Fundesa presentó el programa de la vigésima edición del Enade 2026, que se llevará a cabo el jueves 8 de octubre próximo.

Directivos de la organización explicaron que abordar la seguridad integral como eje del encuentro parte de la premisa de que sin seguridad no existen condiciones sostenibles para la inversión, la generación de empleo ni el crecimiento económico.

El costo asociado al crimen y la violencia representa alrededor del 7% del producto interno bruto (PIB) de Guatemala, según datos citados por el director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, por lo que se expuso la importancia de trabajar en la seguridad integral.

Meta a 10 años: reducir a la mitad la tasa de homicidios

José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, indicó que Guatemala ha logrado reducir la tasa de homicidios de 31 por cada 100 mil habitantes en el 2014 a 16 en la actualidad. Sin embargo, refirió que durante los últimos años este indicador se ha mantenido estancado, lo que evidencia la necesidad de dar un nuevo impulso a las acciones en materia de seguridad y justicia.

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Derivado de ello, el Enade 2026 busca colocar la seguridad integral como una condición indispensable para la prosperidad, promover una visión de largo plazo en diversas áreas y plantear una meta común: reducir a la mitad la tasa de homicidios, hasta alcanzar ocho por cada 100 mil habitantes en el 2036, mediante instituciones fortalecidas, coordinación efectiva e inversión, anunció el directivo.

"La seguridad no es un asunto aislado dentro de la agenda nacional. Es una condición indispensable para que exista inversión local y extranjera, empleo y crecimiento económico", agregó Torrebiarte.

Añadió que el país aún enfrenta desafíos importantes en materia de homicidios, extorsiones, crimen organizado, justicia y sistema penitenciario.

Previo al Enade se han desarrollado conversatorios para escuchar a autoridades, expertos y representantes de distintos sectores, con el propósito de identificar los principales retos del sistema de seguridad y justicia. De esas reuniones surgió la meta que se busca convertir en un compromiso de país, agregó Torrebiarte.

Firmarán convenio con autoridades del sector

En esta edición del Enade también se firmará un Convenio de Cooperación entre las autoridades del Sistema de Seguridad y Justicia, como una expresión del compromiso de trabajar alrededor de objetivos comunes, dio a conocer Juan Mini, presidente del Comité Organizador de Enade 2026.

El directivo indicó que este será uno de los aspectos más importantes del encuentro y, según la agenda divulgada, se prevé que firmen el convenio:

• Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, presidenta del Organismo Judicial; Marco Antonio Villeda Sandoval, ministro de Gobernación, y Gabriel Estuardo García Luna, fiscal general del Ministerio Público.
• Rebeca Aída González Leche, directora general del Instituto de la Víctima; Ingrid Johana Romero Escribá, directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif); Carlos Humberto Sandoval Orellana, director del Instituto de la Defensa Pública Penal, y Alejandra Carrillo de León, secretaria ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.
• Carlos Arias, presidente del Cacif; José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, y Hugo Maúl, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
• Además, participarán como testigos de honor Gladys Annabella Morfin, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, y Henry Sáenz Ramos, ministro de la Defensa Nacional.

Según Mini, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, también participará en el cierre del evento con una exposición sobre las prioridades en materia de seguridad y desarrollo.

Oradores principales

• Entre los oradores principales se anunció a Iván Duque, presidente de Colombia entre el 2018 y el 2022. Según Fundesa, es reconocido por su liderazgo en temas de seguridad y por su participación en iniciativas internacionales vinculadas con el fortalecimiento institucional y la cooperación frente a desafíos globales.
• También participará Guy Nir, exdirector nacional de Inteligencia Policial de Israel. Se indicó que tiene más de 25 años de experiencia en seguridad e inteligencia y que ha dirigido unidades especializadas en lucha antidrogas, anticorrupción, misiones especiales e Interpol. Actualmente asesora a cuerpos policiales e instituciones de inteligencia de distintos países.

Otras metas

María del Carmen Aceña, coordinadora técnica de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, expuso la situación del sistema de justicia penal y las metas enfocadas en transformarlo en un sistema coordinado, medible y más ágil, que se busca impulsar durante este ENADE.

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• Reducción de la tasa de homicidios

Además de reducir a la mitad la tasa de homicidios, de 16 a ocho por cada 100 mil habitantes, Aceña mencionó otras metas.

• Reducción de tiempos

 Agilizar la justicia y reducir los tiempos de respuesta, ya que, según los datos expuestos, la respuesta judicial ante un asesinato puede superar los 700 días. Esto se lograría mediante la identificación de los cuellos de botella entre las instituciones y la reducción de esos tiempos.

• Digitalización para interoperar con otras entidades

Otra meta consiste en lograr la interoperabilidad y la digitalización del sistema, para que las instituciones puedan intercambiar expedientes e información de manera digital.

La propuesta busca conectar digitalmente a las siete instituciones del sistema de justicia penal para que los expedientes y la información de cada caso puedan avanzar y ser consultados a lo largo de toda la cadena de justicia. Entre ellas figuran la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Organismo Judicial (OJ), el Instituto de la Víctima y el Sistema Penitenciario (SP).

• Inversión para el sistema penitenciario

Otro aspecto señalado por Aceña, y respaldado por Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, es la necesidad de invertir en el sistema penitenciario.

"Si nosotros no invertimos en infraestructura, no logramos el control del sistema penitenciario, no vamos a bajar la tasa de homicidios", afirmó Aceña.

La coordinadora añadió que el sistema penitenciario aún no está bajo control, pues antes muchas extorsiones salían desde las cárceles y ahora, aparentemente, también los homicidios.

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• Objetivos compartidos

Además, se explicó que una de las principales debilidades identificadas es que las instituciones funcionan como partes de una misma cadena, pero sin suficientes objetivos y metas compartidas. Por ello, se propone que trabajen bajo una estrategia común con metas verificables.

El planteamiento de Aceña sostiene que Guatemala necesita dejar de abordar la seguridad únicamente como un problema de "policías y ladrones" y tratarla como un sistema integral de justicia penal.

Alto costo

El costo asociado al crimen y la violencia representa alrededor del 7% del producto interno bruto (PIB) de Guatemala, explicó Zapata.

Por ello, añadió que, en el contexto de la discusión del presupuesto para el 2027, es necesario dotar de los recursos necesarios a las instituciones, entre ellas el Organismo Judicial.

"Es clave en este momento. Sabemos que pronto llegará al Congreso el presupuesto y forma parte de una estrategia muy clara que Guatemala necesita para aumentar el presupuesto de justicia en el país", expresó.

Agregó que ello cobra mayor relevancia ante la meta de reducir a la mitad la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes durante los próximos 10 años.

En otro aspecto, indicó que se estima una sobrepoblación carcelaria del 340% y que alrededor del 70% de las extorsiones se originan en las cárceles.

Añadió que en los conversatorios previos se concluyó que la seguridad debe entenderse como una previsión y que el sistema penitenciario constituye un punto crítico dentro de esta hoja de ruta.