas, la baja eficiencia en la resolución de conflictos comerciales, por lo que se necesita con prontitud la correcta implementación de la ley de arbitraje. También señala que uno de los principales problemas para la inversión en Guatemala son los bloqueos como medida de protesta de algunos sectores, ya que representan un obstáculo para la movilización de carga y de trabajadores, lo que genera pérdidas millonarias.

Sobre la seguridad, Francisco Quezada plantea que es necesario que el Ejército de Guatemala pueda recuperar las funciones que le otorga la Constitución, las cuales se han visto disminuidas a consecuencia de tres leyes ordinarias que, según señala, contravienen la Constitución: la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad y la Ley de la Policía Nacional Civil. Según indica, estas leyes asignan toda la seguridad interior al Ministerio de Gobernación y a la PNC, ignorando que el artículo 244 constitucional nunca fue reformado, por lo que se debe ajustar la legislación ordinaria y rescatar las potestades del Ejército en seguridad interior, lo que también aportaría al crecimiento económico del país.