Los seguidores de las redes sociales de <em>Prensa Libre</em> calificaron como malos los cien primeros días de gestión del presidente Jimmy Morales y su malestar, junto al de otros cientos de usuarios, quedó de manifiesto con la utilización de la etiqueta #100DíasDeMoralejas.

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el amparo provisional en contra del nombramiento con el que el presidente Jimmy Morales dio posesión a Carlos Enrique Cardona, como gobernador de San Marcos, por lo que este queda sin efecto.

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó en definitiva este jueves el amparo que el Ejecutivo presentó en contra del Decreto Número 13-2016.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó trasladar el caso de corrupción por la limpieza del lago de Amatitlán del juzgado de Villa Nueva al Juzgado de Mayor Riesgo C, para que siga el proceso.

En los últimos 10 días se ha registrado la muerte violenta de al menos seis mujeres en la zona metropolitana, y según datos oficiales, las muertes violentas de mujeres han aumentado respecto al mismo perído de 2015.

Un ataque armado dejó  una mujer muerta y otra herida la mañana de este jueves en la zona 18, trasladadas con heridas de gravedad al Hospital San Juan de Dios.

Diputados del Congreso solicitarán medidas cautelares a favor de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien denunció presiones e insultos por parte de congresistas de la bancada oficial.

El impacto del cambio climático en los escenarios de temperatura y precipitación pluvial para las próximas tres décadas revelan que entre 2015 y 2050 la disponibilidad natural de agua —almacenada o en movimiento— se podría reducir en un 26 por ciento.

La lluvia de las últimas horas en la zona metropolitana y otros departamentos, fue provocada por la transición de la época seca a la lluviosa. La proyección es que haya más precipitación en distintas regiones del país en las próximas 48 horas.

Este miércoles fue publicado en el Diario de Centro América el Decreto 13-2016, el cual hace reformas al Código Penal para castigar hasta con tres años de cárcel a los funcionarios y personas que manejen fondos públicos y que no asistan a las citaciones del Congreso.