Poco después de que Nathalie Devaux, viuda de Pavel Centeno, exministro de Finanzas Públicas, hiciera    fuertes críticas respecto del confuso operativo en el que  murió su esposo,  las contradicciones empezaron a aflorar entre el Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Comparten el mismo panteón, sus tumbas están contrapuestas, como si estuvieran enfrentadas, como José Vicente Aparicio Peña y su esposa Lucila Barrios debieron estarlo aquella tarde del 5 de agosto de 1924.

Quienes fungían en 2009 como directivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab) permitieron varios movimientos financieros que evidenciaron la manera de operar de una estructura criminal que intentó saquear esa entidad.

El presidente del Grupo Financiero del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y expresidente de dicho banco, Sergio Aníbal Hernández Lemus y el  director de ese grupo, Juan Miguel Arita España, fueron detenidos ayer, luego de descubrirse un millonario lavado de dinero en la entidad bancaria.

Tribunal condena de tres a seis años de cárcel a tres personas por tráfico de migrantes africanos hacia Estados Unidos.

La Unidad contra Secuestros de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) registra 80 denuncias de plagios en lo que va del año. Esa dependencia recibió 120 alertas similares durante el 2015.

Dirigió la comisión liquidadora de Fonapaz. Su nombre saltó a la palestra cuando trascendió su contratación en la Municipalidad de Mixco como asesor y uno de los supuestos artífices de la implementación del Express Roosevelt.

Estuardo Salvador González, alias Eco, y Juan Carlos Monzón tienen en común ser ser colaboradores eficaces y ello los lleva a estar en la misma celda donde comparten mesa, armario, cama, televisor y un reloj despertador.

Desde la celda —de 3.5 por 2 metros— que comparte con Salvador Estuardo González alias Eco, Juan Carlos Monzón refiere detalles de los sobornos por la adquisición, adjudicada en 2014, de un equipo biométrico que serviría para el registro migratorio y por el que se había pactado una comisión de US$7 millones.

Depositaron coimas de toda clase en una firma. Solo El Bodegón manejó  Q18 millones, de acuerdo con la Fiscalía.