Según la PDH, integrantes del Gobierno Plurinacional de la región de Ixquisis confirmaron el ataque a dos hombres, integrantes de la resistencia a los llamados “megaproyectos”.

El director de Auxiliaturas de la PDH, Miguel Colop, confirmó el hecho sucedido la tarde del domingo, en el que los activistas fueron asesinados “con una escopeta”.

Las víctimas son los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, como pudo corroborar la agencia de noticias Acan-Efe con el líder indígena y autoridad ancestral Rigoberto Juárez, dirigente del Gobierno de la Nación Q'anjob'al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza, órgano presente en 16 municipios de Huehuetenango.
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En el ataque también resultó herida una tercera persona que “ya se encuentra bajo atención médica”, sostuvo Juárez, quien prefirió no indicar en qué centro asistencial era atendida.

Juárez agregó que el pasado viernes habían advertido a las autoridades que podía suceder un ataque a sus integrantes y habían pedido una “posición más clara” al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, acerca de la labor de la Policía Nacional Civil destacada en la región.

“Nos preocupa que se den esos asesinatos a pocos metros de los destacamentos de la Policía y del Ejército, lo cual nos hace sospechar muchas cosas”, dijo el dirigente del Gobierno Plurinacional.

Juárez responsabilizó “de forma directa a la empresa Energía y Renovación, S.A.”, una hidroeléctrica que, “junto al Estado nos ha criminalizado por defender el territorio y el agua”.

Añadió que la violencia en el lugar ha sido generada “por la empresa” y cuestionó a la Policía y al Ejército “porque no puede ser que dos fuerzas de ese tipo que deberían controlar el lugar permitan que sucedan este tipo de asesinatos dirigidos, con la sabida intención de que nuestra gente apoye los proyectos en la región”.
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En agosto pasado, Juárez recibió un reconocimiento de la organización Front Line Defenders por su labor “no violenta”.

En 2015 fue capturado junto a otras seis autoridades indígenas de Huehuetenango y fue enjuiciado con ellos al año siguiente en un proceso en el que resultaron absueltos de la acusación de haber quemado maquinaria y retenido a personal de la empresa y a fiscales en ese sitio.

Desde hace más de 10 años, las comunidades de Ixquisis han protestado contra varios proyectos hidroeléctricos, como Pojom I, Pojom II y San Andrés, financiados, según denuncian, por capital proveniente de bancos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La construcción de las represas, según denunciaron en su momento, ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, mayormente indígenas mayas.
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En octubre pasado, la empresa Energía y Renovación, S.A. denunció la muerte violenta de su trabajador Antonio Juan Pascual, algo que también lamentó el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien condenó el ataque e hizo un llamado a los líderes comunitarios a “actuar con responsabilidad” y “privilegiar la paz”, y al ministro Degenhart a “garantizar la seguridad de las personas”.

Postura

La empresa Energía y Renovación emitió un comunicado en el que repudia los hechos y exige a las autoridades esclarecer los crímenes.

El comunicado dice: “Energía y Renovación repudia y lamenta profundamente el asesinato de Domingo Pedro Esteban y Nery Pedro Esteban en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y hace un llamado al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para esclarecer la causa de muerte de las dos personas; que ahora son víctimas de la violencia en la zona.  Tristemente, este hecho se suma al vil asesinato de Antonio Pedro Pascual, colaborador de esta empresa, que fue asesinado por proyectiles de arma de fuego, el pasado 12 de octubre cuando se transportaba a su hogar en la aldea Yalanhuitz. Siendo nosotros, parte del Acuerdo por la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, exigimos el cese de la violencia en la región y pedimos que las autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB) y la Policía Nacional Civil (PNC) garanticen la seguridad en el área y sobre todo garanticen el Derecho a la Vida como lo manda la Constitución Política de la República de Guatemala”.

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