Estados Unidos
Guatemala registra menos homicidios, pero las masacres muestran otra cara de la violencia
Una manera de medir la violencia consiste en contar los homicidios. Otra exige observar dónde ocurren, cuántas víctimas concentran y qué efecto producen en las comunidades.
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Agentes de la Policía Nacional Civil custodian el sepelio de integrantes de la familia Reyes Tello, cuyos integrantes murieron en un ataque armado el 25 de julio pasado. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.
La noche del 25 de julio pasado, una familia celebraba un cumpleaños en una casa de la zona 2 de Boca del Monte, Villa Canales, cuando hombres armados irrumpieron y dispararon. Siete personas murieron.
Entre las víctimas se encontraban María Eugenia Reyes Morales, creadora de contenido conocida como la MiAmor, y familiares de un miembro de los Bomberos Voluntarios.
Francisco Tello Reyes, conocido como Pako GT y sobreviviente de la masacre junto con su hermano, rechazó las versiones que vinculaban a su familia con actividades ilícitas. Según su percepción, el objetivo era uno de los invitados y no sus familiares.
Ese día, mientras la masacre de Boca del Monte concentraba la atención pública, otras muertes violentas ocurrieron en el país.
Solo el 25 de julio se contabilizaron 24 homicidios, una de las jornadas más letales del año, un hecho que reforzó la percepción de un repunte de la violencia. Las estadísticas, sin embargo, muestran otra perspectiva.
Guatemala registra en la actualidad menos homicidios que hace un año. La reducción aparece tanto en las cifras oficiales como en los registros de organizaciones que monitorean la violencia. Pero el descenso nacional no se distribuye de la misma manera en todo el territorio: mientras algunos municipios reducen los homicidios, otros experimentan incrementos y ataques con múltiples víctimas.
Boca del Monte es el caso más reciente y visible de esa aparente contradicción.
La reducción se estrecha
Durante una citación en el Congreso, el 4 de agosto, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que el país documentaba 133 homicidios menos que en el mismo período del 2025, equivalente a una reducción del 8%.
El funcionario rechazó la existencia de una “violencia descontrolada” y sostuvo que las cifras deben analizarse junto con el comportamiento territorial del delito. Según los registros de Gobernación, 43% de los homicidios responde a venganzas personales y 16%, a actividades de pandillas, por lo que no toda la violencia obedece a una misma dinámica criminal.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) también reportó una reducción. Entre enero y junio del 2026 contabilizó mil 438 homicidios, 162 menos que en el mismo período del 2025, cuando registró mil 600. Sin embargo, junio cerró con 10 homicidios más que el mismo mes del año anterior.
Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), publicados en la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), muestran otro cambio: los homicidios pasaron este año de 266 en junio a 312 en julio, 46 más en un mes, equivalente a un aumento de 17.3%. En julio murieron, en promedio, 10 personas al día por hechos de violencia, y el departamento de Guatemala concentró 122 homicidios, 40% del total.
El Observatorio de la Violencia, de Diálogos, registró entre abril y junio del 2026 un total de 822 homicidios, prácticamente la misma cantidad que un año antes. Aunque la tasa interanual disminuyó 6.9%, el modelo de alertas Previo identificó un comportamiento superior al esperado durante esos tres meses.
Las mediciones corresponden a períodos y métodos distintos, pero revelan un matiz: el acumulado del 2026 continúa por debajo del año anterior, mientras los datos recientes muestran un aumento de los homicidios. La reducción, además, no ocurre de manera uniforme en el territorio.
El mapa cambia
Entre abril y junio del 2026, el municipio de Guatemala redujo los homicidios de 187 a 130, y Villa Nueva, de 74 a 34. En otros municipios ocurrió lo contrario.
Durante ese mismo período, Amatitlán pasó de nueve homicidios a 27; Sanarate, El Progreso, de uno a 17; La Gomera, Escuintla, de tres a 14, y Puerto Barrios, Izabal, de 10 a 19.
Además, 43 municipios que no habían registrado homicidios entre abril y junio del 2025 reportaron casos durante el mismo período del 2026, mientras otros 41 siguieron la tendencia contraria.
Durante el primer semestre del 2026, Amatitlán ocupó el cuarto lugar nacional por cantidad de homicidios, y Villa Canales, el quinto. En este último municipio ocurrió la masacre de Boca del Monte.
El Observatorio de la Violencia denomina este comportamiento “compensación estadística”: las reducciones en unos territorios equilibran los aumentos en otros, de modo que la cifra nacional puede disminuir mientras los homicidios aumentan en determinados municipios.
A esa redistribución se suman los ataques con múltiples víctimas. El de Boca del Monte no fue un hecho aislado. En octubre del 2025 fueron localizados nueve cadáveres en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico. En enero del 2026, tras motines en tres centros penales, 10 agentes de la PNC murieron en ataques coordinados.
El fin de semana del 25 y 26 de julio volvió a concentrar hechos de alta letalidad. Además de las siete víctimas en Boca del Monte, cinco personas murieron en San Benito, Petén, y tres en San José Acatempa, Jutiapa.
Durante los últimos meses también se registraron ataques con múltiples víctimas en Sololá, Santa Lucía Los Ocotes, San Pedro Sacatepéquez, Sanarate, Dolores y la zona 6 de la capital.
Los hechos ocurrieron en contextos distintos y con posibles responsables diferentes. En conjunto, muestran que la reducción acumulada de los homicidios puede coexistir con aumentos recientes, incrementos locales y ataques de alta letalidad.
La violencia se desplaza
Para el Ejecutivo, parte de este comportamiento obedece al desplazamiento territorial de las estructuras criminales.
Durante la citación en el Congreso, Villeda afirmó que la presión ejercida mediante los planes Centinela obligó a algunos grupos a abandonar sectores con presencia permanente de las fuerzas de seguridad y trasladar sus operaciones hacia municipios que históricamente registraban menor incidencia.
Como ejemplo mencionó Sanarate, El Progreso; Monjas, Jalapa, y Villa Canales, Guatemala, donde, según la cartera, comenzó a observarse un aumento de hechos violentos asociado con ese desplazamiento.
Para explicar el fenómeno, Villeda utilizó el llamado “efecto vejiga”, también conocido como “efecto cucaracha”: cuando aumenta la presión sobre un territorio, las organizaciones buscan otro espacio para operar.
Como respuesta, la PNC activó el Anillo de Contención, una estrategia para ampliar la presencia policial en esos municipios sin retirar operativos de las zonas con mayor incidencia.
El analista de seguridad y exfiscal de Narcoactividad del Ministerio Público Allan Ajiataz coincide en que el desplazamiento es una reacción habitual cuando aumenta la presión policial. Sin embargo, sostiene que ese comportamiento debía formar parte de los escenarios previstos desde el diseño de la estrategia.
“Es muy habitual que las organizaciones, tanto en sus dinámicas operativas como en la focalización de determinados sectores, vayan fluctuando. Si existe presión en un área, se movilizan hacia otras donde también mantienen influencia y continúan con sus actividades ilícitas”, señaló.
Según Ajiataz, el Ministerio de Gobernación dispone de una Dirección General de Inteligencia Civil cuya función consiste precisamente en anticipar esos movimientos.
El exfiscal considera que concentrar operativos en los puntos con mayor incidencia era una decisión acertada, pero insuficiente sin inteligencia para impedir que las estructuras reorganizaran sus operaciones en municipios vecinos.
Cambio de lugar
Para el criminólogo y sociólogo Eddy Morales, la transformación va más allá del desplazamiento.
A su juicio, las organizaciones criminales modificaron la manera en que ejercen la violencia.
“La violencia ya no es de tipo directo o interpersonal; ahora es estratégica”, afirmó.
Según Morales, las disputas ya no se limitan al control de colonias o barrios. Las organizaciones buscan dominar corredores de movilidad, rutas para actividades ilícitas, mercados de extorsión y otros espacios vinculados con economías criminales.
El criminólogo explica que los ataques con múltiples víctimas pueden utilizarse para eliminar rivales, recuperar territorios, intimidar a otras estructuras y enviar mensajes tanto a las autoridades como a las comunidades donde operan.
Por ello, considera insuficiente explicar todos los hechos violentos solo como enfrentamientos entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 o Los Caradura. También intervienen, según su análisis, estructuras vinculadas con el narcotráfico, el contrabando y otras economías ilegales que utilizan la violencia para proteger sus intereses.
Esta explicación introduce otra dimensión en el análisis: una masacre tiene consecuencias que no terminan con el número de víctimas.
El impacto del miedo
Para Miguel Ángel González, psicólogo clínico con una maestría en abordaje de abuso sexual y trauma, una masacre trasciende el daño causado a las víctimas directas.
En contextos de violencia organizada, agrega, estos ataques comunican control territorial, desafían a grupos rivales y envían mensajes de poder. Además de causar muertes, generan incertidumbre y pueden modificar el comportamiento de las comunidades.
El especialista advierte de que las consecuencias alcanzan a sobrevivientes y testigos, con miedo anticipatorio, hipervigilancia y síntomas asociados con el estrés postraumático. A escala colectiva, pueden traducirse en menos denuncias, mayor desconfianza y cambios en la vida cotidiana.
Un ataque con varias víctimas adquiere una dimensión social que no se refleja únicamente en las estadísticas, refiere.
Límites de la respuesta
El desplazamiento territorial obligó a las autoridades a ampliar los operativos mediante el Anillo de Contención. Sin embargo, durante una citación en el Congreso reconocieron las limitaciones con las que operan.
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, informó que, de 43 mil agentes, alrededor de 15 mil están disponibles para labores operativas. También indicó que solo cuatro mil 855 autopatrullas permanecen en funcionamiento, mientras más de cinco mil están fuera de servicio por averías mecánicas.
A esas limitaciones se sumó la propuesta del Ejecutivo de reducir en Q400 millones el presupuesto del Ministerio de Gobernación para financiar el subsidio temporal a los combustibles.
Para los especialistas, la respuesta no depende solo de aumentar la presencia policial. Ajiataz sostiene que contener el desplazamiento resulta insuficiente si las operaciones no concluyen en procesos judiciales. Los hechos de alto impacto, afirma, deben traducirse en capturas, acusaciones y sentencias.
“Al no judicializarse las investigaciones se genera impunidad”, advirtió.
Morales coincide en que el despliegue, por sí solo, no resolverá el problema.
A su juicio, la coordinación entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa Nacional y los organismos de inteligencia resulta indispensable para anticipar el comportamiento de las estructuras criminales y mantener el control territorial.
“Menos” no es “igual”
Los datos permiten sostener dos afirmaciones que parecen contradictorias: Guatemala registra menos homicidios que hace un año, pero esa reducción no ocurre de manera uniforme.
Mientras algunos municipios disminuyen sus cifras, otros registran aumentos o ataques que concentran varias víctimas en pocos minutos y cuyo impacto, según los especialistas consultados, trasciende el número de muertes.
El Ejecutivo atribuye parte de ese comportamiento al desplazamiento de los grupos criminales, mientras los analistas plantean reforzar la inteligencia civil y mantener las estrategias que han dado resultados.
La “compensación estadística” ayuda a explicar la aparente contradicción: el descenso en unos municipios puede equilibrar el aumento en otros y mantener a la baja la cifra nacional, aunque el mapa de la violencia cambie.
Boca del Monte muestra esa otra dimensión. Siete personas murieron durante una celebración familiar en un país que, en el acumulado, registra menos homicidios que un año atrás. Las dos realidades coexisten.
Las cifras muestran menos homicidios, pero no necesariamente menos miedo.
La violencia no disminuye de igual manera en cada municipio y, según las fuentes consultadas, también cambia de lugar, de forma y de impacto.
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