Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) falló el pasado miércoles en definitiva a un recurso que presentó la entidad Escalas Mercantiles, S.A., hay un recurso similar que está pendiente de resolverse, y que, además, es similar.

Guatemala es un jugador importante en el envío de remesas en Latinoamérica, y para este año alcanzará una cifra histórica en los despachos.

Aproximadamente un año de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines de fiscalización –conocido también como secreto bancario–, ayer la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el fallo en definitiva que revoca dicha suspensión, decretada en agosto del 2018.

Un proceso electoral accidentado y un año políticamente convulso no desalentaron las inversiones locales y extranjeras en el país en distintos sectores. El clima de negocios se ha mantenido y la confianza de los pequeños, medianos y grandes inversionistas se ha concretado.

Las motocicletas representan el 40% del parque vehicular activo en el país, que hasta el pasado 31 de julio era de tres millones 757 mil 925 automotores (de dos y más ruedas).

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este lunes 5 de agosto de que se inhabilitaron 65 mil 522 vehículos que están morosos en el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos.

Alrededor de Q11 millones destinará la Empresa Portuaria Santo Tomas de Castilla (Empornac) en Izabal para la elaboración de estudios de factibilidad para la ampliación de muelles comerciales.

Seis meses después de haber recobrado su libertad, tanto Chacón Rosell, como las empresas que estaban bajo el ojo de las autoridades estadounidenses salieron de dicha lista, lo que constituye el último paso de la “negociación” que llevó a cabo con la dependencia del gobierno norteamericano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de la lista negra a la guatemalteca condenada por narcotráfico, Marllory Chacón, conocida como "La Reina del Sur".

Guatemala debe trabajar y lograr acceder a la información bancaria de manera directa a los contribuyentes, luego de que se conociera un informe preliminar que se incumplió con los estándares de transparencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).