Es deleznable cualquier perversión del poder público y la malversación de recursos legales para eliminar a candidatos y partidos opositores.

Salvar vidas es una cuestión de tiempo y atención, de empatía y solidaridad.

Mientras no se establezca una certeza jurídica permanente en la región, a través del combate policial permanente, con procesos judiciales sólidos en contra de los delincuentes y cabecillas, la calma será otro rehén.

Aún hace falta la petición de reparación digna por parte de los agraviados, que en este caso son la Empresa Portuaria Quetzal y la Procuraduría General de la Nación (PGN), en representación del Estado.

Mucho se ha analizado y estudiado acerca del llamado milagro económico coreano, para tratar de extrapolar su paradigma a otras regiones.

La jueza no puede permitir que se use la admisión de cargos como una sustitución de justicia para el pueblo de Guatemala.

A pesar de todas las peroratas, diatribas y terrorismos leguleyos, el proceso de transición de gobierno ha dado inicio.

Cualquier ardid leguleyo que implique un golpe a la institucionalidad es inaceptable y es constitutivo de delito, pero, además, desmentiría previos discursos, oficiales o de campaña, respecto de la certeza jurídica y la estabilidad institucional como factores de confianza para la inversión.

La fiscal general no quiere oír las manifestaciones, pero tampoco aparece ante la ciudadanía y la prensa independiente para exponer el porqué de la celeridad de estas acciones y la parsimonia en otros procesos que incluso han dejado libres a señalados de corrupción.

No es algo nuevo, pero a la vez no se ha logrado erradicar el aterrizaje de aeronaves o la llegada de cargamentos por mar, lo cual agiganta al mismo tiempo la voracidad y polariza a las narcobandas.